Francisca Mendoza Ixba
Expediente 366/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Francisca Mendoza Ixba
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, nueve de mayo de dos mil veintitrés. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal para interponer recurso de queja contra el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) así como en la carátula del expediente y archívese este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 366/2023 que le corresponde. DESECHAMIENTO CAUSALES DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda, la deseche de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Ahora, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" El precepto legal invocado, prevé la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la ley que se trata y, contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Al respecto, el artículo 5°, fracción I, primer párrafo de la Ley en cita establece: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" De conformidad con lo dispuesto en el precepto legal invocado, tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, previstos en el artículo 1° de la ley y, con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Precisado lo anterior, resulta pertinente determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional, en su vía indirecta. Respecto del concepto de interés jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios, entre los que se encuentran los siguientes: Época: Quinta Época Registro: 317691 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo CXX Materia(s): Administrativa, Común Tesis: Página: 568 "INTERES JURIDICO, NATURALEZA DEL. Aunque manifieste el quejoso que el acto reclamado afecta a su interés económico, éste es diverso del interés jurídico y si bien es cierto que toda situación favorable a la satisfacción de una necesidad resulta un interés, éste no siempre puede calificarse de jurídico, pues para que tenga este carácter es menester que el derecho objetivo lo tutele a través de alguna de sus normas y si no lo hace así, el puro interés material no puede ser protegido por el juicio de garantías." Época: Séptima Época Registro: 240185 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 187-192, Cuarta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 132 "INTERES JURIDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos, como en el caso de una persona jurídica o moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y, si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." Época: Séptima Época Registro: 240121 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 193-198, Cuarta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 80 "INTERES JURIDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, NATURALEZA DEL.." Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." De conformidad con los anteriores criterios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho y supone la conjunción de dos elementos inseparables, que son: 26 a) Una facultad de exigir; y, b) Una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Por lo tanto, el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación, de lo que deriva fundamentalmente que: El interés jurídico se identifica con un derecho subjetivo derivado de una norma que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado y otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse necesariamente con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y, Ese interés jurídico, desde luego, debe estar plenamente probado en el juicio de derechos fundamentales para así poder analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. Bajo este contexto, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte la persona o los derechos del quejoso, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Federal, las personas físicas o morales, que sufren una afectación en su persona o patrimonio, derivada de una ley o acto de autoridad que viole sus derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna, tienen facultad para intentar la acción reparadora ante los tribunales de la Federación. Así las cosas, se colige que para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado haya irrumpido en la individualidad del gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, y la afectación sufrida apta para motivar la promoción del juicio de amparo debe ser, además, objetiva y actual al momento de la presentación de la demanda; es decir, para que la constitucionalidad de determinado acto pueda ser analizada en el juicio constitucional, entre otros requisitos, debe incidir de manera directa en la esfera de derechos del gobernado, afectando una situación real. Así, la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio del que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. HECHOS Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: El acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual desecha por improcedente el recurso de reclamación interpuesto por la quejosa, en contra del auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual le informó el contenido del proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, por el que el Secretario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en el recurso de revisión fiscal ********, determinó que había causado estado el diverso de once de enero de dos mil veintitrés, por el que se desechó el citado recurso. CONCLUSIÓN Atento a lo anterior, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual desecha por improcedente el recurso de reclamación interpuesto por la quejosa, en contra del auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual le informó el contenido del proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, por el que el Secretario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en el recurso de revisión fiscal ********, determinó que había causado estado el diverso de once de enero de dos mil veintitrés, por el que se desechó el citado recurso, no causa un perjuicio a la parte quejosa, al no producir una afectación real y actual en su esfera jurídica. Lo anterior, toda vez que la materia del recurso de reclamación interpuesto y que le fuera desechado, en su caso sería el acuerdo de trámite por el que la Sala señalada como responsable, tuvo por recibido el oficio proveniente del Tribunal Colegiado, en el que únicamente informa el contenido de lo decretado el ocho de marzo pasado, en el que decretó que causó estado el diverso de once de enero de dos mil veintitrés, por el que se desechó el recurso de revisión fiscal que interpuso, desechamiento que en caso de estar inconforme, debió impugnar ante el Tribunal Colegiado, por tanto, se concluye que no le causa afectación real y actual en su esfera jurídica, el acuerdo de veinticuatro de marzo pasado, atendiendo a la materia del recurso de reclamación que le fue desechado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, y 113 todos de la Ley de Amparo, se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Sin que pase inadvertido que la quejosa refiere que reclama la resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ******** del índice de la responsable; sin embargo, del contenido íntegro de la demanda, se advierte que el acto que pretende impugnar es el diverso de veinticuatro de marzo, por lo que tal circunstancia corresponde a un error mecanográfico; aunado a que, resultaría incensario prevenir a la parte quejosa para que aclarara tal circunstancia, toda vez que respecto del citado proveído resultaría extemporánea la demanda, pues manifestó que tuvo conocimiento del mismo desde el catorce de marzo de dos mil veintitrés y la presente demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el diecinueve de abril pasado; por lo que, entre ambas fechas (la del conocimiento del auto señalado y la de presentación de la demanda) transcurrió en exceso el término de quince días que indica el numeral 17 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XIV, y los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, respecto, del citado acto la demanda también deviene extemporánea. Asimismo, debe precisarse que se tuvo como fecha de conocimiento el catorce de marzo de dos mil veintitrés, puesto que si bien refiere una diversa de veinticuatro de ese mismo mes y año, la misma resulta incongruente, toda vez que en tal data fue cuando se resolvió el recurso que impugnó en contra del proveído en comento de diez de marzo, por lo que es evidente que en esa fecha no pudo tener conocimiento; máxime que posteriormente refiere, tuvo conocimiento del auto de diez de marzo de dos mil veintitrés el catorce siguiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTRE QUEJOSA De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado de Distrito, por así haberlo solicitado. Asimismo, se autoriza en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a ********, debido a que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República, y con las restricciones que impone dicho numeral a Carlos Constantino Mendoza, por no encontrarse registrado en el referido sistema. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Lo anterior, sin que implique que la fe pública de la Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en el entendido que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
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