Francisco Alfonso Araiza Reynoso

Expediente 606/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
606/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/03/2022

Partes del expediente

  • Francisco Alfonso Araiza Reynoso

Actuaciones

  1. Principal

    CUMPLASE

  2. Principal

    CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Se tiene por recibido el oficio 10296/2021, firmado por el Juez Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya y el siguiente anexo: Original del juicio de amparo 503/2021-IV, promovido por Francisco Alfonso Araiza Reynoso contra los actos que reclama del Jefe del Departamento de Vivienda del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Fórmese el expediente respectivo, regístrese con el número de orden 606/2021-VI y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo y toda vez que se comparten las consideraciones expuestas por el Juzgado de Distrito remitente, se acepta la competencia planteada. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, de la demanda se advierte de modo manifiesto e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que impone su desechamiento de plano. En efecto, de dicho escrito se advierte que el quejoso señaló en esencia como actos reclamados: el descuento vía nomina por concepto de Préstamo Hipotecario FOVISSSTE y la omisión de cancelación de hipoteca sobre su bien inmueble. Sin embargo, de la fracción antes citada, se consagra el principio de definitividad, conforme al cual, se define al juicio de amparo como un medio constitucional extraordinario de defensa y, por tanto, sólo será procedente cuando previamente a su promoción, se hayan agotado los juicios, recursos o medios de defensa establecidos en las leyes que rigen los actos reclamados, por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el caso concreto, el quejoso narró en su demanda de amparo que es trabajador de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, afirma que con motivo de dicha relación, el treinta de septiembre de dos mil diecinueve liquidó el crédito número 1055886 que le otorgó el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que sin embargo, a la fecha le realizan descuentos a su salario quincenal; así como que no se han llevado a cabo los procesos para instruir la cancelación de hipoteca sobre su bien inmueble. Es decir, la parte quejosa reconoce que el motivo por el cual la dependencia realizó los descuentos, fue el cobro de un crédito con garantía hipotecaria ofrecido como prestación laboral, sin embargo, también pretende que los descuentos que actualmente se aplican, son indebidos, ya que dicho crédito se liquidó. En esas condiciones, se estima que la controversia planteada por la quejosa constituye una cuestión que debió dirimirse en la vía laboral; toda vez que se cuestiona la legalidad de un cobro de un crédito con garantía hipotecaria, obtenido como prestación de seguridad social comprendida en dicho ámbito laboral, aun cuando dicha afectación económica recae al salario que recibe la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que si bien la parte quejosa no desconoce la existencia del crédito hipotecario, sí cuestiona la legalidad de su cobro, y el análisis de la legalidad de esos descuentos no puede desvincularse del origen o motivo por el cual el organismo justifica que los está aplicando, esto es, por la existencia (o vigencia) de un crédito con garantía hipotecaria obtenido. De ahí que tomando en cuenta que se estima que si los descuentos vía nómina que en el caso se controvierten, derivan de un crédito con garantía hipotecaria, cuya existencia no se desconoce pero sí su vigencia, la parte quejosa debió intentar su acción primeramente en la vía laboral, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en virtud de que la vigencia del crédito debe corroborarse a la luz de la normatividad que regula su otorgamiento. Por tanto, si en el presente asunto la parte quejosa no demandó en la vía laboral al citado instituto de vivienda el cese de los cobros en la pensión con motivo del crédito adquirido; así como la cancelación de la hipoteca sobre su bien inmueble, resulta claro, que no agotó el principio de definitividad a que alude la fracción XX, del numeral 61 de la Ley de Amparo, razón por lo que el presente juicio de amparo se torna improcedente. Finalmente el quejoso no tiene el carácter de "tercero extraño" y por ende no tener que agotar el aludido principio de definitividad, ya que se concluye que en el caso no le asiste tal carácter, en virtud de que para que opere esa figura la parte quejosa debe desconocer el origen del acto reclamado, situación que en el caso no acontece, pues de su dicho se obtiene que en todo momento conoció del adeudo, ni existe otra razón de excepción que señala la Ley. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda. Como lo solicita, se le tiene señalando como dirección electrónica para recibir notificaciones el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, cuenta a nombre del usuario FAAR71. Se tiene autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Adriana Lizette Aviña Hernández, por no contar con cédula profesional de licenciados en Derecho debidamente registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. se habilitan días y horas inhábiles para que cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción realicen las notificaciones que deban ser personales en el presente juicio. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: Medio de Contacto Horario Procedimiento Celular 4775538393 Correo Electrónico 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. 8:30 a 14:30 hrs. de Lunes a Viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, autorizado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior, no es aplicable tratándose de recursos (queja, revisión o inconformidad), incidentes o promociones de término, los cuales deben de presentarse por escrito, o bien a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE, HÁGASE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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