Francisco Aguilar Maya

Expediente 177/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
177/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/04/2023

Partes del expediente

  • Juez Segundo de Primera Instancia, Ciudad
  • Francisco Aguilar Maya

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda, sin que el impetrante hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese.

  2. Principal

    ..

  3. Principal

    (aviso) notificación por lista a la parte quejosa. Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Aguilar Maya, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de esta ciudad, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 177/2023, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, en principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierte es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Son orientadoras las consideraciones sustentadas en la jurisprudencia P./J. 128/2001. En el caso, de oficio, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, por las consideraciones que a continuación se expondrán. I. causa de improcedencia Invocada El artículo previamente mencionado, establece, textualmente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" El señalado motivo legal de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales previstos en la ley ordinaria, y que sean los idóneos para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual debe agotarse previamente. En ese orden de ideas, del precepto legal trascrito se desprende que para que se actualice tal causal de improcedencia, deben ocurrir las siguientes hipótesis: a) Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. b) Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. c) Igualmente, no existe obligación de agotar dichos recursos, cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. d) Que el acto reclamado no se trate de una orden de aprehensión, reaprehensión, de vinculación a proceso, que niegue la libertad provisional bajo caución o que se decida sobre un incidente de desvanecimiento de datos, arresto, o cualquiera que afecta la libertad personal del quejoso, siempre que se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. e) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando el juicio de amparo sea promovido por persona extraña al juicio del que derivan los actos reclamados. f) Tampoco existe obligación de agotar el recurso cuando esté sujeto a una interpretación adicional de la Ley. II. acto reclamado Del escrito de demanda se advierte que la impetrante del amparo es parte en el juicio ejecutivo mercantil 76/2023 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en esta ciudad, y el acto que por esta vía combate es: "Acuerdo de fecha 01 de Marzo de 2023 ordenado dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil 76/2023 del índice del Juzgado Segundo de primera Instancia con residencia en esta Ciudad, mismo que se notificara por lista de acuerdos." Es decir, reclama como acto destacado el auto de uno de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el ********************por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en esta ciudad, en el que en la etapa de instrucción determinó girar oficio a la fuente de trabajo del aquí quejoso, a efecto de hacer efectivo el embargo de su salario. Dicho auto corresponde a una medida precautoria la cual son providencias solicitadas por una de las partes al Juez, ya sea antes o durante el juicio, para evitar cambios que perjudiquen la acción ejercida; por ende, su finalidad es mantener una situación jurídica determinada, además de servir en algunos casos como garantía. Las modalidades en que estas medidas pueden manifestarse son diversas, pues ello depende tanto del tipo del procedimiento de que se trate (aspecto objetivo) como de la finalidad pretendida mediante la propia medida (aspecto subjetivo). Ahora bien, el embargo precautorio constituye una medida precautoria dictada con motivo de juicios en los que se resuelven aspectos de mera legalidad -en los cuales las partes comparecen en una situación equiparable entre sí y, por tanto, en un plano de igualdad- cuya finalidad es evitar que el demandado en un juicio dilapide, oculte, simule o haga desaparecer los bienes y derechos que tiene a su favor para evitar la ejecución de una sentencia condenatoria. Por lo que, toda vez que el promovente es parte en el juicio debe agotar el recurso conducente previo a la acción constitucional, a fin de respetar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. En ese tenor, es menester precisar los artículos 1183, 1334 y 1345 del Código de Comercio prevén. Los citados preceptos legales, son del tenor siguiente: "Artículo 1183. En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente. (.) Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. (.) Artículo 1345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: I. Contra el auto que niegue la admisión de la demanda, o de los medios preparatorios a juicio; (.) IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo." Asimismo, se trae a colación los numerales 1340 y 1348 del Código de Comercio "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $757,365.46 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. Artículo 1348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata." Así, se observa con claridad que el legislador otorgó a las partes la oportunidad de defenderse de dichos autos, a través del recurso respectivo, el cual la impetrante del amparo debió interponer, a fin de que la autoridad judicial se pronunciara al respecto, habida cuenta que a través de dichos medios de defensa, podría lograrse la revocación, modificación o confirmación de la resolución reclamada, que según la inconforme le depara agravio. Y si no hizo valer sus derechos a través de esa vía ordinaria de defensa, resulta incuestionable que no puede acudir ante esta instancia constitucional, por no haberse agotado el principio de definitividad que rige en el referido juicio. Se invoca la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2017693 Instancia: Primera Sala Época: Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 40/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro: 57, Agosto de 2018 Tomo: I Página: 886 Tipo: Jurisprudencia MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto". En ese orden de ideas, es dable sostener que el acto combatido consistente en el auto de uno de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el ********************del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en esta ciudad, puede ser revocado o modificado; por tanto, debió agotarse el medio ordinario de defensa conducente antes de acudir al juicio de amparo, no obstante se encontraba obligada a ello, al ser la contraparte en el supracitado juicio ordinario mercantil que se trata; por lo tanto, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Asimismo, cabe señalar que el promovente es parte en dicho ********************del que deriva el acto reclamado, por lo que no se ubican en la hipótesis de excepción a que se refiere el inciso c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, esto es, que se trate de una persona extraña al procedimiento natural, sea en forma total o por equiparación. Además, en el caso resulta que el acto en análisis no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, de vinculación a proceso, ni es una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del impetrante a que se refieren los incisos a) y b) de la fracción XVIII, del referido numeral 61 de la Ley de Amparo. III. Conclusión En el anterior contexto cabe concluir que si la promovente no agotó el medio de impugnación ordinario conducente; y por lo tanto, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, resulta incuestionable la actualización en el caso de una causal de notoria e indudable improcedencia, en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 61, y 113 de la Ley de Amparo. Se invoca la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "Registro digital: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Mayo de 2002, página 902 Tipo: Jurisprudencia AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En el anterior contexto, cabe concluir que si la parte promovente no agotó el medio de impugnación ordinario respectivo; es inconcuso que inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por tanto, al actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo, invocada de oficio por este juzgado, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por el promovente en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del citado numeral a ********************, al no contar con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado de mérito. NOTIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, se indica a los actuarios que conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico, asimismo, que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, por lo cual, éste únicamente contendrá las promociones físicamente recibidas y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. RESERVA DE INFORMACIÓN Este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales y sensibles, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente al promovente. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · 3,372 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano