Francisco Adan Torres Rodriguez

Expediente 1028/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1028/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
09/06/2022

Partes del expediente

  • Francisco Adan Torres Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, nueve de junio de dos mil veintidós. Informa gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se requiere. Visto el oficio de cuenta, se tiene al Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, informando que dejó insubsistente la resolución de quince de julio de dos mil veintiuno, así como el auto de diecinueve de marzo de dos mil veinte, emitidos en el procedimiento de génesis, y, previo al dictado de la interlocutoria del incidente de modificación de custodia, requirió por el informe de trabajo social que fue admitido como prueba; ello, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, se toma en consideración que el artículo 192 de la ley de la materia, establece que las sentencias de amparo deben ser cabalmente cumplidas, otorgando al juzgador la facultar de prorrogar el término concedido a la autoridad obligada al cumplimiento, teniendo en cuenta la complejidad o dificultad del mismo; además, que el artículo 193, párrafo tercero, de la citada legislación, señala que si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de acatamiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de podrá ampliar el plazo por una sola vez. Es por lo cual, se otorga una prórroga al Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para que dé cabal cumplimiento al fallo protector emitido en autos, y se le requiere para que dentro del plazo de diez días, contados a partir de que se le notifique el presente acuerdo, remita copias certificadas completas y legibles de las constancias con las que acredite que dictó nueva resolución en el incidente de modificación de custodia, conforme a los lineamientos del fallo protector, o en su defecto, acredite la imposibilidad que para ello tenga. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad requerida que, de no cumplir con lo anterior dentro del plazo otorgado, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Además, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA **** EL AUTO DE VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE, EL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTICINCO SIGUIENTE, EL AUTO EN CITA SEÑALA: Téngase por recibido el oficio que suscribe la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 2497/2021, y testimonio de la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja 24/2022, de su índice, cuyo punto resolutivo es: "31. PRIMERO. Se declara procedente y fundado el recurso de queja interpuesto por ****, por conducto de ****. 32. SEGUNDO. Se revoca el auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictado por la Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el expediente de amparo 2497/2021". II. Providencias. Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, glósense únicamente las actuaciones que contengan firma en original del cuaderno de antecedentes, ello en virtud de que no es necesario adjuntar las copias certificadas que contiene dicho cuaderno, y acúsese recibo. III. Efectos de la ejecutoria emitida por la superioridad. Es pertinente conocer los lineamientos vertidos por la superioridad al declarar fundado el recurso de queja que nos ocupa, mismos que en lo que aquí interesa, dicen: "29. Consecuentemente, Hay evidencia que desvanece la certificación hecha por el secretario en el sentido de que no se dio cuenta con registro de promoción alguna encaminada a dar cumplimiento a la prevención formulada, ya que el quejoso si presentó el escrito oportunamente, incluso hay constancia de que este se recibió antes de la emisión del acuerdo impugnado, lo que hace que la determinación de hacerle efectiva la amenaza legal carece en los hechos de causa objetiva. 30. Demostrada la ilegalidad del auto recurrido, que hizo efectivo al quejoso apercibimiento decretado en auto preventivo. La juez Federal debe proveer sobre el referido escrito y decidir sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo presentada por el impetrante.". IV. Desahoga prevención. Visto nuevamente el escrito signado por ****, mediante el cual, se le tiene dando cumplimiento en tiempo y forma a la prevención realizada en acuerdo de treinta de diciembre de dos mil veintiuno. V. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación gramatical de esta disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. VI. Fijación del acto reclamado. Ahora bien, previamente a enunciar las consideraciones en que descansa el sentido de la presente resolución, se estima pertinente proceder a la fijación del acto reclamado en la demanda de amparo, que esencialmente se hace consistir en lo siguiente: ? La interlocutoria de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente 325/2021, del índice del Juez Décimo Tercero en Materia Oral Mercantil en el Estado de Jalisco, la cual que resolvió improcedente el incidente de nulidad de emplazamiento planteado por la parte demandada en contra de dicha diligencia. VII. Causa de improcedencia actualizada. Sentado lo anterior, respecto del acto reclamado antedicho, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo. A fin de evidenciar la improcedencia del presente juicio de derechos fundamentales, se considera pertinente transcribir, en lo conducente, los artículos 61, fracción XXIII, así como el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Asimismo, se estima pertinente traer a cuenta lo dispuesto por la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, que es del siguiente tenor: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Del análisis de los artículos en cita, se advierte que, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el juicio de amparo directo, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas de la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. No obstante, existe una serie de excepciones en las que procede el juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito, de acuerdo con lo que señala el artículo 107, fracción III, incisos b) y c), Constitucional y que precisa el artículo 107, fracción V, de su ley reglamentaria, cuando se trata de actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Así, de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, deriva la procedencia del juicio de amparo, que en armonía con lo dispuesto en el artículo 170 de dicho ordenamiento, evidencian que la constitucionalidad de los actos emitidos dentro de un procedimiento debe ser analizada, en principio, en el juicio de amparo directo que se promueva contra la resolución que ponga fin a dicho procedimiento, siempre que respecto de los mismos se haya agotado el principio de definitividad, en las materias en donde sea exigible esta disposición; afecte al quejoso y trasciendan al sentido de la resolución reclamada; sin embargo, procede excepcionalmente el juicio de amparo indirecto contra dichos actos, cuando sus efectos sean de imposible reparación. De conformidad con la fracción legal en análisis, las condiciones normativas para la procedencia del amparo indirecto en contra de actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, son las siguientes: a) Que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; b) Y que tales derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Interpretación la anterior, que además se corrobora, si se toma en cuenta que en la Ley de Amparo vigente, el legislador privilegió el principio de concentración, con la finalidad de que sea en un solo juicio en el que se diriman los problemas y evitar que éstos se prolonguen con amparos para efectos, por ende, al establecer la procedencia del juicio de garantías bi-instancial, en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, no consideró las violaciones procesales como actos de imposible reparación, las cuales fueron reservadas para ser reclamadas junto con la sentencia, a través del amparo unistancial, en términos del ordinal 172 de la Ley de Amparo. Además, no pasa inadvertido que la tendencia general de la nueva Ley de Amparo, es precisamente la de evitar la multiplicación de juicios que pueden acaecer durante el procedimiento que en realidad entorpecen el dictado de un fallo, en la medida en que se convierten en instrumentos, las más de las veces, tendientes a no lograr el objetivo final de un juicio, que es encontrar un fallo que establezca el derecho de las partes. Bajo ese contexto normativo, como se precisó en líneas que anteceden, se torna patente para este Juzgado Federal, que al reclamarse la interlocutoria de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente 325/2021, del índice del Juez Décimo Tercero en Materia Oral Mercantil en el Estado de Jalisco, la cual que resolvió improcedente el incidente de nulidad de emplazamiento planteado por la parte demandada en contra de dicha diligencia; las violaciones que pudieren causarse a la parte quejosa con dicho acto reclamado, son de naturaleza procesal o adjetiva. De modo que, los actos aquí reclamados, al constituir actuaciones intraprocesales cuya trascendencia en todo caso se verá reflejada hasta el dictado de la resolución definitiva correspondiente, no puede ser objeto de análisis constitucional a través de la vía indirecta, al no afectar derechos sustantivos del promovente de amparo. Por las razones que la informan, es aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la página 39 del Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". (Lo destacado es propio de este Órgano Jurisdiccional). Así como la tesis II.1º. C.T. 53 K, de Tribunal Colegiado de Circuito, visible en la página 660, del Tomo VI, Agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y textos siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, constitucional, en relación con los numerales 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene sentencia favorable. En consecuencia, la resolución que confirmó el acto mediante el cual el Juez declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, no debe reclamarse en amparo indirecto, al no constituir un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que a través del incidente sólo se puede plantear la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si el impetrante obtiene sentencia favorable, máxime que la improcedencia del incidente no implica, necesariamente, que el fallo deba ser contrario a los intereses del solicitante de garantías.". Así como la jurisprudencia 1a./J. 94/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 256 del Tomo XXIX, de febrero de 2009 del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y textos siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada". Finalmente, cabe precisar que lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda respecto del acto reclamado, a nada práctico conduciría, ya que el motivo de improcedencia seguiría subsistiendo. De ahí que, lo que procede sea desechar de plano la demanda de amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el oficio proveniente del Colegio Franco Mexicano, Asociación Civil, mediante el cual, remite la constancia con la que pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, respecto al cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo, está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,820 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano