Francisco Abraham Segovia Vázquez

Expediente 874/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
874/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
13/09/2018

Partes del expediente

  • Francisco Abraham Segovia Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el primer párrafo del artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto dictado en este asunto el día veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de garantías por notoria improcedencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención, por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo por notoria improcedencia, el cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio en que se actúa, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: Vista la demanda de amparo que promueve ******, quien aduce promover en representación de su menor hijo de iniciales F.S.S.V. contra actos del JUEZ ESPECIALIZADO EN DIVORCIO VOLUNTARIO EN EL PRIMER DISRITO JUDICIAL EN ESTA CIUDAD; que estima es violatorios de los artículos 1°, 4° párrafo noveno, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 874/2018-I. Ahora bien, examinada la demanda de amparo, se advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma de acuerdo con las siguientes consideraciones. El artículo 113 de Ley de la Materia, expone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso reclama de la autoridad responsable el acto que precisó de la siguiente manera: "a).- La negativa verbal de la responsable Juez Especializado en Divorcio voluntario en oír al menor FRANCISCO SANTIAGO SEGOVIA VÁSQUEZ, dentro del JUICIO DE DIVORCIO VOLUNTARIO que se siguió en el expediente No. 578/2018 en ese Juzgado, de conformidad con su interés superior que tiene conforme a la ley y a los instrumentos internacionales de los cuales el estado mexicano es suscriptor, solicitud que formulé en forma verbal el día 7 de agosto de 2018, a las 10:00 horas en el local del juzgado a su cargo, sita en Vallejo No. 215, tercer piso, de ésta ciudad, en una junta de las partes la C. NANCY GUADALUPE VASQUEZ RODRIGUEZ, el suscrito y nuestro menor hijo FRANCISCO SANTIAGO SEGOVIA VASQUEZ, convocada por la responsable, argumentando que era innecesario y tenía que acceder y obligar al menor antes señalado en contra de su voluntad a convivir los días necesarios para con su madre ya que ella tenía derecho a la convivencia, por lo que le señalé que mi menor hijo no quería irse con su madre ya que lo maltrataba y lesionaba, como lo acredité dentro del diverso expediente No. 743/2018, seguido en ese juzgado promovido por NANCY GUADALUPE VASQUEZ RODRIGUEZ, quien solicitó de manera dolosa e infundada, PROTECCIÓN DE EMERGENCIA EN SU PERSONA, como justificante de las lesiones y maltrato físico que le produjo al menor al querer subirlo a la fuerza a su vehículo, lo que se parecía en EL AUDIO VIDEO, que acompañe en contestación al anterior procedimiento y que me permito acompañar como ANEXO 1 a la presente solicitud de amparo y que culminó al no acreditar la necesariedad de la medida. A los anteriores argumentos, el juzgador los desestimó en dicha reunión, amenazándome de revocar la custodia de mi menor hijo a mi favor y otorgársela a su madre, no obstante que ilustré de manera fehaciente los motivos de mi oposición a las convivencia en esas condiciones de aplicar la fuerza y violencia para convivir con su madre, refiriéndole nuevamente que oyera a mi menor hijo y el le manifestara de viva voz su deseo y convencerlo de manera razonable a una convivencia con su madre a la cual no me opongo, estando de acuerdo en acatar las medidas de protección que dicte el juzgador para el efecto, siempre en aras de que no sea agredido el menor de manera verbal o física por su madre, a lo que el juez ordenó que nos presentáramos ante la psicóloga. b).- La omisión de la responsable de dictar una medida emergente a favor del menor para que no fuese agredido por su madre, la pareja sentimental, por el padre de este o demás personas que han acompañado a mi ex esposa incluyendo a elementos de la policía metropolitana que los acompañaban a bordo de una patrulla oficial de esa corporación para intentar quitarme por la fuerza a mi menor hijo como sucedió el día 14 de julio de 2018, a las 15.00 horas aproximadamente en la calle amanecer No. 160 de ésta ciudad, intentando abrir con una llave y al no lograrlo solo dañaron la chapa, luego más tarde a las 16:00 horas del mismo día se presentaron a la casa de mis padres sita en ****** del Fraccionamiento bugambilias de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., tratando de introducirse a la fuerza y fueron expulsados dejando la amenaza de que regresarían y se llevarían a nuestro menor hijo y jamás lo iba a volver a ver.". Asimismo, del examen integral de la demanda, se advierte que tal "solicitud" cuyo objetivo era que la autoridad responsable escuchara al menor y tomara las medidas de protección necesarias a su favor, fue formulada por el quejoso (a la responsable) de manera verbal, habiendo recaído a la misma una respuesta de la misma forma (verbal), pues al efecto, en el capítulo del acto reclamado, el quejoso señala: "La negativa verbal de la responsable Juez Especializado en Divorcio voluntario en oír al menor FRANCISCO SANTIAGO SEGOVIA VÁSQUEZ, dentro del JUICIO DE DIVORCIO VOLUNTARIO que se siguió en el expediente No. 578/2018 en ese Juzgado, de conformidad con su interés superior que tiene conforme a la ley y a los instrumentos internacionales de los cuales el estado mexicano es suscriptor, solicitud que formulé en forma verbal el día 7 de agosto de 2018..." Sobre tal base, el suscrito advierte que respecto del referido acto reclamado se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Es decir, el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones de autoridades que violen derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que significa que mediante dicho juicio sólo pueden examinarse por los tribunales federales, actos o abstenciones provenientes de una autoridad que vulneren la esfera jurídica del gobernado. Lo que en el caso no acontece, en virtud de lo siguiente: En efecto, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior acorde con la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En ese tenor, puede decirse que la negativa a la "solicitud" formulada verbalmente por el quejoso, cuyo objetivo era que la responsable escuchara a la menor y tomara las medidas de protección necesarias a su favor, no configura acto de autoridad para efectos del juicio amparo, pues como se ha visto, para ello es indispensable que la relación de supra a subordinación tenga su nacimiento en la Ley y que con motivo de ella cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas u omita tales actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Lo cual no acontece con motivo de una petición desformalizada y una respuesta igualmente verbal que se atribuye a una persona (incluso autoridad) a quien le fue hecha, pues ante una solicitud realizada de esa manera (verbal), no se genera la aludida relación de supra a subordinación de la que surja una obligación (legal) por parte del ente del Estado a acceder a lo solicitado (en su caso dar una respuesta favorable de manera fundada y motivada como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal), que de llevarla a cabo cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, pues para que esto se origine, el hoy quejoso tiene que instar a tal autoridad a través de un escrito, realizado de manera pacífica y respetuosa, como lo prevé el artículo 8° Constitucional. Al respecto, cabe señalar que la fracción II del artículo 86 del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, prevé el divorcio voluntario como una forma para disolver el vínculo matrimonial, consistente precisamente en cuando ambos cónyuges convienen en divorciarse, en cuyo caso se tramitará por la vía judicial. Asimismo, de conformidad con el artículo 101 del mismo cuerpo normativo, cuando los cónyuges convengan voluntariamente en divorciarse por la vía judicial, deberán de convenir además entre otros aspectos, en la designación de la persona a quien serán confiadas las hijas o hijos del matrimonio, tanto durante el procedimiento, como después de ejecutoriado el divorcio. Por su parte, el artículo 54 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, prevé que las actuaciones judiciales y los ocursos deberán escribirse en castellano. En la misma tesitura, el artículo 64 de dicha normatividad establece que el secretario hará constar el día y hora en que se presente un escrito y dará cuenta con él, a más tardar, dentro de veinticuatro horas. Como se puede advertir, de conformidad con los dispositivos legales a que se ha hecho referencia con antelación, el juicio de divorcio voluntario, génesis del acto que aquí se reclama, se sujeta a las formalidades escritas que prevé tanto el Código Familiar como el Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de San Luis Potosí, en especial, que todos los ocursos deberán escribirse en castellano, existiendo la obligación por parte del secretario respectivo, en hacer constar el día y hora en que se presente cada uno de los escrito y dar cuenta con él, a más tardar, dentro de las veinticuatro horas siguientes, de donde deviene inconcuso que todas las peticiones deben formularse por escrito. En consecuencia, como la negativa verbal de escuchar al menor, partiendo de la premisa de que la solicitud se realizó de la misma manera (verbal), no puede ser considerada como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, resulta notoriamente improcedente el presente juicio de amparo indirecto que se promueve respecto a la referida "negativa" verbal y la consecuencia que le atribuye, consistente en la omisión de emitir medidas de protección a su favor, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por lo que, en términos del artículo 113 de la norma en mención, se desecha la demanda de amparo de que se trata Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la promovente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de su demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 del ordenamiento legal en cita, a las personas que menciona, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Con fundamento en la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza para reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo, se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa mas no limitativamente, se precisa: no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada, como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada.

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