Francisca Valdes Carta
Expediente 1344/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1344/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/09/2018
Partes del expediente
- Francisca Valdes Carta
Actuaciones
- Principal
MESA VII. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de cuatro de septiembre del año en curso (fojas 21 a 25), mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción I, primero y segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
MESA VII. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, se agrega a los autos la razón mediante la cual el Actuario Judicial adscrito asentó la imposibilidad de notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, por los motivos que expone. En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto, así como la determinación de cuatro de septiembre pasado y las subsecuentes, aun las que deban ser personales, por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional. Notifíquese. ASIMISMO, SE NOTIFICA EL PROVEIDO DE CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE: RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por *********; por medio de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; y otra autoridad. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1344/2018-VII. FIJACIÓN DEL ACTO. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el acto reclamado se hace consistir esencialmente en: El acuerdo de ***********, emitido por el juez responsable, dentro del expediente ********, por el cual requiere a la quejosa la entrega del bien inmueble ubicado en ************, en cumplimiento a la sentencia pronunciada en el expediente en cita, y su ejecución. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Ahora, es importante destacar que el acto reclamado por la parte quejosa, se emitió en la etapa de ejecución de sentencia en el Juicio Ordinario Civil *************, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, el cual no puede considerarse como la última actuación en dicha etapa de ejecución. Lo anterior se considera así porque nuestro máximo Tribunal ha establecido que el significado de la expresión "última resolución" es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, lo cual, no es el caso que nos ocupa, ya que los proveídos que se combaten no cumplen con esa exigencia. Subrayado lo anterior, en atención a lo expuesto por la parte quejosa en su escrito de demanda, se concluye que el acto que reclama forma parte del procedimiento de ejecución de sentencia, ya que de lo que se duele medularmente, como ya se dijo, es del acuerdo de catorce de agosto del año en curso, emitido por el juez responsable, dentro del expediente ********, por el cual requiere a la quejosa la entrega del bien inmueble ubicado en *************************, en cumplimiento a la sentencia pronunciada en el expediente en cita, y su ejecución. Por lo anterior se advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento de plano, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 107, fracción IV, del ordenamiento citado en relación con el 61, fracción XXIII, del mismo los cuales establecen: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107: El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Del artículo transcrito en segundo término se advierte que cuando se trata de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de garantías sólo podrá interponerse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiéndose entender por ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. El fin perseguido por dicha norma es el de no entorpecer el procedimiento de cumplimiento de sentencias definitivas, al ser una cuestión de orden público, dado que la sociedad está interesada en que prevalezca el estado de derecho mediante el íntegro acatamiento de las resoluciones de los tribunales. Por ello, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo implícitamente contempla que el juicio de amparo no puede ser un medio legal para entorpecer los procedimientos de ejecución ya que, estimar lo contrario, contravendría el espíritu del artículo 17 constitucional que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Por lo anterior, es dable establecer que aquella norma, armonizada con el texto del artículo 17 constitucional, persigue que no se paralice el cumplimiento de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales, poniendo de manifiesto que el interés general de la sociedad de que se cumplan dichas resoluciones está por encima al particular que pretende evitarlo. En ese sentido, se advierte que en el juicio del cual emana el acto reclamado la parte quejosa es parte (demandada); ha comparecido al procedimiento, y en dicho procedimiento se dictó sentencia, la cual se encuentra en la etapa de ejecución de la misma. De lo cual se sigue que el acto reclamado está encaminado al cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente ******** del índice del Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México; por ende, al ser actuaciones realizadas en ejecución de la misma quedan regidas por las disposiciones a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia antes transcrito, es decir, no pueden analizarse en el juicio de amparo indirecto por no tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; se insiste, aquélla que tenga por cumplida la sentencia en comento o declare la imposibilidad para ello. En otras palabras, los actos que por esta vía combate la parte quejosa revisten el carácter de intermedios, pues no se advierte que se haya dictado auto en que se tenga por cumplida la sentencia, por lo que será seguido de otros actos procesales encaminados a tener por cumplida dicha sentencia dictada en el procedimiento de origen; de modo tal, que las violaciones que hayan podido cometerse en esa etapa, de ser el caso, podrían plantearse en el juicio que se promueva en contra de la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución. Esto es, cuando se trata de actos dictados después de concluido el juicio, debe atenderse si el acto reclamado constituye o no la última resolución, que como se ha visto en forma genérica, es la que declara cumplida la sentencia o convenio o que establece la imposibilidad para ello. La determinación efectuada por la autoridad responsable, que reclama la parte quejosa va encaminada a la ejecución de la sentencia en el juicio de origen, y la misma no puede ser considerada la última resolución dictada en tal procedimiento, pues al emitirse el acuerdo de catorce de agosto del año en curso, en el que el Juez responsable mediante el cual requiere a la quejosa la entrega del bien inmueble materia de litis en el presente juicio, no constituye la última resolución con la que culmina el procedimiento de ejecución en el juicio de origen; por ende, se actualiza la causal en análisis y, en consecuencia, se impone desechar de plano la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 107, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia. Se cita por analogía la tesis aislada (común) I.8o.C.22 K (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2115, Tomo IV, Enero de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE TIENDEN A OBSTACULIZARLA. El propósito de la Ley de Amparo, la razón que la inspira, al establecer en su artículo 107, fracción IV, que en tratándose de ejecución de sentencia el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución, y excluir, por ende, la procedencia del juicio constitucional contra las violaciones que anteriormente se hayan cometido durante ese mismo procedimiento, no es otro que el de impedir el abuso del amparo, evitar que se obstruya el curso del procedimiento, porque de otra suerte sería imposible llegar a culminar la ejecución de las sentencias. Siendo ésa la intención de la norma, es claro que en ésta no pueden quedar comprendidas las resoluciones que tiendan a negar, obstaculizar, entorpecer o retardar la ejecución, porque esto implicaría un fraude a la ley, en el que se incurre cuando so pretexto de respetar la letra se viola su espíritu. Por tanto, si en un caso la resolución reclamada tiende a obstaculizar o dificultar la ejecución de la sentencia, debe concluirse que no se está en la hipótesis de improcedencia del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. También es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/27, visible en la página 435, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, Septiembre de 1995, Novena Época, sustentada por el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Con base en las anteriores consideraciones, se concluye que el juicio de amparo es improcedente, pues como ya se precisó, el acto reclamado no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, por lo que se actualiza la causal en análisis y, en consecuencia, se impone desechar de plano la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 107, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXIII, y 113 de la ley de la materia. DOMICILIO. Conforme a lo establecido en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **************, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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