Francisco Alejandro Píñera Santos

Expediente 383/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
383/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
10/05/2021

Partes del expediente

  • Francisco Alejandro Píñera Santos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diez de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, mediante el cual transcribe el auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 750/2021 y sus acumulados, de su índice. Ahora bien, del auto citado se advierte que aludido órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del juicio promovido por Francisco Alejandro Piñera Santos, por cuanto a la incompetencia planteada por este Juzgado Federal. Por tanto, toda vez que no existe escrito alguno que acordar ni diligencia que celebrar, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa, prefiriendo el uso de medios electrónicos.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 383/2021-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Ahora bien, a efecto de acordar lo conducente, se impone resaltar que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Tienen ese carácter: a).- EL CONGRESO DE LA UNIÓN, con residencia en la Ciudad de México. b).- EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con residencia en la Ciudad de México. c).- La SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, con residencia en la Ciudad de México. d).- EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, con residencia en la Ciudad de México. e).- La empresa de telefonía celular RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. en lo sucesivo "Telcel", quien tiene su domicilio en Lago Zúrich 245, Plazo Carso, Edificio Telcel, Col. Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11529, Ciudad de México, Médico. IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: a).- De la primera autoridad se reclama, LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIOFUSIÓN; EN ESPECIFICO EL ARTÍCULO 180 QUATER DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIOFUSIÓN. b).- De la segunda autoridad se reclama, LA ORDEN DE MANDAR A PUBLICAR EL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIOFUSIÓN; EN ESPECIFICO EL ARTÍCULO 180 QUATER DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIOFUSIÓN. c).- De la tercera autoridad se reclama, EL REFRENDO Y LA ORDEN DE MANDAR PUBLICAR EL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIOFUSIÓN; EN ESPECIFICO EL ARTÍCULO 180 QUATER DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIOFUSIÓN. d).- De la cuarta autoridad reclamo, LA INMINENTE RECEPCIÓN DE DATOS PERSONALES (BIOMÉTRICOS) DEL QUEJOSO, DERIVADO DE LA OBTENCIÓN E INGRESOS DE LOS MISMOS AL PADRÓN NACIONAL DE USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL, con base de la aprobación del DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIOFUSIÓN; EN ESPECIFICO LOS ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN XLII BIS, 176 Y 180 BIS A 180 SEPTIMUS. e).- De la quinta autoridad reclamo. LA INMINENTE OBTENCIÓN E INGRESO AL PADRÓN NACIONAL DE USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL DE LOS DATOS PERSONALES (BIOMÉTRICOS) DEL QUEJOSO derivado de la aprobación del DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIOFUSIÓN; EN ESPECIFICO LOS ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN XLII BIS, 176 Y 180 BIS A 180 SEPTIMUS". INCOMPETENCIA. Ahorra bien, con fundamento en la facultad derivada del artículo 48 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda; se considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de este asunto. En principio, es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal vital. Situación jurídicamente inadmisible, toda vez que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran establecidas en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En relación con la competencia por materia, que es aquella que determina que en el juzgado o tribunal especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo que permite que los juzgadores que lo integran tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir con la garantía de justicia pronta, completa e imparcial establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos Tribunales o Juzgados, lo que da origen a la existencia de órganos administrativos, civiles, penales y de trabajo, entre otros, y cada uno de ellos le corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisa que se podrán establecer órganos especializados por materia, no señala qué tipo de asuntos serán competencia de cada uno; sin embargo, en los artículos 48 a 55 de ese ordenamiento, se establece la competencia por materia de los Juzgados de Distrito y constatan los lineamientos que el legislador tomó en consideración para determinarla. Asimismo, el Máximo Tribunal en el país ha determinado que para resolver los conflictos de competencia por razón de la materia se debe atender a la naturaleza del acto reclamado y a la autoridad responsable, tal y como se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, con registro digital 167761, sustentada por al Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 412, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado". En ese sentido, como se adelantó, la parte quejosa reclama los siguientes actos: * La discusión, aprobación, publicación y refrendo del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en especifico el artículo 180 quáter; y * La recepción de sus datos personales biométricos, derivado del cumplimiento respecto al padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, con base de la aprobación del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en especifico los artículos 15, fracción XLII bis, 176 y 180 bis a 180 septimus. Así, el artículo 28, fracción VII de la Ley Fundamental señala, en lo que interesa, que las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Asimismo, prescribe que esos juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de la Carta Magna. Por su parte, el artículo 1ª de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dispone que esa legislación es de orden público y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6, 7, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto, los numerales 312, 313 y 315 de esa ley prevén que las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, así como que esos juicios serán sustanciados por los jueces y tribunales especializados establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión, y que corresponderá a los tribunales especializados del Poder Judicial de la Federación en esas materias, conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la ley en comento. A su vez, el Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y jurisdicción territorial en toda la República. A la conclusión de funciones de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y jurisdicción territorial en toda la República. Así como su domicilio, fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Órganos Jurisdiccionales indicados. Y al cambio de denominación de la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de la Primera región, en los puntos sexto y octavo señala: ".SEXTO.- Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. (.) OCTAVO.- A partir de la fecha señalada en los puntos SEGUNDO y CUARTO del presente acuerdo, la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región se denominará Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y del Centro Auxiliar de la Primera Región; y prestará servicio a los órganos jurisdiccionales motivo del presente acuerdo además de que brinda a los juzgados y tribunales auxiliares de su adscripción. Todos los asuntos nuevos que se presenten en la mencionada oficina de correspondencia común en días y horas hábiles a partir del diez de agosto de dos mil trece que correspondan a la materia administrativa en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, se remitirán conforme al sistema computarizado que se utiliza para esos efectos, a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito especializados de que se trata, así como entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de la especialización de mérito según corresponda, en términos de los acuerdos generales que regulan el turno de los asuntos. Cuando el escrito inicial de demanda sea presentado utilizando el sistema de firma electrónica, la oficina de correspondencia común turnará el asunto inmediatamente al órgano jurisdiccional correspondiente. La Dirección General de Estadística Judicial en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información realizarán la adición de los rubros necesarios en el sistema de cómputo de la oficina de correspondencia común de que se trata, a fin de adecuarlos a sus nuevas funciones. Se faculta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos para emitir las reglas y dictar las disposiciones que permitan una forma eficiente y proporcional de asignación y turno de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales en términos del punto sexto del presente acuerdo.". Por tanto, dado que los actos reclamados en este juicio de amparo están vinculados con un tema de telecomunicaciones, el cual constitucionalmente se reservó a los Juzgados Especializados, este Juzgado Federal estima carecer de competencia para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, ya que se actualiza la competencia a favor del Juzgado de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno. Sirve de apoyo a lo antes determinado, la jurisprudencia con numero de registro digital 2008591, sustentada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Marzo de 2015, Página 1746, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado". En consecuencia, se ordena remitir los autos al Juzgado de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicación, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común; solicitándole el acuse de recibo correspondiente, en el que se sirva precisar si acepta o no la competencia planteada a su conocimiento especializado. Asimismo, se le solicita atentamente que el acuse de recibo lo remita vía interconexión, a fin de estar en posibilidad de acordar lo que legalmente corresponda. En razón de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda de amparo y el presente proveído. Sin que sea necesario proveer respecto la suspensión de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, pues no se advierte que se configuren los supuestos del diverso15 de esa propia ley. Autorizados. En otro aspecto, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere y con facultades amplias a Conrado Hernández Silva, en razón de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Asimismo, se tiene por señalado la cuenta de correo electrónico que indica en el escrito de cuenta, para establecer contacto con dicha parte procesal, en caso de considerarse necesario. Consulta de expediente electrónico y Juicio en línea. Asimismo, se tiene a la parte quejosa solicitando acceso al expediente electrónico del presente juicio con el usuario "lic_pinera19", así como la notificación electrónica de las determinaciones que se dicten, lo que se provee en los siguientes términos. En ese sentido, tal y como lo establece el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico a la citada parte, siempre y cuando se realice con base en el usuario "lic_pinera19", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, solicita se le realícense las notificaciones de carácter personal que emanen del presente asunto a la parte quejosa vía electrónica. En ese sentido y toda vez que por este mismo auto se está acordando favorable la petición de realizar las notificaciones vía electrónica así como la consulta del expediente electrónico bajo el usuario "lic_pinera19", ello colma los requisitos previstos la Sección Tercera, Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, específicamente en cuanto a la actuación electrónica en la modalidad de "juicio en línea". Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, en relación con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena continuar con la tramitación del presente juicio bajo la modalidad de "juicio en línea", aun y cuando otras partes de esta misma contienda continúen actuando físicamente, bajo el modelo del esquema tradicional. En el entendido de que, la notificación se tendrá por hecha a partir de que el primero de los usuarios registrados consulte el expediente o de que el Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal genere automáticamente la constancia de notificación ante la falta de consulta del expediente electrónico dentro de los plazos previstos en el artículo 62 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese personalmente.

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