Francisco Alfonso Filigrana Castro
Expediente 1447/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1447/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Francisco Alfonso Filigrana Castro
Actuaciones
- Principal
MESA 10.-En tres de octubre de dos mil dieciocho, doy cuenta al Juez, con la certificación que antecede. Conste. VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista; la certificación que antecede, de la cual se desprende que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el veintiuno de septiembre del año que transcurre (fojas 12 a 16), en el cual se desechó de plano la demanda intentada por FRANCISCO ALFONSO FILIGRANA CASTRO y FERNANDO ALBERTO FILIGRANA CASTRO, transcurrió del veintiséis de septiembre último al dos de octubre actual, sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.
- Principal
MESA: 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; con el escrito de demanda, se tiene a FRANCISCO ALFONSO FILIGRANA CASTRO Y FERNANDO ALBERTO FILIGRANA CASTRO, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos que reclaman al JUEZ SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO y otra autoridad, que estiman violatorios de los artículos 14, 16 y 17, Constitucionales. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número de juicio de amparo indirecto 1447/2018-10. DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no podrá el juez formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al analizar la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "[.] El haber dictado el último acuerdo de fecha veintitrés de agosto del año en curso, notificado a los aquí quejosos el día martes 29 del mismo mes y año mediante exhorto número 249/2018, oficio 3088, deducido del Expediente principal 362/997, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido inicialmente por el Banco Nacional de México, S.A., seguido actualmente por Geny Corredores y Asesores de Bienes Raíces, S.A. de C.V., en contra de Fernando Alberto Filigrana Castro y Francisco Alonso Filigrana Castro [.] sic" Acto respecto del cual se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, interpretado a contrario sensu, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la ejecución, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De conformidad con lo establecido por la última fracción de los numerales transcritos, el juicio de amparo bi-instancial es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, los cuales generalmente, no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en ese juicio; sin embargo, tratándose de actos de esta naturaleza; es decir, actos en ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. En relación con lo anterior, nuestro máximo Tribunal de Justicia en el País, ha interpretado lo que debe entenderse por "última resolución"; estableciendo que es aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o bien, que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la nueva Ley de Amparo. De tal suerte que, la procedencia del juicio de amparo en la forma planteada, sólo se justifica si se tiene en cuenta que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, y que por naturaleza propia del procedimiento, consiste en una serie de actos concatenados entre sí, que culminará con una resolución; esto es, dada la vinculación de causa a efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo una infracción legal y que se dejó sin defensa a la parte quejosa, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de lo contrario, de resultar infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de garantías, que no permite que sea utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Asimismo, en congruencia con lo establecido en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se colige que el acto reclamado por la parte quejosa, aun cuando se advierte fue emitido dentro del período de ejecución de la sentencia pronunciada en los autos del juicio de origen; no tiene el carácter de última resolución dictada en dicho procedimiento de ejecución; ello, tomando en cuenta que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra actos de esa naturaleza, debe entenderse por última resolución dictada en el referido período de ejecución, aquélla en la que se da por cumplida la sentencia definitiva o se declara la imposibilidad jurídica o material para tenerlos por cumplidos. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 16, Tomo V abril de 1997, Pleno Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro y texto siguiente dicen: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Luego, es inconcuso, que al no constituir el auto que en esta vía se tilda de inconstitucional, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de la sentencia pronunciada en el juicio de origen; por consiguiente, los peticionarios de garantías, aún no están en condiciones de reclamar las violaciones que estiman los ha dejado sin defensa durante ese procedimiento, dado que éstas en todo caso, las deberán combatir al momento de impugnar la última resolución que se pronuncie en el expediente de origen; pues estimar lo contrario, haría que el juicio de garantías se utilizara para retardar y obstaculizar el cumplimiento de una resolución con el carácter de cosa juzgada. Cobra aplicación, por su contenido, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 230, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". Asimismo, la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 145, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo". Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el libelo de garantías instado en esta vía por los citados quejosos resulta improcedente en forma manifiesta e indudable y, por ende, con apoyo en el cardinal 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Consecuentemente, con el escrito y demás copias de la demanda de garantías, fórmese el expediente que corresponda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones los ESTRADOS de este juzgado y por autorizadas a las personas que mencionan en la misma, de conformidad con la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que éstas no cuentan con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 278 y 279 del (Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este expediente; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades; legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. DIGITALIZACIÓN Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3o. de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a éste, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese por estrados a la pare quejosa. Así proveyó y firma Guadalupe Mayorga Solis, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, encargada del despacho por licencia del Titular, en términos del párrafo primero, del artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la licencia concedida al Titular, mediante oficio CCJ/ST/4096/2018, de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida por MARSEYE SÁNCHEZ BAUTISTA, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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