Francisca López Portillo Y Arvizu

Expediente 179/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 21 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
179/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
22/06/2022

Partes del expediente

  • Francisca López Portillo Y Arvizu
  • Jefa del Departamento de Afiliación Y Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas
  • Silvia García Ruiz
  • Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas, autoridad sustituta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Amparo en revisión

    Agréguese el oficio firmado por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, recibido vía electrónica tal y como se advierte de su evidencia criptográfica, mediante el cual acusa recibo del similar, por el que se remitió testimonio de la ejecutoria y los autos de origen. Visto el estado que guardan los presentes autos y que mediante ejecutoria de dos de junio de dos mil veintidós, dictada en el presente asunto, se modificó la sentencia recurrida, se sobreseyó en el juicio de amparo indirecto y se declararon sin materia los recursos de revisión adhesivos, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y electrónico, respectivamente. ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Notifíquese

  2. Amparo en revisión

    PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por xxx, contra los actos reclamados a la Juez Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, con residencia en esta ciudad, así como respecto de la Jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, ambos de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Zacatecas. TERCERO. Se declaran sin materia los recursos de revisión adhesivos interpuestos por xxx, Jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, ambos de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Zacatecas.

  3. Amparo en revisión

    Como se ordenó en la sesión ordinaria virtual de la misma fecha, este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, anunció la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXII de la Ley de Amparo, quedando en lista a fin de dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia señalada en el proyecto de resolución que se sometió a consideración; lo anterior en aras de velar por el derecho de audiencia y, en su caso, que la parte interesada se encuentra en oportunidad de expresar argumentos tendientes a favorecer su situación jurídica y se esté en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda una vez que, en su caso, se desahogue la vista conducente la cual se sustenta en las siguientes consideraciones: "QUINTO. Antecedentes. 5. Para mejor comprensión del presente asunto, se estima pertinente relatar algunos antecedentes del acto reclamado, para lo cual incluso, se hará relación de diversos expedientes radicados en el índice de este tribunal colegiado; apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XIX.1o.P.T. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, la cual comparte este Tribunal, dice: "HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS. Los hechos notorios se encuentran previstos en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y pueden ser traídos a juicio oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, aun sin su invocación por las partes. Por otro lado, considerando el contenido y los alcances de la jurisprudencia 2a./J. 27/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 117, de rubro: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.", resulta inconcuso que, en aplicación de este criterio, los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden invocar como notorios en los términos descritos, tanto las ejecutorias que emitieron como los diferentes datos e información contenidos en dichas resoluciones y en los asuntos que se sigan ante los propios órganos y, en esa virtud, se trata de aspectos que pueden valorarse de forma oficiosa e incluso sin su invocación por las partes, con independencia de los beneficios procesales o los sustantivos que su valoración pudiera reportar en el acto en que se invoquen." 6. Con apoyo en lo establecido en dicha tesis, a fin de salvaguardar el principio de congruencia de las resoluciones que se dictan en el trámite del juicio de derechos, este Tribunal Colegiado invoca como hecho notorio, los datos e información contenidos en las sentencias de amparo directo 170/2021 y 189/2021 de este mismo índice jurisdiccional, así como lo resuelto en ellas, pues el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto del que deriva el recurso en estudio, tiene su fuente en el juicio de alimentos respecto del cual las sentencias de amparo directo mencionadas, examinaron la constitucionalidad de lo resuelto por el juzgador en cuanto al fondo de la controversia original. 7. Así es, en la ejecutoria de amparo directo 189/2021, relativa a la demanda de derechos humanos que promovió Andrea Heredia -aquí tercera interesada y recurrente principal-, se encuentran los antecedentes del juicio de alimentos del que deriva el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto materia del presente recurso; entre esos antecedentes, son de considerarse los siguientes: "NOVENO. Estudio I Antecedentes 1.Por escrito presentado el "13 de noviembre de 2018", ante el Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de la Capital del Estado, Francisca López Portillo y Arvizu, demandó el pago de una pensión alimenticia o compensatoria provisional y definitiva con motivo de la unión de hecho que dijo sostuvo con Heriberto Hernández Vargas. Como fuente jurídica del derecho pretendido, invocó la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "PENSIÓN COMPENSATORIA. ELEMENTOS A LOS QUE DEBERÁ ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE DETERMINAR EL MONTO Y LA MODALIDAD DE ESTA OBLIGACIÓN.", así como la jurisprudencia del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA O COMPENSATORIA EN UNIONES DE HECHO QUE NO SEAN CONSTANTES Y ESTABLES, PARA DECRETAR SU PROCEDENCIA, ES INSUFICIENTE QUE SE HAYA PROCREADO UN HIJO EN COMÚN O QUE UNO DE SUS INTEGRANTES SE HAYA DEDICADO AL CUIDADO DE ESTE." Dicha acción se emprendió en contra de la sucesión del último de los nombrados por conducto de su albacea Andrea Heredia, de quien dijo fue a quien se le adjudicaron los bienes de la misma: ".la cual solicito sea llamada a juicio como tercera interesada en razón de ser la beneficiaria de las pensiones alimenticias del servicio de pensiones alimenticias ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social para que manifieste lo que a su derecho convenga.." (.) "2. Por auto de "4 de diciembre de 2018", la Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, admitió a trámite la demanda, la registró con el número de juicio 502/2018, y determinó: ".emplácese a la albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Heriberto Hernández Vargas así como a la demandada Andrea Heredia en su calidad de adjudicataria de la sucesión." En su contestación de demanda, admitida por auto de 24 de enero de 2019", Andrea Heredia hizo valer lo siguiente:" (.) "3. Mediante sentencia de "28 de octubre de 2019", la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de la Capital del Estado de Zacatecas, resolvió el juicio oral de alimentos, de la que se advierte que consideró lo siguiente:" (.) "4. En contra de esa determinación, solamente Francisca López Portillo y Arvizu interpuso recurso de apelación, y la parte demandada no promovió apelación adhesiva, sólo se apersonó al procedimiento de dicho recurso. 5. La apelación fue resuelta por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, mediante sentencia dictada el "24 de febrero de 2020" en los autos del toca 752/2019, en la que se revocó la sentencia recurrida, al considerar en esencia lo siguiente: "En conclusión, el plazo de un año contenido en el artículo 243 del Código Familiar vigente en el Estado, que la juez resolutora consideró como límite para que Francisca López Portillo y Arvizu, pudiera ejercer la acción de alimentos en contra de Heriberto Hernández Vargas, con quien quedó acreditado en juicio, formó una familia que se consolidó a lo largo del tiempo por más de treinta y dos años, es inconstitucional. Por ello, a criterio de esta Sala, debe inaplicarse el anterior citado, y acatar la regla general contenida en el artículo 280 del Código Familiar que dispone: "Artículo 280.- El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto de transacción y es imprescriptible por lo que se refiere a los alimentos actuales." (.) Bajo estas directrices, se decide que, previo el estudio armónico del contenido de los escritos y documentos anexos a la demanda y contestación, los integrantes de esta Sala consideran, no existen las condiciones necesarias para el acogimiento de la acción, por dos cuestiones principales: -Al momento de la instauración del juicio de alimentos, la sucesión a bienes del extinto Heriberto Hernández Vargas, ya se encontraba extinguida; y, -Andrea Heredia, en calidad de adjudicataria de dicha sucesión, no cuenta con vínculo familiar que la ligue directamente con la actora, y la obligue a responder por la obligación de alimentos a su favor." (.) "7. En contra de lo resuelto en el recurso de apelación, solamente Francisca López Portillo y Arvizu presentó juicio de amparo (sin que se promoviera amparo adhesivo), el cual resolvió este Tribunal Colegiado el "4 de febrero de 2021", en el expediente 192/2020, en el sentido de conceder la protección federal solicitada al considerar lo siguiente: "Precisado lo anterior, se destaca que en el caso, Francisca López Portillo y Arvizu demandó de la sucesión a bienes de Heriberto Hernández Vargas y de Andrea Heredia, en su calidad de adjudicataria de dicha sucesión, alimentos provisionales y definitivos, en la modalidad de pensión alimenticia o compensatoria en uniones de hecho. Al respecto, la Sala responsable consideró que existía falta de legitimación pasiva, en principio, porque la sucesión a bienes del finado Heriberto Hernández Vargas ya se encontraba extinguida al promoverse el juicio de alimentos. Determinación que se estima acertada, porque el juicio sucesorio intestamentario 90/2015, del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de la capital, culminó con la adjudicación de la herencia en favor de Andrea Heredia, el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, por lo que a la fecha de presentación de la demanda de alimentos -nueve de noviembre de dos mil dieciocho-, la sucesión a bienes de Heriberto Hernández Vargas ya había concluido; de ahí que se coincida con la Sala del conocimiento al determinar que la sucesión demandada no tenía legitimación pasiva, porque ya se había extinguido." (.) "Por otro lado, la Sala del conocimiento consideró que Andrea Heredia, en calidad de adjudicataria de la sucesión a bienes de Heriberto Hernández Vargas, también carecía de legitimación pasiva, porque no tiene vínculo familiar con Francisca López Portillo y Arvizu, aunado a que la obligación que en su caso correspondió al finado Heriberto Hernández Vargas de ministrar alimentos en favor de la hoy quejosa, no es transmisible a Andrea Heredia. Determinación que este Tribunal Colegiado estima incorrecta, porque como acertadamente refiere la quejosa, los deberes jurídicos patrimoniales del autor de la sucesión - Heriberto Hernández Vargas-, como sería el relacionado con la obligación de dar alimentos a su ex concubina Francisca López Portillo y Arvizu, pueden reclamarse judicialmente a la heredera Andrea Heredia, en lo personal, en tanto que es causahabiente del difunto deudor." (.) "C) Decisión. En las relatadas consideraciones, al resultar fundado el concepto de violación previamente analizado, procede conceder a la quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable realice lo siguiente: I. Deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que, por un lado, reitere la decisión de revocar la sentencia recurrida, por las mismas razones que había considerado en aquel fallo; reitere también lo relativo a la falta de legitimación pasiva de la demandada sucesión a bienes del finado Heriberto Hernández Vargas; y, por otro lado, II. Prescinda de considerar que Andrea Heredia, en calidad de adjudicataria de la sucesión a bienes de Heriberto Hernández Vargas, carece de legitimación pasiva; y, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, determine que la obligación de ministrar alimentos a Francisca López Portillo y Arvizu por parte de Heriberto Hernández Vargas sí se puede reclamar judicialmente a la heredera Andrea Heredia, en lo personal, debido a que es causahabiente del difunto deudor; y, III. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. d) Estudio innecesario de los restantes conceptos de violación." 8. En cumplimiento de esa ejecutoria de amparo, la Sala responsable emitió la sentencia de "16 de marzo de 2021", la cual constituye el acto reclamado, en la que se advierte que reiteró lo dicho en la sentencia de "24 de febrero de 2020" que motivó que revocara la sentencia apelada; también reiteró la falta de legitimación pasiva de la sucesión nombrada, y consideró que dicha legitimación la tiene Andrea Heredia como heredera adjudicataria de los bienes de esa sucesión. Abundó, en que no es verdad que la acción de alimentos está prescrita, que hay falta de legitimación pasiva en la sucesión nombrada, y que se demostró la existencia entre la actora y el finado Heriberto Hernández Vargas, de una relación pública, constante y estable equiparable a la de un matrimonio o concubinato, a la que se le deben reconocer los mismos derechos en el tema de alimentos. " (.) "Por otro lado, consideró la Sala que las pensiones de viudez que recibe Andrea Heredia, no pueden ser referentes para el pago de la pensión de alimentos ya que no pueden considerarse parte del acervo hereditario del finado Heriberto Hernández Vargas; empero:" (.) "10. Por otro lado, como medidas provisionales decretadas durante el juicio referido, mediante resolución de "20 de febrero de 2019", dictada en el toca 787/2018, la Primera Sala Civil y de lo Familiar, resolvió el recurso de queja que se interpuso contra la negativa del Juez de primer grado a establecer esas medidas, recurso que fue en el sentido de acordarlas favorablemente, por lo que se autorizó en favor de la actora, el "50%" de la pensión de viudez que recibe la demandada por parte del "ISSSTE", por lo que se ordenó enviar los oficios correspondientes a esa institución para que actuara en consecuencia. Dicha resolución fue impugnada por Andrea Heredia, mediante el juicio de amparo indirecto, mismo que fue concedido por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, mediante resolución de "29 de agosto de 2019"; empero, fue revocada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, al resolver el amparo en revisión 876/2019, en auxilio de las labores de este órgano colegiado, pues procedió a sobreseer en el juicio por cambio de situación jurídica, ya que en el juicio origen del acto reclamado, se dictó sentencia en primera instancia el "28 de octubre de 2019" que absolvió a la parte demandada y dejó sin efectos la medida provisional de alimentos decretada." 8. Por otra parte, en dicha ejecutoria de amparo 189/2021, este Tribunal Colegiado concedió la protección federal solicitada para el siguiente efecto: "Decisión Ante lo expuesto, se impone conceder la protección federal solicitada, para que la autoridad responsable deje sin efectos la sentencia reclamada, proceda a dictar otra en el que reitere todo lo que no es motivo de concesión en esta ejecutoria, y con libertad de jurisdicción se vuelva a pronunciar de manera fundada y motivada respecto del principio de proporcionalidad en el tema del quantum de la pensión de alimentos, y respecto de la condena en costas y gastos, conforme a los lineamientos indicados en los apartados "E. Límite de garantía para el pago de pensiones alimenticias (proporcionalidad y quantum de la condena)" y "F. Costas y gastos" del considerando noveno de esta ejecutoria." (Hasta aquí, los antecedentes que se sustraen de la ejecutoria de amparo 189/2021). 9. En otro orden, por lo que corresponde al diverso juicio de amparo directo 170/2021, promovido por Francisca López Portillo y Arvizu (aquí quejosa y recurrente adhesiva), se negó la protección federal solicitada, entre otras cuestiones, por lo siguiente: "B. Aplicación para el pago de alimentos de la actora, respecto de las pensiones de viudez que la demandada en el juicio de origen recibe del "ISSSTE" y del "IMSS". Aduce la inconforme: "Por otra parte, lo dispuesto por la responsable atenta contra lo resuelto dentro de esta misma causa en el toca de queja 787/2018, de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, medio por el cual le otorgan a la suscrita el 50% por ciento de todas y cada una de las prestaciones que integran la pensión de viudez de Heriberto Hernández Vargas, misma que goza Andrea Heredia en particular del ISSSTE, que si bien es cierto, su criterio deviene de una acción provisional, no se aleja de la petición, sin dejar de lado que ésta ya causó estado por lo resuelto en diverso amparo indirecto 523/2001 así como la revisión de amparo 876/2019." Lo anterior es infundado. De los antecedentes precisados se sigue, que como medidas provisionales decretadas durante el juicio de origen, mediante resolución de "20 de febrero de 2019", dictada en el toca 787/2018, la Primera Sala Civil y de lo Familiar nombrada, resolvió el recurso de queja que se interpuso contra la negativa del Juez de primer grado a establecer dichas medidas provisionales, recurso que fue en el sentido de autorizar el "50%" en favor de la parte actora, de la pensión de viudez que recibe la demandada por parte del "ISSSTE". Dicha resolución, fue impugnada por Andrea Heredia, mediante el juicio de amparo indirecto, mismo que fue concedido por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, mediante resolución de "29 de agosto de 2019"; empero, fue revocada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, al resolver el amparo en revisión 876/2019, en auxilio de las labores de este órgano colegiado, pues procedió a sobreseer en el juicio por cambio de situación jurídica, ya que en el juicio de origen se dictó sentencia en primera instancia el "28 de octubre de 2019" que absolvió a la parte demandada de lo reclamado y dejó sin efectos la medida provisional de alimentos decretada. Ahora bien, la pretensión de la quejosa es que lo resuelto en la interlocutoria de medidas provisionales al haber causado estado, debe favorecerle para la resolución del fondo del negocio, lo cual es insostenible porque en la referida sentencia del amparo en revisión 876/2019 mencionado, se resolvió lo siguiente: "Así, con la nueva resolución que dirime el fondo de la controversia en beneficio de la parte quejosa, en la que no prosperó la acción de pago de alimentos que le fue demandada; los efectos de la medida provisional quedaron totalmente destruidos." Luego, lo inmutable de esta determinación, es justificación suficiente para sostener que si los efectos de la resolución de "20 de febrero de 2019", dictada en el toca 787/2018 quedaron destruidos, entonces lo ahí dicho no puede producir efectos en la sentencia de fondo; máxime que lo resuelto en una medida provisional, de conformidad con el artículo 693 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de Zacatecas, sólo incide para preservar la materia del juicio y garantizar el cumplimiento de la sentencia condenatoria que eventualmente se dicte, mas no para determinar el cómo debe resolverse el fondo de ésta, pues la medida provisional no prejuzga sobre ello. En otro orden de ideas, alega la inconforme que la jurisprudencia en la que se apoyó la Sala responsable para concluir que las pensiones de viudez aludidas son un derecho diferente al del conyugue fallecido y que por ende no hay causahabiencia ni trasmisión del mismo derecho, no resulta aplicable al caso, porque el tema de fondo resuelto por aquella no fue ese, sino el definir qué redacción de la Ley del "ISSSTE" es aplicable para determinar los incrementos de la pensión de viudez, es decir, si la vigente en el momento en que se le otorgó una pensión al trabajador o cuando ocurrió su deceso. Invoca como apoyo la tesis de rubro: "ANALOGÍA, PROCEDE LA APLICACIÓN POR, DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN". Lo anterior es infundado, pues si bien el tema principal resuelto en la jurisprudencia que se comenta es el que dice su rubro: "PENSIÓN DE VIUDEZ, PARA EL COMPUTO DE SU INCREMENTO DEBE TOMARSE COMO BASE LA LEY VIGENTE EN EL MOMENTO DE SU OTORGAMIENTO.", no menos verdad es que en su ejecutoria se dijo lo siguiente: (.) De lo anterior se sigue, que en esta ejecutoria, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se ocupó expresamente y sin ambigüedades, de definir que la pensión que recibe un trabajador con base en la Ley del "ISSSTE", no puede considerarse idéntica a la que engendra el fallecimiento del o la beneficiada aunque deriven una de otra, de modo que, el hecho de que la pensión por viudez se encuentre supeditada a la existencia de otra previa (la del trabajador derechohabiente), no significa que se configure causahabiencia en el caso del o la cónyuge supérstite (viuda), ." Dichas consideraciones son vinculantes para la autoridad responsable y para este Tribunal Colegiado, por tratarse de una jurisprudencia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, amén de que, de conformidad con el numeral 223 de este mismo ordenamiento, las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las Entidades Federativas cuando sean tomadas por mayoría de cuatro votos, y en el caso, lo resuelto en dicha jurisprudencia se aprobó por cinco. En este sentido, interpretando la legislación de amparo anterior, la jurisprudencia ha establecido que las consideraciones de la ejecutoria que le da origen, forman parte de la misma para efectos de determinar su alcance y por ende son vinculatorias." (.) "Por otra parte, tampoco le asiste razón a la inconforme cuando alega que la jurisprudencia no debe aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna. En efecto, no es verdad que se aplicó retroactivamente en su perjuicio la jurisprudencia antes mencionada, pues los antecedentes precisados evidencian que el juicio de origen inició por escrito presentado el "13 de noviembre de 2018", ante el Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de la Capital del Estado, en tanto que la aludida jurisprudencia fue dictada el "21 de junio de 2017". Además, para que exista aplicación retroactiva de la jurisprudencia en perjuicio de la parte quejosa, es necesario que hubiese una tesis de carácter obligatorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Tercer Circuito, ya sea por contradicción, reiteración o precedente, en términos de los artículos 215 a 229 de la Ley de Amparo, que estando vigente en el tiempo en que se originó el derecho de la pensión de viudez (cuando menos el "11 de noviembre de 2014" en que falleció Heriberto Hernández Vargas"), estableciera que la pensión de viudez que otorgan las instituciones de seguridad social, son una causahabiencia de la que se le pagaba al derechohabiente pensionado y que por ende, debe formar parte del acervo hereditario a bienes de éste último; lo cual, no acontece en el caso, pues para el tiempo de esa defunción no existía una jurisprudencia en tal sentido, y por ende, no es dable afirmar que hubo lesión de un derecho adquirido en perjuicio de aquél. Ilustra lo considerado, la jurisprudencia del Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguientes: "JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN RETROACTIVA. " (.) "Cabe precisar, que lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los textos de la ejecutoria trascrita, resulta aplicable por identidad de razón jurídica a la pensión del "IMSS" que recibe la cónyuge supérstite, pues este alto tribunal también ha resuelto, que es dable la aplicación de la jurisprudencia que orientan la resolución del problema de constitucionalidad planteado en el juicio, aunque se trate de una norma distinta a la reclamada. Confirma lo anterior, los postulados de la tesis de la Sala en mención, de título y contenido siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN FACULTADOS PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN ANALÓGICA DE UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O SI TIENE EL CARÁCTER DE TEMÁTICA O GENÉRICA EN USO DE SU COMPETENCIA DELEGADA (ABANDONO DE LAS TESIS 2a. CIII/2009, 2a. CXCVI/2007 Y 2a. CLXX/2007)." (.) "En otro orden de ideas, el resto de los conceptos de violación que se hacen valer son inoperantes, pues en ellos se argumenta medularmente lo siguiente: -Que las pensiones de viudez que recibe Andrea Heredia, deben ser compartidas con la quejosa, porque si bien aquella fue su cónyugue, ella fue su pareja en una unión familiar de hecho por treinta dos años ya reconocida en el juicio de origen, de modo que pensar lo contario es darle un trato discriminatorio como mujer que no está justificado ni razonado y lacera sus derechos de acceso a los alimentos, al libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana, y protección amplia del adulto mayor. -Que la causahabiencia de las pensiones de viudez, se soporta en fue durante la unión de hecho de "32" años, que gracias a que la quejosa se encargó de las labores del hogar, ello le permitió a Heriberto Hernández Vargas desempeñarse profesionalmente y construir el derecho social a su pensión y el de la viuda durante todo ese tiempo, en tanto que Andrea Heredia, sólo lo hizo por tres años. -Que dicha causahabiencia, también se obtiene de que las pensiones son parte de las conquistas salariales para garantizar la subsistencia de los dependientes económicos del trabajador cuando falleciera. -Que por ello, esas pensiones no son más que el acceso a los alimentos que tiene Andrea Heredia y deben ser compartidas con la quejosa porque son parte del acervo hereditario de la sucesión nombrada, más porque hay prueba de que Heriberto Hernández Vargas la reconoció ante el "ISSSTE" como su beneficiaria y familia. -Concluye, que por todo ello, se debe prescindir del criterio que la Sala responsable invocó para sustentar que las pensiones de viudez, deben ser excluidas del acervo hereditario. Ahora bien, de esos motivos de queja (descritos más ampliamente en el apartado de síntesis de conceptos de violación), se advierte que el fin último que persiguen, es que este Tribunal Colegiado concluya que las pensiones de viudez referidas forman parte del acervo hereditario de los bienes de la sucesión nombrada y por consecuencia deben estar afectas para determinar el quantum, participación y garantía de la pensión de alimentos que obtuvo la quejosa. Sin embargo, tal pretensión es insostenible, pues de inicio, los antecedentes puntualizados ponen de manifiesto que en la sentencia de amparo anterior, este Tribunal Colegiado resolvió que la adjudicataria de la sucesión aludida, en su calidad de tal, debe responder del pago de los alimentos que le fueron demandados, pero a beneficio de inventario, lo cual constituye un pronunciamiento de verdad legal inmutable, y por lo tanto, mientras no exista prueba de que las pensiones de viudez que recibe Andrea Heredia fueron incluidas en ese inventario y además adjudicadas a ésta última, esto se torna en un motivo más que suficiente para calificar infundados los conceptos de violación. No obstante, es conveniente señalarle a la inconforme, que respecto a sus motivos de queja, este Tribunal Colegiado entiende lo que se plantea en esos conceptos de violación; empero, no puede dejarse de lado, que están construidos asumiendo como verdad legal, que las pensiones de viudez son o deben ser consideradas causahabiencia de la pensiones que en vida recibió Heriberto Hernández Vargas, porque éstas se incorporan íntegramente en la esfera jurídica de la viuda y por ende, deben ser parte del acervo hereditario de los bienes de la sucesión nombrada, lo cual no es verdad conforme a lo resuelto en la jurisprudencia comentada. Así, este Tribunal Colegiado no está facultado para establecer que es incorrecto lo resuelto en la jurisprudencia de la Segunda Sala del alto Tribunal, pues fue emitida, como ya se apuntó, el "21 de junio de 2017", es decir, con posterioridad al decreto por el que se reformó y adicionó la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 11 de enero de 1988, que entró en vigor el 15 de ese mes y año, y además, deriva de una contradicción de tesis, cuya facultad no es de competencia exclusiva de los tribunales colegiados, lo que torna inoperantes a los motivos de queja. Apoya lo considerado, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguiente: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SUJETARSE A CONTROL CONSTITUCIONAL." (.) "No se opone a lo anterior, el precedente del amparo directo en revisión 230/2014 del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en él no se dijo que las pensiones de viudez que otorgan el "ISSSTE" o el "IMSS" forman parte del patrimonio del pensionando fallecido, pues lo que se estableció fue:" (.) "Tampoco se opone a lo expuesto, el precedente del amparo directo en revisión 6043/2016 del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invoca la quejosa, pues en él no se estableció que las pensiones de viudez que otorgan el "ISSSTE" o el "IMSS" forman parte del patrimonio del pensionando fallecido, sino que: ".la naturaleza de la pensión por viudez como aquel derecho que se va gestando durante la vida del trabajador con las aportaciones que hace por determinado número de años de trabajo productivo. Además, implica ignorar que una de las finalidades de tales aportaciones es garantizar, aunque sea en una parte, la subsistencia de los beneficiarios (hombres y mujeres) de los trabajadores después de su muerte." Es decir, la Segunda Sala, sólo estableció que la pensión de viudez se gesta con las aportaciones del Trabajador con la finalidad de garantizar la subsistencia de sus beneficiarios, lo cual no desdice lo que estableció en la ejecutoriaría de la jurisprudencia trascrita supralíneas, en el sentido de que la pensión que recibe un trabajador con base en la Ley del "ISSSTE", no puede considerarse idéntica a la que engendra el fallecimiento del o la beneficiada aunque deriven una de otra, de modo que, el hecho de que la pensión por viudez se encuentre supeditada a la existencia de otra previa (la del trabajador derechohabiente), no significa que se configure causahabiencia con la pensión que obtiene el o la cónyuge supérstite (viuda), de tal suerte, que es inexacto sostener que la pensión que recibía el trabajador fallecido se incorpora íntegramente en la esfera jurídica la pensión de viudez. Aún más, no puede soslayarse, que en relación a estos temas, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en diversa jurisprudencia corroboró lo señalado en el párrafo inmediato anterior, pues sostuvo que la pensiones de viudez y la del trabajador tienen orígenes distintos, ya que la primera nace con la muerte de éste, en tanto que la segunda se genera día con día con motivo de los servicios prestados por él, y que si bien las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en que haya laborado, también lo es, que la surgida entre la viuda y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, constituye una nueva relación de naturaleza administrativa. Constituye fuente de lo considerado, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY RELATIVA, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL PRINCIPIO DE PREVISIÓN SOCIAL." (.) "Y, la jurisprudencia de la nombrada Sala del Máximo Tribunal, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMÓ EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA." (.) "Por lo tanto, para poder darle la razón a los conceptos de violación referidos, tendría este Tribunal Colegiado que prescindir de que esas pensiones no tienen orígenes distintos y que las cuotas de seguridad social que paga un trabajador en vida para poder generar el derecho a una pensión en favor de su viuda, no son contribuciones sino aportaciones que forman parte del patrimonio del trabajador, para efecto de que se pudiera sostener una causahabiencia, y en igual sentido, tendría que considerarse que si las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en que haya laborado, entonces la surgida entre aquél y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado constituye una relación de la misma índole por ser derivada del trabajo que realizó en su vida activa el pensionado, y que por lo tanto, se justifica la causahabiencia con la pensión de la viuda, para considerar que lo que a ésta se le paga por dicho concepto, forma parte o es fruto del patrimonio generado por el trabajador fallecido. Sin embargo, por lo ya explicado, lo referido en el párrafo inmediato anterior es imposible jurídicamente aceptarlo, pues este órgano Colegiado no tiene facultades para examinar la legalidad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invocada, por corresponder a criterios emitidos con posterioridad al decreto por el que se reformó y adicionó la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 11 de enero de 1988, que entró en vigor el 15 de ese mes y año, y además, derivan de contradicciones de tesis y amparos en revisión, cuya facultad que no es de competencia exclusiva de los tribunales colegiados, lo que torna ineficaces a los motivos de queja. En otro orden de ideas, con base en los postulados de la jurisprudencia invocada en último término, también resulta la ineficacia de los conceptos de violación mencionados, pues como ya se apuntó, el fin último que persiguen, es que en el juicio de origen se concluya que las pensiones de viudez referidas forman parte del acervo hereditario de los bienes de la sucesión nombrada y por consecuencia deben estar afectas para determinar el quantum y garantía de la pensión de alimentos que obtuvo la quejosa. Sin embargo, tal pretensión, implica conminar a las referidas instituciones de seguridad social a otorgarle a la quejosa una pensión equiparable a la de viudez que sea prorrateada entre ella y la que se le paga a la cónyuge supérstite, lo cual, de conformidad con lo que establecen los artículos 14, 16 y 17 de la Carta Magna, en relación con los artículos 1, 5 A, fracción XIV, 8, 10, 11, 270, y 295, de la Ley del Seguro Social, 1, 3. 6, fracción XII, a), 11 y 129, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no puede ser dilucidado en un juicio civil de alimentos, sino ante los Tribunales Federales competentes, porque las pensiones de seguridad social se rigen por sus leyes especiales como lo es, en el caso, la Ley del Seguro Social o la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, bajo las cuales se regulan y gobiernan los Institutos nombrados, de modo que cualquier aspecto o conflicto relacionado con su otorgamiento, su negativa a concederla, su modificación, cancelación etcétera, debe regirse por dichas leyes especiales, pues con base en ellas, los Institutos que las otorgan ejercen todas sus facultades. Luego, para definir los derechos de estos últimos, como lo es el otorgamiento de una pensión, debe estarse a dichos cuerpos normativos y a sus reglamentos, y en caso de conflicto, debe haber un juicio en el que a dichas instituciones se les respete su derecho de audiencia como autoridades demandadas y se dilucide con apoyo en las leyes y normas mencionadas, si la parte actora tiene derecho a una pensión, por tener reconocido su derecho en la ley o por sentencia judicial. (.) "En tal contexto, como se apuntó, resultan ineficaces los conceptos de violación comentados por las razones expuestas. Decisión Al resultar infundados e ineficaces los conceptos de violación y no advertir que opere suplencia de queja que hacer valer, no es dable convenir con la parte inconforme en que la sentencia reclamada viola los preceptos constitucionales y de ley que precisa en su demanda de amparo." (Hasta aquí los antecedentes que se sustraen de la ejecutoria de amparo 170/2021) 10. Por otra parte, como antecedentes relevantes también se tienen los siguientes: 11. -Que lo resuelto por este Tribunal Colegiado en el juicio de amparo directo 170/2021, promovido por Francisca López Portillo y Arvizu, fue impugnado mediante el recurso de revisión que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual fue desechado por su Presidente, según auto de tres de marzo del presente año, que obra en el cuaderno de amparo. 12. - Que lo resuelto por este Tribunal Colegiado en el juicio de amparo directo 189/2021, promovido por Andrea Heredia, aquí tercero interesada, fue impugnado mediante el recurso de revisión que interpuso Francisca López Portillo y Arvizu, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual fue desechado por su Presidente, según auto de dos de marzo del referido año, que obra en el cuaderno de amparo. 13. -Que en el juicio de amparo indirecto 497/2021, la Juez Tercero de Distrito celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia que terminó de engrosar el "17 de septiembre de 2021", misma que fue recurrida mediante el presente recurso de revisión; fallo en el que la juez a quo centralmente determinó sobreseer en una parte del juicio y por otra parte concedió la protección federal solicitada, al considerar entre otras cosas lo siguiente: "1. Causa de improcedencia que se analiza de oficio. En ese sentido, del estudio de que se hace a los actos reclamados por la parte quejosa, se advierte que en relación al reclamado a la Jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, ambos de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Zacatecas, de quien reclama el oficio DEZ/UJ/1815/2021, de seis de mayo del año en curso, por el que se informa el impedimento para procesar el descuento a favor de la quejosa y el oficio D.E.Z./S.P/D.P.S.H./079/2021, de cuatro de mayo del año en curso, en que se solicita al departamento correspondiente dé cumplimiento a la orden judicial de descontar el cincuenta por ciento de la pensión de viudez a la tercera interesada, para ser entregado a la ahora quejosa por concepto de alimentos. Respecto a dichos actos, el juicio de amparo que se promueve resulta improcedente; ello en razón de se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción I del artículo 1° y la primera parte de la fracción II del numeral 5°, todos de la Ley de Amparo que disponen:" (.) "En el caso concreto, la quejosa reclama de la Jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, ambos de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Zacatecas, en esencia, las acciones tendentes, a descontar el 50% (Cincuenta por ciento) de la pensión de viudez que recibe la tercera interesada para ser entregada a la impetrante por concepto de alimentos y los informes respecto a la imposibilidad jurídica y material de llevarlo a cabo. Sin embargo, los actos que reclama no tienen las características de actos de autoridad, a saber:" (.) "Luego, si de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que lo que da origen a los oficios DEZ/UJ/1815/2021 y D.E.Z./S.P/D.P.S.H./079/2021, emitidos por la Jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, ambos de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Zacatecas, son derivados de la orden que recibieron de la Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de la Capital. Es inconcuso que su actuar no lo hicieron de forma unilateral, ni en una relación de supra a subordinación con la aquí quejosa, sino en cumplimiento a una orden judicial. (.) "En consecuencia, en relación con los actos reclamados a la Jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, ambos de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Zacatecas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, aplicado a contrario sensu, del ordenamiento legal en cita, y, por tanto, se sobresee en el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de dicha legislación." (.) "Sin embargo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Zacatecas en sus diversos oficios, incluyendo los identificados como DEZ/UJ/1815/2021 y DEZ/UJ/079/2021, reclamados en esta instancia constitucional, ha informado que se encuentra impedido técnica como legalmente para dar cumplimiento al descuento decretado. Ante ello, en el acuerdo reclamado, la Juez responsable ordenó dar vista a las partes a fin de que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés convengan." (.) "En esa línea, resulta evidente que la determinación reclamada fue emitida en contravención al artículo 17 constitucional, ya que en lugar de la decisión ahí adoptada, la autoridad judicial responsable, al contar con las constancias remitidas por la autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Zacatecas, debió pronunciarse sobre el cumplimiento dado a los requerimientos ordenados en el juicio de origen, esto es, determinar si fue colmada la deducción del cincuenta por ciento de la pensión de viudez de la aquí tercera interesada para ser entregado a la ahora quejosa por concepto de alimentos; o bien, girar las instrucciones precisas que hiciera técnica y materialmente posible realizar los descuentos; incluso haciendo uso de los medios de apremio a su alcance." (.) "OCTAVO. Efectos del amparo. Con base en el artículo 77, fracción I, así como su segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la protección constitucional se otorga para el efecto de que la Juez de Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital: Deje insubsistente el auto reclamado de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 502/2018; y 2. En su lugar dicte auto en el que, con libertad de jurisdicción, de manera fundada, motivada y congruente, decrete las medidas necesarias para que se dé cabal cumplimiento al descuento de la pensión ordenada." Hasta aquí los antecedentes relevantes para la resolución de este asunto. [.] SÉPTIMO. Análisis oficioso de la causa de improcedencia y sentido de la decisión. 18. Dado que la improcedencia del juicio de amparo es de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, resulta innecesario analizar el resto de la sentencia recurrida, así como los demás agravios que en su contra formula la parte inconforme, pues este Tribunal Colegiado advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de la Materia; la cual es de análisis preferente, con independencia de que lo aleguen o no las partes; apoya esta determinación, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J.3/9937 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 19. En efecto, de acuerdo con lo establecido en la porción normativa en cita, el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. 20. Lo anterior guarda congruencia con la naturaleza del juicio de amparo, al ser un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos, que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de los derechos que le hayan sido violados; de manera tal, que tanto el legislador ordinario ha establecido, y como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, existen diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. 21. Por ello, la causa de improcedencia en análisis, prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece que cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, aun en el caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque el derecho afectado por el acto de autoridad se encontraba incorporado temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica que justificaba la existencia de ese derecho se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. 22. Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar que en ella se analice la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo abrogada; en tanto que la redacción de dicha causa de improcedencia es substancialmente idéntica a la prevista en el artículo 63, fracción XXII, de la Ley de Amparo vigente. 23. Bajo ese contexto, es oportuno destacar que conforme a los resumidos antecedentes señalados en el considerando quinto anterior, se colige que el acto reclamado en el presente juicio de amparo que se revisa, aunque formalmente subsista no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. 24. Lo anterior es así, debido a que no se puede desconocer la realidad jurídica y fáctica de los antecedentes sintetizados, específicamente: 25. -Que la Primera Sala Civil y de lo Familiar, en la resolución de "20 de febrero de 2019" que dictó en el toca 787/2018, concedió dentro del referido juicio de alimentos, la medida cautelar en favor de la aquí quejosa, consistente en el "50%" de la pensión que por viudez el "ISSSTE" le otorga a Andrea Heredia como cónyuge del fallecido Heriberto Hernández Vargas. 26. -Que esa medida cautelar se dictó en tanto se resolvía el fondo del juicio en el que Francisca López Portillo y Arvizu, demandó el pago de alimentos a su extinto concubino Heriberto Hernández Vargas, por conducto de su sucesión legal. 27. -Que en la sentencia de amparo dictado en el expediente número 192/2020, este Tribunal Colegiado resolvió que la legitimación pasiva que le resulta a Andrea Heredia en el aludido juicio de alimentos deriva de que es la adjudicataria en la sucesión a bienes de Heriberto Hernández Vargas, de modo que debe responder a beneficio de inventario; es decir, se reconoció que esa legitimación pasiva no tiene su fuente en que Andrea Heredia sea la deudora directa de los alimentos que corresponden a la aquí quejosa, y que por ende, el patrimonio ajeno a esa sucesión, que sea propiedad de Andrea Heredia, no puede ser afectado para el pago de esos alimentos. 28. -Que este Tribunal Colegiado en el amparo directo 170/2021, resolvió que es legalmente correcta la determinación de la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, que dictó la Sala responsable en el toca 752/2019, dictado en cumplimiento a la diversa ejecutoria de amaro 189/2021, en el sentido de que la pensión que se pretende afectarle a Andrea Heredia y que le proporciona el "ISSSTE", no es patrimonio ni causahabiencia de Heriberto Hernández Vargas, deudor de los alimentos que reclama la quejosa en el juicio de donde deriva el acto reclamado; razón por la que se le negó el amparo. 29. De ahí que, se itera, el acto reclamado consistente en el proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, pronunciado en el expediente 205/2018, relativo al juicio oral de alimentos del índice del Juzgado Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual se dio vista a las partes con el oficio DEZ/UJ/1815/2021, en cuanto a la imposibilidad informada por parte de la Jefa del Departamento Comisionada a la Unidad Jurídica del ISSSTE, Delegación Zacatecas, en el sentido de no poder realizar el descuento a la pensión por viudez de Andrea Heredia, para serle entregado a la quejosa Francisca López Portillo y Arvizu, por concepto de alimentos, aun cuando subsista formalmente, no puede surtir efecto legal o material alguno, pues no puede prevalecer sobre la verdad legal ya definida tanto por la citada Sala el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, como por este Tribunal Colegiado al fallar el aludido juicio de amparo directo número 170/2021, en el sentido de que la pensión que Andrea Heredia recibe del "ISSSTE" y que es la que se pretende afectar con la medida cautelar cuyo incumplimiento se reprocha a las autoridades responsables, no forma parte patrimonial del acervo hereditario del de cujus. 30. Aunado a lo anterior, este Tribunal Colegiado tampoco puede desconocer la realidad jurídica y fáctica de los antecedentes puntualizados, como lo es, que si bien, la Primera Sala Civil y de lo Familiar en la resolución de "20 de febrero de 2019" que dictó en el toca 787/2018, concedió dentro del juicio de alimentos la medida cautelar en favor de la aquí quejosa, consistente en el "50%" de la pensión de viudez que recibe Andrea Heredia por parte del "ISSSTE", no menos es verdad, que en el juicio de amparo en revisión 876/2019, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, motivó el sobreseimiento de ese juicio de amparo que se promovió en contra de dicha medida cautelar, con el argumento de que ésta quedó sin efectos debido a que el "28 de octubre de 2019" se dictó la sentencia de primera instancia que resolvió dicho juicio de alimentos. 31. Lo cual implica, que esa consideración del Tribunal Colegiado Auxiliar, igualmente constituye una verdad jurídica inmutable que no se puede desconocer y pasar por alto en la presente resolución en respeto a la autoridad de cosa juzgada. 32. Por ambas razones, es inconcuso que el referido acto reclamado, a pesar de su subsistencia en el juicio de origen, en realidad no puede surtir efecto legal o material alguno, precisamente por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, en tanto que, así lo corrobora lo considerado por este órgano colegiado en la indicada sentencia dictada en el juicio de de amparo directo 170/2021, en la que se medularmente se sostuvo: "Lo anterior es infundado. De los antecedentes precisados se sigue, que como medidas provisionales decretadas durante el juicio de origen, mediante resolución de "20 de febrero de 2019", dictada en el toca 787/2018, la Primera Sala Civil y de lo Familiar nombrada, resolvió el recurso de queja que se interpuso contra la negativa del Juez de primer grado a establecer dichas medidas provisionales, recurso que fue en el sentido de autorizar el "50%" en favor de la parte actora, de la pensión de viudez que recibe la demandada por parte del "ISSSTE". Dicha resolución, fue impugnada por Andrea Heredia, mediante el juicio de amparo indirecto, mismo que fue concedido por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, mediante resolución de "29 de agosto de 2019"; empero, fue revocada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, al resolver el amparo en revisión 876/2019, en auxilio de las labores de este órgano colegiado, pues procedió a sobreseer en el juicio por cambio de situación jurídica, ya que en el juicio de origen se dictó sentencia en primera instancia el "28 de octubre de 2019" que absolvió a la parte demandada de lo reclamado y dejó sin efectos la medida provisional de alimentos decretada. Ahora bien, la pretensión de la quejosa es que lo resuelto en la interlocutoria de medidas provisionales al haber causado estado, debe favorecerle para la resolución del fondo del negocio, lo cual es insostenible porque en la referida sentencia del amparo en revisión 876/2019 mencionado, se resolvió lo siguiente: "Así, con la nueva resolución que dirime el fondo de la controversia en beneficio de la parte quejosa, en la que no prosperó la acción de pago de alimentos que le fue demandada; los efectos de la medida provisional quedaron totalmente destruidos." Luego, lo inmutable de esta determinación, es justificación suficiente para sostener que si los efectos de la resolución de "20 de febrero de 2019", dictada en el toca 787/2018 quedaron destruidos, entonces lo ahí dicho no puede producir efectos en la sentencia de fondo; máxime que lo resuelto en una medida provisional, de conformidad con el artículo 693 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de Zacatecas, sólo incide para preservar la materia del juicio y garantizar el cumplimiento de la sentencia condenatoria que eventualmente se dicte, mas no para determinar el cómo debe resolverse el fondo de ésta, pues la medida provisional no prejuzga sobre ello." 33. En ese tenor, no es dable analizar la constitucionalidad del referido acto reclamado, para arribar a la conclusión de que, como lo determinó la juez federal, resulta violatorio de los derechos fundamentales de la quejosa al dilatarse el acceso a la impartición de justicia que dispone el artículo 17 constitucional; toda vez que, se reitera, jurídicamente se tornaría imposible restituirle en el goce del derecho que se estima violado, en cuanto a una presunta transgresión a ese derecho humano de expeditez en la impartición y acceso a la justicia, pues ello necesariamente implicaría modificar una actuación a la cual le reviste la naturaleza de cosa juzgada, como lo es la subsistencia de la medida cautelar que en su momento se decretó en favor de la aquí quejosa, y que ha quedado sin efectos en virtud de haberse resuelto ejecutoriamente el fondo del asunto donde, entre otras cosas, se definió que la pensión por viudez de que gozó Andrea Heredia, no forma parte del haber hereditario de Heriberto Hernández Vargas. 34. En mérito de lo anteriormente expuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, respecto de ese acto que se reclama; y, en las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 93, fracción III, de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el ordinal 63, fracción V, del cuerpo legal antes referido. 35. Debe destacarse que conforme al artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, los criterios jurisprudenciales transcritos en la presente ejecutoria resultan aplicables al presente caso, con independencia de que se hayan integrado conforme a la abrogada Ley de Amparo, puesto que no se oponen a lo establecido en la legislación vigente." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa con las causales de improcedencia de cuenta, por el plazo de tres días, para que manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a las causales de improcedencia advertidas de oficio por el magistrado ponente y puestas a consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las facilidades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente sumario mediante el esquema de "juicio en línea", para lo cual, deberán proporcionar el nombre de usuario debidamente registrado en el "Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación", a través del cual se podrá llevar a cabo la consulta, el seguimiento y recibir las notificaciones que deriven del presente asunto. Por otra parte y sin necesidad de un nuevo acuerdo, una vez que transcurra dicho plazo, devuélvase el presente expediente a la ponencia de origen para que se elabore el correspondiente proyecto de resolución. Notifíquese, por lista a la parte quejosa.

  4. Amparo en revisión

    Visto el estado que guardan los autos del presente asunto, hágase saber a las partes que este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, a partir del uno de mayo del presente año, estará integrado para resolver el presente asunto, por los magistrados Eduardo Antonio Loredo Moreleón (presidente), Pedro Guillermo Siller González Pico y Gustavo Alcaraz Núñez.

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