Francisco Adrian Villa Hernandez
Expediente 114/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 114/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Francisco Adrian Villa Hernandez
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual informa en lo substancial que ese órgano Jurisdiccional aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 114/2017-5A, promovido por FRANCISCO ADRIAN VILLA HERNÁNDEZ, correspondiéndole el juicio de amparo 258/2017-VI-A de su índice. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo, de los que se desprende que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, conforme al punto Vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado] ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. Téngase por recibido el oficio de referencia y la demanda de amparo interpuesta por FRANCISCO ADRIÁN VILLA HERNÁNDEZ, regístrese por su orden en el Libro de Gobierno de amparo que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal, bajo el número 114/2017-5A. Ahora bien, en razón de que la cuestión relativa a la competencia de los Órganos Jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de amparo, se procede al análisis pormenorizado correspondiente. Así, con el propósito de decidir si corresponde a este tribunal Federal conocer del asunto que nos ocupa, debe señalarse que de un estudio integral efectuado a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: De los Magistrados Integrantes de la Quinta Sala Penal, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California: La resolución de fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, en la que confirmaron el Auto de Término Constitucional que dictó el Juez Tercero de Primera Instancia Penal, del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, dentro de los autos de la Causa Penal 466/2015, mediante la cual se declaró a FRANCISCO ADRIÁN VILLA HERNÁNDEZ, presunto responsable de los delitos de abuso sexual y violencia familiar equiparada. Del Juez Tercero de Primera Instancia Penal, con residencia en Tijuana, Baja California: El cumplimiento o ejecución que pretenda darle a la resolución que dictaron los Magistrados Integrantes de la Quinta Sala Penal, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California en veintiocho ce octubre de dos mil dieciséis. Precisión que se hace con apoyo en lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro a la letra dice "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa designó como autoridad responsable ordenadora a la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como autoridad ejecutora al Juez Tercero de Primera Instancia Penal, con residencia en Tijuana, Baja California. Ahora bien, resulta menester indicar que del contenido del artículo 37, de la Ley de Amparo, se desprende lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este precepto se obtienen distintas reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, entre las cuales, en lo que aquí interesa, se destaca que el juez competente lo será aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución. Ahora bien, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1ª./J.147/2005, de la Novena Época con número de registro 176365, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible, en el Tomo XXIII, página 174, de fecha enero de 2006, materia Penal, mediante la cual estableció que la competencia en amparo se surte a favor del juez de distrito en cuya jurisdicción resida el que conoce del proceso penal en primera instancia, cuando de impugne el fallo que, en apelación, confirma el auto de formal prisión. Consecuentemente, con independencia de que este órgano jurisdiccional ejerce competencia donde la Sala responsable emitió el acto el cual es combatido por esta vía, sin embargo, el mismo se materializará jurídicamente en la Ciudad de Tijuana, Baja California, por la autoridad ejecutora Juez Tercero de Primera Instancia Penal, en lugar distinto al en que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. En las relatadas circunstancias, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, y acorde con lo establecido en el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Baja California, se declara legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por su propi derecho FRANCISCO ADRIÁN VILLA HERNÁNDEZ. En consecuencia, remítase al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno el original del escrito inicial de demanda, con sus anexos glosados y las copias que acompaña, solicitándole que dentro del término previsto en el citado artículo 48, de la ley de la materia informe si acepta o no la competencia planteada. Ahora bien, con copia certificada del ocurso de cuenta y demás constancias que obran agregadas en el juicio en que se actúa, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. Sin que al efecto resulte necesario notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa, en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, cuyo rubro establece " Por otra parte, no ha lugar a pronunciarse en relación a la suspensión del acto reclamado que se solicita, en tanto que dicho acto no se ubica en los supuestos previstos en el artículo 48, de la Ley de Amparo, es decir, de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los que prohíbe el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, o bien, de aquéllos respecto de los cuales se requiera conceder la suspensión de oficio y de plano prevista en el diverso ordinal artículo 126, de la ley en cita, como son, aquellos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a la parte quejosa, señalando los estrados de este Tribunal a efecto de las notificaciones que deriven de la substanciación de este juicio de garantías, así mismo se le tiene por autorizados en términos del numeral 12, de la Ley de Amparo, a las personas que señaló; lo anterior, tomando en consideración la materia que trata el presente asunto.
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