Francisco Alejandro Espinoza López
Expediente 1145/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1145/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Alejandro Espinoza López
- FRANCISCO ALEJANDRO ESPINOZA LÓPEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 1145/2019, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los artículos 6, 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor el veintiséis de marzo siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, deberá realizarse su depuración en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo invocado, posteriormente, transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de enero de dos mil veintiuno. En principio, se realizan las precisiones siguientes: 1.- Se toma en consideración que en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, tomó medidas especiales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, que fueron comunicadas mediante Circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial. 2.- Que una de esas medidas consistió en que se suspendieron los plazos y términos de la totalidad de los asuntos, excepto casos urgentes, aquéllos que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea y los expedientes que estuvieran listos para sentencia. 3.- A la fecha, ya concluyó el ámbito temporal de validez de las medidas especiales tomadas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. 4.- En su lugar, ahora rigen las medidas adoptadas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que fueron comunicadas mediante Circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos. 5.- Para este órgano jurisdiccional que reside en el Décimo Tercer Circuito Judicial, son aplicables las medidas contenidas en los puntos 1 y 2 del apartado II de la Circular precitada, que establecen: II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. 6.- En consecuencia, se ordena la REANUDACIÓN DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES en este asunto, decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. 7.- Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para todos los efectos legales a que haya lugar. 8.- En otro aspecto, toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los artículos 1, 14, 15 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecisiete de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, en vigor el veintiséis de marzo de la misma anualidad, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este juzgado durante tres años, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Por lo anterior, devuélvase a la autoridad responsable, Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca, tres DVD¨S, que remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de enero de dos mil veintiuno. En principio, se realizan las precisiones siguientes: 1.- Se toma en consideración que en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, tomó medidas especiales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, que fueron comunicadas mediante Circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial. 2.- Que una de esas medidas consistió en que se suspendieron los plazos y términos de la totalidad de los asuntos, excepto casos urgentes, aquéllos que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea y los expedientes que estuvieran listos para sentencia. 3.- A la fecha, ya concluyó el ámbito temporal de validez de las medidas especiales tomadas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. 4.- En su lugar, ahora rigen las medidas adoptadas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que fueron comunicadas mediante Circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos. 5.- Para este órgano jurisdiccional que reside en el Décimo Tercer Circuito Judicial, son aplicables las medidas contenidas en los puntos 1 y 2 del apartado II de la Circular precitada, que establecen: II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. 6.- En consecuencia, se ordena la REANUDACIÓN DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES en este asunto, decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. 7.- Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para todos los efectos legales a que haya lugar. 8.- En otro aspecto, toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los artículos 1, 14, 15 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecisiete de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, en vigor el veintiséis de marzo de la misma anualidad, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este juzgado durante tres años, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Por lo anterior, devuélvase a la autoridad responsable, Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca, tres DVD¨S, que remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA III B. NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos se desprende que mediante escrito presentado el treinta de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y recepcionado en este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, el quejoso *****, promovió instancia constitucional, pues atribuyo al Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales con sede en Tanivet, Oaxaca, como ordenadora, así como al Fiscal General del Estado de Oaxaca, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa II de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Genero, Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado, adscrito al Grupo de División de Genero, y Comisionado de la Policía Estatal dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, como ejecutoras, a quienes atribuyó la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución, en el ámbito de su competencia. Respecto del cual, al rendir su informe justificado el Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales con sede en Tanivet, Oaxaca, convino en la existencia del acto que se le reclama, pues al efecto precisó que en la causa penal *****de su índice, con fecha diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se declaró la sustracción de la acción de la justicia del imputado ******, en virtud de que a pesar de estar debidamente notificado no compareció a la audiencia de revisión de la medida cautelar señalada para esa fecha, y a solicitud del Agente el Ministerio Público se ordenó librar la orden de aprehensión, al ser probable responsable del hecho que la ley señala como delito de VIOLENCIA FAMILIAR, cometido en agravio de Patricia Alejandro Merlín Montesinos, para el único efecto de llevar a cabo la audiencia de revisión de la medida cautelar. Por su parte las autoridades responsables Encargado de la Comandancia División Género, de la Agencia Estatal de Investigaciones, Fiscal General del Estado, y Agente del Ministerio Publico de la Mesa II de Litigación de Violencia Familiar y Delitos Sexuales, adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención A Delitos contra la Mujer por razón de Género, al rendir su informe justificado convinieron en la existencia del acto de ejecución que se les reclama. Luego, al rendir su informe justificado el Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, por conducto del Servidor Público designado, y Director Jurídico de la Policía Estatal, dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, negaron la existencia del acto que se les atribuye; sin embargo, dada la aceptación de la emisión de la orden de aprehensión por parte de la autoridad ordenadora, su negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto de ejecución que se les reprocha. Posteriormente, por auto de veintitrés de noviembre del año en curso, se tuvo al aludido Juez de Control, remitiendo un disco DVD certificado que contiene la audiencia de veintiuno de mayo de dos mil veinte en la causa penal *****, concerniente a la ejecución de la orden de aprehensión de cuya reproducción se desprende que en la videoconferencia para llevar a cabo el cumplimiento de ejecución de orden de aprehensión instruida contra *****, al ser probable responsable del hecho que la ley señala como delito de VIOLENCIA FAMILIAR, cometido en agravio de ******, al imputado se le canalizó al área de epidemiología en virtud del fenómeno médico del COVID-19, dado lo cual se consideró necesaria la presencia del imputado dada la naturaleza de la diligencia en cuestión, por lo que se garantió el derecho a la salud del mismo, para que posteriormente se llevara a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares, por lo que se ordenó remitir al imputado al Hospital Civil del Estado, a fin de que se hiciera una valoración para conocer si tenía sintomatología del COVID-19, siendo resguardado por la Agencia Estatal de Investigaciones, y una vez obtenido los resultados se llevaría a cabo la audiencia en comento, por lo que permaneció privado de su libertad en ese tiempo. Posteriormente, el veintiocho de mayo del año en curso, el Juez de Control responsable, manifestó que el imputado dio positivo al COVID-19 por lo que no podía estar presente en esa audiencia, y en ese sentido se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares, sin la presencia del imputado, por lo que el juez del proceso, con fundamento en el ordinal 16 constitucional, consideró legal la ejecución de la orden de aprehensión, y procedió a realizar la audiencia respectiva, por lo que una vez que los intervinientes tuvieron el uso de la voz, el juez de control determino agregar al listado de medidas cautelares el resguardo en su domicilio del imputado, la prohibición de salir del mismo, y en el caso en particular quedaron firmes las diversas medidas cautelares que tenía, y en el tema de la presentación periódica semanal ante la Unidad de Medidas Cautelares, y dado que el activo tiene COVID-19 y además que la necesidad cautelar primordial lo es el peligro para la víctima, lejos de que el imputado tenga como tal un riesgo de fuga, consideró prudente modificar sobre esa medida la cual se realizará de forma mensual autorizándose al imputado solamente en esa fecha pueda salir de su domicilio exclusivamente a realizar su presentación ante la autoridad, se ordenó que una vez que el imputado haya recobrado su salud se incorpore a terapias y tratamiento en el Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres; asimismo, quedó firma la prohibición de acercarse al domicilio de la víctima y a su centro laboral lo que se debe realizar de forma estricta, así como la prohibición de molestar a la víctima por cualquier medio existiendo una prohibición de comunicación por cualquier medio, y en caso de que no comparezca a un llamamiento judicial quedarán expedidos los derechos de las partes para solicitar una acción de sustracción de la justicia, además, el juez preciso que la policía Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, realice un rondín diario en el domicilio de la víctima a fin de que proporcionen atención policial si en el caso lo necesita, y solo como excepción la prohibición de no acercarse a la víctima o su domicilio se tiene para dar cumplimiento al acuerdo de convivencia de los menores con su progenitora y únicamente el imputado podrá realizar llamadas telefónicas con la víctima para cuestiones atinentes a los menores. Precisado lo anterior el suscrito juzgador estima que, en la especie, contra la resolución de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente penal *****, en la que la autoridad judicial responsable libró orden de aprehensión en contra de ******, al ser probable responsable del hecho que la ley señala como delito de *******, cometido en agravio de *******, sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, cesó en sus efectos por sustitución procesal, con motivo de la resolución emitida el veintiocho de mayo de dos mil veinte. Para mayor precisión, se tiene que dicho numeral establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). La causa de improcedencia citada se puede actualizar en dos supuestos, a saber: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b) Cuando se actualiza la sustitución de actos procesales, que consiste en la dependencia de una actuación de otra, por la relación que guardan entre sí, de manera que la resolución del segundo acto deja sin efectos el acto previo; es decir, el segundo acto en realidad sustituye al primero y rige en lo sucesivo la situación procesal decidida (sustitución). En concordancia con lo expuesto, se cita la tesis aislada I.3o.C.92 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la foja 1491 del Tomo XXX, Diciembre de 2009, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 165870, que es del tenor siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. En relación con el mismo tópico conviene recordar que el procedimiento jurisdiccional se conforma por una serie de trámites y actos procesales concatenados entre sí, en donde la existencia de uno es la base para la emisión de otro posterior, por lo que cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Ahora bien, la actualización de la hipótesis de improcedencia en comento, encuadra al caso particular, pues de la reproducción del disco en formato DVD que fue remitido por la autoridad judicial responsable misma que goza de valor probatorio pleno, al considerarse una prueba documental lato sensu se desprende que el veintiocho de mayo de dos mil veinte, la autoridad judicial responsable, procedió a dictar resolución en la que primeramente calificó de legal la ejecución de la orden de aprehensión emitida el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, y posteriormente, tuvo verificativo la audiencia en donde realizó una modificación de las medidas cautelares que le habían sido impuestas en el proceso penal que se instruye en su contra, en términos de lo que disponen las fracciones I, VI, VII y VIII del ordinal 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese orden, la determinación emitida por la autoridad responsable el veintiocho de mayo de dos mil veinte, en la que la juez conocedor de la causa penal ******calificó de legal la orden de aprehensión emitida el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, luego de lo cual procedió a realizar una revisión de las medidas cautelares impuestas al imputado y las modificó; sustituyó la orden de aprehensión emitida el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, y respecto de la cual se duele el quejoso en esta instancia constitucional; dicho en otras palabras, la determinación de veintiocho de mayo de dos mil veinte, dejó sin efectos la diversa de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, pues el efecto del mandamiento de captura era únicamente con la finalidad de que el imputado se presentara a la audiencia de revisión de medidas cautelares, lo cual no aconteció en virtud de que el mismo resultó positivo de COVID-19, sin embargo, la mencionada audiencia se desahogó sin su presencia, y en ella se decretaron diversas medidas cautelares, sin que se le fuera impuesta medida alguna de prisión preventiva. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Es así, porque como se ve, la autoridad responsable emitió una determinación que incidió en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, con lo que restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano que estimaba vulnerado, de manera total e incondicional como si se le hubiere otorgado el amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras en virtud de que no se reclaman por vicios propios sino en vía de consecuencia. Por consecuencia, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
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