Francisco ALberto Reyna Chávez
Expediente 364/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 364/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/07/2018
Partes del expediente
- Francisco ALberto Reyna Chávez
Actuaciones
- Principal
Cúmplase
- Principal
Ciudad de México, a veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio procedente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, a través del cual se acusa recibo del diverso 15283/2018, por el que se remitió el juicio de amparo 364/2018, promovido por Francisco Alberto Reyna Chávez, a través de su defensora pública y se informa que dicha autoridad aceptó la competencia planteada, avocándose al conocimiento del citado controvertido. Ahora, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, al tratarse de un cuaderno de antecedentes y no existir documentos originales, de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, del acuerdo en cita, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el cuatro de enero de dos mil diecinueve.
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta; en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene. Dado el excesivo volumen de las constancias, fórmense por separado dos anexos, respetando su sello, rúbricas y folio. Ahora, de las constancias remitidas por la juez responsable se advierte que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Ejecución de Sanciones de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por tanto, se estima que este órgano de control constitucional es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el juicio en que se actúa al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, en turno. Las cuestiones de competencia son de orden público y oficioso pronunciamiento. Esto, con base en la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVII, que dispone: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Asimismo, el artículo 37 de la ley de la materia, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De este dispositivo se obtiene, en lo que interesa, que en relación con los actos reclamados que requieran ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, si se toma en cuenta que el acto reclamado por el amparista, consiste en la omisión de emitir la resolución de la libertad anticipada que solicitó, omisión cuyos efectos son de carácter positivos, pues con motivo de la misma es que la ejecución material tiene verificativo en dicha entidad federativa, en tanto ahí se encuentra recluido. Ello es así, porque al continuar la omisión de que se duele el amparista, la privación de la libertad derivada la pena de prisión impuesta en la causa 119/2014-2, del registro del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, respecto de la cual solicitó la libertad anticipada, se prolonga en el tiempo; de ahí que sea válido afirmar que dicho acto se está ejecutando en aquella circunscripción territorial. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 382 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, cuyo rubro establece: "ACTOS NEGATIVOS CON EFECTOS POSITIVOS. SUSPENSIÓN". En ese contexto, de conformidad con la fracción III del Punto Cuarto del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que la competencia legal se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, que ejerce jurisdicción en el lugar donde se ejecuta el acto reclamado. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 633 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, Abril de 2014, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido". Consecuentemente, fórmese cuaderno de antecedentes y remítanse los autos originales y anexos, al juez que se estima competente para conocer del asunto, a quien se solicita acuse de recibo vía fax.
- Principal
Ciudad de México, a catorce de mayo de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Francisco Alberto Reyna Chávez, a través de su defensora pública Valentina Kuahutepatzin Flores Urbina, contra acto del Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en esta ciudad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 364/2018. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo. I. Se admite la demanda. II. Se señala el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, a las diez horas con veinte minutos, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. III. Pídase a la(s) autoridad(es) responsable(s) rinda(n) informe justificado en el plazo de quince días, contado a partir de que quede(n) notificada(s) de este proveído, al que deberá(n) acompañar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que apoyen dicho informe; apercibida(s) que de no hacerlo, de conformidad con el diverso 117 de dicha legislación, se presumirá cierto el acto reclamado, asimismo, se les sancionará con multa por el equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos de la fracción II del numeral 260 del ordenamiento invocado. En el entendido que este órgano de control constitucional, a fin de fijar la litis en el presente juicio y en su caso dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la ley de la materia, estima que de la lectura integral de la demanda el (los) acto(s) reclamado(s) es (son) el (los) siguiente(s): - La omisión de emitir la resolución respecto de la libertad anticipada que solicitó la promovente del amparo, a favor del quejoso en el expediente SIPE1825/2017-V y SD 716/2018-V. Asentado lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que de no hacer alguna manifestación al respecto en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este auto, se sustanciará el juicio acorde con la interpretación realizada por este juzgado. IV. Córrase traslado al agente del Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal del cual deriva la resolución reclamada, pues le recae el carácter de tercero interesado, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso e) de la ley reglamentaria de la materia. V. No se tramita incidente de suspensión, pues no se solicitó. Dese la intervención que corresponde a la representación social de la adscripción, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64, párrafo primero, de la ley reglamentaria, requiérase a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano de control constitucional, bajo apercibimiento que de no cumplir con esa obligación se les impondrá multa de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización, acorde con el dispositivo 251 de la ley de la materia. En términos del precepto 14 de la legislación invocada, requiérase a la autoridad judicial responsable informe a este órgano jurisdiccional si Valentina Kuahutepatzin Flores Urbina tiene el carácter de defensora del quejoso, acompañando la copia certificada que así lo acredite. Ahora bien, por lo que hace a las pruebas que ofrece la parte quejosa, resérvese proveer lo conducente hasta en tanto consten en autos el informe de ley. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado. En cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, y con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el numeral 8° de la ley en cita, hágase de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva a que en las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como en las constancias del expediente, se supriman los datos sensibles que puedan contener. Finalmente, se autoriza al secretario para que firme los oficios de este juicio.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,848 expedientes
- Francisca Evangelista Salas y Otros.394/2023
- Francisca Martinez Cisneros334/2017
- Francisca Yasmin Pérez Loera1042/2015
- Francisco Abascal Velásco695/2016
- Francisco Abascal Velasco o Velazco1156/2014
- Francisco Aguilar Cruz999/2022
- Francisco Altamirano Anaya996/2015
- Francisco Antonio Martín Del Campo Souza402/2021
- Francisco Antonio Martin del Campo Souza y Otros.698/2021
- Francisco Antonio Martín del Campo Souza399/2021
- Francisco Arreola Flores411/2015
- Francisco Arroyo de la Concha544/2023