Francisca Medina Medina

Expediente 1185/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1185/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
06/08/2019

Partes del expediente

  • Francisca Medina Medina
  • FRANCISCA MEDINA MEDINA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    AGREGUESE ESCRITO DEL AUTORIZADO DEL QUEJOSO...DEVUELVANSE LAS DOCUMENTALES QUE REFIERE....

  2. Principal

    se declara que HA CAUSADO ESTADO. se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE.

  3. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito signado por Rodolfo Medina Medina, representante común de los quejosos, mediante el cual desahoga la prevención formulada en autos; en consecuencia, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte un motivo manifiesto de improcedencia, que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en los artículos 113 y 61 fracciones VI y XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo. En ese tenor, es importante señalar que los actos reclamados por el quejoso son: La falta de ser llamado a juicio y de ser debidamente emplazados, en el Juicio Agrario 390/2013, tramitado ante el Tribunal Agrario número Treinta, con sede en esta ciudad. La resolución de trece de abril de dos mi dieciocho, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, dictada en el amparo directo 100/2017. Respecto al acto señalado con el número 1, debe decirse que el artículo 61, fracción XIV de la Ley de la materia, establece que el amparo indirecto resulta improcedente cuando no se promueva dentro de los plazos previstos. Ahora bien, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe traerse a contexto los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo a lo dispuesto en los preceptos invocados, si no se acude en demanda de la protección federal dentro del término legal establecido, resulta por tanto improcedente el juicio de amparo que en su caso se promueva con posterioridad. Es aplicable la jurisprudencia XXI.2.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable a página 1931, Tomo XXXI, Enero de dos mil diez, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 165582, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)." Ahora bien, el representante común de los quejosos, Rodolfo Medina Medina, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el veintiocho de junio de dos mil trece, fue demandado Tito Medina Sierra (padre de los quejosos), que en esa fecha fueron llamados para un examen en materia de grafoscopía; por tanto, al existir conocimiento del acto reclamado, se actualiza la primera hipótesis normativa prevista en el artículo 18 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de ese mismo ordenamiento, debe computarse a partir del siguiente al en que se hizo sabedor sobre la existencia del mencionado juicio, en el que aduce no fue emplazado. Por tanto, el plazo de quince días para promover su demanda de amparo, transcurrió del dos al veintidós de julio del año dos mil trece, sin contar los días, veintinueve, treinta de junio y seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno de julio del año dos mil trece, por haber sido inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la ley de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De manera que si la demanda de amparo se presentó hasta el siete de junio de dos mil diecinueve, en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, es patente que se hizo fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que jurídicamente implica que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa, al no haber combatido con la debida oportunidad aquél que le dio origen. Sirve de apoyo la Tesis Aislada con número de registro 229986, de Tribunales Colegiados de Circuito, consultable a página 215, Tomo II, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA SU INTERPOSICION POR TERCERO EXTRAÑO." Por otra parte, respecto del diverso acto reclamado señalado con el número 2, consistente en la resolución de trece de abril de dos mi dieciocho, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, dictada dentro del juicio de amparo directo 100/2017, se considera que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo, tal como se demostrará a continuación: El artículo 61, fracción VI, de la citada ley, establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de los tribunales colegiado de circuito. La razón de ese precepto se justifica debido a que las determinaciones que dicte ese órgano de control constitucional, por regla general, es definitiva y no admite recurso alguno, a menos de que en el asunto se hayan impugnado normas generales por estimarlas directamente violatorias de la Constitución y en el recurso de revisión subsista el problema de constitucionalidad; se trate de alguno de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 Constitucional, o bien, cuando se refieran a juicios que por su interés y trascendencia así lo ameriten, tal como lo prevé el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución. Asimismo, el referido precepto constitucional establece que de no actualizarse alguno de esos supuestos, las sentencias que dicten los tribunales colegiados no admitirán recurso, esto es, se considerarán inatacables. En suma, lo resuelto por un tribunal colegiado, por disposición constitucional y legal, en ningún supuesto es susceptible de analizarse por Juez de Distrito mediante el juicio de amparo indirecto, sino que los asuntos en que se actualice algún supuesto de excepción los conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución de data trece de abril del año dos mil dieciocho, que fuera dictada dentro de los autos del amparo directo 100/2017, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito; sin embargo, como se anticipó, el juicio de amparo intentado resulta notoriamente improcedente, en razón de que, de conformidad con el artículo 61, fracción VI, de la ley, los actos del Tribunal de Alzada de referencia no son objeto de análisis a través del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, las causales de improcedencia previstas en las fracciones VI y XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo. 2. PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 3. DOMICILIO PROCESAL: Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito recibido el dieciocho de junio del año actual. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    ... se advierte que la autoridad responsable, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, no ha informado las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, se le requiere a fin de que en el término de tres días contados a partir de su notificación, informe los trámites realizados para que el fallo protector quede cumplido. ....

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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