Francisco Adame Domínguez y Otros.

Expediente 1108/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1108/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
06/09/2019

Partes del expediente

  • Francisco Adame Domínguez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. ***

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos que atribuye a la siguiente autoridad: 1. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1108/2019-2-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que afecte la demanda de amparo, debe ser evidente por sí mismo, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación haga inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto", significa, claro, evidente; mientras que "indudable", cierto, seguro, que no puede dudarse.En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis aislada 2a. LXXI/2002 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Ahora, de un estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el memorándum ***, de nueve de agosto de dos mil diecinueve, a través del cual el Jefe del Área de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ordena al aquí quejoso realizar el examen de control de confianza en el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas. Atento a lo anterior, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el 5o., fracción I, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional; preceptos que disponen: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...)". De la interpretación armónica de los citados artículos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Dicha normatividad, como puede apreciarse, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo. Con motivo de la reforma al numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el seis de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, el principio de parte afectada en el juicio de amparo sufrió una transformación en cuanto al tipo de interés requerido para la promoción de la referida instancia constitucional, pues con anterioridad a aquellas modificaciones legislativas era necesario acreditar, en todos los casos, el "interés jurídico"; sin embargo, a partir de la entrada en vigor de tales disposiciones se establecieron los siguientes supuestos de procedencia: I. Cuando se aduzca ser titular de un derecho [interés jurídico]; II. Se afirme tener un interés legítimo individual o colectivo. En ese sentido, el interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, es lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como la facultad o potestad de exigencia cuya institución consigna la norma objetiva. Por ende, quien alega una afectación a su interés jurídico debe demostrar ser titular del derecho que aduce fue violado, y que derivado de esa violación resultó afectado en su esfera jurídica. Luego, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, esto es, asiste interés jurídico a la parte quejosa cuando es titular de un derecho subjetivo público o privado que resulte lesionado por el acto de autoridad reclamado. La existencia de un derecho subjetivo supone la reunión de tres elementos: un interés exclusivo, actual y directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley, y que la protección legal se resuelva en la aptitud de su titular para exigir de la obligada la satisfacción de ese interés mediante la prestación debida. El interés es exclusivo, actual y directo, si es personal, existe al momento de promover el juicio constitucional y el bien perseguido por él conduce a la satisfacción de una necesidad del titular. Ese interés estará reconocido y protegido por la ley, cuando haya una norma jurídica creada para garantizar en forma directa e inmediata su satisfacción. Esto sucederá cuando de la norma surja una relación jurídica, en virtud de la cual una persona, sujeto activo, tenga el derecho de exigir la satisfacción de su interés y otra persona, sujeto pasivo, que podrá ser un particular, tratándose de derechos subjetivos privados, tenga el deber de satisfacer tal interés a través de una prestación de contenido positivo, de dar o hacer, o de contenido negativo, de no hacer. La concurrencia de ambos extremos determina a su vez la presencia del otro elemento de acuerdo con la norma invocada, que para hacer efectiva la tutela del interés, el orden jurídico conceda a su titular los medios orientados a su satisfacción, que pueden consistir en recursos o acciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS". De igual forma, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de encabezado "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE". Por su parte, el interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en la esfera jurídica, por la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico, según se advierte de la redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, en la que se exceptúa expresamente a los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. El interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Ilustra lo anterior, la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO". Es pues, el interés legítimo, aquél interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, a diferencia del interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado, y por ende, éste no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. Así, el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple. Al respecto, cobra aplicación la tesis 1a. XLIII/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, de epígrafe "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE". Como puede apreciarse, el interés legítimo abrió la gama de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues no se exige la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho subjetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. Empero, dicho interés debe estar garantizado por un derecho objetivo (sin que necesariamente dé lugar a un derecho subjetivo) y debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otro tipo. En otros términos, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no está dirigido directamente a afectar derechos del quejoso, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, le ocasiona un perjuicio o le priva de un beneficio en su esfera jurídica, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico, en cuyo caso cabe hablar de un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Lo anterior, impone al juez constitucional la obligación de analizar en el caso concreto las relaciones jurídicas en que se insertan las personas. Para ello no sólo interesa la relación directa de la autoridad o de la ley con el quejoso (dimensión vertical), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentra, por ejemplo, con otros particulares (dimensión horizontal), en virtud de las cuales exista una correa de transmisión con los efectos perjudiciales de los actos reclamados. En suma, quien acude al juicio de amparo debe acreditar que le asiste interés jurídico, o en su caso, interés legítimo, para reclamar la insubsistencia del acto reclamado, y no inferirse con base en presunciones. En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, toda vez que no resultaría lógico ni jurídico que se aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente debe situarse en una hipótesis o en otra, pero no de manera concomitante. En el primer supuesto debe demostrar, como elementos constitutivos del interés jurídico: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el juicio de amparo sea improcedente. Resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Establecido lo anterior, conviene retomar que el acto reclamado en el presente juicio se hace consistir en la orden para que el aquí quejoso asista al Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, a efecto de realizar el examen de control de confianza. Ahora bien, a efecto de demostrar que se actualiza la causal de improcedencia invocada, resulta necesario remitirse a los artículos 3, 21, 22, 26, 58 y 59, de la Ley que establece las bases de operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, que establecen lo siguiente: "Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: (.) VI. Integrantes: A los servidores públicos que se encuentran adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y que desempeñen funciones de carácter operativo o de servicios, vinculadas a la seguridad pública. (.) XIII. Servicio: A la actividad física o intelectual que desempeña un integrante de la Secretaría y que tiene asignada por ley, por contrato o por un actuar precedente. (.) Artículo 21.- Se entiende por integrante a todo aquel personal que desempeña una función en cualquiera de las áreas de la Secretaría. Artículo 22.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de la Secretaría se sujetarán a las siguientes obligaciones: (.) XVI. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva. (.) Artículo 26.- Son requisitos de ingreso y permanencia para el personal perteneciente a la Secretaría: (.) De Permanencia: (.) VI. Aprobar los procesos de certificación y evaluación que aplique el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado o la Secretaría. (.) Artículo 58.- La certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las Policías Preventivas del Estado se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia. (.) Artículo 59.- La certificación tiene por objeto: I.- Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles aprobados por el Consejo Nacional. II.- Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos de los integrantes de la Secretaría: a) Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables. b) Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden adecuada proporción con sus ingresos. c) Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares. d) Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas. e) Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público. f) Cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley". Como se observa, la permanencia de los integrantes de cualquiera de las áreas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Policía Segundo, con funciones de chofer adscrito al área de Recursos Financieros y Contabilidad de la Coordinación Administrativa de dicha dependencia, en el caso que interesa), está condicionada, entre otras cuestiones, a la aprobación de los procesos de certificación y evaluación que practica el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado o la Secretaría, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a sus derechos humanos. El proceso de evaluación es el instrumento que permite emitir una opinión respecto de las cualidades que poseen los integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tales procesos llevan la finalidad de comprobar que la persona evaluada tiene el perfil y cuenta con la probidad necesaria para ingresar a la institución o, en su caso, permanecer en ella o ser promocionado a un puesto de mayor jerarquía. En el presente caso, el peticionario acude en su calidad de Policía Segundo, con funciones de chofer adscrito al área de Recursos Financieros y Contabilidad de la Coordinación Administrativa de la institución mencionada, por lo que resulta evidente que la evaluación que en su caso se le aplique, lleva la finalidad de resolver su permanencia en el cargo. No obstante lo anterior, ha sido criterio reiterado por los tribunales de amparo que el procedimiento de evaluación realizado a un elemento de seguridad pública, por sí mismo, no causa una afectación una afectación real y directa a sus derechos, toda vez que para separarlo del servicio público no basta el resultado de esa evaluación, sino que además es indispensable sustanciar el procedimiento disciplinario adversarial previsto en el Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana, de acuerdo a lo establecido en el numeral 19 de la Ley que establece las bases de operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas . Ello es así, pues la aplicación de la evaluación de control de confianza, no produce ningún agravio, ofensa o menoscabo a la esfera de derechos del aquí inconforme, pues impera el interés de la sociedad de que se cumplan con los requisitos que marca la ley; además de que no trasciende irreparablemente en la esfera jurídica del quejoso, pues incluso si el resultado le fuere desfavorable y no se vincula con la materialización de un acto en vía de consecuencia, sólo genera la presunción de que incumplió con un requisito de permanencia, pero, en sí mismo, no condiciona ni propicia el inicio del procedimiento de baja. En efecto, para tener por acreditado el interés jurídico para efectos de la procedencia del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado lesione algún derecho del que sea titular el peticionario de amparo; de manera que, el acto combatido en esta vía constitucional no afecta su interés jurídico, pues el memorándum ***, de nueve de agosto de dos mil diecinueve, a través del cual el Jefe del Área de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ordena al aquí quejoso realizar el examen de control de confianza en el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, no trae su desincorporación inmediata de la institución, aunado a que si los resultados le fueran adversos y éstos no se vincularan a la materialización de un acto, en vía de consecuencia, circunstancia que no se desprende del escrito de demanda ni de prueba alguna aportada por el quejoso, es el procedimiento administrativo que en su caso se inicie en contra su contra, el acto que le irrogaría perjuicio a su esfera jurídica. Ilustra lo anterior, por las razones que indica, la jurisprudencia 2a./J. 31/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS, EN EL CUAL SE OBTUVO EL RESULTADO DE "NO APROBADO", DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO". Asimismo, resulta aplicable, por las razones que indica, la jurisprudencia III.5o.A.55 A (10a.), de rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA REALIZADO A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. LO TIENE ÉSTE SI RESULTÓ "NO APROBADO" Y, POR ELLO, SE AFECTARON LOS DERECHOS O PRESTACIONES QUE DISFRUTABA, AUN CUANDO NO SE TRATE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO". En consecuencia, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia que se encuentra prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el 5o., fracción I, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, por notoria improcedencia. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que al efecto señala. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, ténganse como autorizado en términos amplios a ***, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; asimismo, en términos restringidos a *** de conformidad con el párrafo segundo de dicho precepto, toda vez que no cuenta con registro de su cédula profesional en el sistema citado, sin perjuicio de que una vez que cuente con ella, podrá solicitar se acuerde lo conducente a este órgano jurisdiccional. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

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