Francisca Medina Saucedo
Expediente 3977/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 3977/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/03/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Francisca Medina Saucedo
- Amelia Medina Saucedo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 27 DE MARZO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "Certificación: En fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, el licenciado Jesús Alberto Rodríguez Flores, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifica: Que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa Francisca y Amelia, de apellidos Medina Saucedo, para que emitieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia protectora. Doy fe.- C. Secretario. Lic. Jesús Alberto Rodríguez Flores. Cuenta: En esta misma fecha, el Secretario da cuenta al Juez con la certificación que antecede. Conste.- Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de marzo de dos mil quince. Vista la certificación y cuenta que anteceden, de donde se desprende que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa Francisca y Amelia, de apellidos Medina Saucedo, por auto de seis de marzo del año en curso, para que emitieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, a través de la Delegada de esa dependencia, a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, sin que a la fecha lo haya hecho; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y atento a la Jurisprudencia de rubro, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse al respecto. El diecisiete de diciembre de dos mil catorce se dictó sentencia en el presente juicio constitucional, concediéndose el amparo y protección de la Justicia Federal a las quejosas, para los efectos que se transcriben: ".;por tanto, procede concederles el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitan, para el efecto de que el Secretario General de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, deje insubsistente la resolución de dos de octubre de dos mil catorce, a través de la cual resolvió el recurso de revisión interpuesto por Francisca Medina Saucedo por su propio derecho y como apoderada de Amelia Medina Saucedo, en contra de la resolución de treinta de agosto de dos mil trece, emitida por el Director de Fraccionamiento Rurales, dentro del Procedimiento Administrativo de Nulidad de Título número 86/2012 promovido por Ma. Isabel y Ma. Concepción ambas de apellidos Medina Saucedo; y en su lugar, con plenitud de jurisdicción emita otra en la que previo al análisis de los agravios formulados por las mencionadas demandadas, resuelva el recurso de revisión que hicieron valer ante su instancia, restituyéndose así en el pleno goce de sus garantías individuales vulneradas, en términos de lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo vigente". (ver fojas 76 a 92) En auto del veintisiete de febrero de dos mil quince, se declaró que la sentencia protectora causó ejecutoria y, se procedió a requerir su cumplimiento (foja 101). Así, mediante promoción recibida el seis de marzo de dos mil quince, la Delegada de la Secretaría General de Gobierno del Estado acompañó copia certificada de la resolución dictada el tres de marzo de dos mli quince, en cumplimiento a la concesión del amparo que nos ocupa; por lo que en auto de la misma fecha se dio vista a la agraviada, por el término de tres días, para que se manifestaran al respecto (foja 127). Pues bien, previo a emitir pronunciamiento de sí se tiene o no cumplimentada la sentencia protectora, cabe desentrañar los efectos de su otorgamiento. En el caso, las quejosas reclamaron la resolución de dos de octubre de dos mil catorce, dictada por el Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, en el recurso de revisión interpuesto por estas, contra la determinación de treinta de agosto de dos mil catorce, en la que el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado decretó la nulidad del procedimiento administrativo de desistimiento y adjudicación número 620/2010. Luego, analizada la litis constitucional, este Juzgado de Distrito declaró esencialmente fundado el concepto de violación en el que las quejosas manifestaron que el Secretario responsable no analizó el agravio consistente en que el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas pasó por alto lo estipulado en los artículos 86, 87 y 88 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado, "relativos al desistimiento y adjudicación", así como que las actoras del procedimiento de nulidad 86/2012, de nombres María Isabel y María Concepción de apellidos Medina Saucedo, debieron inconformarse de los títulos 880 y 881 que amparan la titularidad de las fracciones I y II del lote 11, ubicados en la colonia Felipe Ángeles, terrenos que fueron expropiados a la Ex Hacienda de Vergara, del municipio de Sombrerete, Zacatecas, y pedir la nulidad de esos registros, quince días después de haberse hecho la publicación de los edictos, pues en opinión de las amparistas, la publicación de edictos es de interés público y no particulares, por lo que el derecho de las aquí terceras interesadas precluyó al transcurrir los quince días posteriores a la publicación de los edictos del desistimiento y de la consecuente adjudicación a favor de las quejosas. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable, el tres de marzo de dos mil quince, determinó dejar sin efecto la resolución de dos de octubre de dos mil catorce y, con plenitud de jurisdicción, se pronunció respecto de los agravios señalados en el párrafo precedente, pues incluso se observa que, en plenitud de jurisdicción, precisó las consideraciones por las que estimó infundados los citados agravios y, precisó para ello, los fundamentos en que basó esas consideraciones (ver fojas 115 vuelta a 119 ídem). De lo expuesto se concluye que, en consideración a los efectos protectores de la sentencia de mérito, se otorgó la protección de la justicia federal solicitada para que la autoridad resolviera con plenitud de jurisdicción lo relativo a los agravios que se consideraron no fueron debidamente atendidos por la autoridad responsable; por tanto, al existir constancia en autos de que se pronunció sobre esos tópicos considerados "omitidos", es claro que se cumplió con el orden constitucional. En ese tenor, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, declara que la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados ha quedado cumplimentada. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Atento a lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, así como del auto por el que se tuvo por cumplida la misma; y por otra parte, que el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Por otro lado, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del citado acuerdo General, se declara que NO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese el citado cuaderno al de amparo en que se actúa. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado Jesús Alberto Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy Fe.-"
- Principal
Certificación: En fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, el licenciado Jesús Alberto Rodríguez Flores, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifica: Que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa Francisca y Amelia, de apellidos Medina Saucedo, para que emitieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia protectora. Doy fe.- C. Secretario. Lic. Jesús Alberto Rodríguez Flores. Cuenta: En esta misma fecha, el Secretario da cuenta al Juez con la certificación que antecede. Conste.- Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de marzo de dos mil quince. Vista la certificación y cuenta que anteceden, de donde se desprende que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa Francisca y Amelia, de apellidos Medina Saucedo, por auto de seis de marzo del año en curso, para que emitieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, a través de la Delegada de esa dependencia, a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, sin que a la fecha lo haya hecho; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y atento a la Jurisprudencia de rubro, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse al respecto. El diecisiete de diciembre de dos mil catorce se dictó sentencia en el presente juicio constitucional, concediéndose el amparo y protección de la Justicia Federal a las quejosas, para los efectos que se transcriben: ".;por tanto, procede concederles el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitan, para el efecto de que el Secretario General de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, deje insubsistente la resolución de dos de octubre de dos mil catorce, a través de la cual resolvió el recurso de revisión interpuesto por Francisca Medina Saucedo por su propio derecho y como apoderada de Amelia Medina Saucedo, en contra de la resolución de treinta de agosto de dos mil trece, emitida por el Director de Fraccionamiento Rurales, dentro del Procedimiento Administrativo de Nulidad de Título número 86/2012 promovido por Ma. Isabel y Ma. Concepción ambas de apellidos Medina Saucedo; y en su lugar, con plenitud de jurisdicción emita otra en la que previo al análisis de los agravios formulados por las mencionadas demandadas, resuelva el recurso de revisión que hicieron valer ante su instancia, restituyéndose así en el pleno goce de sus garantías individuales vulneradas, en términos de lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo vigente". (ver fojas 76 a 92) En auto del veintisiete de febrero de dos mil quince, se declaró que la sentencia protectora causó ejecutoria y, se procedió a requerir su cumplimiento (foja 101). Así, mediante promoción recibida el seis de marzo de dos mil quince, la Delegada de la Secretaría General de Gobierno del Estado acompañó copia certificada de la resolución dictada el tres de marzo de dos mli quince, en cumplimiento a la concesión del amparo que nos ocupa; por lo que en auto de la misma fecha se dio vista a la agraviada, por el término de tres días, para que se manifestaran al respecto (foja 127). Pues bien, previo a emitir pronunciamiento de sí se tiene o no cumplimentada la sentencia protectora, cabe desentrañar los efectos de su otorgamiento. En el caso, las quejosas reclamaron la resolución de dos de octubre de dos mil catorce, dictada por el Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, en el recurso de revisión interpuesto por estas, contra la determinación de treinta de agosto de dos mil catorce, en la que el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado decretó la nulidad del procedimiento administrativo de desistimiento y adjudicación número 620/2010. Luego, analizada la litis constitucional, este Juzgado de Distrito declaró esencialmente fundado el concepto de violación en el que las quejosas manifestaron que el Secretario responsable no analizó el agravio consistente en que el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas pasó por alto lo estipulado en los artículos 86, 87 y 88 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado, "relativos al desistimiento y adjudicación", así como que las actoras del procedimiento de nulidad 86/2012, de nombres María Isabel y María Concepción de apellidos Medina Saucedo, debieron inconformarse de los títulos 880 y 881 que amparan la titularidad de las fracciones I y II del lote 11, ubicados en la colonia Felipe Ángeles, terrenos que fueron expropiados a la Ex Hacienda de Vergara, del municipio de Sombrerete, Zacatecas, y pedir la nulidad de esos registros, quince días después de haberse hecho la publicación de los edictos, pues en opinión de las amparistas, la publicación de edictos es de interés público y no particulares, por lo que el derecho de las aquí terceras interesadas precluyó al transcurrir los quince días posteriores a la publicación de los edictos del desistimiento y de la consecuente adjudicación a favor de las quejosas. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable, el tres de marzo de dos mil quince, determinó dejar sin efecto la resolución de dos de octubre de dos mil catorce y, con plenitud de jurisdicción, se pronunció respecto de los agravios señalados en el párrafo precedente, pues incluso se observa que, en plenitud de jurisdicción, precisó las consideraciones por las que estimó infundados los citados agravios y, precisó para ello, los fundamentos en que basó esas consideraciones (ver fojas 115 vuelta a 119 ídem). De lo expuesto se concluye que, en consideración a los efectos protectores de la sentencia de mérito, se otorgó la protección de la justicia federal solicitada para que la autoridad resolviera con plenitud de jurisdicción lo relativo a los agravios que se consideraron no fueron debidamente atendidos por la autoridad responsable; por tanto, al existir constancia en autos de que se pronunció sobre esos tópicos considerados "omitidos", es claro que se cumplió con el orden constitucional. En ese tenor, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, declara que la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados ha quedado cumplimentada. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Atento a lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, así como del auto por el que se tuvo por cumplida la misma; y por otra parte, que el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Por otro lado, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del citado acuerdo General, se declara que NO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese el citado cuaderno al de amparo en que se actúa. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado Jesús Alberto Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy Fe.-
- Principal
El seis de marzo de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el oficio registrado con el número 4078 y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a seis de marzo de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta y anexos que se adjuntan, signado por la licenciada América Selene Dávila Rocha, delegada del Secretario General de Gobierno del Estado de zacatecas, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, remite a este Juzgado Federal copia certificada de la resolución de tres de marzo de dos mil quince, emitida por el Secretario en mención, con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por las quejosas FRANCISCA Y AMELIA, ambas de apellidos MEDINA SAUCEDO, en contra de la resolución de treinta de agosto de dos mi trece, derivado del Procedimiento Administrativo de Nulidad de Titulo 86/2012, promovido por MA. ISABEL y MA. CONCEPCIÓN, ambas de apellidos MEDINA SAUCEDO, así como copia simple de las constancias de notificaciones realizadas a las partes; en consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, con dichas constancia dése vista a la parte quejosa y al tercero interesado, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que en su derecho corresponda, apercibidos que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de oficio, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las citadas autoridades. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS QUEJOSAS Y A LAS TERCERO INTERESADAS, Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Mare*
- Principal
SE NOTIFCA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO DE 06 DE MARZO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. "El seis de marzo de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el oficio registrado con el número 4078 y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a seis de marzo de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta y anexos que se adjuntan, signado por la licenciada América Selene Dávila Rocha, delegada del Secretario General de Gobierno del Estado de zacatecas, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, remite a este Juzgado Federal copia certificada de la resolución de tres de marzo de dos mil quince, emitida por el Secretario en mención, con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por las quejosas FRANCISCA Y AMELIA, ambas de apellidos MEDINA SAUCEDO, en contra de la resolución de treinta de agosto de dos mi trece, derivado del Procedimiento Administrativo de Nulidad de Titulo 86/2012, promovido por MA. ISABEL y MA. CONCEPCIÓN, ambas de apellidos MEDINA SAUCEDO, así como copia simple de las constancias de notificaciones realizadas a las partes; en consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, con dichas constancia dése vista a la parte quejosa y al tercero interesado, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que en su derecho corresponda, apercibidos que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de oficio, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las citadas autoridades. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS QUEJOSAS Y A LAS TERCERO INTERESADAS, Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da
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