Francisco Adolfo Jiménez Velázquez

Expediente 1386/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1386/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • Francisco Adolfo Jiménez Velázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, siete de febrero de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto lo de cuenta, se advierte que en el cuaderno principal de este incidente causó ejecutoria la sentencia emitida en el juicio de amparo y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negó la suspensión definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, So********************ra, treinta de enero de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las a********************taciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Ple******************** del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres********************s. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que ******************** se advierte la exhibición de éstos. Devolución de legajos de prueba. En ese orden de ideas, resulta innecesario conservar los legajos de pruebas recibidos mediante proveído de ******************** e identificados como Tomo I, II, III, IV y V, los cuales fueron formados con las constancias remitidas por la juez de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, So********************ra; así como el diverso legajo formado con las constancias recibidas por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de So********************ra, de esta ciudad, en esa virtud, se ordena su devolución a su lugar de origen. Notifíquese; y por oficio a las referidas autoridades. Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de So********************ra, encargada del despacho por vacaciones del titular, en térmi********************s de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil ********************vecientos ********************venta y cinco, autorizada en térmi********************s del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con dieciséis minutos del once de enero de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria da cuenta con la demanda de derechos, las constancias de emplazamiento a las partes y los informes justificados rendidos por algunas de las autoridades responsables. El juez acuerda: Téngase por hecha la certificación que antecede. Abierta la etapa de pruebas, la secretaria da cuenta con las documentales anexadas por la juez de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora a su informe justificado, y las exhibidas por la parte quejosa. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadoa por su propia y especial naturaleza, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos la secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de éstas a formular alegatos. Acto seguido, se cierra este periodo, y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto ******************** PC-CIVIL; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo El catorce de octubre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, recibió el oficio proveniente del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, al cual, por carecer de competencia por turno para resolverlo, anexó el juicio de amparo indirecto 404/2022-V de su índice, en el que Francisco Adolfo Jiménez Velázquez por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos que se precisarán con posterioridad. Turnado que fue el citado juicio de derechos a este órgano jurisdiccional, el veinte de octubre de dos mil veintidós, se aceptó el turno planteado, y se avocó el conocimiento de la demanda, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, y se le reconoció el carácter de tercera interesada a Nidia Nohemí Winkler Cruz. Posteriormente, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo lugar en los términos del acta que antecede. Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones II, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Fijación de la litis La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 169, publicada en la página 207, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio sustentado por el Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, se tiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: La orden de desalojo decretada en su contra de la casa habitación construida sobre el predio ubicado en calle Acantilados número 38, colonia Las Villas, en Guaymas, Sonora y su ejecución. Inexistencia de los actos reclamados (sobreseimiento) De acuerdo con la técnica jurídica que rige en el juicio de amparo, es imperante analizar la certeza del acto de autoridad que se reclama, ello en razón a que, es a partir de la existencia de éste que el órgano jurisdiccional está en aptitud de analizar las causas de improcedencia que pudieran actualizarse y, en caso de no existir alguna, proseguir al análisis de la legalidad de dicho acto de autoridad. Lo anterior es así, pues de no existir el acto reclamado, habría imposibilidad para analizar tanto las causas de improcedencia como el fondo del asunto, en tanto el estudio de las primeras parte del supuesto de que el acto combatido es cierto, mientras que para el examen del segundo, además de la certeza del acto de autoridad, el juicio de amparo debe ser procedente. En el caso concreto, según se advierte del análisis integral de autos, las responsables juez de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, y comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Guaymas, Sonora, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, sin que la parte quejosa ofreciera medio de prueba alguno para desvirtuar tales negativas, carga procesal que le corresponde de conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También, es aplicable, por las razones que lo informan, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia: "ACTO RECLAMADO POSITIVO. ANTE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SU EXISTENCIA DEBE PROBARSE POR EL QUEJOSO AUN CUANDO LAS VIOLACIONES EN ÉL COMETIDAS IMPLIQUEN CONDUCTAS NEGATIVAS. Cuando el acto reclamado necesariamente consiste en una conducta activa por parte de la autoridad y se señalan como violatorias al orden constitucional conductas de carácter omisivo en las que incurrió la autoridad responsable al realizarla, el quejoso debe demostrar la existencia de esa conducta positiva ante la negativa de la autoridad de haberla ejecutado, pues de la mposibilidad jurídica de exigir al quejoso la demostración de esas omisiones, no se puede derivar ni lógica ni jurídicamente la existencia del acto reclamado, en virtud de que si tales omisiones no pudieron generarse sino con motivo de esa conducta positiva y ésta no se produjo, menos aún pudieron verificarse las citadas omisiones." Asimismo, para robustecer la inexistencia de los actos que se combaten, a manera de antecedentes, se destaca lo siguiente: Por proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil 662/2021, se admitió la demanda de divorcio incausado promovida por Nidia Nohemí Winkler Cruz -tercera interesada- en contra de Pedro Remy Álvarez. En determinación de veinte de mayo de dos mil veintiuno, se decretó la separación judicial de los cónyuges Nidia Nohemí Winkler Cruz y Pedro Remy Álvarez del domicilio conyugal, ubicado en calle Acantilados número 38, colonia Las Villas, en Guaymas, Sonora, permitiéndole a éste último retirar su ropa, objetos y los bienes personales que sean necesarios para el ejercicio de su profesión, arte u oficio a que se dedique, previéndosele para que dejara de incurrir en dicho domicilio mientras subsistiera la medida decretada. Por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se le reconoció el carácter de tercero interesado a Francisco Adolfo Jiménez Velázquez -parte quejosa- en el juicio de origen, y se dejó sin efecto la medida señalada en el párrafo que antecede. En virtud del recurso de revocación interpuesto por la tercera interesada -actora en el juicio de origen- en determinación de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se declaró fundado dicho medio de impugnación, y se revocó el auto mencionado -diecinueve de mayo de dos mil veintidós-. Por proveído de once de octubre de dos mil veintidós, se corrigió el resolutivo octavo de la sentencia dictada el tres de octubre de ese año en el juicio de origen, quedando: ".OCTAVO.- Se levantan las medidas provisionales fijadas en este juicio mediante auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno, que complementó el auto de radicación de fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del Código de Familia para el Estado de Sonora.". Por auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en el juicio de origen, contra la sentencia mencionada anteriormente. De lo anterior, se desprende que en el juicio de origen no se decretó ni ejecutó orden de desalojo alguna, pues lo antecedentes antes citados, pueden corroborarse de la totalidad de constancias que anexó la juez responsable a su informe justificado. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2 del mismo ordenamiento legal, ya que no fueron objetadas en cuanto a su autenticidad; además, provienen de autoridades en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial número 226 sustentada por el Pleno de la otrora Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese sentido, toda vez que la parte quejosa no ofreció pruebas para acreditar la certeza de los actos que combate, deben tenerse como inexistentes, por lo que procede sobreseer en el juicio de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. No se soslaya el hecho de que pudieran presumirse ciertos los referidos actos reclamados al actuario ejecutor adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, al haber omitido rendir su informe justificado pese a estar debidamente notificado; sin embargo la inexistencia de ellos quedó demostrada con las consideraciones vertidas anteriormente. Por lo expuesto y fundado, con fundamentos en los artículos 73, 74, 75 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Francisco Adolfo Jiménez Velázquez, de conformidad con las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese por lista a la parte quejosa, tercera interesada y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Cumple requerimiento. Ténganse por recibido el oficio de cuenta suscrito por el juez de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento decretado en autos, y para tal efecto, remite copia de las constancias solicitadas. Pruebas. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales anexas al oficio que se atiende; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Dese vista a las partes, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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