Francisco Alfaro Vázquez
Expediente 226/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francisco Alfaro Vázquez
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 17 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Visto lo de cuenta, se observa que con esta fecha se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo del que derivan estos cuadernos incidentales y que por auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho e interlocutoria de diecinueve de abril del mismo año se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado; por tanto, se provee: a) Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el término de tres años, contados a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse. Terminado el proceso de depuración, hecho lo anterior se deberá transferir a la Dirección General de Archivo y Documentación. b) Con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de seis meses, contado a partir de la emisión del presente acuerdo, previa acta correspondiente. Por otra parte, de autos se advierte que obran los billetes de depósito N 830412 y N 835403, expedidos por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, valiosos cada uno por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional), exhibidos por la quejosa para garantizar la suspensión provisional y definitiva; en el entendido de que en proveído de treinta de abril de dos mil dieciocho, se acordó favorablemente la solicitud de la parte quejosa respecto de tomar en consideración el monto del primer billete aludido, a fin de que se tuviera cumplido el requisito de efectividad establecido en la interlocutoria emitida en autos, en la que se fijó como garantía la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional), por lo que con la suma de ambos numerarios se obtuvo el monto anteriormente mencionado. En esas condiciones, no ha lugar a ordenar su devolución, toda vez que a la fecha no ha transcurrido el término de seis meses con que cuenta la tercera interesada para promover el incidente correspondiente a fin de hacer efectiva la garantía exhibida en autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley de Amparo, en virtud de que se sobreseyó y negó en los autos del juicio de amparo del que deriva esta incidencia. Por tanto, hágase saber a la quejosa que una vez transcurridos seis meses, como lo prevé el artículo 156 de la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, podrá comparecer a este juzgado a recoger dichos billetes, siempre y cuando la parte tercera interesada no promueva el incidente a fin de hacer efectiva la garantía. En el entendido que si no acude en el término de dos años, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para su recepción, operará la prescripción de las garantías y se transferirán a la Tesorería de la Federación, para que formen parte del erario federal, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 50 de la Ley del Servicio de la Tesorería de Federación. En la inteligencia que, de conformidad con la fracción II del artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 21/2021 mencionado, deberá generar el código QR correspondiente, a fin de comparecer a recoger dicho billete..."
- Principal
Téngase recibido el oficio 687/2022, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual transcribe el proveído de dos de febrero de dos mil veintidós, dictado en el amparo directo civil 928/2021, en el cual declinó competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Francisco Alfaro Vázquez, a favor del juzgado de distrito en turno en esta ciudad, y remite las constancias precisadas en la cuenta que antecede. Acúsese recibo. Fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 226/2022-VI. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama la resolución dictada el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno por el Juez Tercero Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato, con motivo del recurso de revocación interpuesto contra el auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, emitido dentro del procedimiento de ejecución de sentencia del juicio ordinario civil C-369/2020. En el auto recurrido, el juez civil declaró improcedente el pago que pretendía realizar el quejoso, en ejercicio de su derecho del tanto, en favor de su contraparte y demandante en el juicio de origen, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en ese proceso, en la cual se ordenó la división del inmueble objeto del litigio, por no aceptar cómoda división. Al respecto, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esta juzgadora advierte de manera oficiosa la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, en virtud de que la resolución reclamada ha sido consentida por el quejoso, pues con posterioridad a la emisión de la resolución reclamada, él y su contraparte dentro del juicio de origen celebraron un convenio, lo cual, por un lado, entraña dicho consentimiento y, por otro, motivó la extinción del procedimiento de ejecución de origen. La disposición citada establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;(.)". La hipótesis de mérito impide examinar la legalidad o la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento del quejoso, entendido aquél como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos, por lo que no puede presumirse ni inducirse sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla emana del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de su conducta externada de manera libre y espontánea, que patentiza su conformidad con los efectos normativos del acto o ley reclamada, esto es, opta o se somete voluntariamente a sus efectos legales, de tal suerte que para que se actualice el consentimiento es indispensable que concurran los elementos que se precisaron en la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." El criterio referido señala que un acto se considera consentido, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, cuando concurran tres requisitos, a saber: a) La existencia del acto o ley reclamados. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y, por tanto, respecto del cual no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. b) Que el acto reclamado cause un agravio en la esfera jurídica del gobernado. c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias; o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Una forma de consentimiento expreso es el desistimiento de la demanda, en donde no hay posibilidad de interpretación para el juzgador; y otra, cuando el consentimiento se deduce de otras manifestaciones de voluntad realizadas por el quejoso, supuesto en el que la autoridad de amparo debe verificar si alguna actuación o manifestación entraña consentimiento respecto del acto reclamado. En el caso, se encuentran colmadas las exigencias relativas a la actualización de la causa de improcedencia del juicio con motivo de la verificación de una actuación ante una autoridad que entraña el consentimiento del quejoso Francisco Alfaro Vázquez respecto de la resolución reclamada. En efecto, en las constancias que el juzgado responsable remitió en apoyo a su informe justificado, se observa que mediante escrito presentado el seis de diciembre de dos mil veintiuno ante la Oficialía de Partes Común del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, el aquí quejoso, en su carácter de demandado, y la parte actora Sofía Alfaro Vázquez, presentaron un convenio a través del cual acordaron que el solicitante del amparo sea el único propietario del inmueble objeto del litigio de origen, por lo que solicitaron la conclusión del procedimiento de ejecución en cuestión. Al respecto, en auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el juzgado responsable requirió a los promoventes para que comparecieran a ratificar el contenido y las firmas de dicho convenio, lo cual se verificó el once de enero de dos mil veintidós, por lo que en auto de esa misma fecha declaró extinto el proceso, de conformidad con el artículo 390-B, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Así, de acuerdo con las actuaciones referidas, el quejoso llevó a cabo actos que entrañan el consentimiento de la resolución reclamada, pues celebró un convenio con su contraria en el juicio ordinario civil 369/2020 del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de Irapuato, en relación con la propiedad del inmueble materia de ese litigio; de ahí que tal modo de actuar se equipare a una manifestación clara de que está conforme con el acto de autoridad reclamado. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda; lo anterior, de conformidad con el numeral 113 de la ley de la materia. Toda vez que el quejoso tiene su domicilio en calle Álamo, número 145, fraccionamiento El Bosque, en esta ciudad, y en atención a que no cuenta con domicilio procesal en este municipio de Irapuato, Guanajuato, comisiónese al actuario judicial adscrito para que se constituya en el domicilio señalado y le notifique la presente determinación. Asimismo, deberá requerirle para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Irapuato, Guanajuato, apercibido de que de no hacerlo, las futuras, incluyendo las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le harán por lista de acuerdos, tal y como lo previene el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia. Ténganse como autorizados del quejoso, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Arriaga Valtierra y J. Jesús Arriaga Alcántara, en virtud de que no tienen registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a Edgar Eduardo Arriaga González, por así haberlo indicado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES". Por último, con apoyo en los artículos 6o, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia o resolución que ponga fin al presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.
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