Francisca Lucio Islas
Expediente 296/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Francisca Lucio Islas
Actuaciones
- Principal
(6) Visto el estado que guarda el presente expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés (fojas 19 a 33), en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este juicio como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha desechado la demanda, por lo que de conformidad al numeral 21, inciso d), del acuerdo general en cita, es susceptible de destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
(4) Vista la certificación de cuenta, se advierte que se hizo disponible la sentencia dictada en el expediente ... del índice de este Juzgado Federal, de manera que atendiendo a los lineamientos del oficio ..., se extrae la misma del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, se tiene al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, remitiendo de manera electrónica la sentencia dictada en el expediente ... del índice de este Órgano Federal, promovido por ..., contra actos de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, cuyo único punto resolutivo es del tenor siguiente: "Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso ..., contra el acto que reclama a la autoridad responsable que se mencionan en los considerandos segundo y tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia." En ese sentido, se ordena engrosar la sentencia de mérito al juicio de amparo en que se actúa, así como el cuaderno de antecedentes respectivo. En virtud de lo anterior, notifíquese dicha resolución a las partes.
- Principal
(6) A las nueve horas del día de hoy se tiene por legalmente notificada a la parte QUEJOSA, del proveído de VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, toda vez que no se presentó a notificarse ante este juzgado federal, del propio proveído, como se le comunicó en AVISO de UNO DE MARZO DEL año en curso, lo anterior, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo... AUTO DE VEINTIOCHO DE FEBRERO... (6) I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por *******, por derecho propio, contra actos del Juez Tercero de lo Civil del distrito judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo y otra(s) autoridad(es). II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 296/2023-6. III. Decisión sobre la acción de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el juez de distrito que conozca del juicio de amparo indirecto deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia, que es acorde con el texto vigente de la Ley de Amparo, cuyos datos de localización, rubro y texto establecen: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, este juzgador advierte motivos de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. Ahora en el caso, la parte quejosa reclama la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil ****** del índice del Juzgado Tercero Civil del distrito judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo; y como consecuencia de ello, 2] el embargo de veintiséis de enero de dos mil diecisiete del cincuenta por ciento que pertenece al condenado ******, respecto del inmueble ubicado en *****, quien de igual forma le pertenece a la quejosa en copropiedad respecto al restante cincuenta por ciento; y, la 3] la sentencia definitiva de uno de abril de dos mil trece, emitida en dicho expediente en que se condena al pago de diversas prestaciones a ******* como deudores principales, y ******* como aval. En el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la propia Ley de Amparo, porque la impetrante carece de legitimación para reclamar la omisión de su emplazamiento al juicio de origen, así como la sentencia definitiva y el embargo respecto al cincuenta por ciento del inmueble que tiene en copropiedad con el condenado ********. Los artículos 5º, fracción I, 6º y 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, tendiendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en los términos de la fracción I del artículo 5º. De esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los artículos transcritos con antelación, se advierte que el juicio de amparo puede promoverse por la persona afectada por el acto autoritario, esto es, que cuente con interés jurídico, lo que podrá hacer valer por sí o a través de tercero en los supuestos previstos (legitimación en el proceso, personería o personalidad). Aquí surge la figura de la legitimación en la causa, que constituye en la autorización establecida en la ley para que una persona pueda exigir que se resuelva sobre las peticiones formuladas en la demanda, es decir, sobre la existencia o inexistencia del derecho material pretendido, ya sea por medio de sentencia favorable o desfavorable. La legitimación en la causa, por tanto, constituye no un presupuesto procesal (como el interés jurídico) o una condición general de procedencia de la acción (como con la causa de pedir), sino una necesaria para que el accionante pueda obtener sentencia, y que se relaciona no con la titularidad del derecho cuestionado, sino con la posibilidad de obtener un fallo sobre la pretensión. En efecto, si además de existir la legitimación en la causa, resulta que el derecho o la relación jurídica sustancial existe en verdad (construido a partir del interés jurídico), que el demandante es su titular y el demandado el sujeto pasivo, entonces aquél obtendrá sentencia favorable de fondo. Por tanto, en forma regular será quien tenga interés jurídico el legitimado en la causa para hacer valer una pretensión, aunque esta regla no es, de mucho, absoluta, tal y como puede seguirse del precedente que a continuación se cita: "Época: Novena Época Registro: 173548 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Enero de 2007 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.581 C Página: 2266 MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. CARECEN DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PARA COMPARECER AL JUICIO EN QUE SE HACE VALER LA ACCIÓN DE DAÑO MORAL CUANDO NO SON LOS AUTORES INTELECTUALES O MATERIALES DEL TEXTO QUE PUBLICARON. Los medios de comunicación que publican una información que transgredió los límites constitucionales, carecen de una obligación directa frente al ofendido o víctima, toda vez que el responsable es el autor del texto difundido, y por ende, dichos medios no tienen un derecho sustantivo directo respecto del cual previamente deban ser llamados a juicio y ser oídos y vencidos, porque solamente fueron el medio de difusión, salvo que se les atribuya y considere como autores intelectuales o materiales de la información difundida. En la sentencia de condena a la reparación del daño moral, los medios de información cumplen con su deber de garantizar el equilibrio de los intereses que se ven comprometidos con el fenómeno informativo, sin una responsabilidad directa, sino indirecta que le atañe como instrumento necesario para hacer efectiva la condena, y no como sujeto de la responsabilidad, por lo que únicamente deben hacer la publicación de la sentencia en la misma forma y difusión con que hicieron la publicación de la información que causó el daño. Por tanto, no es presupuesto procesal para el estudio de la acción de daño moral, que dentro del proceso tramitado se conceda al medio de información el derecho de audiencia constitucional previsto en el artículo 14 constitucional, y tampoco puede exigirla en forma previa a la ejecución forzosa, porque dada su actividad, tiene una obligación social, ética y jurídica que cumplir, ya que la comunidad tiene interés en que se respete su derecho a ser informado con prontitud, eficacia y veracidad. De ahí que cuando los medios de información no son directamente responsables del daño moral causado por determinada nota periodística en ellos difundida, en términos del artículo 1o. del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no están legitimados para comparecer en el juicio en el que se controvierten los hechos que supuestamente generaron el daño moral, ya que únicamente actúan como entes privados que por la naturaleza social y pública de su actividad lícita inciden en el medio social y, por ende, hay un interés público que el Estado debe tutelar, a través del órgano judicial competente, y correlativamente su propia actividad lícita le genera la obligación de publicar una sentencia que concrete el derecho del individuo a obtener la rectificación de la información, a través del instrumento idóneo para ese fin, que no es otro más que el propio medio de información en donde fue difundida la nota que generó el daño moral." Así, puede tenerse interés jurídico (entendido como un presupuesto del proceso, a través de la existencia de una relación directa entre el objeto de éste y el pretensor), pero carecer de legitimación para ejercitar la acción correspondiente1 , al facultar la ley a un tercero al efecto; ello, tal y como sucede, verbigracia, con la defensa de la cosa por el fiduciario frente a la perturbación sufrida por el fideicomisario (quien necesariamente tiene interés en el pleito por su relación directa con el objeto de la acción)2 o con el poseedor derivado respecto a los actos de despojo sufridos respecto del bien, por competer la defensa de la cosa al poseedor originario. Ahora, como ha quedado precisado, la quejosa reclama la omisión de ordenar su emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil ******* del Juzgado Tercero Civil del distrito judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, promovido por *******, por conducto de sus endosatarios en procuración ******, en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, contra ****** como deudores principales, y ****** como aval, y, como consecuencia, la sentencia definitiva emitida el uno de abril de dos mil trece, en que se condena a dichos demandados; y, el embargo practicado en diligencia de veintiséis de enero de dos mil diecisiete del cincuenta por ciento que pertenece al condenado *******, respecto del inmueble ubicado en ******, quien de igual forma le pertenece a la quejosa en copropiedad respecto al restante cincuenta por ciento. Esto es, reclama actos de una autoridad judicial emanados de un procedimiento jurisdiccional, sin ser parte del mismo al ostentarse como tercer extraña en estricto derecho, como copropietaria del cincuenta por ciento del inmueble ubicado en *******, respecto del cual se embargó el restante cincuenta por ciento que tiene en copropiedad el condenado ****** en el juicio de origen, se insiste no se embargó el cincuenta por ciento del que es propietaria la quejosa, como se advierte de la fotocopia certificada de las constancias que anexó. La acción ejercitada en el juicio de origen por la parte actora lo fue la vía ejecutiva mercantil en ejercicio de la acción cambiaria directa, ante la falta de pago de los demandados del título ejecutivo suscrito por éstos. En la especie, ******, en su carácter de endosatarios en procuración de ****** ejercitaron dicha acción contra *******; la cual fue admitida, dictándose sentencia el uno de abril de dos mil trece, trabándose embargo del cincuenta por ciento del inmueble de controversia en diligencia de veintiséis de enero de dos mil diecisiete; por lo que la litis en el juicio natural se entabló únicamente entre la parte actora y éstos últimos, por reclamarse la falta de pago de un título ejecutivo por ellos suscrito y avalado, respectivamente. De lo hasta aquí expuesto, se desprende claramente que la quejosa no es parte dentro del juicio de origen, como bien se advierte de la sentencia constitucional emitida en el amparo directo ****** del índice del Segundo Tribunal del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, que se hace valer como hecho notorio en términos el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Sustenta lo anterior el precedente siguiente: "Registro digital: 2017123 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 16/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10 Tipo: Jurisprudencia HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Lo anterior, también acorde a los antecedentes narrados por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, y que por tanto prueban plenamente en su contra de conformidad al artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como de la fotocopia certificada de los proveídos de dieciséis de noviembre y seis de diciembre de dos mil veintidós, emitidos en el juicio de origen, que tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 202 de la ley del enjuiciamiento civil. Así, la quejosa al resultar ajena a la litis que ahí se plantea, carece de legitimación para acudir a él como parte, esto es, al no contar con una acción que ejercitar o una excepción que oponer, por lo que la sentencia que se dictó no puede depararle, en forma alguna, perjuicio; de lo que se sigue que tampoco se encuentra facultada para reclamarla o su procedimiento ejecutivo. Sin que con ello se vulnere su derecho al debido proceso, al no ser llamada a juicio pues, se insiste, al no ser parte del procedimiento de origen en forma alguna podrá depararle perjuicio el procedimiento, sentencia y ejecución de la misma ahí dictada, ya que carece de egitimación para acudir a él como parte; sin que ello le impida reclamar en instancia extraordinaria, como ciertamente hace, el secuestro de bienes que estime le pertenecen. Ilustran el particular, los precedentes cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Novena Época Registro: 196930 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: VII, Enero de 1998 Materia(s): Común Tesis: P./J. 6/98 Página: 95 PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." "Época: Décima Época Registro: 2012041 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 32, Julio de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: VII.2o.C.36 K (10a.) Página: 2244 TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO DEPENDEN DEL SUPUESTO EN QUE SE UBIQUE EL QUEJOSO CON ESE CARÁCTER. En la práctica judicial se presentan diversos supuestos de persona extraña a juicio que se ha considerado conveniente clasificar con el fin de establecer, del modo más preciso posible, cuáles habrán de ser los efectos de la protección constitucional en cada una de esas hipótesis. Así, se tiene: I. Al tercero extraño stricto sensu que se identifica con la persona física o moral distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en esta hipótesis, al ser ajeno a la litis ventilada en el juicio, el concepto de persona extraña es menester ubicarlo como opuesto al de parte procesal. De resultar en el amparo que efectivamente el quejoso es extraño a la controversia, conforme al principio establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación el efecto natural de la salvaguarda constitucional solamente se constreñirá en reintegrarlo en el goce de sus derechos que, involucrados en el litigio al que es ajeno, le fueron afectados; esto es, se le restituirá, por ejemplo, en el disfrute de su derecho de propiedad sobre un bien que ha sido embargado en un juicio en que no es parte; al no ser partícipe de esa relación procesal, es claro que no puede verse favorecido ni perjudicado por los actos que se lleven a cabo en la contienda. De ese modo, la concesión del amparo no implicará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural al que se es extraño, en mérito a que al acudir al juicio de garantías la única intención del tercero en comento es simplemente extraer de aquella controversia sus derechos; no le interesa una declaratoria de nulidad total del juicio porque, se reitera, es ajeno a la relación jurídica en él ventilada. II. El tercero extraño por equiparación que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: a) El tercero extraño equiparado simple que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente virtud a un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; bajo esa condición, evidentemente que será extraño a todo lo actuado en el pleito. En este supuesto el efecto de una sentencia protectora se traducirá simplemente en que se declare nulo el juicio a partir del inexacto emplazamiento, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores; en materia civil, a partir de ese momento de restitución, la continuación y conclusión de la contienda quedarán sujetas al principio de derecho rogado que la rige, por lo que será la instancia de las partes la que defina la conclusión de la controversia. Virtud a lo anterior, el efecto de la sentencia de amparo no puede abarcar la orden de que se convoque adecuadamente al tercero extraño en su calidad de demandado como parte que es en aquel proceso, a fin de entablarse así la relación procesal pertinente, sino sólo ordenar la nulidad en los términos apuntados; b) El tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas: por un lado, aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia, lo cual le otorga el carácter de un litisconsorte pasivo necesario no llamado a juicio que de suyo evidencia la necesidad de haberla integrado a la relación jurídica para ponerla en aptitud de defender sus derechos. En esta hipótesis, el amparo que llegara a concederse por quedar corroborado el carácter de tercero en comento, habrá de tener como alcance no ordenar la reposición del procedimiento a fin de que dicha persona que no fue señalada en la demanda natural, sea emplazada junto con los demás litisconsortes; sino que, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la que emergió la jurisprudencia 1a./J. 79/2001 "...los alcances de la protección deberán ser para que se revoque la sentencia reclamada y se dejen a salvo los derechos de las partes...", en mérito a que "...admitir otra postura, esto es, que se reponga el procedimiento, sería tanto como darle poderes al Juez para que supla la demanda del actor, señalando a demandados que no fueron mencionados en la demanda, y es al actor a quien corresponde redactar otra demanda en la que cite a todos los demandados, no al Juez hacerlo de oficio.". Por otro lado, dentro de este apartado de tercero extraño equiparado por litisconsorcio se presenta aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado o se le llamó incorrectamente al juicio; caso en que al igual que el tercero extraño equiparado simple al que se hizo referencia, por virtud del principio de derecho rogado rector de la materia civil, el efecto de una concesión de amparo se constreñirá a la declaratoria de nulidad del juicio a partir del inexacto emplazamiento quedando inválidas todas las actuaciones posteriores, con la particularidad, en esta modalidad, de que tales consecuencias del fallo protector sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, tal como lo sustentó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 9/96, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ÉSTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.". Así, los diferentes supuestos de persona extraña a juicio que se presentan en el amparo permiten afirmar que el efecto del fallo protector no puede ser el mismo en todos ellos; los alcances que deban asignarse a la protección constitucional dependerán de la ubicación del caso en específico dentro de la categorización enunciada." En este orden de ideas, se encuentra probado en autos que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5º, fracción I, y 6°, de la ley en comento, por lo que corresponde a los actos reclamados referentes a la falta de cita, la sentencia emitida en este y el embargo respecto del cincuenta por ciento del inmueble ubicado en *******, todo lo anterior en el juicio ejecutivo mercantil ******, lo que obliga a desechar de plano la demanda de amparo indirecto respecto de dichos actos, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Décima Época Registro: 2006144 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 23/2014 (10a.) Página: 206 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." Al existir jurisprudencia que establece que la falta de legitimación al juicio natural en casos en que se reclame indefensión tiene como consecuencia la ausencia de interés jurídico para reclamar tal acto en el juicio de amparo, ante la confesión hecha por el quejoso y la fotocopia certificada del escrito que se agregó, la causa de improcedencia se actualiza en forma evidente y manifiesta. Cabe hacer la precisión que la Segunda Sala del Máximo Tribunal de nuestro país ha dado pauta para analizar el interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo desde el auto inicial, para establecer que cuando el Juez de Distrito tenga a su alcance elementos suficientes de los que se advierta que el promovente carece del mismo, se podrá desechar la demanda por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que se tiene la convicción de que el promovente no cuenta con ello y aun cuando se tramitara el juicio no se llegaría a una conclusión distinta, como se desprende la tesis jurisprudencial siguiente: "Registro digital: 2023029 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 5/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 2021, Tomo I, página 506 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE DESECHARLA POR ACTUALIZARSE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A SU ALCANCE MEDIOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE LA PARTE QUEJOSA NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Hechos: Al resolver diversos recursos de queja, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre si procede o no el desechamiento de una demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando quien promueve con el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación no acredita tener tal carácter. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que procede desechar la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando el Juez de Distrito tiene a su alcance medios probatorios suficientes para concluir que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación. Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos u omisiones, dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas al juicio. Por otra parte, se tiene que el tercero extraño por equiparación es el sujeto que siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado al juicio, o bien, que fue defectuoso el emplazamiento y que, por ello, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses. En otro orden, se tiene que el Juez de amparo no podrá admitir a trámite la demanda relativa, en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Luego, cuando el juzgador de amparo que conoce de la demanda tiene a su alcance los elementos probatorios suficientes que le permiten deducir que el promovente no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, es legalmente válido que deseche la demanda de amparo, en tanto que aun cuando se tramitara el juicio no se llegaría a una conclusión distinta." Por tanto, es dable aplicar la jurisprudencia recién citada pues, a juicio de esta juzgadora, indudablemente se cuentan con elementos para advertir que la parte quejosa no cuenta con interés jurídico para promover el presente sumario constitucional, conforme a los razonamientos asentados a lo largo de la presente determinación. Ahora por lo que respecta al trance y remate del bien inmueble ubicado en ********, del cual se insiste es copropietaria la quejosa del cincuenta por ciento y su esposo condenado del otro cincuenta por ciento el cual se embargó, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo tercero, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." De la interpretación armónica de los numerales invocados, se advierte que, entre otras causas de improcedencia, se encuentran aquellas que puedan desprenderse de la ley, como cuando se promueve el juicio de amparo contra actos en ejecución de sentencia, específicamente en el procedimiento de remate, que no constituyen la última resolución a dictarse en el procedimiento respectivo, esto es, aquélla que ordena el otorgamiento de la escritura pública de adjudicación y/o entrega de los bienes rematados. Se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2011474 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/2016 (10a.) Página: 1066 REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Por tanto, los actos u omisiones habidos en el procedimiento de remate, llevado a cabo en la etapa de ejecución de sentencia, únicamente podrán reclamarse en amparo como violaciones procesales cuando se dicte esa última resolución, previo agotamiento, en su caso, del principio de definitividad. Ilustra lo anterior, por igualdad de razón la jurisprudencia, cuyos datos de publicación, rubro y texto son: "Época: Novena Época Registro: 190035 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 32/2001 Página: 31 AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Uno de los actos reclamado en el líbelo de garantías es el remate del bien inmueble sujeto al juicio ejecutivo mercantil de origen que se embargó únicamente el cincuenta por ciento perteneciente al condenado *******, en el cual en auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se precisó que no guardaba estado el expediente para convocar a postores para la celebración de la primera almoneda respecto del bien inmueble embargado mediante diligencia de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en virtud que no había sido notificada la quejosa quien es copropietaria del otro cincuenta por ciento, por tanto en auto de seis de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó la notificación del estado de ejecución que guardaba el juicio ejecutivo mercantil de origen, a efecto de respetar el derecho del tanto de los copropietarios, y por ende no vulnerar sus derechos que tiene como copropietaria del inmueble ubicado en ******, para que interviniera en el avalúo y subasta del bien inmueble embargado. Debe señalarse que la quejosa tiene la calidad de copropietaria en un cincuenta por ciento del bien inmueble embargado respecto del otro cincuenta por ciento propiedad del condenado en el juicio ejecutivo mercantil ******, como se precisó en autos de dieciséis de noviembre y seis de diciembre, ambos de dos mil veintidós, y por ello se ordenó su notificación personal para que se impusiera al estado de ejecución de dicho procedimiento, lo cual se realizó vía exhorto dirigido al Juez Civil y familiar del distrito judicial de Tizayuca, Hidalgo, en turno, como se desprende de la fotocopia certificada previamente valorada, que se acompañó al líbelo de garantías, así dicho proveído se le notificó el tres de febrero de dos mil veintitrés, como lo manifestó la quejosa, bajo protesta de decir verdad, lo que prueba plenamente en su contra en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que perdió la calidad de tercero extraño por equiparación. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 192843 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 127/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Noviembre de 1999, página 32 Tipo: Jurisprudencia PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Luego, se advierte que el acto reclamado ha sido emitido en la etapa de ejecución de sentencia específicamente en el procedimiento de remate y que es distinto a la última resolución tratándose del remate, que no es otro que aquel en que se ordene la escrituración del bien a favor del adjudicatario o en el que se ordene ponerle en posesión; los cuales acorde a las constancias que se anexó la quejosa, no se han emitido en el juicio natural, pues justamente apenas se le dio intervención para que compareciera a la etapa de ejecución respectiva, y pudiera intervenir en el avalúo y subasta del bien embargado (foja 15). En tal sentido, se concluye que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, no constituye la última resolución para efectos de la procedencia del juicio de garantías. Se invoca la tesis jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2020631 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I Materia(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 57/2019 (10a.) Página: 110 ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." No debe dejar de mencionarse que la quejosa, al habérsele reconocido el carácter de copropietaria respecto el bien inmueble que se pretende rematar, resulta ser parte formal y material dentro del procedimiento de ejecución en el juicio de origen, de ahí que se encuentra obligada a agotar el principio de definitividad establecido en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues conforme a la legislación mercantil, se encuentra en aptitud de interponer recurso de apelación o revocación según sea el caso, contra el auto que aprueba el remate que aquí reclama. Sustenta tal aserto, las tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: VIII.3o.16 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Abril de 2007, página 1658 Tipo: Aislada APELACIÓN. AUN CUANDO LOS AUTOS QUE APRUEBAN EL REMATE O LA ADJUDICACIÓN DIFIEREN EN ALGUNAS DE SUS MODALIDADES, AMBOS TIENEN LOS MISMOS EFECTOS JURÍDICOS, POR LO QUE CUALQUIER IRREGULARIDAD QUE SE HUBIERE COMETIDO CON MOTIVO DE LA SUBASTA, INCLUYENDO AQUELLAS QUE SE CONTENGAN EN LA PROPIA RESOLUCIÓN, DEBERÁ IMPUGNARSE MEDIANTE DICHO RECURSO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA). De los artículos 979, fracción VII, 984, 986 y 987 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila, se advierte que aun cuando el auto que aprueba el remate difiere en algunas de sus modalidades de aquel por el que se aprueba la adjudicación, pues en el primer caso el bien lo adquiere un tercero ajeno al juicio quien acude con el carácter de postor, en tanto que en el segundo, es el actor, en su calidad de acreedor, en quien recae esa adquisición; sin embargo, ambos tienen los mismos efectos jurídicos pues, una vez satisfecho el precio del bien, se tendrá por perfeccionada la venta judicial. En esas condiciones, al establecer el diverso numeral 916 del citado ordenamiento legal, la procedencia del recurso de apelación contra la resolución definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate o la adjudicación, es indudable que a través de ese medio de defensa se podrán reparar todas las irregularidades en las que se hubiera incurrido con motivo de la celebración del remate, incluyendo aquellas que se contengan en el dictado de la propia resolución que lo apruebe o desapruebe, según sea el caso, o al adjudicar el bien." Registro digital: 191356 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VI.2o.C. J/190 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, página 1019 Tipo: Jurisprudencia ADJUDICACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. EN CONTRA DEL AUTO QUE LA APRUEBA DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. El auto que aprueba la adjudicación, esto es, que declara fincado el remate a favor del acreedor, causa un gravamen que lógicamente no es susceptible de ser reparado en sentencia definitiva; por tanto, el agraviado, previamente a la proposición del juicio de garantías, debe agotar el recurso de apelación previsto por el artículo 1341 del Código de Comercio o el de revocación contemplado en el artículo 1334 de esa misma legislación, según sea el caso, con el objeto de acatar el principio de definitividad." "Registro digital: 2017499 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: VIII.1o.C.T.2 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 3015 Tipo: Aislada PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA ENTREGA DE LOS BIENES REMATADOS, DEBE OBSERVARSE Y AGOTARSE EL MEDIO ORDINARIO QUE PROCEDA, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVIII y 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, interpretados de manera conjunta y sistemática, se advierte que contra el auto dictado en la fase de ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil, que ordena la entrega de los bienes rematados, se debe agotar el medio ordinario de defensa que en su caso proceda, antes de promover el juicio de amparo, pues el hecho de que se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de remate, no implica inobservar el principio de definitividad." Por tanto, respecto a dicho acto reclamado al actualizarse manifiesta e indudablemente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo tercero, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de derechos fundamentales promovida por la impetrante. Cabe hacer la precisión que en principio y por regla general, el interés jurídico no constituye una causa manifiesta y evidente de improcedencia; empero, en el caso existe jurisprudencia perfectamente aplicable al caso, que implica lo innecesario de la tramitación del juicio de amparo, pues la quejosa no podría demostrar no encontrarse bajo sus supuestos. Cabe destacar que el desechamiento de la demanda no viola los derechos humanos de acceso a la justicia y defensa protegidos por los artículos 14 y 17 constitucionales, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tampoco incumple con el objeto de la Ley de Amparo, que es maximizar y eficientar los derechos humanos de los individuos para evitar actos arbitrarios de la autoridad. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia (acceso a la tutela judicial efectiva). Sin embargo, ha precisado también que esa circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues, por lo contrario, se dejarían de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional, en detrimento de la seguridad jurídica de los gobernados, provocando un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Por tanto, el establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a ellos. Sumado a que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En ese sentido, aun cuando el juicio de amparo es una materialización del derecho humano de acceso a la impartición de justicia y de un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a ese derecho fundamental. Tienen aplicación las jurisprudencias que se citan a continuación: "Época: Décima Época Registro: 2007621 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 98/2014 (10a.) Página: 909 DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." "Época: Décima Época Registro: 2005917 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 22/2014 (10a.) Página: 325 DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: *******. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizado(s). Téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo a ******, hasta en tanto acredite(n) contar con cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. c. Uso de medios electrónicos. Hágase del conocimiento del promovente que no requiere de autorización por parte de este tribuna para hacer uso de los mismos en la consulta del expediente físico. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa en contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen. VI. Exhortación a que hace alusión el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: I. Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. VII. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. VIII. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que este juzgado, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. En todo caso, hágase del conocimiento de las partes que este tribunal presume su oposición a la publicación de sus datos personales y únicamente en caso de solicitud expresa, se obrará en contrario. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.
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