Francisca Rangel Rubio

Expediente 216/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 18 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
216/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
16/10/2018

Partes del expediente

  • Francisca Rangel Rubio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el computo a efecto de saber si ya transcurrió el término a las autoridades responsables y terceros interesados, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Finalmente, devuélvanse a la Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral adscrita al Centro Integral de Justicia Penal, Cuarta Región, Sala Sede Ciudad Valles, San Luis Potosí, los discos en formato DVD que se sirvió acompañar; solicitando el acuse respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral adscrita al Centro Integral de Justicia Penal, Cuarta Región, Sala Sede Ciudad Valles, San Luis Potosí, mediante el cual informa que declaró el sobreseimiento total de la causa penal RIV-CV/CP-61/2018, de su índice, el cual ha causado ejecutoria, dado que ninguna de las partes procesales recurrió la resolución de sobreseimiento dentro del término legal concedido, en consecuencia, la misma quedó firme, surtiendo los efectos de una sentencia absolutoria, con valor de cosa juzgada, poniendo fin al procedimiento e inhibiendo una nueva persecución penal. Ahora bien, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que el disco versátil digital anexo contiene dos videograbaciones y un archivo en formato de documento portátil (PDF. Por sus siglas en inglés), de los cuales fue posible consultar a través de los medios electrónicos con los que cuenta este órgano jurisdiccional, mismos que contienen la audiencia en la cual la parte ofendida, aquí tercera interesada Victoria Trejo Olivares, manifestó ser su voluntad otorgar el perdón legal que en derecho procede a la imputada Francisca Rangel Rubio, aquí parte quejosa, dictada en la causa penal RIV-CV/CP-61/2018, del índice de la juez responsable; el cual para su resguardo, déjese en la secretaria de este juzgado en sobre cerrado, mismo que se tiene admitido y desahogado por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Por tanto, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable aludida, en la especie con el contenido de las videograbaciones insertas en el disco versátil digital, dese vista a las partes, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en los formatos digitales en cualquier momento procesal y manifestar lo que su derecho convenga. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama la quejosa es el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: De la autoridad ordenadora: reclamo la resolución de fecha 18 de mayo del año 2018, en la que se me vinculo a proceso por el hecho que la ley se señala como delito de sustracción de menores, dentro de la causa penal 61/2018. De la autoridad ejecutora: reclamo el cumplimiento que pretenda darle a dicha resolución de fecha 18 de mayo del 2018. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional evidencian una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" La interpretación del mencionado dispositivo, muestra que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, en el caso que nos ocupa, la hipótesis anterior se actualiza plenamente, en razón de que la quejosa reclamó el auto de vinculación a proceso de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado en su contra; sin embargo, del disco versátil digital que remite la Juez responsable, se advierte que mediante audiencia de siete de septiembre del año que transcurre, la parte ofendida, aquí tercera interesada Victoria Trejo Olivares, manifestó ser su voluntad otorgar el perdón legal que en derecho procede a la referida quejosa Francisca Rangel Rubio, por las consideraciones ahí expuestas. Consecuentemente, con fundamento en lo que establecen los artículos 98 fracción IV y 103, ambos del Código Penal en vigor en el Estado y 485 fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral adscrita al Centro Integral de Justicia Penal, Cuarta Región, Sala Sede Ciudad Valles, San Luis Potosí, decretó la extinción de la acción penal que el Agente del Ministerio Público había ejercitado en su contra, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de Sustracción de Menores; y por ende, con lo dispuesto en el numeral 327 fracción VI de la misma codificación nacional, se decretó el sobreseimiento total de la causa penal RIV/CV/CP-61/2108, el cual, ninguna de las partes procesales en la citada causa de origen recurrió; por tanto, el mismo ha quedado firme, surtiendo los efectos de una sentencia absolutoria, con valor de cosa juzgada, poniendo fin al procedimiento e inhibiendo una nueva persecución penal por el mismo hecho, según lo previsto en el diverso numeral 328 de la misma legislación. Por consiguiente, es obvio que la situación jurídica de la quejosa Francisca Rangel Rubio ha cambiado, en virtud de que el auto de vinculación a proceso aquí reclamado se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado sobreseimiento en su calidad de sentencia absolutoria; provocándose con dicho cambio de situación jurídica que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas al auto de vinculación a proceso y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el sobreseimiento de la causa de origen, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquél para dejarlo sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica de la quejosa; consecuentemente, debe estimarse plenamente actualizada la causa de improcedencia prevista en el transcrito artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, junio de 2008, página 270, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto, siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." En razón de lo anteriormente expuesto, de acuerdo a lo establecido por los artículos 61, fracción XVII y 64, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo por operar de manera notoria, plena e indubitable el cambio de situación jurídica del acto reclamado, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad responsable ejecutora, ya que el acto de ejecución no fue reclamado por vicios propios. En tales condiciones, déjese sin efectos la hora y fecha señaladas para celebrar la audiencia constitucional (DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO). Finalmente, por lo que hace al escrito de cuenta, signado por Aurelio Soto Huerta, representante legal de la menor tercera interesada -víctima de identidad reservada-, agréguese únicamente para que obre como constancia en virtud del sobreseimiento decretado en párrafos que anteceden. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Aurelio Soto Huerta, representante legal de la menor tercera interesada de identidad reservada, en atención a su contenido se provee: Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Mayra Anel Rincón Arvizu, Saúl Vázquez Tovar, Ángel de Jesús Ortega y Roberto Gómez Maravilla, toda vez que cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito; así como a Eleazar Izeta Aguillón y Alfredo del Castillo Lárraga, en términos restringidos de dicho numeral, por así haberlo solicitado. Así mismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, expídase a su costa, las copias simples que insta, previa razón de recibo que se deje en autos, asimismo, se autoriza a recogerlas a las personas que menciona. Al respecto, se reitera al ocursante que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Finalmente, se tiene al representante especial ofreciendo como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano, las que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que de los mismos se advierte que en proveído de doce de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 120 y 121) se tuvo compareciendo al presente controvertido constitucional a Aurelio Soto Huerta, Asesor Jurídico adscrito a la Asesoría Jurídica Federal, aceptando y protestando el cargo que le fue conferido como representante legal de la menor tercera interesada de identidad reservada, por lo que no mediaron al menos ocho días, entre la notificación del proveído de mérito y la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el juicio de amparo en que se actúa, a fin de que estuviera en aptitud de imponerse de los presentes autos. En tales condiciones, a fin de que dicha parte se imponga del contenido de los presentes autos, a efecto de que esté, si así lo desea, en aptitud de desvirtuar el contenido de los mismos y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo; se difiere la audiencia constitucional que estaba fijada para esta fecha y, en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. Es aplicable al caso, la tesis número I.5o.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en página 594, Tomo II, Agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado". Notifíquese.

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