Francisca Ortíz Casillas
Expediente 101/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 18 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 101/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 03/05/2022
Partes del expediente
- Francisca Ortíz Casillas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Mexicali, Baja California, a tres de mayo de dos mil veintidós. Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Documentos originales. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al artículo 18, fracción I), inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se concedió la protección constitucional. Incidente. No se ordenó su apertura. Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depuración", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a la autoridad responsable para los efectos siguientes: "OCTAVO. Efectos del fallo protector. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción V, de la Ley de Amparo, en la sentencia de amparo deben fijarse los efectos y medidas en que se traduce la concesión del amparo. Al respecto, el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, señala que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, se obligará a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En adición a lo anterior, el numeral 1o. constitucional, dispone que: "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.". En el caso, es incuestionable que no es factible restituir en el goce del derecho violado a la quejosa, en cuanto a pagos retrasados, ya que no se puede retrotraer el tiempo ni reparar los perjuicios que durante ese lapso sufrieron los agraviados, al no recibir el pago oportuno. No obstante, la manera de restituir los derechos violados es evitando que se incurra en nuevas trasgresiones; para lo cual, es posible expandir los efectos de la protección constitucional, a fin de que se asegure que los pagos subsecuentes de pensiones a la agraviada, se realicen en tiempo, en virtud de que de esta manera, se asegura la protección más amplia a que hace referencia el artículo 1o. constitucional. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada, tiene el alcance de obligar a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Nomina de Pensiones y Jubilaciones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), a dejar sin efecto cualquier acto que implique suspender, retener o retrasar el pago de la pensión de la quejosa. Asimismo, ya que se reclamaron los subsecuentes retrasos en el pago de la pensión de la agraviada, es jurídicamente seguro que los efectos del fallo protector comprendan dichos desfases futuros por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que la autoridad responsable del Instituto mencionado, realice los pagos de pensión futuros, de manera mensual, los dos últimos días hábiles de cada mes, como lo establece el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y el Manual de Procedimiento Específico para la Elaboración y Pago de la Nómina de Pensionados y Jubilados del mencionado Instituto. Para lo cual, deberá girar los oficios necesarios a las autoridades correspondientes, a fin de que se asegure el pago oportuno de la pensión, y para lo cual, podrá vincularse al cumplimiento de la presente ejecutoria, a cualquier autoridad que con motivo de sus atribuciones tenga intervención en dicho pago. *** Ahora bien, de conformidad con el numeral 192 último párrafo de la Ley de Amparo, que dispone que el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo de cumplimiento, tomando en cuenta su complejidad o dificultad, de manera razonable y estrictamente determinado, se procede a delimitar los efectos de la protección constitucional otorgada, con la finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de la presente ejecutoria. Para ello, debe tomarse en consideración, que de no limitarse el periodo de vigilancia del cumplimiento del amparo, imposibilitaría a este Juzgado de Distrito para que pueda tener por cumplida la ejecutoria de amparo, quedando el expediente en trámite de ejecución por tiempo indefinido; por lo que a fin de evitarlo, se estima razonable el plazo de tres meses, para vigilar que las autoridades responsables den cumplimiento puntual a la presente ejecutoria, y luego de agotado ese lapso, podrá emitirse el pronunciamiento respectivo sobre si la sentencia de amparo fue o no cumplida. En la inteligencia de que, de declararse cumplido el fallo protector, e incurrir las autoridades nuevamente en el retraso de pago de pensión, la agraviada tendrá expeditos sus derechos para agotar los recursos previstos en la Ley de Amparo, para lograr el cumplimiento en el mismo juicio de control constitucional, sin necesidad de que instar uno nuevo. Apoya las consideraciones anteriores, por identidad jurídica, ya que se trata de un amparo indirecto, la jurisprudencia 2a./J. 33/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 926, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN FACULTADOS PARA AMPLIAR EL PLAZO OTORGADO PARA TAL FIN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). [.]. Resta precisar que la presente determinación en similar a los criterios adoptados por el Tercero Tribunal Colegiado de este Decimoquinto Circuito, en el amparo en revisión 619/2019, así como por el Cuarto Tribunal del Decimoquinto Circuito, en el amparo en revisión 5/2020, de sus respectivos índices administrativos." Dicha sentencia fue recurrida por las autoridades responsables Departamento de Nóminas de Pensiones y Jubilaciones y Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, turnándose los autos al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, el que resolvió el amparo en revisión administrativo 210/2021, confirmando la sentencia recurrida; tan pronto fue recibida la citada ejecutoria, el seis de septiembre de dos mil veintiuno, se requirió el cumplimiento respectivo. Con lo anterior queda claro que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la propia autoridad responsable estuvo constreñida a proceder en los términos siguientes: Realice los pagos de pensión futuros, de manera mensual, los dos últimos días hábiles de cada mes, como lo establece el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y el Manual de Procedimiento Específico para la Elaboración y Pago de la Nómina de Pensionados y Jubilados del mencionado Instituto, para ello, debe tomarse en consideración, que de no limitarse el periodo de vigilancia del cumplimiento del amparo, imposibilitaría a este Juzgado de Distrito para que pueda tener por cumplida la ejecutoria de amparo, quedando el expediente en trámite de ejecución por tiempo indefinido; por lo que a fin de evitarlo, se estima razonable el plazo de tres meses, para vigilar que las autoridades responsables den cumplimiento puntual a la presente ejecutoria, y luego de agotado ese lapso, podrá emitirse el pronunciamiento respectivo sobre si la sentencia de amparo fue o no cumplida. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficio recibido en este órgano jurisdiccional el siete de diciembre del dos mil veintiuno, la autoridad responsable exhibió copia cotejada de la relación de firmas y desglose de la nómina, correspondiente al mes de octubre de dos mil veintiuno, de la que se desprende la firma autógrafa de la hoy quejosa, asimismo, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el cuatro de febrero del presente año, la autoridad responsable exhibió copia cotejada de la relación de firmas y desglose de las nóminas, correspondientes al mes de noviembre y diciembre ambos de dos mil veintiuno, de la que se desprende en ambas la firma autógrafa de la hoy quejosa; por lo que, a la fecha se agotó el plazo de tres meses, para vigilar que las autoridades responsables dieran cumplimiento puntual a la presente ejecutoria. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias remitidas, por proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Entonces, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable en relación al cumplimiento, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia; se colige que en el caso fueron cumplidos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable realizó los pagos de pensión de manera mensual, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre, todos del dos mil veintiuno, asimismo, se vigiló por el lapso de tres meses a las autoridades responsables a efecto que dieran cumplimiento puntual a la presente ejecutoria, tal como se ordenó en la sentencia de amparo. Vista con el presente auto. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de la Materia, por lo cual, dése vista a la promovente, por el plazo de quince días, contado a partir de la legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibida para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mexicali, Baja California, a ocho de febrero de dos mil veintidós. Oficio. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que remite la delegada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante el cual remite las constancias que le fueron requeridas en relación al cumplimiento del fallo protector. Vista. Con fundamento en el artículo 196, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista y correr traslado a la parte quejosa, con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexos remitidos por la Delegada autorizada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, por medio de los cuales informa en relación al cumplimiento dado al fallo protector; en consecuencia, se le tiene en vías de cumplimiento. Efectos del fallo protector. Cabe señalar que los efectos del fallo protector otorgado a Francisca Ortíz Casillas fueron los siguientes: "OCTAVO. Efectos del fallo protector. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción V, de la Ley de Amparo, en la sentencia de amparo deben fijarse los efectos y medidas en que se traduce la concesión del amparo. Al respecto, el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, señala que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, se obligará a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En adición a lo anterior, el numeral 1o. constitucional, dispone que: "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.". En el caso, es incuestionable que no es factible restituir en el goce del derecho violado a la quejosa, en cuanto a pagos retrasados, ya que no se puede retrotraer el tiempo ni reparar los perjuicios que durante ese lapso sufrieron los agraviados, al no recibir el pago oportuno. No obstante, la manera de restituir los derechos violados es evitando que se incurra en nuevas trasgresiones; para lo cual, es posible expandir los efectos de la protección constitucional, a fin de que se asegure que los pagos subsecuentes de pensiones a la agraviada, se realicen en tiempo, en virtud de que de esta manera, se asegura la protección más amplia a que hace referencia el artículo 1o. constitucional. Notifíquese.
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