Francisco Alejandro Islas Ortiz
Expediente 610/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 610/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/07/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Francisco Alejandro Islas Ortiz
Actuaciones
- Principal
En la Ciudad de México, veintiocho de julio de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señalan los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de trece de julio de dos mil veinte, sin que a la fecha lo hubiese hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales procedentes se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el punto Vigésimo Primero, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente es susceptible de destrucción en razón de que se trata de un expediente en el que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en virtud de que éste Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, ni se encuentra dentro de los supuestos que establece el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo aludido, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) Ni contra resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente y; 4) No contiene alguna resolución de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a que se refiere el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto aludido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
(16/JULIO/2020).- (RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 13/07/2020, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: """""""""""""""""""""""""""""" En la Ciudad de México, trece de julio de dos mil veinte. Visto el contenido del Acuerdo General 15/2020 relativo a la reforma del artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19, por el periodo del dieciséis de junio al quince de julio del año en curso, el cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en que se establece lo siguiente: "Artículo 2. Habilitaciones y casos en que se reanudan los plazos. Durante la vigencia del Presente Acuerdo, se habilitan lo días y horas que resulten necesarios para que: VI. Las personas justiciables promuevan, únicamente por vía electrónica, los escritos iniciales de todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos previstos por el Acuerdo General 12/2020 y mediante el uso de la FIREL o de la e.firma (antes FIEL). Lo anterior dará lugar a la integración de los expedientes regulados por dicho instrumento normativo, sin perjuicio de que la inclusión de las constancias respectivas en los expedientes físicos se realice una vez que se normalicen las actividades en el Consejo de la Judicatura Federal. VII. Las Oficinas de Correspondencia Común realicen el turno de los asuntos nuevos recibidos a través del Portal de Servicios en Línea. IX. Las y los titulares radiquen los asuntos nuevos recibidos por medios electrónicos y los órganos jurisdiccionales prosigan su trámite únicamente por vía electrónica, utilizando en todo caso, videoconferencias para el desahogo de las diligencias que requieran la presencia de las partes, cuando se puedan salvaguardar los derechos de las partes y los principios que rijan el procedimiento respectivo, a reserva de lo previsto en este Acuerdo para la materia penal. Lo anterior implica que el personal de los órganos jurisdiccionales privilegie el uso de herramientas tecnológicas, como SharePoint y el correo electrónico institucional para el envío de documentos, incluyendo la circulación de proyectos de resolución o sentencia en tribunales colegiados de Circuito. (Énfasis añadido) De lo anterior se advierte que, por el periodo del dieciséis de junio al quince de julio del año en curso, las personas justiciables podrán promover juicios de amparo únicamente por vía electrónica, los cuales serán turnados por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a los órganos jurisdiccionales en dicha materia, a efecto de que se radiquen y se prosiga con su trámite. Por lo tanto, vista la demanda de cuenta electrónica, promovida por Francisco Alejandro Islas Ortiz, a través de Raúl Bedolla Suastegui, quien ostenta como su representante, con evidencia criptográfica únicamente de éste último; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 610/2020 y se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable en la parte conducente, por analogía la jurisprudencia I.13o.A. J/6, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. (No. registro: 180,663, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Septiembre de 2004, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631). Así como la jurisprudencia número I.1o.A. J/4, cuyo rubro y texto es el siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. (Registro No. 196196, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Mayo de 1998, Página: 890) De esta forma, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 3, de la ley de la materia, artículos que consagran la improcedencia del juicio de amparo, contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5, de la Ley de Amparo y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte, el numeral 5, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. Aunado a lo anterior, dicho numeral dispone que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán de contar con firma electrónica o autógrafa; disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En el caso en particular, resulta necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 6, del Acuerdo General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el cual refiere lo siguiente: "Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin. Cuando mediante resolución judicial se tenga por revocado el acto del que derive la capacidad procesal de las personas indicadas en el párrafo segundo de este Punto, el Sistema Electrónico no les permitirá ingresar con su certificado digital de firma electrónica al expediente electrónico respectivo." (Lo destacado es propio) En ese contexto, es oportuno reiterar que a través del "Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19," y su reforma contenida en el diverso Acuerdo General 15/2020; respecto del período del dieciséis de junio al quince de julio de dos mil veinte, el Consejo de la Judicatura Federal, levantó la suspensión de plazos y términos procesales, para todos los órganos jurisdiccionales, aun cuando no se encuentren de guardia, para la recepción de asuntos nuevos, siempre y cuando la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos; por eso, dispuso que las personas justiciables tendrían que primer, únicamente por vía electrónica, los escritos iniciales, mediante el uso de la firma electrónica. Lo anterior, tiene relación con el artículo 45, del referido Acuerdo General 12/2020, que es del tenor siguiente: "De la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. Lo destacado es propio. De todo lo anterior, se obtiene que si bien es cierto, que se levantó la suspensión de plazos y términos procesales, para la recepción de asuntos nuevos; lo cierto es que, ello está condicionado a que las demandas se promuevan únicamente de manera electrónica y contengan la firma electrónica del promovente o de su apoderado legal. No obstante, se impone destacar que el artículo 3 citado, prevé como excepción que en los casos en que la demanda se promueva en los términos del artículo 15 del mismo ordenamiento, no se requiere Firma electrónica; precepto que en lo conducente, establece: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. De dicho precepto se obtiene que cuando la parte quejosa se encuentra imposibilitada para promover el juicio de amparo, puede hacerlo en su nombre cualquier persona, incluso un menor de edad, y por ende no se requiera de firma electrónica, siempre que se trate de los siguientes supuestos: 1. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida; 2. Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; 3. Incomunicación; 4. Deportación o expulsión; 5. Proscripción o destierro; 6. Extradición; 7. Desaparición forzada de personas; 8. Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 9. La incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Ahora bien, el escrito de demanda que se atiende, se presentó de manera electrónica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo; sin embargo, como se advierte de la certificación de cuenta, dicho escrito carece de la firma del quejoso Francisco Alejandro Islas Ortiz; pues si bien es cierto se encuentra firmada de manera electrónica, también lo es que tal firma corresponde a quien se ostenta como su representante, por consiguiente, no se le puede dar valor probatorio alguno por haber sido presentada sin la firma electrónica (evidencia criptográfica) de quien la promueve, aunado a que los actos reclamados en la demanda de amparo no se encuentran en alguno de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que las promociones que carecen de firma, en este caso, del representante legal, no pueden expresar la voluntad del promovente, y ante tal omisión dicho escrito no tiene ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del promovente, o como en el presente caso, a través de la firma electrónica correspondiente y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de firma electrónica de Francisco Alejandro Islas Ortiz, quejoso en el presente asunto, no puede decirse que exista voluntad de ejercer la acción de amparo. Pues de considerarse que se cumplió con el requisito de externar la voluntad por medio de la firma de la persona moral, se llegaría al extremo de permitir que cualquier persona, aún careciendo de las facultades para ello, pueda promover la demanda de amparo. En consecuencia, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. En este caso, los actos reclamados por la parte quejosa, no se ubicaban en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo; y por ende, la demanda tenía que contener la firma electrónica de Raúl Bedolla Suastegui, quien se ostenta como apoderado legal de Francisco Alejandro Islas Ortiz, en términos del artículo 6, de la misma ley. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 62, 113, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 3°, de la ley de la materia. Robustece lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 8/2019, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, abril de 2019, página 79, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO". También, sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 2/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, enero de 2019, página 5, de rubro: " DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE". Por otra parte, también de la demanda se obtiene que, la quejosa no proporcionó un nombre de usuario, y tampoco solicito de manera expresa que las notificaciones se le realicen de manera electrónica; no obstante, en términos del artículo 55, del diverso "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", las partes tienen que solicitar de manera expresa que las notificaciones se le realicen de manera electrónica; lo que en el caso, no realizó la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto; proporcione usuario para llevar el tramite vía electrónica y solicite de manera expresa que las notificaciones se le realicen de manera electrónica a través del usuario que proporcione; con el apercibimiento que de no hacerlo, se suspenderá el procedimiento en este juicio, de conformidad con el artículo 2, último párrafo del citado Acuerdo General 13/2020. Se autoriza en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones a Raúl Bedolla Suastegui, limitación que se le establece hasta en tanto el profesionista registre su cédula profesional que lo acredite como licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y hecho lo anterior lo haga del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe. """""""""""""""""""""""""""""", SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En la Ciudad de México, trece de julio de dos mil veinte. Visto el contenido del Acuerdo General 15/2020 relativo a la reforma del artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19, por el periodo del dieciséis de junio al quince de julio del año en curso, el cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en que se establece lo siguiente: "Artículo 2. Habilitaciones y casos en que se reanudan los plazos. Durante la vigencia del Presente Acuerdo, se habilitan lo días y horas que resulten necesarios para que: VI. Las personas justiciables promuevan, únicamente por vía electrónica, los escritos iniciales de todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos previstos por el Acuerdo General 12/2020 y mediante el uso de la FIREL o de la e.firma (antes FIEL). Lo anterior dará lugar a la integración de los expedientes regulados por dicho instrumento normativo, sin perjuicio de que la inclusión de las constancias respectivas en los expedientes físicos se realice una vez que se normalicen las actividades en el Consejo de la Judicatura Federal. VII. Las Oficinas de Correspondencia Común realicen el turno de los asuntos nuevos recibidos a través del Portal de Servicios en Línea. IX. Las y los titulares radiquen los asuntos nuevos recibidos por medios electrónicos y los órganos jurisdiccionales prosigan su trámite únicamente por vía electrónica, utilizando en todo caso, videoconferencias para el desahogo de las diligencias que requieran la presencia de las partes, cuando se puedan salvaguardar los derechos de las partes y los principios que rijan el procedimiento respectivo, a reserva de lo previsto en este Acuerdo para la materia penal. Lo anterior implica que el personal de los órganos jurisdiccionales privilegie el uso de herramientas tecnológicas, como SharePoint y el correo electrónico institucional para el envío de documentos, incluyendo la circulación de proyectos de resolución o sentencia en tribunales colegiados de Circuito. (Énfasis añadido) De lo anterior se advierte que, por el periodo del dieciséis de junio al quince de julio del año en curso, las personas justiciables podrán promover juicios de amparo únicamente por vía electrónica, los cuales serán turnados por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a los órganos jurisdiccionales en dicha materia, a efecto de que se radiquen y se prosiga con su trámite. Por lo tanto, vista la demanda de cuenta electrónica, promovida por Francisco Alejandro Islas Ortiz, a través de Raúl Bedolla Suastegui, quien ostenta como su representante, con evidencia criptográfica únicamente de éste último; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 610/2020 y se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable en la parte conducente, por analogía la jurisprudencia I.13o.A. J/6, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. (No. registro: 180,663, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Septiembre de 2004, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631). Así como la jurisprudencia número I.1o.A. J/4, cuyo rubro y texto es el siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. (Registro No. 196196, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Mayo de 1998, Página: 890) De esta forma, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 3, de la ley de la materia, artículos que consagran la improcedencia del juicio de amparo, contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5, de la Ley de Amparo y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte, el numeral 5, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. Aunado a lo anterior, dicho numeral dispone que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán de contar con firma electrónica o autógrafa; disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En el caso en particular, resulta necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 6, del Acuerdo General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el cual refiere lo siguiente: "Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin. Cuando mediante resolución judicial se tenga por revocado el acto del que derive la capacidad procesal de las personas indicadas en el párrafo segundo de este Punto, el Sistema Electrónico no les permitirá ingresar con su certificado digital de firma electrónica al expediente electrónico respectivo." (Lo destacado es propio) En ese contexto, es oportuno reiterar que a través del "Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19," y su reforma contenida en el diverso Acuerdo General 15/2020; respecto del período del dieciséis de junio al quince de julio de dos mil veinte, el Consejo de la Judicatura Federal, levantó la suspensión de plazos y términos procesales, para todos los órganos jurisdiccionales, aun cuando no se encuentren de guardia, para la recepción de asuntos nuevos, siempre y cuando la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos; por eso, dispuso que las personas justiciables tendrían que primer, únicamente por vía electrónica, los escritos iniciales, mediante el uso de la firma electrónica. Lo anterior, tiene relación con el artículo 45, del referido Acuerdo General 12/2020, que es del tenor siguiente: "De la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. Lo destacado es propio. De todo lo anterior, se obtiene que si bien es cierto, que se levantó la suspensión de plazos y términos procesales, para la recepción de asuntos nuevos; lo cierto es que, ello está condicionado a que las demandas se promuevan únicamente de manera electrónica y contengan la firma electrónica del promovente o de su apoderado legal. No obstante, se impone destacar que el artículo 3 citado, prevé como excepción que en los casos en que la demanda se promueva en los términos del artículo 15 del mismo ordenamiento, no se requiere Firma electrónica; precepto que en lo conducente, establece: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. De dicho precepto se obtiene que cuando la parte quejosa se encuentra imposibilitada para promover el juicio de amparo, puede hacerlo en su nombre cualquier persona, incluso un menor de edad, y por ende no se requiera de firma electrónica, siempre que se trate de los siguientes supuestos: 1. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida; 2. Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; 3. Incomunicación; 4. Deportación o expulsión; 5. Proscripción o destierro; 6. Extradición; 7. Desaparición forzada de personas; 8. Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 9. La incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Ahora bien, el escrito de demanda que se atiende, se presentó de manera electrónica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo; sin embargo, como se advierte de la certificación de cuenta, dicho escrito carece de la firma del quejoso Francisco Alejandro Islas Ortiz; pues si bien es cierto se encuentra firmada de manera electrónica, también lo es que tal firma corresponde a quien se ostenta como su representante, por consiguiente, no se le puede dar valor probatorio alguno por haber sido presentada sin la firma electrónica (evidencia criptográfica) de quien la promueve, aunado a que los actos reclamados en la demanda de amparo no se encuentran en alguno de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que las promociones que carecen de firma, en este caso, del representante legal, no pueden expresar la voluntad del promovente, y ante tal omisión dicho escrito no tiene ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del promovente, o como en el presente caso, a través de la firma electrónica correspondiente y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de firma electrónica de Francisco Alejandro Islas Ortiz, quejoso en el presente asunto, no puede decirse que exista voluntad de ejercer la acción de amparo. Pues de considerarse que se cumplió con el requisito de externar la voluntad por medio de la firma de la persona moral, se llegaría al extremo de permitir que cualquier persona, aún careciendo de las facultades para ello, pueda promover la demanda de amparo. En consecuencia, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. En este caso, los actos reclamados por la parte quejosa, no se ubicaban en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo; y por ende, la demanda tenía que contener la firma electrónica de Raúl Bedolla Suastegui, quien se ostenta como apoderado legal de Francisco Alejandro Islas Ortiz, en términos del artículo 6, de la misma ley. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 62, 113, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 3°, de la ley de la materia. Robustece lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 8/2019, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, abril de 2019, página 79, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO". También, sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 2/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, enero de 2019, página 5, de rubro: " DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE". Por otra parte, también de la demanda se obtiene que, la quejosa no proporcionó un nombre de usuario, y tampoco solicito de manera expresa que las notificaciones se le realicen de manera electrónica; no obstante, en términos del artículo 55, del diverso "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", las partes tienen que solicitar de manera expresa que las notificaciones se le realicen de manera electrónica; lo que en el caso, no realizó la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto; proporcione usuario para llevar el tramite vía electrónica y solicite de manera expresa que las notificaciones se le realicen de manera electrónica a través del usuario que proporcione; con el apercibimiento que de no hacerlo, se suspenderá el procedimiento en este juicio, de conformidad con el artículo 2, último párrafo del citado Acuerdo General 13/2020. Se autoriza en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones a Raúl Bedolla Suastegui, limitación que se le establece hasta en tanto el profesionista registre su cédula profesional que lo acredite como licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y hecho lo anterior lo haga del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,085 expedientes
- Francisco Aguilera Villanueva628/2018
- Francisco Aguirre Pimentel764/2018
- Francisco Agundis Gómez1074/2022
- Francisco Ahomed Antonio Pacheco2095/2015
- Francisco Ahomed Antonio Pacheco1832/2016
- Francisco Aldape González559/2018
- Francisco Alenjandro Verona Castela1022/2016
- Francisco Alfredo Torcuato Suarez1110/2023
- Francisco Álvarez Morphy Alarcón600/2020
- Francisco Antonio González87/2020
- Francisco Antonio Ledezma Fernandez1262/2021
- Francisco Antonio Tinoco Castañeda46/2015