Francisca Lorenzo Gervacio
Expediente 2209/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 2209/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/12/2017
Partes del expediente
- Francisca Lorenzo Gervacio
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede que ha transcurrido el plazo de cinco días que prevé en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja, en consecuencia, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente y ARCHÍVESE el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante proveído de siete de noviembre de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que lo hubieran hecho, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de siete de noviembre de dos mil diecisiete y, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, se concedió a la quejosa Margarita Cecilio Dolores, por propio derecho, y en representación de las menores Citlali y Estrella, ambas de apellidos García Cecilio, la protección constitucional solicitada, contra actos del Superintendente adscrito a la Gerencia Divisional de Distribución Centro Oriente de la Comisión Federal de Electricidad, para el efecto de que dejara insubsistente el oficio ACV-1120/2016 del veintinueve de junio de dos mil dieciséis, y en su lugar emitiera uno diverso, en el que de manera fundada y motivada se pronunciara acerca de la admisión o no de la reclamación que la quejosa promovió mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil dieciséis, partiendo de la base de que la referida Comisión es una empresa productiva propiedad exclusiva del Gobierno Federal, y por ende, un ente público federal, por lo que, en ciertos casos, le es aplicable la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, como cuando un tercero ajeno a la actividad mercantil de la empresa estatal sufre una afectación. En cumplimiento a lo anterior, el Delegado del Superintendente adscrito a la Gerencia Divisional de Distribución Centro Oriente de la Comisión Federal de Electricidad o Superintendente de Zona Tehuacán, con sede en la ciudad de Puebla, mediante los oficios recibidos el veintitrés de octubre y seis de noviembre, ambos de dos mil diecisiete, en el primero remitió copia certificada del auto en el que admitió a trámite la reclamación en la vía administrativa promovida por Margarita Cecilio Dolores, así como la constancia de notificación a dicha persona; y en el segundo, copia certificada del acuerdo que emitió el veinticinco de octubre del presente año, en el que dejó insubsistente el oficio ACV-1120/2016 de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la razón de cuenta que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°., se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio y ampara ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable persona moral denominada "Concesiones Integrales", Sociedad Anónima de Capital Variable, para que realice los actos precisados en la sentencia de amparo dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, consistentes en: "Por otra parte, respecto a los actos reclamados a Concesiones Integrales, sociedad anónima de capital variable, dado lo fundado de los argumentos esgrimidos por el quejoso, lo procedente es otorgar la protección constitucional solicitada, para el efecto de que dicha persona moral deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento de suspensión de los servicios hídricos respecto del local comercial PB11 del Centro Comercial Plaza Jazz, ubicado en la Calle Paseo Sinfonía, número doce, fraccionamiento Lomas de Angelópolis del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, registrado con el número NIS 3048615, es decir, el oficio del doce de junio del dos mil diecisiete en el que se ordenó la restricción de los servicios hídricos, así como la diligencia del quince del mismo mes y año; en el entendido que en caso de haber colocado sellos de restricción también deberá ordenar su retiro. Importa destacar que en caso de que el quejoso cuente con algún adeudo por falta de pago de los servicios aludidos, la concesión del amparo no lo exime de cumplir esas obligaciones, pues la persona moral responsable está en posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento, o volver a suspender el servicio de que se trata, e incluso realizar su cobro -coactivo- por conducto de la autoridad respectiva, pues el artículo 119 de la Ley de Agua para el Estado dispone que los adeudos o cargos derivados del suministro de agua tendrán el carácter de créditos fiscales y, por tanto, están sujetos al procedimiento administrativo de ejecución, siempre y cuando otorgue al usuario el derecho de audiencia previa". Se apercibe a la mencionada autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el propio diario el diez de enero de dos mil diecisiete, y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en turno con residencia en esta ciudad para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se les informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se le comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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