Francisco Alberto Rangel Salgado
Expediente 137/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 137/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 09/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Francisco Alberto Rangel Salgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de diecinueve de julio de dos mil diecinueve, en la que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo promovido por Francisco Alberto Rangel Salgado; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el cuaderno de antecedentes que se forme con motivo de la incompetencia. SE ORDENA REMITIR EL ASUNTO A ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE SE CONSIDERA COMPETENTE. En consecuencia, remítase el juicio de amparo en que se actúa al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en turno, a quien se estima legalmente competente para conocer del asunto; haciéndole la atenta solicitud del acuse de recibo correspondiente e informarme la determinación que se tome en relación con la competencia.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de diecinueve de julio de dos mil diecinueve, en la que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo promovido por Francisco Alberto Rangel Salgado; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el cuaderno de antecedentes que se forme con motivo de la incompetencia. SE ORDENA REMITIR EL ASUNTO A ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE SE CONSIDERA COMPETENTE. En consecuencia, remítase el juicio de amparo en que se actúa al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en turno, a quien se estima legalmente competente para conocer del asunto; haciéndole la atenta solicitud del acuse de recibo correspondiente e informarme la determinación que se tome en relación con la competencia.
- Principal
Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 137/2019, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del diecinueve de julio de dos mil diecinueve, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. SECRETARIO: Juicio de amparo 137/2019, promovido por Francisco Alberto Rangel Salgado, por derecho propio, contra actos de la Contralora Interna de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en autos del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Se da cuenta con la circunstancia que ninguna de las partes se encuentra presente. JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por la Contralora Interna de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, con sede en esta ciudad. JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. SECRETARIO. Se hace constar que en este asunto obra como prueba la documental que la parte quejosa exhibió mediante escrito presentado ante este juzgado el veintiséis de febrero del año en curso, consistente en el oficio CA/063/2019; así como la que la autoridad responsable remitió en apoyo de su informe justificado, consistente en copia certificada del procedimiento administrativo de responsabilidades CI/PA/0022018, el cual obra por separado en un tomo de prueba y las que ofreció mediante oficio OIC/128/2019, presentado ante este órgano jurisdiccional el catorce de mayo del año en curso; documentales que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención su propia y especial naturaleza en proveídos de ocho y quince de mayo, ambos del año en curso. Al no haber más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. SECRETARIO: Se hace constar que únicamente hizo manifestaciones en esta vía la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado, a través del pedimento 315/2019 . JUEZ: Con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión. V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo número 137/2019-IX, promovido por Francisco Alberto Rangel Salgado, contra el acto de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el doce de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad capital, cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en la Entidad, por razón de turno, Francisco Alberto Rangel Salgado promovió demanda de amparo, contra la autoridad mencionada supralíneas, de quien reclamó el acto que precisó de la siguiente manera: ".La resolución del 25 veinticinco de enero actual en autos del procedimiento administrativo de responsabilidades CI/PI/002/2018." Acto que en el decir del promovente del amparo vulnera en su perjuicio los derechos humanos reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Mediante proveído de trece de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó registrar el asunto como el expediente 137/2019-IX; se admitió a trámite la demanda; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, el cual formuló pedimento; y, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos asentados en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, cuyo contenido se reproduce en seguida: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los preceptos legales transcritos se obtiene que los tribunales de la Federación son competentes para conocer de las controversias suscitadas por normas generales, actos u omisiones de autoridades que vulneren los derechos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, se desprende que, para determinar la competencia del juzgador que habrá de conocer y resolver determinado asunto, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, esto es, que resulta indispensable observar las consecuencias y efectos del mismo; en otras palabras, debe advertirse si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde reside la autoridad que lo emitió, o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atenderse al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Al respecto, cobra aplicación la tesis que se reproduce a continuación: "Época: Novena Época Registro: 189167 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Agosto de 2001 Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.1o.A.44 A Página: 1299 "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Competencia 81/2000. Entre los Jueces Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y Sexto de Distrito en el Estado de México. 23 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: José Antonio Montoya García. Nota: Por ejecutoria de fecha 31 de marzo de 2004, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 104/2003-PS en que participó el presente criterio". Sobre este último aspecto pueden identificarse las siguientes hipótesis: a) Será competente el juez de Distrito, en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Aquel ante el que se presente la demanda, si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro; c) El juez de Distrito, donde se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material; Sentado lo anterior y para un correcto entendimiento del asunto, resulta conveniente destacar los siguientes aspectos: En el caso, el acto reclamado consiste en la resolución de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, emitida por la Contralora Interna de la comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán, en el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades CI/PA/002/2018, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO. Es fundada la denuncia contra Francisco Alberto Rangel Salgado, en su desempeño como visitador adscrito a la Visitaduría Regional de Lázaro Cárdenas, respecto de los actos y omisiones y conforme a lo expuesto en el considerando cuarto de la presente determinación. SEGUNDO. Se impone a Francisco Alberto Rangel Salgado, suspensión del empleo que desempeña como Visitador Auxiliar adscrito a la Visitaduría Regional de Lázaro Cárdenas,, por el término de tres meses, en términos del considerando quinto de esta resolución. TERCERO. Expídanse copias certificadas y gírense los oficios respectivos para los efectos precisados en el considerando último de esta resolución." (El énfasis es añadido). El treinta de enero de dos mil diecinueve, la anterior determinación fue notificada, de manera personal, al aquí quejoso, por la licenciada Sandra Edith Ruiz Franco, Contralora Interna de la comisión Estatal de los Derechos Humanos, en los términos asentados en el acta que, en la parte que interesa, se reproduce en seguida: ".estando constituida en la oficina que ocupa la Visitaduría Regional de Lázaro Cárdenas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ubicada en el inmueble identificado con el número 26, de la calle Paracho, colonia 600 casas, código postal 60954 de Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, y me entrevisté con Francisco Alberto Rangel Salgado, quien se identificó con credencial para votar Clave de elector RNGLFR720112109H500 expedida por el Instituto Nacional Electoral, con ---, a quien le notifico la resolución emitida el 25 veinticinco de enero de 2019 dos mil diecinueve, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidades número CI/PA/002/2018, instaurado en su contra." (Lo enfatizado no es de origen). Al rendir su informe justificado, la Contralora Interna de la comisión Estatal de los Derechos Humanos manifestó, en la parte que interesa, lo siguiente: "SON CIERTOS LOS ACTOS RECLAMADOS consistentes en la emisión de la resolución del veinticinco de enero de este año, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidades número CI/PA/002/2018; en la cual se le aplicó como sanción la suspensión en el empleo que venía desempeñando el quejoso como Visitador Auxiliar adscrito a la Visitaduría Regional de Lázaro Cárdenas, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo." (Lo resaltado se añadió). Posteriormente, en cumplimiento a lo requerido por este órgano de control constitucional mediante proveído de siete de junio pasado, la autoridad señalada como responsable en el presente asunto informó toralmente lo que se reproduce a continuación: "La resolución combatida a través del juicio de amparo, a la fecha se encuentra subsistente, y por lo que ve a los efectos de la misma, respecto de este órgano únicamente se informa que no se ha ejecutado, ello derivado de la suspensión del acto reclamado concedida al quejoso por ese juzgador; y, a la fecha sí se incorporó a su expediente personal la resolución que nos ocupa, pero no se han hecho anotaciones en el libro de registro de servidores públicos sancionados con que cuenta el Órgano Interno de Control." (El énfasis se añadió). De todo lo expuesto hasta aquí se desprende sustancialmente que, el ahora peticionario de la protección constitucional, Francisco Alberto Rangel Salgado se desempeñaba como Visitador Auxiliar adscrito a la Visitaduría Regional de Lázaro Cárdenas, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, institución que tiene sus instalaciones en ".el número 26, de la calle Paracho, colonia 600 casas, código postal 60954 de Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán.". También se obtiene que, con motivo de la tramitación del el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades CI/PA/002/2018, el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, la Contralora Interna de la comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió una resolución a través de la cual impuso a Francisco Alberto Rangel Salgado una sanción consistente en la suspensión del empleo por un periodo de tres meses. Lo anterior, a su vez implica que dicha determinación es un acto de efectos positivos, es decir, que tiene ejecución; la cual consiste precisamente en la suspensión de la función que venía desempeñando el ahora solicitante del amparo; tan es así, que la propia autoridad señalada como responsable en el presente asunto, informó a este órgano de control constitucional que, por lo menos hasta el diez de junio de dos mil diecinueve, la resolución combatida no había sido ejecutada, con motivo de la medida suspensional otorgada por este juzgado federal. Luego, si ya quedó precisado que el amparista se encontraba adscrito a la Visitaduría Regional de Lázaro Cárdenas, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo; y, que esa unidad regional tiene su domicilio en la Ciudad de Lázaro Cárdenas; válidamente puede afirmarse que el acto que se combate en el presente juicio tiene ejecución fuera de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. Lo anterior, porque la ejecución del acto que se combate en el presente asunto estriba precisamente en realizar todas aquellas gestiones necesarias para impedir que Francisco Alberto Rangel Salgado desempeñe el servicio de Visitador Auxiliar, por un periodo de tres meses; de modo que si la unidad regional a la que se encuentra adscrito el amparista tiene su domicilio en la Ciudad de Lázaro Cárdenas, resulta factible afirmar que la ejecución del acto reclamado se materializaría en el lugar donde se ejercía la función, esto es, donde se ubica la fuente laboral a la que se encuentra adscrito. Tales circunstancias permiten concluir que, en el caso, el órgano jurisdiccional competente para conocer del presente asunto es un Juzgado de Distrito en turno, residente en Uruapan, Michoacán. Máxime, que la notificación de la determinación reclamada se efectuó en las instalaciones donde se desempeñaba la función cuya suspensión se ordenó y donde tiene su sede la Visitaduría Regional de Lázaro Cárdenas, esto es en: ".el número 26, de la calle Paracho, colonia 600 casas, código postal 60954 de Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán.". Ahora, no pasa inadvertido que por oficio OIC/128/2019 la Contralora Interna de la comisión Estatal de los Derechos Humanos hizo del conocimiento a quien esto provee que: ".que el quejoso Francisco Alberto Rangel Salgado, en fecha treinta de abril del año en curso, dejó de prestar sus servicios para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, por renuncia voluntaria"; que para acreditar esa circunstancia remitió copias certificadas tanto del escrito de renuncia como del documento denominado "MOVIMIENTO DE PERSONAL" ; y, que esa circunstancia eventualmente podría incidir en la procedencia o en el fondo del presente juicio de control constitucional. Sin embargo, mientras la competencia constituye un presupuesto procesal, la procedencia del juicio de amparo es considerada una condición de la acción; por esa razón el estudio del primero de los aspectos debe privilegiarse respecto del segundo e incluso respecto del fondo; precisamente porque para estar en aptitud de resolver lo relativo a si el juicio de amparo resulta procedente o no, o bien el fondo del asunto, primero debe surtirse la competencia del tribunal que conozca del asunto. De esta manera, si ya quedó precisado que en la opinión de quien esto resuelve, la competencia se surte respecto de un Juzgado de Distrito residente en Uruapan, Michoacán; válidamente puede considerarse que será aquel órgano jurisdiccional que se avoque al conocimiento del asunto, quien deberá realizar el examen atinente a la procedencia o improcedencia del juicio en que se actúa. Así, en términos de lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, y punto Cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; la competencia para conocer de la demanda de cuenta, se surte a favor de del Juzgado de Distrito en turno, residente en Uruapan, Michoacán, debido a que, se insiste, la ejecución material del acto reclamado tendrá verificativo dentro del territorio donde ejerce jurisdicción tales órganos de control constitucional. Consecuentemente, lo que se impone es declinar la competencia para resolver el asunto de que se trata; y, una vez que cause estado la presente determinación, remitir el presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en Uruapan, Michoacán, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito en turno, a quien se estima competente para conocer de la controversia planteada; solicitándole a ese órgano jurisdiccional, el acuse de recibo correspondiente e informe si acepta la competencia declinada. Por ese motivo, fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de la papeleta de turno, de la demanda de garantías y demás constancias relativas, así como de la presente resolución. SEGUNDO. Supresión de datos personales. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado se declara legalmente incompetente para resolver el presente juicio de garantías. SEGUNDO. Una vez que cause ejecutoría la presente determinación, remítase el presente asunto al Juez de Distrito en turno, en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan. TERCERO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de julio de dos mil diecinueve. AUTORIDAD CUMPLE REQUERIMIENTO Agréguese a los autos el oficio de cuenta que suscribe el Jefe de Departamento de Medios de Impugnación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual cumple con el requerimiento que se le hizo mediante acuerdo de cuatro de julio actual, y al efecto informa que el quejoso Francisco Alberto Rangel Salgado, promovió juicio administrativo el veintiuno de marzo del año en curso, registrado con el numero JA-0456/2019-II, en el que impugnó la resolución de veinticinco de enero de la presente anualidad dentro del procedimiento administrativo de responsabilidades CI/PI/002/2018, emitida por la Contralora Interna de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, admitiéndose la demanda el treinta y uno de mayo del año en curso. Además, que la autoridad demandada al dar contestación a la demanda el dos de julio de la presente anualidad, hizo valer la causa de improcedencia en términos del artículo 205, fracción VII del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, por lo que mediante acuerdo de nueve de julio del año en curso, se decretó el sobreseimiento del juicio administrativo JA-0456/2019-II, y para acreditar la información la autoridad oficiante remite copia certificada de las constancias respectivas; información de la que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE
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