Francisca Salvador Rodriguez
Expediente 1240/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1240/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Francisca Salvador Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, aceptó la competencia declinada en su favor, por lo que se ordenó el archivo del presente juicio. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones, remítase al órgano jurisdiccional mencionado, vía interconexión, el oficio de cuenta, previa copia simple que se glose al cuaderno en que se actúa. Por último, no ha lugar a solicitar acuse de recibo, pues como tal obrará la constancia de notificación respectiva. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el oficio 13749/2020, signado electrónicamente por la Actuaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del oficio por el que le fueron remitidas las constancias que integran el presente expediente, en versión digital, manifiesta que acepta la competencia declinada en su favor y se avoca al conocimiento del asunto, el cual fue registrado con el número de expediente 1498/2020, de su índice. Ante ello, glósense las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes, y previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal: ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso j), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se decretó la incompetencia; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Demanda de Amparo. Vista la demanda de amparo presentada por Francisca Salvador Rodríguez, Sonia Leticia Cerecedo Hernández, Alicia Márquez Gutiérrez y María Eugenia Salas Mondragón por propio derecho, turnada dentro de la guardia para recibir demandas en contra de los actos previstos en los Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1240/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Antecedentes: De la lectura integral de la demanda de amparo se advierten los siguientes hechos: Que Francisca Salvador Rodríguez es Auxiliar de Enfermería B de base en la Clínica de Medicina Familiar División del Norte, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e indica que tiene sesenta y seis años de edad y padece diabetes mellitus. Que Sonia Leticia Cerecedo Hernández es Médico General C de base en la Clínica de Medicina Familiar División del Norte, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e indica que tiene sesenta y tres años de edad y padece HAS hipertensión arterial en control. Que Alicia Márquez Gutiérrez es Auxiliar de Enfermería B de base en la Clínica de Medicina Familiar División del Norte, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e indica que tiene sesenta y dos años de edad y padece transtorno de ansiedad. Que María Eugenia Salas Mondragón es Médico GENERAL A de base en la Clínica de Medicina Familiar División del Norte, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e indica que tiene setenta años de edad y padece hipertensión arterial. A pesar de ello, refieren que el nueve de diciembre de dos mil veinte, que mediante llamada telefónica la Titular de la Dirección de la Clínica de Medicina Familiar División del Norte perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, determinó que los quejosos deben presentarse a laborar a su centro de trabajo es decir, en la clínica antes mencionada a partir del diez de diciembre del presente año, aun y cuando están en resguardo domiciliario de conformidad con lo establecido en el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus CARS-CoV2 COVID 19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte. Acto reclamado Del análisis integral de la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito advierte que la quejosa reclama lo siguiente: La omisión de permitir a las quejosas resguardarse en su domicilio en virtud de las enfermedades que padecen. Sentido de la determinación inicial. Ahora bien, de una lectura integral de la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia por cuestión de materia para conocer del asunto. En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a Competencia por territorio; b Competencia por materia; c Competencia por grado; d Competencia auxiliar; y, e Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. Al respecto, es importante destacar el contenido del artículo 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual establece que: 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial, y. Sobre lo que debe entenderse por materia de trabajo, se ha establecido que ello acontece cuando la controversia derive de una relación de trabajo, o bien, tienda a la preservación de los derechos establecidos en el artículo 123 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.14o.T.1 L, de rubro: ACTOS DE NATURALEZA LABORAL. ELEMENTOS QUE LOS DEFINEN PARA EFECTOS DE COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. Con la salvedad de que la competencia por materia entre juzgados de distrito del trabajo y administrativo se debe determinar atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y su contenido, sin tomar en cuenta los conceptos de violación, por lo que atento a ello, en principio no es determinante la naturaleza formal de la autoridad responsable (ni sus atribuciones legales), es decir, si es una autoridad laboral o administrativa, pues ello no es definitorio para este tipo de controversias. Al respecto, es aplicable la Tesis I.6o.T.278 L, que lleva por rubro: COMPETENCIA POR MATERIA ENTRE JUZGADOS DE DISTRITO DEL TRABAJO Y ADMINISTRATIVO. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL ACTO Y SU CONTENIDO. Lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda pero, en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Es oportuno citar la tesis de jurisprudencia P./J. 83/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el caso particular, la quejosa manifiesta que es Coordinadora de Estadística en la Unidad de Medicina Familiar 162, Unidad Médica de Atención Ambulatoria del Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese sentido, a consideración de este Juzgado de Distrito, los actos que reclama derivan de la relación laboral que sostiene con dicho instituto, ya que la promovente refiere que a pesar de que se encuentra dentro de una población considerada vulnerable para efectos de la atención de pacientes que presenten el virus denominado COVID-19, el oficio que reclama implicaría que se presentara a prestar servicio médico, con el posible riesgo a su salud y vida. De modo que los actos reclamados se vinculan con los derechos previstos en el artículo 123 de la Constitución Federal, pues es obligación de los patrones observar los preceptos legales sobre higiene y seguridad en sus instalaciones, así como implementar las medidas adecuadas para garantizar la salud y la vida de los trabajadores. En esa medida, los actos reclamados se ubican dentro de lo que se entiende por materia de trabajo, pues además de que derivan de la relación de trabajo que sostiene la quejosa con motivo del servicio público que presta, lo que reclama tiende a la preservación de los derechos previstos en el artículo 123 constitucional. En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado carece de competencia para conocer de la demanda a que se refiere este expediente. Por tanto, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio, remítase el cuaderno relativo al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en Turno y, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, atentamente solicítese el acuse de recibo correspondiente en el que informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Fórmese cuaderno de antecedentes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez que se estima competente. Suspensión de plano. La quejosa solicita la suspensión para los siguientes efectos: se pide el otorgamiento de la suspensión de plano para el efecto de que los quejosos continúen en resguardo domiciliario, esto es, para que la autoridad responsable suspenda la obligación de la parte quejosa de acudir a su centro de trabajo para efecto de cubrir su jornada laboral, hasta que las autoridad federales competentes sanitarias suspendan o den por concluida la emergencia sanitaria decretada en el país por el Virus Covid-19, sin que ello implique un descuento por ausencia, pues debe de garantizarse que perciban el sueldo respectivo, pues el no tomar en cuenta que pertenecen a un grupo vulnerable se puede traducir en el contagio del Virus SARS-CoV2 (COVID 19) De la interpretación de las manifestaciones antes transcritas, se advierte que la medida cautelar se vincula con el derecho a la protección de salud. Al respecto, el artículo 4, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Por su parte, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado Mexicano se obligó a reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, creando condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. A la luz de esas normas, tenemos que las personas tienen el derecho a la protección y disfrute del más alto nivel posible de salud, tanto física como mental. Al respecto la Organización Mundial de la Salud define el vocablo salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". En ese orden de ideas, resulta relevante mencionar que el pasado once de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud declaró que la enfermedad por virus COVID-19 es oficialmente una pandemia; por lo que ante dicho panorama, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, el Secretario de Salud del Gobierno Federal emitió el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en cuyo artículo segundo se estableció la obligación de todos los sectores de evitar la asistencia a los centros de trabajo, entre otros grupos, a menores de cinco años y a personas con enfermedades crónicas no transmisibles, como padecimientos pulmonares y diabetes mellitus, tal como se advierte de la siguiente transcripción: "ARTÍCULO SEGUNDO. Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; (.) c) (.) Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional." Ahora bien, aun cuando las quejosas manifiestan que padece diversas enfermedades, y presentan diversos certificados médicos expedidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en copia simple, este juzgador concluye que los efectos del acto reclamado podrían implicar una contravención al derecho al más alto nivel posible de salud física de la promovente ante la situación actual de la pandemia, con lo que se le podrían causar daños de difícil o, incluso, de imposible reparación. Al tenor de lo señalado, y con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto que pone en peligro la salud e, incluso, en riesgo la vida del quejoso, se concede la suspensión de plano del acto reclamado para el efecto de que las autoridades responsables, dicten inmediatamente las órdenes que sean necesarias con la finalidad de que las quejosas Francisca Salvador Rodríguez, Sonia Leticia Cerecedo Hernández, Alicia Márquez Gutiérrez y María Eugenia Salas Mondragón puedan laborar en un entorno que represente un mínimo riesgo de contagio de COVID-19, con el objetivo de mitigar las posibilidades de contagio para ellas. Con ese fin, las autoridades responsables podrán implementar como medidas para lograr el cumplimiento a la suspensión otorgada, de manera enunciativa mas no limitativa, las siguientes acciones: encomendar a las quejosas únicamente tareas que no pongan en riesgo su salud, o bien, que realicen dichas labores desde su hogar; asignarlas en algún área administrativa de su centro de trabajo donde no tenga contacto con pacientes COVID-19; otorgarle las medidas e instrumentos de protección necesarios conforme a los protocolos adecuados en materia sanitaria y cualquier otra que las autoridades consideren pertinentes. Ello implica que la autoridad responsable debe instrumentar todas las medidas necesarias para cumplir con dicha finalidad despojándose de todas las formalidades administrativas que impidan la consecución del fin referido, como principio de relevancia a salvaguardar, en el entendido de que cualquier conducta contraria se traduciría en una contravención al artículo 4° Constitucional. Dicha medida suspensiva surtirá sus efectos desde luego y sin que se exija requisito de efectividad alguno, ya que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 135 de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE".. Importa destacar que no sólo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Al respecto, se hace de su conocimiento que en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se prevé: "262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Asimismo, se requiere a la Titular de la Dirección de la Clínica de Medicina Familiar División del Norte perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, autoridad directamente vinculada al cumplimiento de esta medida cautelar, para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a aquél en que quede debidamente notificado de esta determinación, informe a este órgano jurisdiccional sobre la forma en la que ha dado cumplimiento a la suspensión de plano otorgada. Importa destacar que no sólo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Cabe precisar que las medidas ordenadas con motivo de la suspensión de plano aquí ordenada, no restringen la facultad del juez de distrito competente para que, una vez que admita a trámite el juicio de amparo, las limite, reduzca o amplíe, en caso de que las considere insuficientes o excesivas para salvaguardar el derecho a la salud de la parte quejosa. Luego, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia constitucional, a la urgencia de la medida cautelar concedida y a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia a que se encuentra obligado este juzgado de Distrito, por mandato expreso del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a los actuarios de la adscripción para que notifiquen mediante oficio a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada en el presente acuerdo, a fin de que se dé cumplimiento a los efectos por los que se concede la medida cautelar solicitada, por sí, o bien, girando las instrucciones necesarias a las autoridades respectivas que, por sus funciones específicas, sean competentes para esa finalidad, pues debe recordarse que al cumplimiento de la medida cautelar otorgada se encuentran constreñidas todas las autoridades, aunque no tengan la calidad de responsables. En este punto, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el referido artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, siempre y cuando no exista duda y resulte evidente su existencia, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan. Debiendo acreditar tales circunstancias a este Juzgado de Distrito con las constancias fehacientes vía correo institucional 4jdo1ctoa@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la siguiente a la en que queden legamente notificadas del presente proveído, en el ámbito de sus atribuciones, las actuaciones que realizan a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto. Apercibidas que en caso de ser omisas en desahogar el requerimiento que se les formula, el Juzgado de Distrito competente estará en aptitud de proceder en términos de lo previsto en el título quinto de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, del propio ordenamiento citado. En el entendido que al llevarse a cabo la notificación de este proveído, y de conformidad con el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril del año corriente, los fedatarios públicos, en el acto de la diligencia, deberán solicitar el correo institucional de las responsables emplazadas para que las subsecuentes notificaciones se les realicen por ese medio y no se propicie el riego de contraer el contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Posteriormente, deberán elaborar una lista con los correos correspondientes, a efecto de que el personal de este juzgado pueda facilitar su consulta y enviar los oficios que correspondan. Ello, con excepción de las dependencias que expresamente detalla ese acuerdo de difusión oficial. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, los que incluso, son comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se determina que cuando se trate de un caso que, por sus características, implique un peligro de contagio por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. En otro aspecto, y hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal no emita el acuerdo de reanudación de labores que fueron suspendidas con motivo de la pandemia originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se ordena que el presente acuerdo se publique de manera temporal y únicamente con fines informativos bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo, para lo cual, los actuarios de la adscripción deberán fijar una lista al exterior del inmueble -reja perimetral-, misma que podrá ser consultada por las partes interesadas, o bien, si así lo desean podrán ingresar a la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=1&Exp=1. Finalmente, tomando en consideración que la demanda de amparo fue recibida dentro de la guardia para recibir demanda en casos urgentes, en su oportunidad, infórmese a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de la recepción de dicha demanda, a efecto de que proceda a la compensación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48, último párrafo, inciso c), del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se autoriza a los secretarios adscritos a este juzgado a firmar los oficios derivados del presente asunto. Domicilio, autorizados y notificación electrónica. Se tiene como domicilio de la quejosa el que indica en su escrito de demanda, así como para recibir notificaciones vía electrónica con los usuarios "ESTUDIOLEGALHP" y "ULISESIUS", por así solicitarlo expresamente y en atención a la certificación de cuenta, en términos del artículo 26, fracción IV, del ordenamiento citado. Ténganse por autorizados en términos de la primera parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en estrecha relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la ley de la materia a José Luis Hernández Ávila, Karina Anahí Hernández Martínez y Ulises Alejandro Ávila Mejía, toda vez que tienen sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Téngase por autorizados en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que señala y en atención a la certificación de cuenta. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Consulta electrónica. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta del expediente electrónico en virtud de que, conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró que el nombre de usuario "ESTUDIOLEGALHP" y "ULISESIUS"; corresponde a Ulises Alejandro Ávila Mejía, autorizados de la parte quejosa. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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