Francisca Ulloa Magariño
Expediente 1811/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1811/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/01/2023
Partes del expediente
- Francisca Ulloa Magariño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto; el oficio con firma electrónica de la Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, por el cual acusa recibo del diverso con el que se declinó competencia, el juicio de amparo indirecto 1811/2022-IV, promovido por ******************** del índice de este juzgado. Asimismo, informa que aceptó la competencia planteada, registrando el expediente con el número 38/2023, de su estadística. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación, y atento a su contenido este juzgado toma conocimiento de la aceptación de la competencia planteada; por ende, procede lo siguiente: ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro Electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción j), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se declinó competencia legal de la demanda; además, a juicio del que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se deja de proveer lo relativo, toda vez que no se ordenó aperturar. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 antes mencionado, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES No existe documentos para devolver, toda vez que no fueron exhibidos por la parte quejosa. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de enero de dos mil veintitrés. Visto; el escrito firmado por la quejosa ***, por medio del cual desahoga la prevención efectuada en proveído de dos de enero de este año; para tal efecto, manifiesta que fue ante el Facilitador Federal Penal del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General de la República, Delegación Chiapas, donde se tramitó el acuerdo reparatorio celebrado entre las partes, bajo el expediente OEMA/FED/CHIS/ARR/G08/2021-15/21; además, informa que promovió el diverso juicio de amparo 1770/2022, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Además, amplía su demanda de amparo y señala como acto reclamado el oficio ARR/EIL-E7C1-018/2023, de cuatro de enero de dos mil veintitrés, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula VII-Arriaga, residente en Arriaga, Chiapas, a través del cual y en cumplimiento a lo ordenado dentro de la carpeta de investigación FED/CHIS/ARR/000908/2021, se le requiere a efecto de que presente el vehículo marca Dodge, versión Durango, modelo 2012, color blanco, con número de identificación vehicular 1C4SDJET6CC178715, con permiso provisional, ante esa representación social, para que se pueda llevar a cabo el dictamen de causalidad así como diversas periciales al indicado vehículo. Al efecto, se acuerda: De conformidad con el punto I, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el ocurso de cuenta con anexos, y en atención a su contenido, se tiene por desahogada la prevención formulada a la parte quejosa en proveído de referencia. I. Análisis de Competencia. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el artículo 33 de la Ley de Amparo, resulta imprescindible previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, verificar si este Juzgado Federal resulta competente para conocer del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, con número de registro 218721, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 56, Agosto de 1992, página 36, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Ahora bien, este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, no es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, es necesario tomar en consideración que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Expuesto lo anterior, debemos precisar que para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, de la lectura del primer párrafo del artículo 37 transcrito surgen dos hipótesis distintas: 1) Aquélla en la que el acto está pendiente de ejecutarse; o 2) Aquélla en que la ejecución fue consumada o se está consumando, por lo que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio. Ahora, de esas mismas hipótesis pueden advertirse cuatro supuestos específicos en los que se establece la competencia del Juez de Distrito de acuerdo a: El lugar donde el acto deba tener ejecución; En donde trate de ejecutarse; En donde se ejecute; o, d) En donde se haya ejecutado. Bajo esa tesitura, debe mencionarse que: El lugar donde el acto deba tener ejecución es aquél en donde: a.1) el acto aún no ha sido ejecutado; y, a.2) en virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tiene que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. b) El lugar en donde trate de ejecutarse es aquél donde la ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud que del conjunto de los actos tendientes a consumar el acto, no fue posible el producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. c) El lugar en donde se haya ejecutado es aquél en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y, por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y; sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos. c1) Actos de Tracto Sucesivo. Que son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. c2) Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo, que como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados, se consuman una sola vez y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse; d) En donde se ejecute, es aquél en donde la ejecución fue o está, siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. Por otra parte, en términos de los artículos 107, fracción VII, Constitucional, 37 y 48, de la Ley de Amparo, la consecuencia jurídica del acto reclamado para los efectos del juicio de amparo, es competencia de los Juzgados de Distrito con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas. En efecto, del análisis de los preceptos constitucionales y legales antes trascritos se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad; como sucede en el caso. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En tercer lugar, del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto reclamado. Por otra parte, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece en lo que interesa, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acacoyahua, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Cacahoatán, El Porvenir, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, La Grandeza, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. En el caso en particular, del análisis integral realizado a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable al Fiscal del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula VII-1, Arriaga, Chiapas; y le reclama: a) El acuerdo ministerial de siete de diciembre de dos mil veintidós, emitido en la carpeta de investigación DEC/CHIS/ARR/000908/2021, a través del cual el fiscal responsable solicita al quejosa informe sobre la ubicación del vehículo Dodge, versión Durango, modelo 2012, color blanco, número de identificación vehicular 1C4SDJET6CC178715, con permiso provisional. En el escrito de cuenta, la quejosa en vía ampliación reclama al referido fiscal: b) El oficio ARR/EIL-E7C1-018/2023, de cuatro de enero de dos mil veintitrés, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula VII-Arriaga, residente en Arriaga, Chiapas, a través del cual y en cumplimiento a lo ordenado dentro de la carpeta de investigación FED/CHIS/ARR/000908/2021, se le requiere a efecto de que presente el vehículo marca Dodge, versión Durango, modelo 2012, color blanco, con número de identificación vehicular 1C4SDJET6CC178715, con permiso provisional, ante esa representación social, para que se pueda llevar a cabo el dictamen de causalidad así como diversas periciales al indicado vehículo. De lo anterior se advierte que, de acuerdo a la naturaleza de los actos tienen consecuencias que trascienden en un plano fáctico; es decir, conllevan ejecución material. Conforme a lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que a fin de determinar la competencia por razón de territorio, es competente el juzgado del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; esto es, en Arriaga, Chiapas, lugar en donde reside la autoridad responsable que conoce de la tramitación de la carpeta de investigación DEC/CHIS/ARR/000908/2021, de donde derivan los actos reclamados en el presente juicio; y en el que, se solicita se presente el vehículo motivo del acto de molestia en el presente juicio. Por ende, la competencia debe fincarse en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, en turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez; pues, como quedó precisado, es donde se lleva la tramitación de la carpeta de investigación de la que deriva el actor reclamado y en donde debe tener ejecución éste; es decir, la presentación del vehículo antes referido. II. Declaración de Incompetencia. En consecuencia, conforme lo dispuesto por el artículo 37, párrafo primero, de la ley de la materia y 48 del mismo ordenamiento reglamentario, así como el Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013 relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número y a la jurisdicción territorial y especializada por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de cuenta y se declina la competencia al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en Turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, que ejerce jurisdicción en el lugar en el que tiene ejecución el acto reclamado. Consecuentemente, sin resolver sobre su admisión, se ordena remitir la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en Turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a fin de que, si lo considera procedente, se avoque al conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al Juez Federal condigno, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación o rechazo de la competencia planteada y acusar el recibo de estilo correspondiente. Por todo lo anterior, con copia de la demanda de amparo y del presente proveído, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo; por lo que, se ordena hacer la anotaciones correspondientes en el libro electrónico de este juzgado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Número de expediente: 1811/2022 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de enero de dos mil veintitrés. Visto; el escrito firmado por la quejosa ***, por medio del cual desahoga la prevención efectuada en proveído de dos de enero de este año; para tal efecto, manifiesta que fue ante el Facilitador Federal Penal del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General de la República, Delegación Chiapas, donde se tramitó el acuerdo reparatorio celebrado entre las partes, bajo el expediente OEMA/FED/CHIS/ARR/G08/2021-15/21; además, informa que promovió el diverso juicio de amparo 1770/2022, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Además, amplía su demanda de amparo y señala como acto reclamado el oficio ARR/EIL-E7C1-018/2023, de cuatro de enero de dos mil veintitrés, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula VII-Arriaga, residente en Arriaga, Chiapas, a través del cual y en cumplimiento a lo ordenado dentro de la carpeta de investigación FED/CHIS/ARR/000908/2021, se le requiere a efecto de que presente el vehículo marca Dodge, versión Durango, modelo 2012, color blanco, con número de identificación vehicular 1C4SDJET6CC178715, con permiso provisional, ante esa representación social, para que se pueda llevar a cabo el dictamen de causalidad así como diversas periciales al indicado vehículo. Al efecto, se acuerda: De conformidad con el punto I, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el ocurso de cuenta con anexos, y en atención a su contenido, se tiene por desahogada la prevención formulada a la parte quejosa en proveído de referencia. I. Análisis de Competencia. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el artículo 33 de la Ley de Amparo, resulta imprescindible previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, verificar si este Juzgado Federal resulta competente para conocer del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, con número de registro 218721, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 56, Agosto de 1992, página 36, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Ahora bien, este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, no es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, es necesario tomar en consideración que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Expuesto lo anterior, debemos precisar que para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, de la lectura del primer párrafo del artículo 37 transcrito surgen dos hipótesis distintas: 1) Aquélla en la que el acto está pendiente de ejecutarse; o 2) Aquélla en que la ejecución fue consumada o se está consumando, por lo que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio. Ahora, de esas mismas hipótesis pueden advertirse cuatro supuestos específicos en los que se establece la competencia del Juez de Distrito de acuerdo a: El lugar donde el acto deba tener ejecución; En donde trate de ejecutarse; En donde se ejecute; o, d) En donde se haya ejecutado. Bajo esa tesitura, debe mencionarse que: El lugar donde el acto deba tener ejecución es aquél en donde: a.1) el acto aún no ha sido ejecutado; y, a.2) en virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tiene que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. b) El lugar en donde trate de ejecutarse es aquél donde la ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud que del conjunto de los actos tendientes a consumar el acto, no fue posible el producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. c) El lugar en donde se haya ejecutado es aquél en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y, por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y; sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos. c1) Actos de Tracto Sucesivo. Que son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. c2) Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo, que como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados, se consuman una sola vez y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse; d) En donde se ejecute, es aquél en donde la ejecución fue o está, siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. Por otra parte, en términos de los artículos 107, fracción VII, Constitucional, 37 y 48, de la Ley de Amparo, la consecuencia jurídica del acto reclamado para los efectos del juicio de amparo, es competencia de los Juzgados de Distrito con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas. En efecto, del análisis de los preceptos constitucionales y legales antes trascritos se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad; como sucede en el caso. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En tercer lugar, del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto reclamado. Por otra parte, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece en lo que interesa, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acacoyahua, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Cacahoatán, El Porvenir, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, La Grandeza, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. En el caso en particular, del análisis integral realizado a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable al Fiscal del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula VII-1, Arriaga, Chiapas; y le reclama: a) El acuerdo ministerial de siete de diciembre de dos mil veintidós, emitido en la carpeta de investigación DEC/CHIS/ARR/000908/2021, a través del cual el fiscal responsable solicita al quejosa informe sobre la ubicación del vehículo Dodge, versión Durango, modelo 2012, color blanco, número de identificación vehicular 1C4SDJET6CC178715, con permiso provisional. En el escrito de cuenta, la quejosa en vía ampliación reclama al referido fiscal: b) El oficio ARR/EIL-E7C1-018/2023, de cuatro de enero de dos mil veintitrés, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula VII-Arriaga, residente en Arriaga, Chiapas, a través del cual y en cumplimiento a lo ordenado dentro de la carpeta de investigación FED/CHIS/ARR/000908/2021, se le requiere a efecto de que presente el vehículo marca Dodge, versión Durango, modelo 2012, color blanco, con número de identificación vehicular 1C4SDJET6CC178715, con permiso provisional, ante esa representación social, para que se pueda llevar a cabo el dictamen de causalidad así como diversas periciales al indicado vehículo. De lo anterior se advierte que, de acuerdo a la naturaleza de los actos tienen consecuencias que trascienden en un plano fáctico; es decir, conllevan ejecución material. Conforme a lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que a fin de determinar la competencia por razón de territorio, es competente el juzgado del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; esto es, en Arriaga, Chiapas, lugar en donde reside la autoridad responsable que conoce de la tramitación de la carpeta de investigación DEC/CHIS/ARR/000908/2021, de donde derivan los actos reclamados en el presente juicio; y en el que, se solicita se presente el vehículo motivo del acto de molestia en el presente juicio. Por ende, la competencia debe fincarse en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, en turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez; pues, como quedó precisado, es donde se lleva la tramitación de la carpeta de investigación de la que deriva el actor reclamado y en donde debe tener ejecución éste; es decir, la presentación del vehículo antes referido. II. Declaración de Incompetencia. En consecuencia, conforme lo dispuesto por el artículo 37, párrafo primero, de la ley de la materia y 48 del mismo ordenamiento reglamentario, así como el Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013 relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número y a la jurisdicción territorial y especializada por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de cuenta y se declina la competencia al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en Turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, que ejerce jurisdicción en el lugar en el que tiene ejecución el acto reclamado. Consecuentemente, sin resolver sobre su admisión, se ordena remitir la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en Turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a fin de que, si lo considera procedente, se avoque al conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al Juez Federal condigno, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación o rechazo de la competencia planteada y acusar el recibo de estilo correspondiente. Por todo lo anterior, con copia de la demanda de amparo y del presente proveído, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo; por lo que, se ordena hacer la anotaciones correspondientes en el libro electrónico de este juzgado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dos de enero de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por ***, contra el acto que reclama del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula VII-1 Arriaga, Chiapas. I. TRÁMITE. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 1811/2022-II. II. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III. PREVENCIÓN A efecto de proveer respecto de su admisión o desechamiento, el artículo 114, de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional mandará requerir a la parte promovente que aclare la demanda, en el sentido de señalar con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. En ese orden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y entendido de la responsabilidad penal en que incurren las partes y de las sanciones previstas en el artículo 261, de la ley de la materia, por escrito, bajo protesta de decir verdad y de manera personal, aclare su demanda en los siguientes términos: PRIMERO: Indique a qué autoridad y bajo qué número de expediente se tramitó el acuerdo reparatorio celebrado por la quejosa, así como los antecedentes de dicho acuerdo y en los términos en que fue emitido. Lo anterior, tomando en consideración que la parte quejosa únicamente refirió que celebró con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, residente en esta ciudad, derivado de la carpeta de investigación FED/CHIS/ARR0000908/2021, motivo del acto reclamado en el presente juicio. Asimismo, que el seis de julio de dos mil veintiuno, se sometió a realizar un acuerdo reparatorio derivado de la carpeta de investigación FED/CHIS/ARR0000908/2021 instada por el hecho que la ley señala como delito a la Ley de Vías Generales de la Comunicación, en perjuicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además, que en dicho acuerdo se pactó realizar el pago de la reparación del daño causado por la promovente, que asciende a la cantidad de $84,509.00 (ochenta y cuatro mil quinientos nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base la cuantificación que realizó personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (parte agraviada). Asimismo, que promovió diverso juicio relacionado con el acuerdo reparatorio celebrado entre las partes, derivado de la carpeta de investigación origen del presente juicio. En ese sentido, bajo los argumentos expuestos por la quejosa resulta necesario que indique bajo qué número de expediente y autoridad ministerial se llevó a cabo el acuerdo conciliatorio derivado de la carpeta de investigación origen del presente juicio, así como los antecedentes de dicho acuerdo, en los que incluya el estado que guarda y en los términos en que fue emitido; ya que como lo manifestó aún se cuenta con un juicio de garantías diverso relacionado a un acuerdo reparatorio cuyo origen radica en la carpeta de investigación de la que deriva el acto reclamado en el presente juicio. Máxime que lo anterior, tiene como propósito que se emitan las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de los únicos elementos con que inicialmente cuenta este juzgado, de ahí que sea necesario dicho requerimiento para proveer sobre la procedencia del juicio y competencia de este órgano de control constitucional, pues los antecedentes que se manifiestan bajo protesta de decir verdad, son los hechos que sustentan la emisión del acto reclamado a la autoridad responsable, y éste debe ser claro y preciso respecto el actuar de ésta. En la inteligencia que el desahogo deberá ser coherente con las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda que se provee. SEGUNDO: Manifieste el número del juicio de amparo a que hace referencia y el órgano jurisdiccional que correspondió conocer del mismo. IV. APERCIBIMIENTO. Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo señalado, acorde con el penúltimo párrafo del precepto 114, de la ley de la materia, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE CUENTA. V. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, el que señala en su escrito de demanda. Asimismo, se tienen como autorizados con las facultades a que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, a Cristian de Jesús Pérez Ulloa y Alejandra Guadalupe Vázquez Pérez, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Registro de Cédulas Profesionales, de la Secretaría de Educación Pública. VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Comuníquese a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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