Francisco Alberto Hernández Cetina

Expediente 239/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
239/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
15/06/2023

Partes del expediente

  • Francisco Alberto Hernández Cetina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; quince de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia firmada el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que sobreseyó en el presente asunto. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En virtud de lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 239/2023-IV-B, promovido por FRANCISCO ALBERTO HERNÁNDEZ CETINA.********************A N T E C E D E N T E S ********************PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, turnado ese mismo día a este Juzgado, compareció FRANCISCO ALBERTO HERNÁNDEZ CETINA a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó de las autoridades siguientes:********************1. La negativa de emitir la calificación registral respectiva a las solicitudes números 23210004455, 23210004457 y 23210004451, presentadas ante la oficialía de Partes del Registro Agrario Nacional, Delegación Quintana Roo, el día veintiséis de mayo de dos mil veintiuno; y, ********************2. La negativa de las autoridades responsables de realizar los trámites necesarios para la expedición y puesta a disposición de los títulos de propiedad correspondientes, incluyendo la liberación de la clave electrónica relativa.****************************************SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés se ordenó la separación de autos por lo que hace a las solicitudes 23210004457 y 23210004451, y sólo se proveyó respecto de la diversa 23210004455.********************Al respecto, se desechó parcialmente la demanda por la negativa de expedir y poner a disposición el correspondiente título de propiedad, incluyendo la libración de la clave electrónica respectiva; y se admitió a trámite la demanda por la negativa de emitir la calificación registral respectiva a la solicitud número 23210004455, presentada ante la Oficialía de Partes del Registro Agrario Nacional, Delegación Quintana Roo, el día veintiséis de mayo de dos mil veintiuno.********************Luego, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tiene verificativo este día, al tenor del acta que antecede; y,********************C O N S I D E R A N D O :********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.********************SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado; sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación.********************Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: ********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."****************************************En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: ********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."****************************************En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama:********************- La negativa de emitir la calificación registral respectiva a la solicitud número 23210004455, presentada ante la Oficialía de Partes del Registro Agrario Nacional, Delegación Quintana Roo, el día veintiséis de mayo de dos mil veintiuno.******************** TERCERO. Certeza de actos. No obstante que al rendir su informe justificado las autoridades responsables: 1.- Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional, adscrita a la Representación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, Quintana Roo (registro 4853, electrónico); 2.- Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien compareció por el Director en Jefe, por el Director General de Registro y Control Documental, con residencia en la Ciudad de México (registro 4903); y 3.- La Delegación del Registro Agrario Nacional, con residencia en Chetumal, Quintana Roo; señalaron que no es cierto el acto que se les atribuye, con posterioridad realizaron manifestaciones de las cuales se evidencia su certeza; por tanto, dichos actos se tienen por ciertos.********************Apoya la anterior determinación, por similitud jurídica substancial, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible con número de registro IUS 211,004, consultable en la página 391, del Tomo XIV, correspondiente a Julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: ********************"ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe."****************************************CUARTO.- Estudio de causales de improcedencia.********************Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como establece el artículo 62 de la Ley de Amparo.********************Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: ********************"IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."****************************************En la especie, se pone de manifiesto que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción I, 6°, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por falta de legitimación de la parte quejosa para instar el juicio constitucional; preceptos legales que a la letra dicen:**************************************** LEY DE AMPARO:****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .".****************************************"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:********************I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.********************El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.********************El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.********************Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.********************La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. .".****************************************"Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. .".****************************************CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:****************************************"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:********************I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.********************Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]".****************************************La exégesis de los preceptos trascritos permite concluir que el juicio de amparo debe ser solicitado precisamente por aquel que sufra una lesión directa en su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio, por cualquier ley o acto de autoridad.****************************************De tal suerte que la legitimación que requiere la acción de amparo, no es otra, fundamentalmente, que la lesión u ofensa de un derecho constitutivo del agravio que deba ser reparado por inconstitucional o ilegítimo.****************************************Esta connotación va de la mano con la afectación que al interés jurídico produzca el acto reclamado.****************************************Así se desprende de la tesis I.7o.A.129 K, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se comparte, visible en la página tres mil ciento cuarenta y cuatro, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:****************************************"INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN EN EL AMPARO. SU DISTINCIÓN. En términos del artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponde a una causa criminal o por medio de un pariente o persona extraña en los casos en que la propia ley lo permita expresamente, y sólo puede seguirse por el agraviado, su representante legal o su defensor. Esta previsión normativa, contenida en el capítulo II del título primero del libro primero de la propia ley denominado "De la capacidad y personalidad", atiende a un tema de legitimación en el proceso, precisando con detalle quién puede válidamente suscribir la demanda de garantías y quién, a su vez, puede proseguir el juicio relativo. Así, esta condición guarda estrecha vinculación con la fracción V del artículo 73 de la mencionada legislación, inserta en el capítulo de improcedencia del juicio (con la cual incluso se le confunde frecuentemente), que exige la existencia de un interés jurídico del quejoso como objeto directo de protección constitucional, esto es, se trata del derecho subjetivo que asiste a un gobernado que resulta afectado con el acto reclamado; en otras palabras, el interés jurídico constituye la prerrogativa legal que el orden normativo confiere a sus destinatarios y que se traduce en un deber de respeto a cargo de la autoridad, la cual sólo puede afectarlo cumpliendo las condiciones que la Constitución Federal establece para tales efectos, de tal forma que ese poder de exigencia otorgado a los afectados se hace efectivo a través del juicio de amparo, instituido precisamente para salvaguardar las garantías individuales, pero siempre condicionado a que sea el orden normativo el que conceda dicha prerrogativa a su titular, porque de no existir ese respaldo legal, se carece entonces de interés jurídico y, por tanto, de derecho alguno que preservar con el fallo constitucional. Por tanto, aunque en la Ley de Amparo están estrecha y necesariamente vinculadas entre sí dichas figuras (legitimación e interés jurídico), gozan de individualidad y, por lo mismo, son perfectamente distinguibles una de otra, concretándose en la realidad jurídica en dos únicos supuestos posibles: el primero, que surge cuando la legitimación y el interés jurídico concurren en un mismo individuo, lo cual produce que el agraviado, titular de garantías, acuda al juicio suscribiendo el escrito de demanda por su propio derecho; el segundo se materializa en los restantes casos descritos en el indicado artículo 4o., esto es, uno es el sujeto que suscribe la demanda por ser quien tiene la legitimación para hacerlo (apoderado, representante, defensor) y otro, es el titular del interés jurídico afectado con el acto de autoridad (persona moral, procesado, menor de edad, etcétera)."****************************************Sin embargo, el quejoso carece de legitimación en la causa para ser oído en juicio constitucional respecto de los actos que reclama. Se explica.****************************************En principio se estima conveniente definir lo que debe entenderse por "legitimación en la causa", así como en qué consiste la "legitimación en el proceso".****************************************Para el fin establecido resulta útil acudir al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 75/97, publicada en la página 351 del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Enero de 1998, de la Novena Época, registro número 196956, que dice:****************************************"LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable.".****************************************Del criterio anterior deriva con toda nitidez que la legitimación "ad causam" implica tener la titularidad de un derecho susceptible de ser cuestionado en el juicio, a diferencia de la legitimación "ad procesum" que se produce hasta que la acción es ejercida en el juicio por quien tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, por ser el titular o representante del mismo.********************Así, mientras la legitimación en el proceso es requisito para la procedencia del juicio, la legitimación en la causa es indispensable para obtener sentencia favorable.********************Ahora bien, de acuerdo a lo manifestado en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, el quejoso funda su legitimación "ad causam", en que es ejidatario del Ejido Bacalar, del Municipio del mismo nombre, en el Estado de Quintana Roo; y refiere que el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se presentó -entre otras- la solicitud con folio 23210004455, relacionada con los acuerdos de asamblea de asignación de derechos y solares, así como la inscripción del acuerdo de asamblea de regularización de la tenencia de posesionarios. ********************Al respecto, en el informe justificado rendido por la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional, con residencia en Chetumal, Quintana Roo, expresó que derivado de una revisión en sus archivos y sistemas registrales, encontró que el día veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, el Comisariado Ejidal del núcleo agrario de Bacalar, municipio de Bacalar, Estado de Quintana Roo, a través de su autorizado Pablo Manjarrez Canul, solicitó en el Centro de Atención de dicha Delegación, la inscripción de los puntos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del acta de asamblea celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete, relativa al cambio de destino a asentamiento humano y reserva de crecimiento, así como a la asignación y titulación de solares urbanos derivados de dicho cambio. ********************En relación con lo anterior, identificó las solicitudes con números 23210004451 (SEDATU04-012. ACUERDO DE ASAMBLEA DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE POSESIONARIOS. INSCRIPCIÓN), 23210004452 (SEDATU-04-054. ACUERDO DE ASAMBLEA PARA CONSTITUIR FIGURAS ORGANIZATIVAS AL INTERIOR DEL EJIDO O LA COMUNIDAD Y SUS MODIFICACIONES. INSCRIPCIÓN), 23210004453 (SEDATU-04- 017. ACUERDO DE ASAMBLEA CAMBIO DE DESTINO DE TIERRAS EJIDALES Y COMUNALES), 23210004454 (SEDATU-04-017. ACUERDO DE ASAMBLEA CAMBIO DE DESTINO DE TIERRAS EJIDALES Y COMUNALES), 23210004455 (SEDATU-04-019. ACUERDO DE ASAMBLEA DE ASIGNACIÓN DE DERECHOS SOLARES), 23210004456 (SEDATU-04-018. ACUERDO DE ASAMBLEA DE LA DELIMITACIÓN DE LA RESERVA DE CRECIMIENTO) y 23210004457 (SEDATU-04-019, ACUERDO DE ASAMBLEA DE ASIGNACIÓN DE DERECHOS Y SOLARES). ********************Dicha responsable, aclaró que la solicitud número 23210004455, objeto del presente juicio, no se trata de un trámite de adopción de dominio pleno de parcelas como se menciona en los actos reclamados, ya que versa sobre un acta de asamblea de formalidades celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete, en el ejido antes citado, trámite que fue solicitado por el Comisariado Ejidal, quien representa a la asamblea de ejidatarios, y no por el quejoso. ********************Aunado a ello, la responsable informó que la solicitud 23210004455, tiene correlación con todas las solicitudes antes descritas, ya que todas son derivadas de un solo expediente, el acta de asamblea del diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete.********************Asimismo, señaló -sin acreditarlo- que de la revisión realizada, se encontró que las solicitudes 23210004453, 23210004455 y 23210004457 fueron canceladas, en virtud de que se generaron por error al momento de ingresar el acta en el área de atención:********************La primera ya que se generó doble, pues existía otro código para el mismo trámite, es decir, el SEDATU-04-017, ACUERDO DE ASAMBLEA CAMBIO DE DESTINO DE TIERRAS EJIDALES Y COMUNALES.********************Y las dos posteriores, 23210004455 y 23210004457, fueron creadas de más, toda vez que, en caso de que el punto de cambio de destino, obtuviere una calificación positiva, la asignación de solares se realizaría sobre la misma solicitud. ********************Asimismo, la responsable precisó que de conformidad al artículo 17 fracción II inciso a) y fracción IV del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, todas las actas de asamblea de formalidades especiales de cambios de destino y lotificación de reserva de crecimiento, son remitidas a la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica, para la revisión y emisión del dictamen técnico correspondiente, a fin de cerciorarse que cumplan con las normas técnicas exigidas por ese órgano registral.********************Lo cual, se realizó mediante oficio número DRAN.QROO/1088/ST/1150/2021 del ocho de junio de dos mil veintiuno, y en respuesta, la citada Dirección General remitió la opinión técnica en sentido negativo, por no cumplir con las normas técnicas. ********************En consecuencia, el tres de febrero de dos mil veintidós, la registradora integral adscrita a esa Delegación, procedió a emitir la calificación registral en sentido negativo a la solicitud 23210004454, relativa al cambio de destino, y mediante oficio número DRAN.Q.ROO/ST/0368/2022 se procedió a realizar la devolución del total del expediente original de las solicitudes 23210004453, 23210004456, 23210004455, 23210004457, 23210004451 y 23210004452 del acta de asamblea del diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete; siendo que en esa misma fecha (tres de febrero de dos mil veintidós), se le notificó y entregó las constancias del expediente, a Felipe de Jesús Castro Gómez, en su carácter de Presidente del Comisariado ejidal, del núcleo agrario Bacalar, municipio de Bacalar, Estado de Quintana Roo. ********************Aunado a ello, señaló que si bien se realizó la notificación de la calificación y la devolución al Ejido promovente, del expediente que integró el acta de asamblea celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete, por error se omitió calificar las solicitudes 23210004451 y 23210004452, por lo que el dieciséis de marzo del año en curso, se procedieron a calificar en sentido negativo, las cuales se encuentran en el Centro de Atención, a disposición del Comisariado Ejidal para su notificación, en términos al artículo 62 fracción I del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. ********************Por último, informó la responsable que los integrantes del Comisariado Ejidal del Núcleo Agrario de referencia, interpusieron demanda ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, en contra de la calificación registral negativa emitida el tres de febrero de dos mil veintidós, a las solicitudes 23210004451, 23210004452, 23210004453, 23210004454, 23210004455, 23210004456 y 23210004457, juicio al que se le asignó el número de expediente 81/2022, mismo que se encuentra en proceso.********************Ahora bien, establecido el estadio procesal, se observa que el quejoso Francisco Alberto Hernández Cetina, no ofreció prueba alguna para acreditar su calidad de ejidatario perteneciente al Ejido Bacalar, del Municipio de Bacalar, Quintana Roo; no obstante ello, de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, se advierte dicho carácter, en la medida que es posesionario del Lote 1, Manzana 359, con una superficie 1162.641 m2, apareciendo en la lista adjunta como Anexo tres, del acta de asamblea de asignación de solares con el número 216.********************Documentales exhibidas en copia certificada, a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.********************En adición a lo expuesto, se tiene que el amparista adjuntó a la demanda constitucional solamente una copia simple del acuse de recibo de solicitud de trámite 23210004455, con fecha de ingreso veintiséis de mayo de dos mil veintiuno.********************Empero, no existe en autos constancia alguna que permita vincular al aquí quejoso -partiendo de que es posesionario del predio antes referido- con la solicitud 23210004455 ya enunciada.********************En adición a ello, se observa de autos que quien promovió y presentó la solicitud ante la autoridad agraria fue Pablo Josué Manjarrez Canul, en su carácter de representante del Comisariado Ejidal del Ejido Bacalar, Municipio de Bacalar, Quintana Roo; y no así el quejoso. ********************Sobre este punto, es menester señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cuatro de marzo de dos mil veinte, al resolver la queja 156/2019, determinó que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya no establece la posibilidad de que los ejidatarios o comuneros promuevan juicio de amparo en lo individual cuando el Comisariado no lo hace.********************Esto, porque el legislador al momento de elaborar la Ley de Amparo vigente conscientemente eliminó la figura de la representación sustituta, lo cual es un indicativo de que la intención del legislador era acotar -en materia agraria- la legitimación para promover el juicio de amparo. ********************Esto es así, pues de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Amparo, únicamente quien conforme a la Ley Agraria cuenta con la personalidad para ostentarse como representante legal de la Asamblea de comuneros es quien puede instar en favor del núcleo de población el juicio de protección de derechos, no así cualquier otro interesado. ********************Lo que se trae a colación, porque con independencia de que alguien pretenda acudir a título individual, lo relevante es que esos derechos son representados por el Comisariado, por sí, y en representación de la Asamblea de ejidatarios; y en todo caso, sólo a ese órgano de representación le corresponde seguir la defensa sobre las pretensiones que resulten de los acuerdos de la Asamblea, y no a cada ejidatario en lo individual.********************Sirve de apoyo, por el principio que contiene, la tesis aislada 2a. LII/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2022611, de rubro y texto siguiente: ********************"REPRESENTACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. CARECEN DE ELLA LOS COMUNEROS QUE ACUDEN AL JUICIO ANTE LA OMISIÓN DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). ********************Hechos: Diversas personas que se ostentaron comuneros de una comunidad indígena promovieron juicio de amparo en defensa de la comunidad ante la omisión del Comisariado de Bienes Comunales de hacerlo, a pesar de que no fueron parte en la controversia en materia agraria entre comuneros y sus órganos de representación, y tampoco en el juicio agrario respectivo cuya sentencia reclaman. ********************Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención a que la Ley de Amparo vigente ya no establece la posibilidad de que los ejidatarios o comuneros promuevan juicio de amparo en lo individual cuando el comisariado no lo hace, ello implica que ya no existe la representación sustituta y, en esa medida, los promoventes del juicio, en su calidad de comuneros que acuden a él manifestando que lo hacen precisamente ante la omisión del Comisariado de Bienes Comunales, carecen de legitimación. ********************Justificación: En efecto, de un análisis de lo dispuesto en los artículos 5o., fracción I, 6o. y 10 de la Ley de Amparo vigente, con relación a los diversos 27, fracción VII, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 99 de la Ley Agraria, estos últimos que reconocen al Comisariado de Bienes Comunales como el órgano de representación de la asamblea de comuneros, se advierte la intención del legislador de acotar la legitimación para promover el juicio de amparo eliminando la figura de la representación sustituta prevista en la Ley de Amparo abrogada. Con base en ello, los comuneros que no tuvieron intervención en el juicio agrario cuya sentencia constituye el acto reclamado y la impugnan por considerar que en ella fueron violadas las leyes del procedimiento argumentando que se afectan las defensas de la comunidad trascendiendo al resultado del fallo, al acudir en lo individual ante la omisión del Comisariado de Bienes Comunales a promover el juicio de amparo, no obstante que no fueron parte demandada en ese asunto carecen de legitimación y, por esa razón, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo". ****************************************Estimar lo contrario, daría lugar a la posibilidad de una cadena interminable de juicios de amparo, promovidos sucesivamente por ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados, ostentándose como terceros con interés y, por ende, extraños a los procedimientos de origen, alegando una afectación a derechos individuales, cuando el origen del asunto deriva de decisiones colectivas tomadas por la Asamblea como órgano máximo de representación del Ejido. ********************Encuentra apoyo lo anterior en la tesis de Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, con registro digital 233580, de título y subtítulo y texto siguiente: ********************"AGRARIO. NÚCLEOS DE POBLACION. AFECTACIÓN DE SUS DERECHOS COLECTIVOS. AMPARO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS POR SU PROPIO DERECHO. FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA. Si unos ejidatarios promueven por su propio derecho el juicio de garantías y los actos reclamados son de aquéllos que afectan derechos agrarios colectivos del núcleo de población con fundamento en los artículos 4o. y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 74, fracción III, del mismo ordenamiento, debe sobreseerse el juicio, porque los quejosos carecen de legitimación procesal activa para ejercitar la acción que intentan. En efecto, el artículo 43, fracción I, del Código Agrario, atribuye a los comisariados ejidales la representación de los núcleos de población ante las autoridades administrativas y judiciales, con las facultades de un mandatario general, y aun cuando el artículo 8 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, reconoce la representación sustituta para promover el juicio de garantías a nombre de un núcleo, a los miembros del comisariado o el consejo de vigilancia o a cualquier ejidatario perteneciente al núcleo de población perjudicado, tal representación únicamente opera si, después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado no ha promovido juicio de amparo, y siempre que los que lo interpongan lo hagan ostentando la representación sustituta prevista legalmente." ****************************************Así como la tesis del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con registro digital 214672, de rubro y texto siguiente: ********************"DERECHOS COLECTIVOS DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN, AFECTACIÓN DE. AMPARO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS POR SU PROPIO DERECHO. FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA. Si unos ejidatarios promueven por su propio derecho el juicio de garantías y los actos reclamados son de aquellos que afectan derechos agrarios colectivos del núcleo de población con fundamento en los artículos 4o. y 73 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 74, fracción III, del mismo ordenamiento, debe sobreseerse el juicio porque los quejosos carecen de legitimación procesal activa para ejercitar la acción que intentan. En efecto, el artículo 48, fracción I, del Código Agrario, atribuye a los comisariados ejidales la representación de los núcleos de población ante las autoridades administrativas, y judiciales, con las facultades de un mandatario general, y aun cuando el artículo 213, fracción II, de la Ley de Amparo reconoce la representación substituta para promover el juicio de garantías a nombre de un núcleo, a los miembros del comisariado o del consejo de vigilancia, o a cualquier ejidatario perteneciente al núcleo de población perjudicado, tal representación únicamente opera si, después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado no ha promovido juicio de amparo, y siempre que los que lo interpongan lo hagan ostentando la representación substituta prevista legalmente."******************** ********************Por consiguiente, es evidente que el quejoso carece de legitimación para promover el presente juicio constitucional, tratando de defender lo relativo a la solicitud 23210004455, pues como ya se indicó, quien promovió la solicitud de mérito, fue Pablo Josué Manjarrez Canul, en su carácter de representante del Comisariado Ejidal del Ejido Bacalar, Municipio de Bacalar, Quintana Roo, porque este órgano es el que representa los intereses de la Asamblea Ejidal; por tanto, ante el resultado negativo del trámite, las constancias relativas a la solicitud le fueron devueltas a dicho promovente.********************Es por ello que, inconforme accionó ante el Tribunal agrario el juicio correspondiente, a fin de defender los actos del Registro Agrario Nacional respecto de la determinación que este último emitió respecto de la solicitud 23210004455, entre otras más.********************Lo anterior evidencia la falta de legitimación que tiene el quejoso en relación con el acto reclamado.********************En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción I, 6°, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por falta de legitimación de la parte quejosa para instar el juicio constitucional; lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la propia legislación. ********************Así las cosas, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente asunto, existe imposibilidad jurídica para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión del fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. ********************Ilustra lo dicho, la jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página doscientos cincuenta y dos, tomo 22-24, octubre-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: ********************"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."****************************************QUINTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales.********************Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares.********************Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: ********************"DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" ********************Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública.********************De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo.********************SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. ********************SÉPTIMO. Descarga de las constancias que integran el presente juicio. Con fundamento en el a artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que para la obtención de las constancias conducentes que integran el presente juicio, se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargarlas, en el entendido que las que cuentan con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas.********************Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: ********************R E S U E L V E :********************PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por FRANCISCO ALBERTO HERNÁNDEZ CETINA, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables precisadas en el considerando cuarto, por los motivos ahí expuestos.********************SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. ********************TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo.********************CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia.********************Notifíquese personalmente a las partes, y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. Visto, para resolver el juicio de amparo 239/2023-IV-B, promovido por FRANCISCO ALBERTO HERNÁNDEZ CETINA.********************A N T E C E D E N T E S ********************PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, turnado ese mismo día a este Juzgado, compareció FRANCISCO ALBERTO HERNÁNDEZ CETINA a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó de las autoridades siguientes:********************1. La negativa de emitir la calificación registral respectiva a las solicitudes números 23210004455, 23210004457 y 23210004451, presentadas ante la oficialía de Partes del Registro Agrario Nacional, Delegación Quintana Roo, el día veintiséis de mayo de dos mil veintiuno; y, ********************2. La negativa de las autoridades responsables de realizar los trámites necesarios para la expedición y puesta a disposición de los títulos de propiedad correspondientes, incluyendo la liberación de la clave electrónica relativa.****************************************SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés se ordenó la separación de autos por lo que hace a las solicitudes 23210004457 y 23210004451, y sólo se proveyó respecto de la diversa 23210004455.********************Al respecto, se desechó parcialmente la demanda por la negativa de expedir y poner a disposición el correspondiente título de propiedad, incluyendo la libración de la clave electrónica respectiva; y se admitió a trámite la demanda por la negativa de emitir la calificación registral respectiva a la solicitud número 23210004455, presentada ante la Oficialía de Partes del Registro Agrario Nacional, Delegación Quintana Roo, el día veintiséis de mayo de dos mil veintiuno.********************Luego, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tiene verificativo este día, al tenor del acta que antecede; y,********************C O N S I D E R A N D O :********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.********************SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado; sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación.********************Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: ********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."****************************************En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: ********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."****************************************En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama:********************- La negativa de emitir la calificación registral respectiva a la solicitud número 23210004455, presentada ante la Oficialía de Partes del Registro Agrario Nacional, Delegación Quintana Roo, el día veintiséis de mayo de dos mil veintiuno.******************** TERCERO. Certeza de actos. No obstante que al rendir su informe justificado las autoridades responsables: 1.- Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional, adscrita a la Representación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, Quintana Roo (registro 4853, electrónico); 2.- Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien compareció por el Director en Jefe, por el Director General de Registro y Control Documental, con residencia en la Ciudad de México (registro 4903); y 3.- La Delegación del Registro Agrario Nacional, con residencia en Chetumal, Quintana Roo; señalaron que no es cierto el acto que se les atribuye, con posterioridad realizaron manifestaciones de las cuales se evidencia su certeza; por tanto, dichos actos se tienen por ciertos.********************Apoya la anterior determinación, por similitud jurídica substancial, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible con número de registro IUS 211,004, consultable en la página 391, del Tomo XIV, correspondiente a Julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: ********************"ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe."****************************************CUARTO.- Estudio de causales de improcedencia.********************Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como establece el artículo 62 de la Ley de Amparo.********************Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: ********************"IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."****************************************En la especie, se pone de manifiesto que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción I, 6°, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por falta de legitimación de la parte quejosa para instar el juicio constitucional; preceptos legales que a la letra dicen:**************************************** LEY DE AMPARO:****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .".****************************************"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:********************I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.********************El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.********************El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.********************Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.********************La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. .".****************************************"Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. .".****************************************CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:****************************************"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:********************I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.********************Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]".****************************************La exégesis de los preceptos trascritos permite concluir que el juicio de amparo debe ser solicitado precisamente por aquel que sufra una lesión directa en su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio, por cualquier ley o acto de autoridad.****************************************De tal suerte que la legitimación que requiere la acción de amparo, no es otra, fundamentalmente, que la lesión u ofensa de un derecho constitutivo del agravio que deba ser reparado por inconstitucional o ilegítimo.****************************************Esta connotación va de la mano con la afectación que al interés jurídico produzca el acto reclamado.****************************************Así se desprende de la tesis I.7o.A.129 K, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se comparte, visible en la página tres mil ciento cuarenta y cuatro, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:****************************************"INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN EN EL AMPARO. SU DISTINCIÓN. En términos del artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponde a una causa criminal o por medio de un pariente o persona extraña en los casos en que la propia ley lo permita expresamente, y sólo puede seguirse por el agraviado, su representante legal o su defensor. Esta previsión normativa, contenida en el capítulo II del título primero del libro primero de la propia ley denominado "De la capacidad y personalidad", atiende a un tema de legitimación en el proceso, precisando con detalle quién puede válidamente suscribir la demanda de garantías y quién, a su vez, puede proseguir el juicio relativo. Así, esta condición guarda estrecha vinculación con la fracción V del artículo 73 de la mencionada legislación, inserta en el capítulo de improcedencia del juicio (con la cual incluso se le confunde frecuentemente), que exige la existencia de un interés jurídico del quejoso como objeto directo de protección constitucional, esto es, se trata del derecho subjetivo que asiste a un gobernado que resulta afectado con el acto reclamado; en otras palabras, el interés jurídico constituye la prerrogativa legal que el orden normativo confiere a sus destinatarios y que se traduce en un deber de respeto a cargo de la autoridad, la cual sólo puede afectarlo cumpliendo las condiciones que la Constitución Federal establece para tales efectos, de tal forma que ese poder de exigencia otorgado a los afectados se hace efectivo a través del juicio de amparo, instituido precisamente para salvaguardar las garantías individuales, pero siempre condicionado a que sea el orden normativo el que conceda dicha prerrogativa a su titular, porque de no existir ese respaldo legal, se carece entonces de interés jurídico y, por tanto, de derecho alguno que preservar con el fallo constitucional. Por tanto, aunque en la Ley de Amparo están estrecha y necesariamente vinculadas entre sí dichas figuras (legitimación e interés jurídico), gozan de individualidad y, por lo mismo, son perfectamente distinguibles una de otra, concretándose en la realidad jurídica en dos únicos supuestos posibles: el primero, que surge cuando la legitimación y el interés jurídico concurren en un mismo individuo, lo cual produce que el agraviado, titular de garantías, acuda al juicio suscribiendo el escrito de demanda por su propio derecho; el segundo se materializa en los restantes casos descritos en el indicado artículo 4o., esto es, uno es el sujeto que suscribe la demanda por ser quien tiene la legitimación para hacerlo (apoderado, representante, defensor) y otro, es el titular del interés jurídico afectado con el acto de autoridad (persona moral, procesado, menor de edad, etcétera)."****************************************Sin embargo, el quejoso carece de legitimación en la causa para ser oído en juicio constitucional respecto de los actos que reclama. Se explica.****************************************En principio se estima conveniente definir lo que debe entenderse por "legitimación en la causa", así como en qué consiste la "legitimación en el proceso".****************************************Para el fin establecido resulta útil acudir al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 75/97, publicada en la página 351 del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Enero de 1998, de la Novena Época, registro número 196956, que dice:****************************************"LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable.".****************************************Del criterio anterior deriva con toda nitidez que la legitimación "ad causam" implica tener la titularidad de un derecho susceptible de ser cuestionado en el juicio, a diferencia de la legitimación "ad procesum" que se produce hasta que la acción es ejercida en el juicio por quien tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, por ser el titular o representante del mismo.********************Así, mientras la legitimación en el proceso es requisito para la procedencia del juicio, la legitimación en la causa es indispensable para obtener sentencia favorable.********************Ahora bien, de acuerdo a lo manifestado en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, el quejoso funda su legitimación "ad causam", en que es ejidatario del Ejido Bacalar, del Municipio del mismo nombre, en el Estado de Quintana Roo; y refiere que el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se presentó -entre otras- la solicitud con folio 23210004455, relacionada con los acuerdos de asamblea de asignación de derechos y solares, así como la inscripción del acuerdo de asamblea de regularización de la tenencia de posesionarios. ********************Al respecto, en el informe justificado rendido por la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional, con residencia en Chetumal, Quintana Roo, expresó que derivado de una revisión en sus archivos y sistemas registrales, encontró que el día veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, el Comisariado Ejidal del núcleo agrario de Bacalar, municipio de Bacalar, Estado de Quintana Roo, a través de su autorizado Pablo Manjarrez Canul, solicitó en el Centro de Atención de dicha Delegación, la inscripción de los puntos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del acta de asamblea celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete, relativa al cambio de destino a asentamiento humano y reserva de crecimiento, así como a la asignación y titulación de solares urbanos derivados de dicho cambio. ********************En relación con lo anterior, identificó las solicitudes con números 23210004451 (SEDATU04-012. ACUERDO DE ASAMBLEA DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE POSESIONARIOS. INSCRIPCIÓN), 23210004452 (SEDATU-04-054. ACUERDO DE ASAMBLEA PARA CONSTITUIR FIGURAS ORGANIZATIVAS AL INTERIOR DEL EJIDO O LA COMUNIDAD Y SUS MODIFICACIONES. INSCRIPCIÓN), 23210004453 (SEDATU-04- 017. ACUERDO DE ASAMBLEA CAMBIO DE DESTINO DE TIERRAS EJIDALES Y COMUNALES), 23210004454 (SEDATU-04-017. ACUERDO DE ASAMBLEA CAMBIO DE DESTINO DE TIERRAS EJIDALES Y COMUNALES), 23210004455 (SEDATU-04-019. ACUERDO DE ASAMBLEA DE ASIGNACIÓN DE DERECHOS SOLARES), 23210004456 (SEDATU-04-018. ACUERDO DE ASAMBLEA DE LA DELIMITACIÓN DE LA RESERVA DE CRECIMIENTO) y 23210004457 (SEDATU-04-019, ACUERDO DE ASAMBLEA DE ASIGNACIÓN DE DERECHOS Y SOLARES). ********************Dicha responsable, aclaró que la solicitud número 23210004455, objeto del presente juicio, no se trata de un trámite de adopción de dominio pleno de parcelas como se menciona en los actos reclamados, ya que versa sobre un acta de asamblea de formalidades celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete, en el ejido antes citado, trámite que fue solicitado por el Comisariado Ejidal, quien representa a la asamblea de ejidatarios, y no por el quejoso. ********************Aunado a ello, la responsable informó que la solicitud 23210004455, tiene correlación con todas las solicitudes antes descritas, ya que todas son derivadas de un solo expediente, el acta de asamblea del diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete.********************Asimismo, señaló -sin acreditarlo- que de la revisión realizada, se encontró que las solicitudes 23210004453, 23210004455 y 23210004457 fueron canceladas, en virtud de que se generaron por error al momento de ingresar el acta en el área de atención:********************La primera ya que se generó doble, pues existía otro código para el mismo trámite, es decir, el SEDATU-04-017, ACUERDO DE ASAMBLEA CAMBIO DE DESTINO DE TIERRAS EJIDALES Y COMUNALES.********************Y las dos posteriores, 23210004455 y 23210004457, fueron creadas de más, toda vez que, en caso de que el punto de cambio de destino, obtuviere una calificación positiva, la asignación de solares se realizaría sobre la misma solicitud. ********************Asimismo, la responsable precisó que de conformidad al artículo 17 fracción II inciso a) y fracción IV del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, todas las actas de asamblea de formalidades especiales de cambios de destino y lotificación de reserva de crecimiento, son remitidas a la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica, para la revisión y emisión del dictamen técnico correspondiente, a fin de cerciorarse que cumplan con las normas técnicas exigidas por ese órgano registral.********************Lo cual, se realizó mediante oficio número DRAN.QROO/1088/ST/1150/2021 del ocho de junio de dos mil veintiuno, y en respuesta, la citada Dirección General remitió la opinión técnica en sentido negativo, por no cumplir con las normas técnicas. ********************En consecuencia, el tres de febrero de dos mil veintidós, la registradora integral adscrita a esa Delegación, procedió a emitir la calificación registral en sentido negativo a la solicitud 23210004454, relativa al cambio de destino, y mediante oficio número DRAN.Q.ROO/ST/0368/2022 se procedió a realizar la devolución del total del expediente original de las solicitudes 23210004453, 23210004456, 23210004455, 23210004457, 23210004451 y 23210004452 del acta de asamblea del diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete; siendo que en esa misma fecha (tres de febrero de dos mil veintidós), se le notificó y entregó las constancias del expediente, a Felipe de Jesús Castro Gómez, en su carácter de Presidente del Comisariado ejidal, del núcleo agrario Bacalar, municipio de Bacalar, Estado de Quintana Roo. ********************Aunado a ello, señaló que si bien se realizó la notificación de la calificación y la devolución al Ejido promovente, del expediente que integró el acta de asamblea celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete, por error se omitió calificar las solicitudes 23210004451 y 23210004452, por lo que el dieciséis de marzo del año en curso, se procedieron a calificar en sentido negativo, las cuales se encuentran en el Centro de Atención, a disposición del Comisariado Ejidal para su notificación, en términos al artículo 62 fracción I del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. ********************Por último, informó la responsable que los integrantes del Comisariado Ejidal del Núcleo Agrario de referencia, interpusieron demanda ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, en contra de la calificación registral negativa emitida el tres de febrero de dos mil veintidós, a las solicitudes 23210004451, 23210004452, 23210004453, 23210004454, 23210004455, 23210004456 y 23210004457, juicio al que se le asignó el número de expediente 81/2022, mismo que se encuentra en proceso.********************Ahora bien, establecido el estadio procesal, se observa que el quejoso Francisco Alberto Hernández Cetina, no ofreció prueba alguna para acreditar su calidad de ejidatario perteneciente al Ejido Bacalar, del Municipio de Bacalar, Quintana Roo; no obstante ello, de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, se advierte dicho carácter, en la medida que es posesionario del Lote 1, Manzana 359, con una superficie 1162.641 m2, apareciendo en la lista adjunta como Anexo tres, del acta de asamblea de asignación de solares con el número 216.********************Documentales exhibidas en copia certificada, a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.********************En adición a lo expuesto, se tiene que el amparista adjuntó a la demanda constitucional solamente una copia simple del acuse de recibo de solicitud de trámite 23210004455, con fecha de ingreso veintiséis de mayo de dos mil veintiuno.********************Empero, no existe en autos constancia alguna que permita vincular al aquí quejoso -partiendo de que es posesionario del predio antes referido- con la solicitud 23210004455 ya enunciada.********************En adición a ello, se observa de autos que quien promovió y presentó la solicitud ante la autoridad agraria fue Pablo Josué Manjarrez Canul, en su carácter de representante del Comisariado Ejidal del Ejido Bacalar, Municipio de Bacalar, Quintana Roo; y no así el quejoso. ********************Sobre este punto, es menester señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cuatro de marzo de dos mil veinte, al resolver la queja 156/2019, determinó que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya no establece la posibilidad de que los ejidatarios o comuneros promuevan juicio de amparo en lo individual cuando el Comisariado no lo hace.********************Esto, porque el legislador al momento de elaborar la Ley de Amparo vigente conscientemente eliminó la figura de la representación sustituta, lo cual es un indicativo de que la intención del legislador era acotar -en materia agraria- la legitimación para promover el juicio de amparo. ********************Esto es así, pues de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Amparo, únicamente quien conforme a la Ley Agraria cuenta con la personalidad para ostentarse como representante legal de la Asamblea de comuneros es quien puede instar en favor del núcleo de población el juicio de protección de derechos, no así cualquier otro interesado. ********************Lo que se trae a colación, porque con independencia de que alguien pretenda acudir a título individual, lo relevante es que esos derechos son representados por el Comisariado, por sí, y en representación de la Asamblea de ejidatarios; y en todo caso, sólo a ese órgano de representación le corresponde seguir la defensa sobre las pretensiones que resulten de los acuerdos de la Asamblea, y no a cada ejidatario en lo individual.********************Sirve de apoyo, por el principio que contiene, la tesis aislada 2a. LII/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2022611, de rubro y texto siguiente: ********************"REPRESENTACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. CARECEN DE ELLA LOS COMUNEROS QUE ACUDEN AL JUICIO ANTE LA OMISIÓN DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). ********************Hechos: Diversas personas que se ostentaron comuneros de una comunidad indígena promovieron juicio de amparo en defensa de la comunidad ante la omisión del Comisariado de Bienes Comunales de hacerlo, a pesar de que no fueron parte en la controversia en materia agraria entre comuneros y sus órganos de representación, y tampoco en el juicio agrario respectivo cuya sentencia reclaman. ********************Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención a que la Ley de Amparo vigente ya no establece la posibilidad de que los ejidatarios o comuneros promuevan juicio de amparo en lo individual cuando el comisariado no lo hace, ello implica que ya no existe la representación sustituta y, en esa medida, los promoventes del juicio, en su calidad de comuneros que acuden a él manifestando que lo hacen precisamente ante la omisión del Comisariado de Bienes Comunales, carecen de legitimación. ********************Justificación: En efecto, de un análisis de lo dispuesto en los artículos 5o., fracción I, 6o. y 10 de la Ley de Amparo vigente, con relación a los diversos 27, fracción VII, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 99 de la Ley Agraria, estos últimos que reconocen al Comisariado de Bienes Comunales como el órgano de representación de la asamblea de comuneros, se advierte la intención del legislador de acotar la legitimación para promover el juicio de amparo eliminando la figura de la representación sustituta prevista en la Ley de Amparo abrogada. Con base en ello, los comuneros que no tuvieron intervención en el juicio agrario cuya sentencia constituye el acto reclamado y la impugnan por considerar que en ella fueron violadas las leyes del procedimiento argumentando que se afectan las defensas de la comunidad trascendiendo al resultado del fallo, al acudir en lo individual ante la omisión del Comisariado de Bienes Comunales a promover el juicio de amparo, no obstante que no fueron parte demandada en ese asunto carecen de legitimación y, por esa razón, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo". ****************************************Estimar lo contrario, daría lugar a la posibilidad de una cadena interminable de juicios de amparo, promovidos sucesivamente por ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados, ostentándose como terceros con interés y, por ende, extraños a los procedimientos de origen, alegando una afectación a derechos individuales, cuando el origen del asunto deriva de decisiones colectivas tomadas por la Asamblea como órgano máximo de representación del Ejido. ********************Encuentra apoyo lo anterior en la tesis de Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, con registro digital 233580, de título y subtítulo y texto siguiente: ********************"AGRARIO. NÚCLEOS DE POBLACION. AFECTACIÓN DE SUS DERECHOS COLECTIVOS. AMPARO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS POR SU PROPIO DERECHO. FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA. Si unos ejidatarios promueven por su propio derecho el juicio de garantías y los actos reclamados son de aquéllos que afectan derechos agrarios colectivos del núcleo de población con fundamento en los artículos 4o. y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 74, fracción III, del mismo ordenamiento, debe sobreseerse el juicio, porque los quejosos carecen de legitimación procesal activa para ejercitar la acción que intentan. En efecto, el artículo 43, fracción I, del Código Agrario, atribuye a los comisariados ejidales la representación de los núcleos de población ante las autoridades administrativas y judiciales, con las facultades de un mandatario general, y aun cuando el artículo 8 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, reconoce la representación sustituta para promover el juicio de garantías a nombre de un núcleo, a los miembros del comisariado o el consejo de vigilancia o a cualquier ejidatario perteneciente al núcleo de población perjudicado, tal representación únicamente opera si, después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado no ha promovido juicio de amparo, y siempre que los que lo interpongan lo hagan ostentando la representación sustituta prevista legalmente." ****************************************Así como la tesis del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con registro digital 214672, de rubro y texto siguiente: ********************"DERECHOS COLECTIVOS DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN, AFECTACIÓN DE. AMPARO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS POR SU PROPIO DERECHO. FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA. Si unos ejidatarios promueven por su propio derecho el juicio de garantías y los actos reclamados son de aquellos que afectan derechos agrarios colectivos del núcleo de población con fundamento en los artículos 4o. y 73 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 74, fracción III, del mismo ordenamiento, debe sobreseerse el juicio porque los quejosos carecen de legitimación procesal activa para ejercitar la acción que intentan. En efecto, el artículo 48, fracción I, del Código Agrario, atribuye a los comisariados ejidales la representación de los núcleos de población ante las autoridades administrativas, y judiciales, con las facultades de un mandatario general, y aun cuando el artículo 213, fracción II, de la Ley de Amparo reconoce la representación substituta para promover el juicio de garantías a nombre de un núcleo, a los miembros del comisariado o del consejo de vigilancia, o a cualquier ejidatario perteneciente al núcleo de población perjudicado, tal representación únicamente opera si, después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado no ha promovido juicio de amparo, y siempre que los que lo interpongan lo hagan ostentando la representación substituta prevista legalmente."******************** ********************Por consiguiente, es evidente que el quejoso carece de legitimación para promover el presente juicio constitucional, tratando de defender lo relativo a la solicitud 23210004455, pues como ya se indicó, quien promovió la solicitud de mérito, fue Pablo Josué Manjarrez Canul, en su carácter de representante del Comisariado Ejidal del Ejido Bacalar, Municipio de Bacalar, Quintana Roo, porque este órgano es el que representa los intereses de la Asamblea Ejidal; por tanto, ante el resultado negativo del trámite, las constancias relativas a la solicitud le fueron devueltas a dicho promovente.********************Es por ello que, inconforme accionó ante el Tribunal agrario el juicio correspondiente, a fin de defender los actos del Registro Agrario Nacional respecto de la determinación que este último emitió respecto de la solicitud 23210004455, entre otras más.********************Lo anterior evidencia la falta de legitimación que tiene el quejoso en relación con el acto reclamado.********************En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción I, 6°, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por falta de legitimación de la parte quejosa para instar el juicio constitucional; lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la propia legislación. ********************Así las cosas, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente asunto, existe imposibilidad jurídica para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión del fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. ********************Ilustra lo dicho, la jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página doscientos cincuenta y dos, tomo 22-24, octubre-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: ********************"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."****************************************QUINTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales.********************Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares.********************Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: ********************"DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" ********************Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública.********************De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo.********************SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. ********************SÉPTIMO. Descarga de las constancias que integran el presente juicio. Con fundamento en el a artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que para la obtención de las constancias conducentes que integran el presente juicio, se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargarlas, en el entendido que las que cuentan con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas.********************Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: ********************R E S U E L V E :********************PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por FRANCISCO ALBERTO HERNÁNDEZ CETINA, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables precisadas en el considerando cuarto, por los motivos ahí expuestos.********************SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. ********************TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo.********************CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia.********************Notifíquese personalmente a las partes, y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles que refiere el segundo párrafo del numeral 117 de la Ley de Amparo, con relación a la vista ordenada en proveído de veintinueve de marzo de este año, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo por el Director en Jefe, por el Director General de Registro y Control Documental, con residencia en la Ciudad de México. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

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