Francisco Aguilar Barradas

Expediente 829/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
829/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Francisco Aguilar Barradas

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a la autoridad foránea; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, rubro y texto se citan a continuación: "Época: Décima Época Registro: 2012455 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 34, Tomo IV, Septiembre de 2016 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: XIX.1o.A.C. J/1 (10a.) Página: 2464 "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    En Boca del Río, Veracruz, a las diez horas con cuarenta minutos del seis de octubre de dos mil veintitrés, fecha y hora señaladas para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 829/2023, promovido por ********************el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Ana Guadalupe Mexía Andrade, con quien actúa y da fe, la declara abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria da cuenta con el estado de autos, informa de las constancias que integran el expediente y certifica que transcurrieron ocho días respecto del informe rendido por la autoridad responsable, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. El Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias y, en razón que no existe obstáculo alguno, continúese con la presente audiencia. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta con los siguientes medios de prueba: De la parte quejosa, las constancias que anexó a su demanda de amparo. De la Regidora Sexta del Ayuntamiento Constitucional de Tierra Blanca, Veracruz, en su carácter de autoridad responsable, las constancias que anexó a su informe justificado. Asimismo, la secretaria hace constar que las demás partes no ofrecieron pruebas. El Juez acuerda: Se admiten y desahogan dichas probanzas, dada su propia y especial naturaleza, acorde con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, sin perjuicio que se valoren al resolver el presente asunto y, al no existir más prueba que relacionar, se cierra el período probatorio. Abierto el período de alegatos, la secretaria certifica que ninguna de las partes los formuló. Se acuerda: En razón de que las partes no formularon manifestaciones en esta vía, se concluye este período de la audiencia constitucional. Con lo anterior se da por concluida esta audiencia y el juez procede a dictar la siguiente sentencia que en derecho corresponde. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 829/2023, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veinticuatro de agosto dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, y turnado el mismo día a este Juzgado Cuarto de Distrito, ********************promovió juicio de amparo contra actos de la Regidora Sexta del Ayuntamiento Constitucional de Tierra Blanca, Veracruz, los que quedarán precisados en el considerando segundo de esta sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia. SEGUNDO. Mediante proveído de veinticinco de agosto de la presente anualidad, este juzgado acordó admitir la demanda de amparo, solicitar a la autoridad responsable su informe de ley, dar la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló pedimento y, fijar fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable, la audiencia constitucional tuvo verificativo en la fecha y hora señalada para tal efecto, quedando el expediente en estado de resolución. Hasta hoy no consta que las partes hayan consentido la publicación de sus datos personales. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por la vía, pues se reclama la trasgresión al artículo 8° constitucional, proveniente de autoridad administrativa, impugnable en amparo indirecto, conforme al numeral 107, fracción II, de la Ley de Amparo. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, atento a que el acto reclamado prescinde de ejecución material. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la aplicable Ley de Amparo, la persona Juzgadora de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman. Atendiendo a lo narrado por la parte quejosa en la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en el presente juicio a la Regidora Sexta del Ayuntamiento Constitucional de Tierra Blanca, Veracruz, lo constituye: La omisión de dar respuesta al escrito del aquí quejoso, presentado ante la Regiduría Sexta del aludido Ayuntamiento el veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Existencia de actos. La autoridad responsable Regidora Sexta del Ayuntamiento Constitucional de Tierra Blanca, Veracruz, al rendir su informe justificado, reconoció la existencia de la omisión de dar respuesta al escrito del quejoso (fojas 25 a 26). Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que adjuntó como justificación de su informe, pues de éstas se advierte el acto reclamado en el presente juicio. A las referidas documentales se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, se procede de oficio al estudio de la que este juzgado advierte en la especie, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. MARCO NORMATIVO En relación con la omisión combatida, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado en sus efectos la omisión de dar contestación al escrito presentado por el quejoso el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, ante la Regiduría Sexta del Ayuntamiento de Tierra Blanca, Veracruz, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El referido numeral y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que la persona gobernada es restituida en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. ANTECEDENTES Previo a explicar el motivo de improcedencia que se considera actualizado, se relatan brevemente los siguientes antecedentes del aludido acto reclamado, que permitirán su mejor comprensión: 1). Mediante escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, ********************solicitó al ante la Regidora Sexta del Ayuntamiento de Tierra Blanca, Veracruz: ".A TRAVÉS DE ESTE OCURSO, DE NUEVA CUENTA LE VENGO A INSISTIR, SE SIRVA PRESISARME (SIC) POR ESCRITO, SI LA OBRA HIDRÁULICA LLÁMESE "PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES" QUE USTED AFIRMA MEDIANTE EL OFICIO 047/2023 DE FECHA DIEZ DE JULIO DE 2023 QUE SE UBICA EN EL SITIO SEÑALADO, PERO SI USTED OBSERVA CON TODO CUIDADO QUE MI SOLICITUD DEL 21 DE JUNIO DE 2023, ME REFIERO CONCRETAMENTE SI SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO ESTA PLANTA. TODA VEZ QUE, LOS SOPORTES EN QUE SE FUNDA PARA SOSTENER LA FUNCIONALIDAD QUE INDICA AL PARECER FUERON OBTENIDOS DE LOS ARCHIVOS QUE POSIBLEMENTE SE ENCUENTREN EN ALGUNA OFICINA DEL ORGANISMO OROAPA (SIC) Y QUIZÁS NO FUERON RECABADOS EN FORMA REAL...//...POR TAL RAZÓN LE SUPLICO REALICE LO PERTINENTE Y ME EXPIDA UNA CONSTANCIA VERÍDICA QUE CONTENGA FOTOGRAFÍAS FEHACIENTES Y RESPALDOS VERÍDICOS." (foja 15). 2). Mediante oficio 048/2023, de siete de septiembre de dos mil veintitrés, la Regidora Sexta, a cargo de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje, saneamiento y Disposición de Aguas Residuales del Ayuntamiento de Tierra Blanca, Veracruz, dio respuesta a las peticiones que el quejoso le formuló, en el siguiente sentido: ".me refiero a su escrito de petición de 21 de julio del año 2023, sin número de oficio, recibido en la Regiduría a mi cargo el mismo día, mes y año; por medio del presente escrito, se da respuesta a su escrito de petición citado y se le proporciona la información solicitada en el siguiente orden. Constancia de existencia y funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales: - El Municipio de Tierra Blanca, Veracruz, si cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, y si se encuentra en funcionamiento, ubicada en el tramo carretero 54 Sayula de Alemán -Tierra Blanca, operada por el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Tierra Blanca, Veracruz. Constancia que contiene fotografías de la planta de tratamiento de aguas residuales: Se agregan como anexo al presente escrito 3 (tres) placas fotográficas fehacientes de la citada planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Tierra Blanca, Veracruz.; ubicada en el tramo carretero 54 Sayula de Alemán -Tierra Blanca, operada por el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Tierra Blanca, Veracruz. Aunado a lo anterior, hago saber al peticionario que el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Tierra Blanca, Veracruz, con domicilio ubicado en independencia número 900, C.P. 95100, Colonia Centro de Tierra Blanca, Veracruz, en un Organismo Público de naturaleza paramunicipal, autónomo, con patrimonio propio, es quien tiene a su cargo la administración y prestación del servicio de Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje, Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales en el Municipio de Tierra Blanca, Veracruz, y es quien opera planta de tratamiento de aguas residuales de la que solicita información y que por este medio se le proporciona. Para el caso de necesitar mayores datos técnicos estructurales y de funcionamiento de la planta de tratamiento, sirva dirigir su petición al Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Tierra Blanca, Veracruz." (fojas 27 y 28 con anexos fojas 29 a 30). 3). El doce de septiembre del citado año, se notificó al directo quejoso el contenido del oficio 048/2023, en el domicilio particular ubicado en calle Constitución número 403, colonia Centro, en Tierra Blanca, Veracruz (fojas 27 a 28). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la segunda, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad de la omisión reclamada, la cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituida, que es la materia del amparo. Lo que se sostiene en la medida que del análisis de las constancias que remitió como justificación de sus actos la Regidora Municipal responsable, se desprende que por oficio 048/2023, de siete de septiembre de dos mil veintitrés, se dio contestación al escrito presentado por el quejoso el veintiuno de julio del citado año, por una parte, en el sentido que en Municipio de Tierra Blanca, Veracruz, sí cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, y sí se encuentra en funcionamiento, ubicada en el tramo carretero 54 Sayula de Alemán -Tierra Blanca, operada por el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Tierra Blanca, Veracruz; y, por otra, anexó tres placas fotográficas como fehacientes de la citada planta de tratamiento de aguas residuales de dicho Municipio. De dicha constancia se aprecia con claridad que la autoridad responsable hizo referencia y dio respuesta a cada uno de los puntos contenidos en el escrito que le dirigió el quejoso. Asimismo, se observa que ese documento fue notificado personalmente al quejoso en su domicilio particular para tal efecto, el doce de septiembre de este mismo año, quien firmó de enterado. Luego, si la parte quejosa conoció la respuesta a la solicitud que presentó el veintiuno de julio de dos mil veintitrés ante la autoridad responsable; por ende, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, al haber desaparecido en su totalidad la omisión de dar respuesta a su petición. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 205/2008 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Se destaca que si bien dichas jurisprudencias son anteriores a la Décima Época, aun así son aplicables a la Ley de Amparo vigente, atento que no se oponen a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. CONCLUSIÓN En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se actualiza el motivo de improcedencia aquí analizado, respecto del aludido acto reclamado. Por tanto, con apoyo en la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo, por cuanto al acto reclamado antes precisado, atribuido a la citada autoridad responsable. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación enderezados contra la falta de contestación al escrito del quejoso. QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, que atribuye a la Regidora Sexta del Ayuntamiento Constitucional de Tierra Blanca, Veracruz, por las razones que quedaron precisadas en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia, en términos del considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.Así lo resolvió y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Ana Guadalupe Mexía Andrade, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Regidora Sexta del Ayuntamiento Constitucional de Tierra Blanca, Veracruz; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de dicha autoridad y con el mismo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL en copias certificadas que anexa la autoridad responsable a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 117, y demás relativos de la invocada Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al no advertirse la existencia de alguna causa de improcedencia que resulte notoria, manifiesta e indudable, y con apoyo en el artículo 6 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Regidora Sexta del Ayuntamiento de Tierra Blanca, Veracruz. Fórmese expediente y regístrese bajo el número 829/2023. NOTIFICACIÓN AL FISCAL ADSCRITO DE LA FEDERACIÓN Con apoyo en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese intervención al Ministerio Público de la Federación, y mediante oficio, córrasele traslado con copia autorizada de la demanda y de sus anexos, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso c) de la Ley de Amparo. PRUEBAS Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, ténganse como pruebas de la parte quejosa, las documentales que acompaña, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, conforme al artículo 124 de la ley de la materia. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL A efecto de no vulnerar la pronta y expedita administración de justicia, conforme a lo preceptuado por el artículo 17 Constitucional, en relación con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo; atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la distancia de la residencia de la autoridad responsable, se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORME JUSTIFICADO Y CONSTANCIAS Asimismo, con copia de la demanda y sus anexos, en términos de los artículos 115, 116 y 117, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del PLAZO DE QUINCE DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, rinda informe justificado, en el que deberá manifestar en forma expresa y clara, si son o no ciertos los actos que se le atribuyen. Además de exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibida que de no rendir su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, o de no remitir las referidas constancias, en la sentencia respectiva, se le impondrá multa de cien hasta mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, de conformidad con la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, únicamente le serán notificadas por oficio, las determinaciones previstas como personales para las demás partes, así como aquellas que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las autoridades responsables que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de a Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se significa a las autoridades responsables que no es necesario acusar recibo de notificaciones, salvo en los casos que expresamente este Juzgado de Distrito así lo solicite; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta, energía eléctrica y recursos económicos en mensajería oficial y telegráfica; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. APERCIBIMIENTO AUTORIDADES En el entendido de que las autoridades responsables se encuentran obligadas a recibir los oficios que se les envían y en caso de que no correspondan a su denominación correcta o ésta sea incompleta, pero sí existe la autoridad, deberán comunicarlo por escrito a este juzgado con sus informes justificados. En ese sentido, se hace saber que si una autoridad se niega a recibir un oficio, sin causa justificada, se tendrá por hecha la notificación de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, siendo responsable de toda consecuencia legal; asimismo, con fundamento en el artículo 245 de la ley en cita, se les impondrá multa de cien hasta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, de conformidad con la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO DE INEXISTENCIA DE AUTORIDADES Infórmese a la parte quejosa que si se devuelven los oficios, por inexistencia de la autoridad destinataria, en su caso, se tendrá por inexistente tal autoridad responsable y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Por otro lado, requiérase a las partes que en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, informen a este Juzgado cuando se haya actualizado alguna causa de sobreseimiento; por tanto, de ser el caso, deberán remitir de inmediato copias certificadas de las constancias respectivas; advertidos de que en caso de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse el incidente de suspensión, en razón de que en términos del artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, salvo lo dispuesto en el diverso artículo 127 de la propia Ley, éste solo puede abrirse cuando lo solicite la parte quejosa, y en el caso, éste no fue solicitado expresamente, ni se actualiza la salvedad apuntada. DOMICILIO PROCESAL Se tiene como domicilio procesal la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso en el proemio de su demanda. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese en términos de ley.

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