Francisca Pastrana Blanco

Expediente 2128/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2128/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Rosique León
  • Francisca Pastrana Blanco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    MESA 3.VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista; la certificación de cuenta se advierte que los oficios mediante los cuales se requirió informe previo a las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y Actuario de su adscripción, se encuentran en vías de ser notificados, toda vez que las aludidas autoridades responsables se encuentran gozando de su segundo periodo vacacional que comprende del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve al seis de enero de dos mil veinte, tal y como se desprende del oficio 5616/JLCA/AMP/2019, de tres de diciembre de dos mil diecinueve. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva hora y fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.

  2. Principal

    MESA 3.Notifíquese personalmente a las partes.

  3. Incidental

    MESA 3.VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto lo de cuenta, como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 130, 136, 138, 139, 140, 142 y 144 de la Ley de Amparo, fórmese el incidente de suspensión promovido por Francisco Pastrana Blanco y Ricardo Rosique León, contra el acto que reclaman de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y Actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad, que estiman violatorio de los artículos 14 y 16, constitucionales. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO Y APERCIBIMIENTO De conformidad con los artículos 138, fracción III, en relación con el 140, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe previo, mismo que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento de su notificación, debiendo expresar si son o no ciertos los actos reclamados, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo; el que también podrán remitir al correo oficial 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx; lo anterior permitirá, además, agilizar el trámite y resolución del presente expediente y cumplir con el principio de constitucionalidad de impartición de justicia pronta y expedita, apercibiéndolas de que en caso que omitan rendir su informe, se les presumirá cierto el acto y en términos de la fracción I del artículo 260 de la ley de la materia, se les impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia incidental en el presente expediente. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, la parte quejosa señala como actos reclamados: "[.] El defectuoso e ilegal notificación y emplazamiento legal y como consecuencia de ello el vicio y nulidad de todo lo actuado dentro del expediente laboral número 5605/2016[.] (sic) SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO De acuerdo al artículo 107, fracción X, Constitucional y 128 de la Ley de Amparo, para concederse la suspensión del acto reclamado, deben cumplirse con los siguientes requisitos: Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; Que exista la solicitud del quejoso, lo que lleva aparejada la existencia del interés suspensional y la afectación; Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte quejosa con su ejecución. La naturaleza de la figura jurídica de la "suspensión" en el juicio de amparo, es el de una medida cautelar, esto es, que tiene como finalidad que de manera previa, se impida la realización del acto y objeto del juicio, que pueda causar un daño de difícil o imposible reparación para la parte quejosa. Así, la suspensión sólo es susceptible de otorgarse contra actos futuros que aún no se han ejecutado, pues de ésta manera se impide que puedan irrogar perjuicio al impetrante del amparo. Aplicando los anteriores lineamientos al caso que nos ocupa, se establece que los requisitos de procedencia para otorgar la suspensión, parten del supuesto de que el acto que se reclame sea susceptible de suspenderse, de lo contrario, por más que se surtan esos requisitos no podría concederse la medida cautelar ante la presencia de un acto que por su naturaleza no pueda ser suspendido. Lo anterior, salvo aquéllos casos en que el otorgamiento de la suspensión sea necesaria para mantener viva la materia del juicio o cuando los efectos del acto se prolongan en el tiempo. NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL En el caso, se niega a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados a la Junta responsable y al actuario de su adscripción, citados con antelación, considerando que dichos actos ya se ejecutaron y por ende, se tratan de actos consumados, no susceptibles de suspenderse, pues proveer lo contrario implicaría darles efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se dicte en el juicio del que deriva este incidente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 910, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1029, del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte SCJN Novena Sección- Suspensión del acto reclamado Subsección 1 - Reglas generales, Materia Común, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Ahora bien, tomando en consideración que los quejosos de mérito se ostentan como terceros extraños al juicio natural por equiparación ello constituye una excepción a la obligación de garantizar la subsistencia del tercero interesado (trabajador), mientras se resuelve el juicio del que deriva este incidente, porque lo que demanda la parte quejosa es la afectación a sus derechos sin haber sido oído y vencido en la controversia laboral de la que derivan los actos reclamados y proveer en sentido contrario, afectaría la naturaleza del fin que persiguen los impetrantes al imponérseles una cantidad para la subsistencia del trabajador que ya no es recuperable. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Respecto a los efectos y consecuencias del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138, fracción I, y 139 de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardan y no se continúe ejecutando el laudo dentro del expediente laboral 5605/2016, del índice de la Junta responsable, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva los actos reclamados, siempre y cuando éstos no se hayan ejecutado, al momento de decretar la presente medida cautelar. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. A fin de que la medida cautelar que se concede continúe surtiendo sus efectos, con base en el numeral 132 de la ley de la materia, de manera provisional y discrecionalmente, en virtud de que de la lectura de la demanda de amparo no se advierten elementos de prueba que permitan tomar como base los mismos, se fija como garantía a cada una de los quejosos, la cantidad de $10,000.00 M. N. (diez mil pesos moneda nacional), para garantizar los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada, con la concesión de la medida cautelar de que se trata, la que deberá exhibir la parte quejosa dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, apercibidos que de no cumplir con la obligación impuesta dejará de surtir efectos la suspensión concedida, ello en concordancia con lo establecido por el artículo 136 de la Ley de Amparo. La garantía podrá presentarse en póliza de fianza o billete de depósito, o en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a falta de éstos. Si se opta por la primera, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este juzgado; en el entendido que su vigencia deberá ser además por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio constitucional del que deriva este incidente, por seis meses a partir del día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio, por lo que si la vigencia vence antes de la conclusión de éste, la suspensión dejará de surtir efectos, sin necesidad de previo acuerdo. Tiene aplicación en el particular la Jurisprudencia 37/2018, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 822, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO. LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO, NO ES EXIGIBLE AL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO LABORAL, SINO EN SU CASO, LA GARANTÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 152 de la Ley de Amparo establece que tratándose de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de un laudo en materia laboral, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga en peligro la subsistencia del trabajador mientras se resuelve el juicio de amparo, de modo que sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar su sostenimiento. Ahora bien, si quien solicita la suspensión de la ejecución del laudo se ostenta como tercero extraño al juicio laboral, esa calidad constituye una excepción a la obligación de garantizar la subsistencia en los términos indicados, porque si lo que demanda es precisamente que se afectaron sus bienes o derechos sin haber sido oído y vencido en la contienda laboral, sería contrario a la naturaleza del fin que persigue el quejoso que se le impusiera un deber que sólo corresponde a quienes sí fueron condenados, máxime que la cantidad otorgada para garantizar la subsistencia del trabajador ya no es recuperable. No obstante lo anterior, en estos casos, para obtener la suspensión de la ejecución del laudo, quien se ostenta en el juicio de amparo indirecto como tercero extraño a juicio, debe otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable, en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo". En el supuesto de que elijan exhibirla en billete de depósito, deberá figurar el nombre de la parte quejosa como depositante, y de igual forma, en el rubro relativo al "concepto" se habrá de especificar que tiene como objeto garantizar los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al tercero interesado y continúe surtiendo sus efectos la suspensión provisional en autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2128/2019-3, formado con la demanda promovida por Francisco Pastrana Blanco y Ricardo Rosique León, además deberá contener la firma, clave (número) y sello de la institución emisora del billete, pues de no satisfacer esos requisitos, no se le tendrá por constituida. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia que no se opone a la Ley de Amparo, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR NO DEBE DETERMINAR LA NATURALEZA DE LA GARANTÍA QUE LA QUEJOSA HABRÁ DE EXHIBIR PARA QUE AQUÉLLA SURTA EFECTOS, SALVO LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. De lo previsto por los artículos 125, 126, 127, 128, 173 y 174 de la citada Ley, se advierte que el Juez de Distrito o la autoridad que conoce del juicio de garantías o de la suspensión no están facultados para determinar la naturaleza de la garantía o caución que deba presentar el quejoso para que surta efectos la suspensión del acto reclamado, por lo que basta determinen su monto para que se exhiba en cualquiera de las formas establecidas por la ley, salvo lo que establece el artículo 135 del mismo ordenamiento legal, respecto del cobro de contribuciones." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, Julio de 2008, página 1905, materia común, con número de registro 169174, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA SU PROCEDENCIA, CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA SER TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN Y PROMUEVE EL AMPARO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO, NO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE SE PRECISEN LAS CONSECUENCIAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Cuando en un juicio de garantías el quejoso manifiesta, bajo protesta de decir verdad, ser tercero extraño a juicio por equiparación, en virtud de que en el procedimiento fue señalado como parte demandada, reclamando la sentencia definitiva y sus inminentes actos de ejecución, todo esto por no haber sido oído en el mencionado litigio debido a la falta de emplazamiento legal, para que proceda la suspensión provisional de los actos reclamados no es requisito indispensable que se precise de manera concreta en qué consisten las consecuencias de la ejecución de esos actos reclamados, puesto que ello no es un requisito previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, el que únicamente sujeta a que la suspensión la solicite el agraviado, no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen con la ejecución del acto reclamado, aunado a que el interés público que existe en que se lleven adelante las sentencias que han causado ejecutoria, únicamente puede concebirse cuando el quejoso ha sido escuchado en la contienda respectiva". En la inteligencia que en caso de exhibir la garantía en billete de depósito, su devolución, se hará directamente a la parte quejosa o por conducto de su apoderada legal. Por otra parte, por conducto del Actuario de este Juzgado, se ordena notificarle el presente proveído al tercero interesado Rubén Ramírez Álvarez, quien tiene su domicilio ubicado en la calle 5 de Mayo, número 422, colonia Centro, de esta ciudad; así también, le informe la fecha en que tendrá verificativo la audiencia incidental, señalada en líneas anteriores. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, en virtud de que sus cédulas no están registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. DELEGADO Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con fundamento en los numerales 9, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este incidente; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.

  4. Principal

    MESA 3.-NOTIFICACIÓN CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 INCISO C) DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda mediante el cual Francisco Pastrana Blanco y Ricardo Rosique León, por su propio derecho, solicitan el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclaman de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y Actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad, que estiman violatorio de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 2128/2019-3. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídanse informes justificados a las autoridades responsables al que deberán anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita, el que también podrán remitir al correo oficial 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx; lo anterior permitirá, además, agilizar el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio de constitucionalidad de impartición de justicia pronta y expedita, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables de las penas en que incurren con la omisión de rendir los informes justificados en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitan el que les conste en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, que si bien se les otorga un término de quince días para rendir sus informes justificados, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tales informes en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rindan se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a las autoridades en cuanto tengan la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, de inmediato lo hagan saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dichos informes por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se les hace saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de las autoridades que señale la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir los oficios de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado en el presente asunto a:  Rubén Ramírez Álvarez, quien tiene su domicilio ubicado en la calle 5 de Mayo, número 422, colonia Centro, de esta ciudad. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena emplazar al citado tercero interesado al presente juicio de amparo, en el domicilio señalado con anterioridad, por conducto del Actuario de este juzgado, con una copia simple de la demanda de amparo, y le haga saber que en caso de que lo estime conveniente se apersone al presente juicio, a hacer valer sus derechos; así también, le informe la fecha en que tendrá verificativo la audiencia constitucional, señalada en líneas anteriores. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al promovente ofreciendo como pruebas en el presente asunto la presuncional legal y humana, la instrumental de actuaciones, así como las documentales que exhiben en originales y seis fijaciones fotográficas que anexaron a su demanda de amparo, probanzas que se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, sin perjuicio de que se haga nueva relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora, por lo que respecta a la prueba que proponen en el punto VI del apartado relativo de su ocurso, no ha lugar a admitirla, toda vez que no acreditan haber solicitado directamente el informe que refieren a la institución que señalan, tal y como lo dispone el artículo 121 de la ley de amparo. En cuanto a la testimonial a que aluden en el tercer punto petitorio del libelo de amparo, dígase a la parte quejosa que no se tiene por anunciada, toda vez que no proporcionan los nombres de los testigos, ni exhiben el interrogatorio relativo, como lo exige el párrafo quinto del artículo 119 de la Ley de Amparo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Como lo solicita la parte quejosa, devuélvanse los documentos con los cuales acreditaron su personalidad, previo cotejo que de los mismos se hagan con las copias simples que exhibieron para tal efecto, dejando constancia de entrega en autos. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizados a las personas que señala en la misma, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud, de que éstos no cuentan con sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE COMÚN. Tomando en consideración que los quejosos fueron omisos en designar representante común entre ellos, tal y como lo dispone el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como tal a Francisco Pastrana Blanco. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por otra parte, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión respectivo por haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, como lo dispone el artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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