Francisca Martinez Bonilla
Expediente 1142/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1142/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Francisca Martinez Bonilla
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que la impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en las fracciones I y II, del punto VIGESIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que en el mismo se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa Francisca Martínez Bonilla, en su carácter de albacea de la sucesión intestamenaria a bienes de Asela Bonilla Morales, también conocida Celia Bonilla Molina y/o Celia Bonilla, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso a) y 29, de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el diez de septiembre, la que señala: Cuernavaca, Morelos, diez de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que surta sus efectos a los que haya lugar el escrito de la quejosa Francisca Martínez Bonilla, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Asela Bonilla Morales, también conocida como Celia Bonilla Molina o Celia Bonilla, mediante el cual está dando cumplimiento al requerimiento que obra en autos. Atento a lo anterior, se tiene a Francisca Martínez Bonilla, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Asela Bonilla Morales, también conocida como Celia Bonilla Molina o Celia Bonilla, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Desechamiento de la demanda de amparo. Ahora, se procede a examinar el escrito de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. La impetrante del amparo señala como acto reclamado el acuerdo de catorce de agosto de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 394/2016-1, acumulado al 185/1987, en el que se dijo lo siguiente: ".Visto su contenido del escrito de cuenta, dígasele a la promovente que no ha lugar acordar de conformidad su petición, por no tener personalidad reconocida en el juicio que nos ocupa." Empero, dicho acto no es susceptible de impugnarse en esta instancia constitucional, en virtud de que, previo a ello, debe agotarse el recurso que contempla la ley en observancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que, el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. En la especie, como se adelantó, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado a la autoridad responsable, consistente en acuerdo de catorce de agosto de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 394/2016-1, acumulado al 185/1987, es susceptible de reclamarse mediante el recurso de revocación que contempla el artículo 119 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, que a la letra dice: ARTÍCULO 119.- REVOCACIÓN DE LOS PROVEÍDOS. Los proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicta y no requieren motivación. De ahí que, si el inconforme estima que la medida cautelar fue emitida en forma ilegal o indebida como lo argumenta en el escrito de demanda, es evidente que debió haber agotado el recurso de revocación en la transcripción anterior, previo a la promoción de este juicio de amparo, ya que su resultado puede dejar sin efecto el auto que se reclama. Por consecuencia, resulta que el presente juicio de amparo es improcedente, pues los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener lo solicitado, se puede abrir el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. De ahí que, la demanda de amparo deviene notoria e indudablemente improcedente, toda vez que en la especie se actualiza el supuesto normativo contemplado en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de amparo, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Esto último se afirma, pues como se ha dicho, si el inconforme previo a la promoción de este juicio de amparo, no agotó el recurso ordinario que expresamente contempla la codificación que rige la tramitación del expediente generador del acto de molestia, por virtud del cual, lo reclamado puede modificarse, revocarse o nulificarse, y así obtener la reparación de los derechos que estima conculcados, es claro que el acto de molestia, y sus consecuencias no pueden ser analizados en esta instancia constitucional, pues, previamente a su promoción, debe observarse el principio de definitividad que rige su tramitación. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia número VI.1°J/85, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 51, tomo 67, julio de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b) y c) de la porción normativa antes invocada, en el sentido de que, no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas, pues, como se ha visto, lo que se reclama en la demanda de amparo se refiere al acuerdo de catorce de agosto de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 394/2016-1, acumulado al 185/1987, de modo que, este acto no encuadra en ninguna de las hipótesis acabadas de mencionar. Máxime, que las mismas son de aplicación estricta y no admiten analogía o similitud jurídica, y el quejoso está obligado a promover los medios ordinarios de defensa previo a la instauración del juicio de amparo, más aún que, el propio precepto legal ya invocado de la ley familiar permite la impugnación en los términos señalados incluso por un tercero. Sobre el particular, se cita la tesis I.3o.C.38 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 9, agosto de 2014, tomo III, página 1908, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU CONFIGURACIÓN A PARTIR DE LA LEY DE AMPARO PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El artículo 61, fracción XVIII, del ordenamiento invocado establece que el amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ahora bien, la fracción apuntada, en su último párrafo, dispone: "... Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". Esta regla introduce un cambio notable en la configuración del principio de definitividad, porque reconoce el derecho del justiciable de agotar los recursos a su alcance, inclusive, aquellos cuya procedencia sea dudosa, lo cual no constituye una obligación a su cargo, porque en ese supuesto tiene la libertad de acudir al juicio constitucional. Por esa razón, este tribunal considera que la regla incorpora la doctrina del recurso de "dudosa procedencia" para efectos del acceso al amparo, según la cual, la procedencia del recurso es "dudosa" cuando no es constatable prima facie, sin intervención de dudas interpretativas que sea necesario despejar mediante ejercicios hermenéuticos discutibles. Lo anterior debe distinguirse de los criterios relacionados a la "causa notoria y manifiesta de improcedencia", porque éstos se refieren a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo. No obstante, la regla en estudio va más allá, porque a partir de su aplicación, el Juez constitucional no podrá decretar la improcedencia del juicio, al dictar sentencia, bajo el argumento de que el gobernado debió agotar algún recurso, si la procedencia del medio de impugnación depende de la interpretación adicional o dudosa o de la integración de la ley. En la actualidad, el Juez de amparo debe identificar, incluso, al dictar el fallo, si la procedencia del medio de impugnación es "dudosa", esto es, si en lugar de surgir del texto claro y terminante de la ley, deriva de su interpretación o, inclusive, de su integración cuando el fundamento legal sea insuficiente para determinarla porque, de ser así, debe entenderse que el gobernado quedó en libertad de acudir al amparo y, en congruencia con ese derecho, proceder al estudio de lo planteado por el quejoso, de no presentarse alguna otra causa de improcedencia.". Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en los diversos numerales 17 y 113 de la citada legislación, procede DESECHAR la demanda de amparo intentada por Francisca Martínez Bonilla, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Asela Bonilla Morales, también conocida como Celia Bonilla Molina o Celia Bonilla. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa Francisca Martínez Bonilla, en su carácter de albacea de la sucesión intestamenaria a bienes de Asela Bonilla Morales, también conocida Celia Bonilla Molina y/o Celia Bonilla, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso a) y 29, de la ley de amparo, el contenido de las determinaciones emitidas el tres de septiembre y veintinueve de agosto, ambas de dos mil diecinueve, las que señalan: "Cuernavaca, Morelos, tres de septiembre de dos mil diecinueve.Vista la razón asentada por el fedatario de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tiene para notificar personalmente a la quejosa Francisca Martínez Bonilla, en su carácter de albacea de la sucesión intestamenaria a bienes de Asela Bonilla Morales, también conocida Celia Bonilla Molina y/o Celia Bonilla por las razones que señala en la misma; al respecto, con fundamento en lo previsto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 y 29, de la Ley de Amparo, la notificación del auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, el presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágansele a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en los estrados de éste Juzgado." "Cuernavaca, Morelos, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Por recibida la demanda de amparo promovida por Francisca Martínez Bonilla, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a Bienes de Asela Bonilla Morales también conocida como Celia Bonilla Molina y/o Celia Bonilla, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que corresponda. Prevención de la demanda: Toda vez que la quejosa en su escrito de demanda señala lo siguiente. "El auto de fecha catorce de agosto de dos mil diecinueve, en el cual, niega la personalidad de la promovente o de la hoy quejosa advirtiendo en el mismo que carezco de personalidad, como albacea de la Sucesión intestamentaria a Bienes de Asela Bonilla Morales también conocida indistintamente con el nombre de Celia Bonilla Molina, y/o Celia Bonilla; Si bien es cierto, que el presente auto es recurrible, cierto es también que desde la acumulación de los autos de los expedientes 394/2016-1 acumulado al 185/1987, la autoridad responsable me ha negado la personalidad e inclusive, la vista física de los expedientes en forma por demás insolente, a través de su Secretaria de Acuerdos Licenciada Viviana Bonilla Hernandez, no obstante que la titular de los autos Jueza María de Lourdes Andrea Sandoval Sánchez, solicito a la hoy quejosa realizara la presente solicitud de la información testimonial hoy en día, me acuerdan mediante el escrito de fecha catorce de agosto de dos mil diecinueve (el cual me permitieron físicamente el día veinte de agosto de la presente anualidad); lo que violenta las garantía consagrada en el artículo 14,16, 17 constitucional (relativa al debido proceso). "Cabe hacer mención, que la suscrita quejosa tengo la personalidad para promover en los juicios al rubro citado, ya que mediante interlocutoria de fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis, en los autos del expediente identificado con el número 400/2016 del índice de la Tercera Secretaria del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado. "No obstante lo anterior, la hoy autoridad responsable me niega la personalidad, argumentando que carezco de personalidad para continuar con el debido proceso que caracteriza al juicio Sucesorio Intestamentario a Bienes de Asela Bonilla Morales también conocida indistintamente con el nombre de Celia Bonilla Molina, y/o Celia Bonilla." Con fundamento en los artículos 108, fracción III, 110 y 114 de la Ley de Amparo, se previene a la promovente para que, dentro del plazo de cinco días, por escrito bajo protesta de decir verdad, y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio para cada una de las partes, satisfaga lo siguiente: Primero. Transcriba el auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve. Segundo. Amplié sus antecedentes del acto reclamado, toda vez que los mismos resultan incompletos. Tercero. Precise si ya tuvo acceso al expediente 185/1987 y su acumulado 394/2016-I, toda vez que señala que mediante escrito de catorce de agosto de dos mil diecinueve, se le permitió físicamente. Ello, en razón a que de las constancias que anexa a su demanda, se desprende que el carácter de albacea le fue otorgado en un juicio diverso a los que cita en su capítulo de antecedentes. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior en el plazo que se indica, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En términos del artículo 29 de la ley reglamentaria, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica y para los efectos que precisa a la profesionista que refiere. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx.2
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su ordinal 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 977/2015, asimismo remite testimonio de la ejecutoria dictada el dieciséis de agosto del dos mil diecinueve, en el amparo en revisión RA(P-5/2013).- 267/2016, antes RA(P-5/2013).- 816/2015, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en cuyos puntos resolutivos determinó: ".PRIMERO.- SE CONFIRMA la resolución recurrida. .SEGUNDO.- Se SOBRESEE el juicio de garantías promovido por Adriana Serrano Salmerón y José Natividad Banda Rodríguez." Acúsese el recibo correspondiente. Lo anterior, glósese el cuaderno de antecedentes respectivo y hágase del conocimiento a las partes, para los efectos legales procedentes. Una vez notificado el auto, archívese el expediente, previa la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Por otra parte y en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DECIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en las fracciones I y II, del punto VIGESIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. Finalmente, y tomando en consideración la excesiva carga de trabajo con la que cuenta este órgano jurisdiccional; se faculta a los actuarios adscritos, para que realicen la presente notificación, inclusive, en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 21 de la Ley de Amparo.
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