Francisca Lucina Cruz Maya
Expediente 1030/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 35 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1030/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 22/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisca Lucina Cruz Maya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vistas las certificaciones de cuenta se advierte que en el expediente principal del que emana el presente incidente, con esta fecha se decretó que causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo; asimismo, que por auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se negó la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el doce de noviembre de dos mil veintiuno, se negó la definitiva solicitada. I. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. II. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que en este asunto se negó la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se estima que el original de este incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General. III. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. IV. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el disidente haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa. I. Por tanto, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1 relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. V. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento. VI. De igual forma, toda vez que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda copias certificadas de diversas documentales, los cuales son considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en consecuencia, de conformidad con el numeral 18 cuarto párrafo del citado Acuerdo General, los documentos referidos quedan a disposición de la parte quejosa en la secretaría de este órgano jurisdiccional, para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, podrán ser destruidos al destruirse este expediente. VII. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el disidente haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa. I. Por tanto, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1 relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. V. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento. VI. De igual forma, toda vez que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda copias certificadas de diversas documentales, los cuales son considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en consecuencia, de conformidad con el numeral 18 cuarto párrafo del citado Acuerdo General, los documentos referidos quedan a disposición de la parte quejosa en la secretaría de este órgano jurisdiccional, para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, podrán ser destruidos al destruirse este expediente. VII. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.(SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)
- Principal
".SENTENCIA Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1030/2021, promovido por Francisca Lucina Cruz Maya. I. ANTECEDENTES 1. La parte quejosa manifiesta que es legitima propietaria de un bien inmueble ubicado en la calle del Gueche, interior sin número, barrio el Gueche, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, el cual refiere colinda por el lado poniente con Angélica María García Almaraz, quien se encuentra realizando trabajos para edificar una barda dentro de la servidumbre de paso legal. 2. Ante la referida obra, el treinta de agosto de este año, acudió a las oficinas de la autoridad responsable Regidor de obras del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para efecto de que iniciara el procedimiento de verificación de permiso de construcción y alineamiento de calle y como consecuencia la suspensión de obra, por lo que en esa misma fecha la responsable se constituyó en la construcción referida a efecto de realizar la verificación solicitada.3. No obstante, lo anterior, la parte quejosa aduce que la autoridad responsable ha sido omisa en realizar las gestiones necesarias a efecto de suspender la obra en comento; en virtud que la misma sigue en construcción.4. Por lo que, ante tal omisión la parte quejosa acude a esta instancia constitucional con la finalidad de que se le restituya en el goce de los derechos que estima violados.II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 5. Francisca Lucina Cruz Maya, presentó un escrito el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado al Regidor de Obras del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 6. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. 7. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, y por auto de veintidós de septiembre siguiente, este órgano jurisdiccional radicó la demanda de amparo bajo el expediente 1030/2021, y previno a la parte quejosa. 8. Una vez desahogada la prevención realizada, así como la ratificación de firma del ocurso que la cumplimentó, por auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, la admitió a trámite; asimismo, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; asimismo, se ordenó el emplazamiento a la tercero interesada, lo que se hizo el seis de mayo de dos mil veintidós. 9. La audiencia constitucional, tuvo verificativo el once de julio de dos mil veintidós en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 10. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. 11. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en contra de una omisión administrativa y la autoridad responsable tienen su residencia en donde este juzgado ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 12. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 13. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 14. Ahora bien, en virtud que la demanda de amparo debe analizarse de manera íntegra, asumiendo como un todo los capítulos de actos reclamados y de antecedentes, a fin de advertir de manera plena lo realmente planteado, en relación a la causa de pedir y con ello el órgano jurisdiccional se encuentre en calidad de resolver la litis realmente planteada, se tiene como acto reclamado al Regidor de Obras del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca: La omisión de suspender la obra en construcción en áreas de la servidumbre de paso del bien inmueble que la quejosa aduce es de su propiedad. 15. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.109 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de 2011, página 1299, Novena Época, con registro 162385, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA. ESTUDIO INTEGRAL PARA DESENTRAÑAR LA CAUSA DE PEDIR. La demanda debe analizarse de manera íntegra, asumiendo como un todo los capítulos de prestaciones y de hechos, así como el estudio de los documentos exhibidos, a fin de advertir de manera plena lo realmente planteado, en relación a la causa de pedir. De esta manera, si la parte demandada opuso excepciones, e incluso reconvención, en función de esa causa de pedir, debe concluirse que no se le dejó en estado de indefensión y, por ende, el órgano jurisdiccional se encuentra constreñido a resolver la litis realmente planteada; por tanto, los errores de cita de las fechas del contrato base de la acción, no deben ser obstáculo para resolver el fondo del asunto." 16. De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza de los citados actos reclamados, en relación con la autoridad responsable. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO 17. Al rendir su informe justificado, el Director de Subdivisiones y Permisos de Obras del Ayuntamiento Constitucional de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, negó la existencia de los mismos, realizando manifestaciones a efecto de justificar los actos que se le atribuyen en virtud de referir que el treinta de agosto de dos mil veintiuno, se constituyó en la obra a fin de realizar las gestiones de verificación, entregado al efecto a una persona que no se identificó la orden de verificación y de suspensión de obra, quien hizo caso omiso a los apercibimientos de la responsable. 18. Es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, materia común, tomo XIV, julio de 1994, publicada en la página 391, que establece: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." 19. Además que, tratándose de actos de naturaleza omisiva para desvirtuar su existencia, no basta alegarla sino que debe probarse el hecho por parte de la autoridad por virtud del cual no podría existir la omisión que se le atribuyó, lo que en caso concreto no ocurre. 20. Por lo que en tales condiciones procede desvirtuar dicha negativa, en virtud que si bien la responsable acudió a realizar la verificación de obra esta no fue suspendida y la responsable no realizó gestión alguna tendente a dar cumplimiento a su mandato, por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado. VI. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. 21. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. 22. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 23. El suscrito advierte que respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable consistente en la omisión de suspender la obra en construcción en áreas de la servidumbre de paso del bien inmueble que la parte quejosa aduce es de su propiedad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5° y 6° todos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra los actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. 24. La porción normativa reproducida en primer término, establece el concepto de interés jurídico o legítimo para promover la acción constitucional contra actos, cuando se alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello se afecte la esfera jurídica del ciudadano, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 25. Esto es, el artículo en cita establece que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso. 26. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que, para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar el interés -jurídico o legítimo- que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. 27. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1598 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, marzo de 2019, Tomo II, correspondiente a la Décima Época, registro 2019456 de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." 28. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que el agraviado acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. 29. Así, es preciso señalar, que de acuerdo a lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en el caso concreto, la parte quejosa se encuentra obligada a justificar que tiene interés jurídico, es decir, un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. 30. En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo [.]" 31. Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1º, fracción I, y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". 32. De los dispositivos legales antes transcritos se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio, es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que al quejoso corresponde con relación a los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. 33. A mayor abundamiento, el juicio de amparo tiene por objeto proteger al impetrante contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 34. Así, el interés jurídico necesario para promover el juicio de amparo contra leyes o actos de autoridad solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, por grave que éste pudiera parecer; esto es, el interés jurídico está en relación directa con el derecho afectado y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho. 35. La tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos; por ello, las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir no afecten real y efectivamente sus derechos. 36. Entonces, el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia emitida en dicho juicio, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. 37. Reseñado lo anterior, es preciso indicar que la parte quejosa manifiesta ser propietaria del bien inmueble ubicado en la calle del Gueche, interior sin número, barrio el Gueche, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, propiedad en la que aduce es colindante por el lado poniente con diversa propiedad de la aquí tercera interesada Angélica María García Almaraz, quien se encuentra realizando una obra que obstaculiza la servidumbre de paso de la disidente; ante ello, solicitó al Regidor de Obras del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, que realizara las gestiones necesarias dentro de sus atribuciones para llevar a cabo la verificación de la obra en comento y procediera a la suspensión de la misma. 38. Ahora, para acreditar su interés ofrece como pruebas de su parte las siguientes documentales: a) Copia certificada de la rectificación de medidas número seis mil cincuenta y cuatro pasado ante la fe del Notario Público número 114, en el Estado de Oaxaca. b) Copia simple de la diligencia de apeo y deslinde ante el Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, de once de agosto de dos mil catorce. 39. Respecto de la documental referida en el inciso a), hace prueba plena en términos de los numerales 199 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°; pero no son aptas para demostrar un derecho subjetivo tutelado a favor de la promovente de amparo. 40. Esto es así, en virtud que dicha acta hace referencia a una rectificación de medidas del predio de donde deriva la omisión que se reclama a la responsable; sin embargo, este documento no basta para comprobar la propiedad o posesión que aduce ostentar la parte quejosa respecto del bien inmueble colindante; para ello era necesario que, anexara el documento idóneo con el cual compruebe la causa de origen de la propiedad, pues con el documento que exhibió únicamente se demuestran que el notario público da fe de las medidas correctas del predio y sus colindancias, pero no el derecho real de propiedad o posesión del bien. 41. Ahora bien, respecto a la documental reseñada en el inciso b), al obrar en copia simple y no encontrarse concatenada con ningún otro medio de prueba, no hace prueba plena en este juicio para acreditar el interés jurídico que le asista a la quejosa para defender su propiedad del inmueble y con ello acreditar su interés para promover esta instancia constitucional; es así porque un documento en copia simple se considera un simple papel que no aporta ningún dato al carecer de autenticidad y no poder establecer la veracidad de su origen y de quienes lo suscriben. 42. Aunado a que la oferente no ofreció la prueba de cotejo correspondiente para darle autenticidad a la prueba, máxime que el documento que exhibió en copia simple, corresponde a actuaciones de un expediente del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 43. No obstante, de haber perfeccionado ese medio probatorio, tampoco hubiera servido para acreditar su interés jurídico en este juicio, pues se reitera, la constancia de apeo y deslinde no es la documental idónea para acreditar la propiedad o posesión sobre un bien inmueble, porque su objeto es sólo determinar los límites y señales de los predios, y no prejuzgar sobre la propiedad o posesión de esos colindantes o de terceros sobre la totalidad o parte de los predios deslindados. 44. Sirve de apoyo la tesis I.8o.C.167 C, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 477, Novena Época, con registro electrónico 196863, de rubro y texto siguiente: "APEO Y DESLINDE. LO DETERMINADO EN ESTAS DILIGENCIAS NO ES TÍTULO DE PROPIEDAD NI DE POSESIÓN. Las diligencias de apeo y deslinde no pueden constituir un título de propiedad ni de posesión frente a terceros ajenos a las diligencias, pues tratándose de actos efectuados fuera de juicio, su resultado no puede tener como consecuencia la privación de derechos de propiedad de los colindantes, porque su objeto es sólo determinar los límites y señales de los predios, y no prejuzgar sobre la propiedad o posesión de esos colindantes o de terceros sobre la totalidad o parte de los predios deslindados, por lo que deberá ser valorada su eficacia probatoria por el juzgador en juicio contradictorio destacado." 45. Luego al no constar elementos fidedignos en las documentales exhibidas que acrediten el referido efecto jurídico sobre el bien inmueble que ostenta la promovente de amparo, son ineficaces para acreditar el interés jurídico que les afecta, pues, no se justifica el origen de la que deriva la propiedad de la parte quejosa para acreditar el interés jurídico para la promoción de este juicio de amparo. 46. Así, para acreditar su interés jurídico de manera fehaciente debe demostrar que tiene el dominio sobre la cosa, para lo cual es ilustrativa la tesis 2a. LIII/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 198745, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, página 333, cuyo sumario es el que sigue: INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENEN LOS SIMPLES OCUPANTES O HABITANTES DEL INMUEBLE. El interés jurídico necesario para promover amparo contra leyes o actos de autoridad, solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, por grave que pudiera parecer, pues de aceptar lo contrario, se llegaría al absurdo de sostener la incongruencia jurídica de que ante un acto autoritario que afectara el derecho de posesión, se promovieran por separado tantos juicios de amparo como personas habitaran el inmueble relativo, incluyendo la servidumbre; por ello, aunque el quejoso alegue habitar el inmueble, del que es propietario su hijo, ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo, pues tal circunstancia no demuestra la posesión que pudiera ser garantizada por la ley. 47. También sirve de fundamento a las consideraciones vertidas en párrafos que anteceden, la Jurisprudencia 289, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309, tomo II, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2011, con número de registro 1002355, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. - En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." 48. En ese orden de ideas, si la parte quejosa no acreditó el derecho que aduce tener respecto del bien inmueble que se localiza en la calle del Gueche, interior sin número, barrio el Gueche, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, con las documentales que pudo anexar a su demanda de amparo o durante la tramitación del presente juicio y no aportó ningún otro medio de convicción que permitan a este Juzgado de Distrito advertir que efectivamente el acto reclamado le ocasiona un agravio, no obstante que le correspondía la carga de la prueba, para el acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama se ubica dentro de la esfera jurídica de la justiciable, entonces es claro que no cuenta con interés jurídico en el presente juicio de amparo. 49. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J.1/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, del tomo XV, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 187777, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". 50. Sin que pase inadvertido que en su escrito de demanda anunció como prueba de su parte la inspección ocular en el inmueble materia de la litis, con asistencia de un perito arquitecto, con la finalidad de deslindar y delimitar las medidas del predio y la servidumbre legal de paso que da acceso a su domicilio, pues no la ofreció en términos de ley, dado que no exhibió los puntos a certificar, ni proporcionó los datos del experto; aunado a que lo que pretendía con esa prueba no es materia de una inspección ocular, sino de diverso medio de prueba. 51. En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. 52. En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de actos que han quedado sin efecto y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la quejosa. 53. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. 54. Finalmente, se hace la precisión que, de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. VII. DECISIÓN 55. Consecuentemente, al hacerse patente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado y a la autoridad señalada como responsable, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. 56. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE UNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Francisca Lucina Cruz Maya, por las consideraciones expuestas en el considerando VI de esta resolución NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."(SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)
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