Francisco Alatorre Morales

Expediente 628/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
628/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Francisco Alatorre Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por medio del cual, informa que aceptó la competencia planteada del juicio de amparo 628/2020 de nuestro índice, del que deriva el presente cuaderno de antecedentes. En virtud de lo anterior, hágase las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y en la estadística; por ende, tomando en consideración que no existe diligencia pendiente por desahogar, archívese el presente expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes), como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento al primer párrafo del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es DESTRUIBLE, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso a) del artículo 20, del citado Acuerdo General, al ser un cuaderno auxiliar (cuaderno de antecedentes) derivado de un juicio de amparo en el que se declinó la competencia legal para conocer del mismo, por conocimiento previo acumulación o litispendencia, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. En atención a lo anterior, es evidente que, el presente juicio de amparo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo, por lo cual, una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, en términos lo dispuesto en los artículos 20, segundo párrafo 22, 23 y 24 del acuerdo normativo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, el presente expediente deberá destruirse y posteriormente remitirse el acta y listados correspondientes a la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual forma, se ordena hacer la anotación en la carátula del expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 35 del acuerdo en comento. Finalmente, se conmina al oficial administrativo para que una vez que obren en autos todas las constancias de notificación, remita físicamente al archivo el presente juicio de amparo, a más tardar en el término de cinco días hábiles.

  2. Principal

    Visto; el oficio y anexos remitidos por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional el auto de once del mes y año en curso, dictado en el juicio de amparo 588/2020-II de su índice, en el que se determinó no aceptar el returno planteado por este juzgado, señalando que no se actualizan los supuestos de la fracción II, del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, en esencia, pues consideró que a la fecha del dictado de su acuerdo (once del mes y año en curso), no ha sido resuelto el juicio amparo de su índice, por lo cual, el mismo se encuentra en trámite, de ahí que, a su criterio, no se alcanza el objetivo perseguido con el turno de los asuntos nuevos bajo las reglas de relación descritas. Por otra parte, el juzgado oficiante expresa que lo determinado en dicho proveído es sin perjuicio de que puedan configurarse diversas figuras jurídicas como lo son la acumulación prevista en el artículo 74 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley en la materia o en su caso, la actualización del supuesto de improcedencia previsto en la fracción X, del numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que expresa que el criterio que adoptó únicamente es referente a que no se actualiza la hipótesis que prevé el ordinal 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Con todo respeto, no se comparten las consideraciones del juzgado oficiante con relación a la no aceptación del returno por conocimiento previo que se le propuso, toda vez que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, tratándose del conocimiento por turno, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad deben al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin salvedad, excepción o límite a su inaplicación, para efectos de vinculación, a asuntos resueltos dentro de un determinado periodo. Además, dijo el Alto Tribunal, la finalidad de que dicho asunto se resuelva por el mismo órgano jurisdiccional es que se aproveche el conocimiento previo de las constancias -no necesariamente de una resolución- del expediente respectivo. De igual forma, la misma Segunda Sala ha determinado que el conocimiento previo es amplio y simple, es decir, se actualiza de forma primordial cuando existe un pronunciamiento anterior en cuanto al fondo del asunto, pero cuando no lo haya, puede configurarse, pues la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; sino igualmente, cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes del expediente respectivo. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 51/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 104, Tomo XXIX, Mayo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 167294, que establece lo siguiente: "COMPETENCIA POR TURNO. EL INCISO b) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGULA LA ASIGNACIÓN DE ASUNTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RELACIÓN, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO A SU TEMPORALIDAD. A partir del 9 de septiembre de 2008 entró en vigor el Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el cual se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, e instauró nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verificarán si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: a) provenga de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad, que otro ya asignado; b) se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado, en cualquier vía; y, c) las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación, se refieran a una misma averiguación previa, o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, a excepción de los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Por tanto, conforme a dicho sistema, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin hacer salvedad respecto a su inaplicación, para efectos de vinculación, a asuntos resueltos dentro de un determinado periodo, pues el inciso b) del artículo 9 citado no contiene excepción en cuanto a la temporalidad referida. Además, la finalidad de que dicho asunto se resuelva por el mismo órgano jurisdiccional es que se aproveche el conocimiento previo de las constancias del expediente respectivo." Así como, la jurisprudencia 2a./J. 129/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 189, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 163865, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR TURNO. EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGULA LA ASIGNACIÓN DE ASUNTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RELACIÓN, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL RETURNO DE LOS ASUNTOS. El Acuerdo General 48/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, e instauró nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse, entre otros supuestos, en el del inciso b) del citado artículo, acerca de que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía. Por tanto, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin salvedad, excepción o límite a su inaplicación, para efectos de vinculación, al tipo de conocimiento previo para el returno de los asuntos; antes bien, se hace énfasis en que cualquier recurso que haya sido del conocimiento en cualquier vía deberá enviarse al Tribunal que conoció anteriormente, de donde se sigue que el conocimiento previo es amplio y simple, es decir, se actualiza de forma primordial cuando existe un pronunciamiento anterior en cuanto al fondo del asunto, pero cuando no lo haya puede configurarse, inclusive, si lo hubiere desechado, declarado su incompetencia, o remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acatamiento a la facultad de atracción que esta última haya ejercido. Además, la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; sino igualmente cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes del expediente respectivo." A pesar de lo anterior, tomando en consideración que el tipo de conflicto por turno tiene un trámite independiente de carácter administrativo, por el momento no se estima conveniente plantearlo, pues en el caso, tal como lo apreció el juzgado oficiante, también se aprecia que dicho órgano es al que corresponde conocer del asunto, por cuestiones de competencia, propiamente jurisdiccionales. En ese sentido, viene al caso precisar que los artículos 72 y 74 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, disponen: "ARTICULO 72.- Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero.ARTICULO 74.- Cuando los juicios se encuentren en diferentes tribunales, la acumulación se substanciará por el procedimiento señalado para la inhibitoria. El tribunal que decida la acumulación enviará los autos al que deba conocer de los juicios acumulados, cuando aquella proceda, o devolverá, a cada tribunal, los que haya enviado, en caso contrario. La resolución que resuelva sobre la acumulación es irrevocable." Los preceptos citados prevén que dos o más litigios deben acumularse al más antiguo cuando en ellos debe resolverse total o parcialmente una misma controversia al exigir de cada uno de ellos la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas. Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 25/2015 (10a.), precisó que la acumulación de autos puede promoverse a petición de parte o de oficio, debiendo formularse la solicitud respectiva ante el juzgador que previno en la causa, es decir, el que conoció cronológicamente antes de uno de los juicios de amparo indirecto que pretende ser acumulado. En esa tesitura, el hecho de que la facultad de resolver de oficio la conexidad la tenga el Juez que previno, no limita la posibilidad de que un diverso juzgador, que tenga conocimiento de la existencia de otros juicios conexos con el ventilado en su órgano jurisdiccional, inclusive más antiguos, pueda solicitar al que previno que se pronuncie al respecto, a fin de no contravenir los principios de practicidad y economía procesal que rigen a la acumulación de los juicios de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTREN RADICADOS ANTE DIFERENTES JUZGADORES FEDERALES. Para acumular juicios de amparo indirecto radicados ante Tribunales Unitarios de Circuito o Juzgados de Distrito distintos, es necesario atender a lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, así como en los numerales del 34 al 39, 74 y demás conducentes del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, al tenor de los cuales la acumulación de autos puede promoverse a petición de parte o de oficio, debiendo formularse la solicitud respectiva ante el juzgador que previno en la causa -es decir, el que conoció cronológicamente antes de uno de los juicios de amparo indirecto que pretende ser acumulado-, el cual, con base en las constancias de autos y al tenor del referido artículo 66, determinará si resuelve de plano o en el procedimiento incidental respectivo sobre la existencia de los requisitos que para la acumulación establece el artículo 72 del Código Federal de Procedimiento Civiles. Por tanto, de ser necesario desarrollar dicho incidente, el referido juzgador deberá dar vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes el propio juzgador celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, dictará la resolución correspondiente y, de estimar que es procedente la acumulación, requerirá por medio de oficio a los demás juzgadores federales en cuyos juzgados o tribunales se encuentren radicados los demás juicios de amparo indirecto que pretendan acumularse; los juzgadores requeridos, dentro del plazo de 5 días después de recibida la solicitud de acumulación, enviarán los autos al juzgador requirente. Sin embargo, el juzgador requerido podrá oponerse a la acumulación, en cuyo caso deberá remitir los autos del juicio de amparo de su índice a su superior, comunicándolo al requirente para que haga lo propio. En este caso, acorde con el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer de los conflictos de competencia suscitados entre Tribunales Unitarios de Circuito o Jueces de Distrito de su jurisdicción y, seguido el procedimiento correspondiente, deberán resolver sobre la acumulación, ordenando la devolución de los autos al juzgador competente, en caso de que se niegue u ordenando la acumulación y el envío de todos los autos al que previno, si lo estima procedente."1 Por otra parte, es menester precisar que conforme al artículo 49 de la Ley de Amparo, el presupuesto que necesariamente debe surtirse para determinar si dos juicios de amparo versan sobre un asunto y, por ende, un solo juzgador deba conocer de ellos, es que exista identidad en: a) el quejoso; b) las autoridades responsables; y, c) el acto reclamado. En correspondencia, el artículo 61, fracción X, de la propia ley, establece la causal de improcedencia de los juicios de amparo por litispendencia, la cual se actualiza cuando se reclamen actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, la finalidad de ese precepto es evitar el dictado de sentencias contradictorias, al disponer que cuando se trate de iguales asuntos, éstos se resuelvan por el mismo órgano jurisdiccional que previno en el conocimiento, para que se continúe con el trámite de uno y se sobresea en el otro. Lo anterior tiene una naturaleza y consecuencias distintas en los casos en que se advierte la existencia de conexidad entre juicios de amparo (entendida como aquella en donde el mismo quejoso reclame un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o diversos quejosos reclamen, de las mismas autoridades, el mismo acto violatorio de derechos humanos), lo que no implica una identidad absoluta, pero sí elementos comunes y que da lugar a la acumulación descrita en párrafos que anteceden. Tiene aplicación por las razones que expone la jurisprudencia P./J. 9/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 78, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CONFLICTOS POR LITISPENDENCIA Y ACUMULACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. DIFERENCIAS, TRAMITACIÓN Y CONSECUENCIAS. El artículo 49 de la Ley de Amparo regula el supuesto específico de litispendencia entre juicios de amparo, que implica una identidad completa en relación con los quejosos, las autoridades responsables y los actos reclamados, cuyo caso de conflicto debe tramitarse con las reglas aplicables a las cuestiones competenciales, referidas en el artículo 48 de ese ordenamiento. Por ende, una vez desahogado el conflicto y determinado el juicio primigenio que debe prevalecer, así como el órgano que ha de continuar con su trámite en un segundo momento, ello dará lugar a que en el segundo o ulteriores juicios se sobresea en términos del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene una naturaleza y consecuencias distintas en los casos en que se advierte la existencia de conexidad entre juicios de amparo (entendida como aquella en donde el mismo quejoso reclame un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o diversos quejosos reclamen, de las mismas autoridades, el mismo acto violatorio de derechos humanos), lo que no implica una identidad absoluta, pero sí elementos comunes. Así, en este supuesto, puede presentarse un conflicto por acumulación, el cual debe resolverse conforme a las jurisprudencias P./J. 24/2015 (10a.) y P./J. 25/2015 (10a.), emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Establecidas las diferencias entre las figuras jurídicas de litispendencia y acumulación, de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se advierte que el aquí quejoso Francisco Alatorre Morales, promovió el diverso juicio de amparo 588/2020, de la estadística del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, lo que se invoca como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Asimismo, se advierte de los datos que arroja el referido sistema, que el acto reclamado en aquel juicio de amparo, lo constituye el auto de siete de octubre de la presente anualidad dentro de la carpeta de investigación 0096-68-0801-2020, por el delito de violencia familiar y que una de las autoridades responsables es el Juez de Control y Enjuiciamiento Región tres del Distrito Judicial de Pichucalco y Simojovel, con sede en Pichucalco, Chiapas. Por otro lado, de autos se advierte que mediante escrito presentado el cuatro de noviembre del año en curso, Francisco Alatorre Morales promovió el presente juicio de amparo, en el que señaló como acto reclamado destacado las medidas de protección de siete de octubre del año en curso, dictadas por el Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Pichucalco, Chiapas, dentro del registro de atención número 0514-068-0801-2020 que dio origen a la carpeta de investigación 0096-68-0801-2020; ratificadas el catorce de octubre pasado, por el Juez de Control Región Tres Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, en el cuaderno de control judicial número 20/CJ/2020. De esta forma, se advierte que la resolución impugnada en el presente juicio de amparo deriva de las medidas de protección de siete de octubre del año en curso, dictadas en la carpeta de investigación 0096-68-0801-2020, de las que también deriva el acto que se reclamó en el juicio de amparo del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, sin que se pueda concluir fehacientemente con los datos a los que tiene acceso este juzgado si se trata del mismo acto o no. Empero, en el caso se configura alguna de las figuras jurídicas en estudio, ya sea, la litispendencia, o bien, la acumulación; sin embargo, dada la naturaleza jurídica de dichas instituciones, ésta es una cuestión que no corresponde dilucidar a este órgano jurisdiccional sino al que previno en el conocimiento del asunto más antiguo, en el caso, el juicio de amparo 588/2020, de la estadística del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas. Por lo expuesto con antelación, devuélvase al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, el juicio de amparo 628/2020, del índice de este juzgado, para que resuelva lo que en derecho corresponda respecto a la acumulación o litispendencia planteadas, solicitando el acuse de recibo que tenga a bien expedir. En consecuencia, resérvese proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, una vez que se comunique respecto de la aceptación o no de la competencia para conocer del presente asunto.

  3. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida Francisco Alatorre Morales, por propio derecho, contra actos de la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Tres, del Distrito Judicial de Pichucalco y Simojovel, con sede en Pichucalco, Chiapas y otras autoridades; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 628/2020. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Considerando que los artículos 45, fracción II1 y 46, fracciones II y V,2 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince, con entrada en vigor el veintidós de junio pasado, se desprende que los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado de forma relacionada, cuando al capturar los datos de registro del asunto, el referido sistema arroje un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, por lo que se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. De igual modo, establecen que es criterio general de relación que un asunto de nuevo ingreso se turne a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en éste un antecedente que hace procedente la vinculación cuando el juicio de amparo directo o indirecto sea promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, respecto del cual otro órgano jurisdiccional haya conocido de diverso juicio promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; asimismo, cuando la demanda se promueva respecto del cumplimiento de una ejecutoria de amparo. En el caso, en su escrito de demanda el promovente precisó como reclamado la constancia de notificación de las medidas de protección de fecha siete de octubre del año en curso, dictadas por el Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Pichucalco, Chiapas, dentro del registro de atención número 0514-068-0801-2020 que dio origen a la carpeta de investigación 0096-68-0801-2020; ratificadas el catorce de octubre pasado, por la Juez de Control Región Tres Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, con jurisdicción en los Distritos Judiciales de Pichucalco y Simojovel, con residencia en el Municipio de Pichucalco, Chiapas, en el cuaderno de control judicial número 20/CJ/2020. Ahora bien, de una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se advierte que el aquí quejoso Francisco Alatorre Morales, promovió el diverso juicio de amparo 588/2020, de la estadística del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, mismo que se admitió a trámite en auto de quince de octubre del año en curso, lo que se invoca como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Asimismo, se advierte de los datos que arroja el referido sistema, que el acto reclamado en aquel juicio de amparo, lo constituye el auto de siete de octubre de la presente anualidad, dentro de la carpeta de investigación 0096-68-0801-2020, por el delito de violencia familiar. Sin que sea el caso ordenar glosar al presente expediente, copia certificada de la información que arroja el sistema en cita, pues de conformidad con los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión, tal y como se ha sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 55, junio de 2018, tomo I, página diez, décima época. En ese sentido, se observa que el acto aquí reclamado, consistente en la constancia de notificación de las medidas de protección de fecha siete de octubre del año en curso, dictadas por el Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Pichucalco, Chiapas, dentro del registro de atención número 0514-068-0801-2020 que dio origen a la carpeta de investigación 0096-68-0801-2020; ratificadas el catorce de octubre pasado, por la Juez de Control Región Tres Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, en el cuaderno de control judicial número 20/CJ/2020, tiene como origen la misma carpeta de investigación de la que deriva el acto reclamado ante la Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en el juicio de amparo 588/2020, de su índice, en el que se admitió a trámite dicho asunto, esto es la carpeta de investigación 0096-68-0801- 2020, del índice del Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Pichucalco, Chiapas. En ese contexto, el suscrito estima que en la especie se cumplen los requisitos establecidos en los dispositivos los artículos 45, fracción II y 46, fracciones II y V, del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince, mismo que entró en vigor el veintidós de junio del mismo año, pues la Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, conoció previamente del juicio de amparo 588/2020, de su índice, al haber admitido a trámite dicho asunto, en el cual se impugnaron las medidas de protección dictadas en la carpeta de investigación 0096-68-0801-2020, del índice del Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Pichucalco, Chiapas. Por tanto, si bien este órgano jurisdiccional concurre en igualdad de facultades competenciales en razón de grado, materia y territorio, con el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad; no puede pasar inadvertido que la aplicación del acuerdo general de cuenta, tiene como fin reenviar un expediente a un órgano jurisdiccional en específico por haber conocido de diverso juicio promovido contra actos derivados de un mismo asunto, utilizando sus consideraciones y aprovechando ese conocimiento previo de los antecedentes del expediente respectivo, evitando el dictado de resoluciones contradictorias. En esas condiciones, remítase al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, el original del juicio de amparo 628/2020-4-B, previo cuadernillo de antecedentes que se forme, así como las copias exhibidas de la demanda de amparo, para que la Juez competente provea lo que en derecho corresponda; solicitándole que en caso de no existir inconveniente alguno, comunique respecto de la aceptación o no de la competencia planteada y acuse el recibo de estilo correspondiente. En consecuencia, resérvese proveer sobre la admisión de la demanda de amparo una vez que se acepte la competencia por turno planteada en este proveído. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Pedro Manuel Ávila, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones "los estrados", lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y, por tanto, con apoyo en la fracción III, inciso a), del citado precepto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquellos derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza al Secretario y/o Actuario para que de manera indistinta, firmen los oficios relativos al presente juicio. NOTIFÍQUESE POR LISTA ELECTRÓNICA.

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