Francisca Noemí Rodríguez Bustamante
Expediente 2289/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2289/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/01/2023
Partes del expediente
- Francisca Noemí Rodríguez Bustamante
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación Secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó en contra del proveído mediante el cual se desechó de plano por notoriamente improcedente su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. En acatamiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, éste órgano judicial determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, dado que se desechó el presente juicio de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha en que se actúa el Presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática para el Estado de Nayarit, residente en Tepic, no ha dado cumplimiento a lo ordenado mediante auto de tres de noviembre del año en curso, por medio del cual se le requirió para los efectos de que dentro del plazo de tres días, posteriores a la diligencia señalada para las trece horas del ocho de diciembre de la presente anualidad, a efecto de requerir a la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Acaponeta, Nayarit, a través del Presidente, Síndico y Tesorero Municipal, para que tuviera verificativo la diligencia de ejecución, reinstalación y requerimiento de pago a favor de la parte quejosa, remitiera copia certificada del desahogo de dicha diligencia. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérasele nuevamente al citado Presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática para el Estado de Nayarit, residente en Tepic, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir al en que surta efectos la notificación del presente auto, remita las constancias de notificación referidas en el párrafo que antecede. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192, en relación con el numeral 258, ambos de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de cien Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables toda vez que con su actuar, demuestra el retardo para la impartición de justicia que señala el artículo 17° de nuestra carta magna. Por otra parte, agréguese a sus autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito de cuenta, signado por la quejosa CLAUDIA SELENE DERAS OCAMPO, y en atención a su contenido, dígasele que una vez que la autoridad responsable dé cumplimiento a lo ordenado en los párrafos que anteceden, se proveerá lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el escrito de cuenta signado por Pablo Gilberto Pérez Alanís, en su carácter de autorizado judicial de las quejosas FRANCISCA NOEMÍ y DELIA ARMIDA, ambas de apellidos RODRÍGUEZ BUSTAMANTE, a través del cual da cumplimiento a lo requerido por este Juzgado de Distrito, mediante proveído de siete de diciembre del año en curso. Ahora, atento al análisis del escrito inicial de demanda, este juzgado de Distrito advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación literal de dicho precepto, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse de plano cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, debe tenerse en consideración que lo manifiesto de una causal de improcedencia, se da cuando ésta se advierte en forma patente y clara del análisis de la demanda. Por otra parte, lo indudable resultará de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal manera que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, se llegaría a la misma conclusión en el dictado de la sentencia. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En segundo término, es importante mencionar que conforme con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Apoya a lo expuesto, la Jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, página 95, registro digital 222780, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia" En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. El primero de los numerales establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Ahora bien, por regla general, los actos dentro del juicio son impugnables en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que le ponga fin. Por excepción, sólo serán impugnables en amparo indirecto aquellos actos dictados dentro del juicio cuya ejecución sea irreparable, en términos del citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El dispositivo transcrito es preciso -para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación- al señalar que dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Con tal precisión, el legislador secundario proporcionó seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de naturaleza irreparable, pues mediante esa fórmula legal estableció que esos actos -para ser calificados como irreparables- necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una afectación de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; esto es, que recaigan sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior se deduce de las dos condiciones que el citado legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento; la primera, atinente a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que implica situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos, lo que de suyo implica deben ser antagónicos a los de naturaleza formal o adjetiva -procesales-, estos últimos en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos sino que depende de que llegue o no a trascender al resultado del juicio cuando se emite sentencia definitiva, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Atento a lo anterior, es claro que las violaciones procesales no causan una afectación irreparable, dada su naturaleza adjetiva y tampoco enmarcan un derecho sustantivo, ya que al tratarse de simples infracciones del procedimiento, sus efectos pueden ser subsanados con la obtención de una sentencia favorable; de ahí que su impugnación pueda esperar hasta el amparo directo, siempre que sean controvertidas previamente a través del recurso ordinario procedente, a menos que se esté en un caso de excepción de este requisito. Por virtud de lo anterior, se concluye que la determinación reclamada consiste en la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el toca civil 130/2022 del índice de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, en el que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada -aquí quejosa-, en contra del auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio civil ordinario 371/2011, en el que se determinó por el juez natural no admitir a acordar de conformidad a lo solicitado de girar carta rogatoria a efecto de desahogar las pruebas confesionales a cargo de sus autorizadas en virtud de que radican en el país de los Estados Unidos de América; no impide a la parte solicitante del amparo, en forma actual, el ejercicio de algún derecho sustantivo, sino que únicamente constituye una posible violación a derechos adjetivos o procesales, cuya fuente proviene exclusivamente de una ley adjetiva. Por lo que es evidente que el acto reclamado en el presente juicio de amparo no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que sólo produce efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparables si se obtiene sentencia favorable; y de no ser así, el acto que ahora reclama, al tratarse de una violación procesal, podrá invocarse en la demanda de amparo que se promueva en contra de la determinación final, pues es innegable que esa violación hasta ese supuesto, afectaría las defensas de la parte quejosa. Es aplicable en lo conducente la siguiente jurisprudencia: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 207226 Instancia: Tercera Sala Octava Época Materias Común Tesis: 3a. 20/90 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, página 236 Tipo: Jurisprudencia "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia, procede desechar la presente demanda de amparo.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el mensaje telegráfico signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector en el presente juicio. No obstante lo anterior, dígasele a dicha autoridad que subsiste el requerimiento y apercibimiento hecho por este Juzgado mediante proveído de uno del presente mes y año, en caso de no dar total cumplimiento a lo ordenado en dicho auto. NOTIFÍQUESE.
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