Francisca Ramírez Escobar y Otros.

Expediente 1023/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1023/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
12/08/2019

Partes del expediente

  • Francisca Ramírez Escobar y Otros.
  • Francisca Ramírez Escobar

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la cuenta que antecede, toda vez que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de desechamiento de veinticinco de julio de dos mil diecinueve, dictado en autos del presente juicio de amparo, sin que lo hubiera hecho valer; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que el auto de desechamiento de la demanda de amparo constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VI. ART. 27 FRACC. I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Francisca Ramírez Escobar, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y otras autoridades, exhibida con tres copias y seis anexos. Ahora bien, atento al contenido del escrito inicial de demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En primer lugar respecto del acto reclamado consistente en el auto de fecha de seis de abril de dos mil dieciocho, dictado por la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el expediente 23/2015, en el que decretó auto de requerimiento de pago y embargo en contra de la demandada aquí quejosa; y como consecuencia la inscripción de embargo del predio que por esta vía se defiende, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" En efecto, se asevera que en el presente caso opera la referida causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual contempla la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios de impugnación que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado, pues en contra del auto de seis de abril de dos mil dieciocho, en el cual la Junta responsable decretó auto de requerimiento de pago y embargo, y como consecuencia la inscripción del embargo respecto al predio que por esta vía defiende, en el expediente laboral 23/2015, procede el recurso de revisión, por las razones que a continuación se expondrán. El principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo, en términos generales, es improcedente, ya que por su naturaleza, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa. En este caso, conforme a lo dispuesto por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, la parte quejosa tuvo la posibilidad de interponer el recurso de revisión en contra del auto de seis de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual decretó auto de requerimiento de pago y embargo, en el expediente laboral 23/2015, de conformidad con el citado precepto legal que establece entre otras cosas que será procedente contra actos del Presidente en ejecución de laudos. Así es, el contenido del artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al caso, dispone: "(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." De lo anterior podemos advertir que contra actos de los Presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. En ese sentido, en la especie resulta evidente que en contra del auto de seis de abril de dos mil dieciocho, mediante la cual, la Junta responsable decretó auto de requerimiento de pago y embargo en el expediente laboral 23/2015, en términos del artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, puede ser impugnado mediante el referido recurso, pues de la lectura de la demanda se advierte que el juicio laboral de origen se encuentra en etapa de ejecución de laudo y que el acuerdo fue emitido por el Presidente de la Junta responsable, y dado que el citado numeral establece que el recurso de revisión procede en contra actos de los presidentes, y en ejecución de los laudos, es indudable que es procedente dicho recurso. En esas circunstancias, el quejoso estaba en aptitud de interponer en forma oportuna el recurso de revisión correspondiente, porque precisamente es parte del procedimiento natural y existía la certeza de tal medio de impugnación, además de que no se estaba en algún caso de excepción a que se refieren los incisos a), b), c) y d), la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que es incuestionable que en la especie el juicio de amparo indirecto que nos ocupa resulta improcedente al no ser susceptible de análisis un acto respecto del cual previamente debe interponerse el recurso que la ley prevé. Además de que el citado recurso no se sujeta a una interpretación adicional, por lo que no se estaría en la hipótesis de que fuera opcional agotar dicho recurso o acudir al juicio de amparo, como lo refiere el citado artículo. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 52/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2017028, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II página 1681, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no puede entenderse restrictiva sólo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que, aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo, se emitan en o durante la etapa de ejecución, justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que soliciten la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo. Bajo esa premisa, la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución, precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo, declarando su cumplimiento y, en consecuencia, ordenando el archivo del asunto; sin que sea obstáculo que con ese acto concluya la fase de ejecución, pues esa sola circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa; al contrario, tan forma parte de ella que la finaliza. En consecuencia, contra la resolución referida procede el recurso de revisión y debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." Del mismo modo, tiene aplicación la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Por lo anterior, este juzgador llega a la conclusión que en la especie se surte la causal de improcedencia de la vía indirecta invocada, prevista en la fracción XVIII, del numeral 61 de la ley de la materia, respecto de dicho acto y sus consecuencias. Por otra parte, en relación al segundo acto reclamado consistente en la resolución que modificó el proyecto de resolución en forma de laudo, dictada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción VI, de la ley, de ahí que se considere improcedente el juicio constitucional instado, tal como se demostrará a continuación: El artículo 61, fracción VI, de la ley, establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de los Tribunales Colegiado de Circuito. La razón de ese precepto se justifica debido a que las determinaciones que dicte ese órgano de control constitucional, por regla general, es definitiva y no admite recurso alguno, a menos de que en el asunto se hayan impugnado normas generales por estimarlas directamente violatorias de la Constitución y en el recurso de revisión subsista el problema de constitucionalidad; se trate de alguno de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 Constitucional, o bien, cuando se refieran a juicios que por su interés y trascendencia así lo ameriten, tal como lo prevé el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución. Asimismo, el referido precepto constitucional establece que de no actualizarse alguno de esos supuestos, las sentencias que dicten los Tribunales Colegiados no admitirán recurso, esto es, se considerarán inatacables. En suma, lo resuelto por un Tribunal Colegiado, por disposición constitucional y legal, en ningún supuesto es susceptible de analizarse por Juez de Distrito mediante el juicio de amparo indirecto, sino que los asuntos en que se actualice algún supuesto de excepción los conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso, la parte quejosa cuestiona los efectos que produce lo resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al modificar el laudo en el que se le absolvió del pago en el juicio laboral 23/2015, sin embargo, como se anticipó, el juicio de amparo intentado resulta notoriamente improcedente, en razón de que, de conformidad con el artículo 61, fracción VI, de la ley, las decisiones de los Tribunales Colegiados de Circuito no son objeto de análisis a través del juicio de amparo indirecto; por tanto, se impone desechar la demanda de amparo. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha también el segundo de los actos reclamados por Francisca Ramírez Escobar en la presente demanda de amparo. Los razonamientos expuestos evidencian la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda, y como sus autorizados para oír, recibir notificaciones e imponerse de autos, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo a los mencionados en la demanda de amparo. Finalmente, con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

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