Francisca Leyva Méndez

Expediente 618/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 31 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
618/2018
Año
2018
Actuaciones
31
Última actuación
31/05/2019

Partes del expediente

  • Francisca Leyva Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    MESA 5-B Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa en proveídos de catorce y dieciséis de mayo del año en curso, sin que hubiera hecho manifestación al respecto (fojas 281 y 289). Por otra parte, con el propósito de declarar lo procedente acerca del cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, es dable considerar que el artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." De acuerdo con el artículo 77, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. En proveído de diez de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 79 a 82), se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por la quejosa Francisca Leyva Méndez, contra actos reclamados al Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, y a la Subsecretaría de Ingresos de la Delegación de Hacienda Tapachula, con ambas con residencia en esta ciudad. Y, como actos reclamados señaló: "IV.- NORMA GENERAL ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA.- La ILEGALIDAD de las multas de interpuestas por la autoridad señalada como responsable ordenadora las cuales se hacen consistir en la primera por la cantidad de $3,594.00 número de crédito 119/2019 oficio 401-A/2018 y la segunda por la cantidad de $1,982.00 número de crédito fiscal 119/2017 oficio 400-A/2018, debido a que nunca fui requerida, citada, emplaza (sic) y notificada por la autoridad Responsable por lo cual no se respetó la garantía de audiencia y por ende falta de fundamentación y motivación." (Fojas 2 a 4). Mediante escrito presentado ante este juzgado el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, la parte quejosa amplió su demanda respecto del capítulo de conceptos de violación (fojas 127-141 y 153-154), y en auto de catorce de noviembre siguiente, se tuvo por ampliada la demanda de amparo con relación a los conceptos de violación (foja155). Seguido el juicio en todo su trámite, en sentencia de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, este juzgado consideró que en el juicio se actualizaba la causal prevista en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, por tratarse de actos derivados de otros consentidos, por lo que resolvió sobreseer en el juicio de amparo (fojas 162 a 168). Contra dicha sentencia, la parte quejosa promovió recurso de revisión (fojas 173 a 193), el cual se tuvo por interpuesto en auto de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho (foja 194). Y, respecto del cual, por razón de turno, conoció el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito (foja 199). En ese contexto, de la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el amparo en revisión 41/2019, de su estadística, interpuesto por la quejosa Francisca Leyva Méndez (foja 202 a 272), se colige que el colegiado, en el considerando sexto relativo al estudio de los conceptos de violación, consideró fundados los conceptos de violación, para justificarlo reseñó, en lo que interesa, lo siguiente: "(.) 7. Posteriormente, previa solicitud de la parte actora, mediante acuerdo de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, la juzgadora hizo efectivo el apercibimiento decretado en contra de Francisca Leyva Méndez, en su carácter de Directora de Recursos Humanos Materiales de la Universidad Politécnica de Tapachula, aplicándole una multa por la cantidad de mil quinientos nueve pesos 08/100 moneda nacional, por virtud de no haber dado respuesta a los oficios 2916-A/2017 y 3195-A/2017, emitidos en autos (fojas 237 y 238 ibídem). 8. En auto de dos de febrero de dos mil dieciocho, a solicitud de la parte accionante, la juez del conocimiento hizo efectivo el apercibimiento decretado en contra de la ahora quejosa, aplicándole la multa por la cantidad de tres mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional, por virtud de no haber dado respuesta a los oficios 2916-A/2017 y 158-A/2017,emitidos en autos; lo anterior, con fundamento en el numeral 73, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado (foja 240 ídem). Tales sanciones económicas son las impugnadas en el juicio de amparo que nos ocupa. (.)" Precisado lo anterior, el tribunal determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en el penúltimo considerando de esta resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a Francisca Leyva Méndez contra el acto y autoridades destacados en el resultando primero de la presente ejecutoria. TERCERO. [.]" Los efectos de la concesión del amparo en la ejecutoria, fueron para que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: "(.) - Declare jurídicamente insubsistentes las multas aplicadas a la quejosa, en su carácter de Directora de Recursos Humanos y Materiales de la Universidad Politécnica de Tapachula, con residencia en Tapachula, Chiapas, que constituyen el acto reclamado, ordenando su cancelación a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, para los efectos legales conducentes. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman a la autoridad ejecutora Subsecretaría de Ingresos de la Delegación de Hacienda, con sede en Tapachula, Chiapas, al no haber sido reclamados por vicios propios, sino en vía de consecuencia. ". Consecuentemente, en proveído de tres de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la ejecutoria precisada en párrafos que anteceden, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento al fallo protector (folio 273). Por acuerdos de catorce y dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, se tuvieron por recibidos los oficios signados por el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula y Delegado de Hacienda dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, ambos con residencia en esta ciudad y de los que se obtienen lo siguiente: a) En proveído de trece de mayo del año en curso, dictado en el expediente 119/2017 relativo al juicio de aumento de pensión alimenticia, el Juez responsable, dejó insubsistentes las multas aplicadas a la aquí quejosa en su carácter de Directora de Recursos Humanos y Materiales de la Universidad Politécnica en Tapachula, Chiapas, impuestas en autos de veintiséis de enero y dos de febrero de dos mil dieciocho, consistentes en la cantidad de mil quinientos nueve pesos 08/100 moneda nacional, y tres mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional; asimismo, ordenó la cancelación de los oficios 400-A/2018 y 401-A/2018 que remitió al Delegado de Hacienda en el Estado, con sede en esta ciudad; y para corroborar su informe remitió copias certificadas del proveído y oficio en comentario (fojas 285 a 288). b) Asimismo, el delegado responsable, procedió a dar de baja tanto física como del Sistema de Cartera, los créditos fiscales 119/2017 contenido en los oficios 400-A/2018 y 401-A/2018, de veintiséis de enero y dos de febrero de dos mil dieciocho, respectivamente, determinado a la aquí quejosa por el juez responsable por la cantidad de tres mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional, y mil quinientos diez pesos 00/100 moneda nacional (foja 279). Informes y constancias, con los que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera (fojas 281 y 289), sin que desahogara dichas prevenciones. En consecuencia, procede que el suscrito juzgador federal realice el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. Ahora bien, el artículo 196, de la Ley de Amparo, establece en lo que es de interés lo siguiente: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley". De lo anterior se deduce que a fin de determinar si en el caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Como se precisó, el efecto sustancial de la ejecutoria de amparo fue para que el juez responsable: 1. Dejara insubsistentes las multas aplicadas a la quejosa, en su carácter de Directora de Recursos Humanos y Materiales de la Universidad Politécnica de Tapachula, con residencia en Tapachula, Chiapas, decretadas en proveídos de veintiséis de enero y dos de febrero de dos mil dieciocho (fojas 254 vuelta, 255, 268 vuelta y 269), consistentes en la cantidad de mil quinientos nueve pesos 08/100 moneda nacional, y tres mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional; y, 2) Ordenara a Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, la cancelación de dichas multas (fojas 268 vuelta y 269). Luego, si en cumplimiento al fallo protector, la responsable en proveído de trece de mayo del año en curso, declaró jurídicamente insubsistente las multas aplicadas a la quejosa FRANCISCA LEYVA MÉNDEZ, en su carácter de Directora de Recursos Humanos y Materiales de la Universidad Politécnica en Tapachula, Chiapas (fojas 286 y 287); e, incluso, el delegado responsable informó mediante oficio de SH/SUBI/DHTAP/1230/2019, de trece de mayo actual, que procedió a dar de baja los créditos fiscales 119/2017 contenidos en los oficios 400-A/2018 y 401-A/2018, de veintiséis de enero y dos de febrero de dos mil dieciocho, decretados por el juez responsable contra la aquí quejosa, por la cantidad de tres mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional, y mil quinientos diez pesos 00/100 moneda nacional, respectivamente (foja 279); es inconcuso que la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, ha quedado cumplida conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, tomo IV, octubre 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro que corresponda. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Transferir el expediente principal y original del incidente, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha. 3. Depuración de conformidad a la fracción III, párrafo segundo del citado artículo Vigésimo Primero, el original del incidente relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva; por lo que deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar. 4. Destruir de conformidad con la fracción III del ordinal Vigésimo del Acuerdo General Conjunto únicamente el duplicado del referido incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del incidente y anotaciones correspondientes en los libros respectivos. Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    (AVISO DE NOTIFICACIÓN) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN UN LUGAR VISIBLE DE ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISO C), EN RELACIÓN AL 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO QUE ANTECEDE QUE DICE LO SIGUIENTE: MESA 5-B Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa en proveídos de catorce y dieciséis de mayo del año en curso, sin que hubiera hecho manifestación al respecto (fojas 281 y 289). Por otra parte, con el propósito de declarar lo procedente acerca del cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, es dable considerar que el artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." De acuerdo con el artículo 77, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. En proveído de diez de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 79 a 82), se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por la quejosa Francisca Leyva Méndez, contra actos reclamados al Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, y a la Subsecretaría de Ingresos de la Delegación de Hacienda Tapachula, con ambas con residencia en esta ciudad. Y, como actos reclamados señaló: "IV.- NORMA GENERAL ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA.- La ILEGALIDAD de las multas de interpuestas por la autoridad señalada como responsable ordenadora las cuales se hacen consistir en la primera por la cantidad de $3,594.00 número de crédito 119/2019 oficio 401-A/2018 y la segunda por la cantidad de $1,982.00 número de crédito fiscal 119/2017 oficio 400-A/2018, debido a que nunca fui requerida, citada, emplaza (sic) y notificada por la autoridad Responsable por lo cual no se respetó la garantía de audiencia y por ende falta de fundamentación y motivación." (Fojas 2 a 4). Mediante escrito presentado ante este juzgado el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, la parte quejosa amplió su demanda respecto del capítulo de conceptos de violación (fojas 127-141 y 153-154), y en auto de catorce de noviembre siguiente, se tuvo por ampliada la demanda de amparo con relación a los conceptos de violación (foja155). Seguido el juicio en todo su trámite, en sentencia de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, este juzgado consideró que en el juicio se actualizaba la causal prevista en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, por tratarse de actos derivados de otros consentidos, por lo que resolvió sobreseer en el juicio de amparo (fojas 162 a 168). Contra dicha sentencia, la parte quejosa promovió recurso de revisión (fojas 173 a 193), el cual se tuvo por interpuesto en auto de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho (foja 194). Y, respecto del cual, por razón de turno, conoció el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito (foja 199). En ese contexto, de la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el amparo en revisión 41/2019, de su estadística, interpuesto por la quejosa Francisca Leyva Méndez (foja 202 a 272), se colige que el colegiado, en el considerando sexto relativo al estudio de los conceptos de violación, consideró fundados los conceptos de violación, para justificarlo reseñó, en lo que interesa, lo siguiente: "(.) 7. Posteriormente, previa solicitud de la parte actora, mediante acuerdo de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, la juzgadora hizo efectivo el apercibimiento decretado en contra de Francisca Leyva Méndez, en su carácter de Directora de Recursos Humanos Materiales de la Universidad Politécnica de Tapachula, aplicándole una multa por la cantidad de mil quinientos nueve pesos 08/100 moneda nacional, por virtud de no haber dado respuesta a los oficios 2916-A/2017 y 3195-A/2017, emitidos en autos (fojas 237 y 238 ibídem). 8. En auto de dos de febrero de dos mil dieciocho, a solicitud de la parte accionante, la juez del conocimiento hizo efectivo el apercibimiento decretado en contra de la ahora quejosa, aplicándole la multa por la cantidad de tres mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional, por virtud de no haber dado respuesta a los oficios 2916-A/2017 y 158-A/2017,emitidos en autos; lo anterior, con fundamento en el numeral 73, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado (foja 240 ídem). Tales sanciones económicas son las impugnadas en el juicio de amparo que nos ocupa. (.)" Precisado lo anterior, el tribunal determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en el penúltimo considerando de esta resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a Francisca Leyva Méndez contra el acto y autoridades destacados en el resultando primero de la presente ejecutoria. TERCERO. [.]" Los efectos de la concesión del amparo en la ejecutoria, fueron para que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: "(.) - Declare jurídicamente insubsistentes las multas aplicadas a la quejosa, en su carácter de Directora de Recursos Humanos y Materiales de la Universidad Politécnica de Tapachula, con residencia en Tapachula, Chiapas, que constituyen el acto reclamado, ordenando su cancelación a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, para los efectos legales conducentes. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman a la autoridad ejecutora Subsecretaría de Ingresos de la Delegación de Hacienda, con sede en Tapachula, Chiapas, al no haber sido reclamados por vicios propios, sino en vía de consecuencia. ". Consecuentemente, en proveído de tres de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la ejecutoria precisada en párrafos que anteceden, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento al fallo protector (folio 273). Por acuerdos de catorce y dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, se tuvieron por recibidos los oficios signados por el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula y Delegado de Hacienda dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, ambos con residencia en esta ciudad y de los que se obtienen lo siguiente: a) En proveído de trece de mayo del año en curso, dictado en el expediente 119/2017 relativo al juicio de aumento de pensión alimenticia, el Juez responsable, dejó insubsistentes las multas aplicadas a la aquí quejosa en su carácter de Directora de Recursos Humanos y Materiales de la Universidad Politécnica en Tapachula, Chiapas, impuestas en autos de veintiséis de enero y dos de febrero de dos mil dieciocho, consistentes en la cantidad de mil quinientos nueve pesos 08/100 moneda nacional, y tres mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional; asimismo, ordenó la cancelación de los oficios 400-A/2018 y 401-A/2018 que remitió al Delegado de Hacienda en el Estado, con sede en esta ciudad; y para corroborar su informe remitió copias certificadas del proveído y oficio en comentario (fojas 285 a 288). b) Asimismo, el delegado responsable, procedió a dar de baja tanto física como del Sistema de Cartera, los créditos fiscales 119/2017 contenido en los oficios 400-A/2018 y 401-A/2018, de veintiséis de enero y dos de febrero de dos mil dieciocho, respectivamente, determinado a la aquí quejosa por el juez responsable por la cantidad de tres mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional, y mil quinientos diez pesos 00/100 moneda nacional (foja 279). Informes y constancias, con los que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera (fojas 281 y 289), sin que desahogara dichas prevenciones. En consecuencia, procede que el suscrito juzgador federal realice el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. Ahora bien, el artículo 196, de la Ley de Amparo, establece en lo que es de interés lo siguiente: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley". De lo anterior se deduce que a fin de determinar si en el caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Como se precisó, el efecto sustancial de la ejecutoria de amparo fue para que el juez responsable: 1. Dejara insubsistentes las multas aplicadas a la quejosa, en su carácter de Directora de Recursos Humanos y Materiales de la Universidad Politécnica de Tapachula, con residencia en Tapachula, Chiapas, decretadas en proveídos de veintiséis de enero y dos de febrero de dos mil dieciocho (fojas 254 vuelta, 255, 268 vuelta y 269), consistentes en la cantidad de mil quinientos nueve pesos 08/100 moneda nacional, y tres mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional; y, 2) Ordenara a Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, la cancelación de dichas multas (fojas 268 vuelta y 269). Luego, si en cumplimiento al fallo protector, la responsable en proveído de trece de mayo del año en curso, declaró jurídicamente insubsistente las multas aplicadas a la quejosa FRANCISCA LEYVA MÉNDEZ, en su carácter de Directora de Recursos Humanos y Materiales de la Universidad Politécnica en Tapachula, Chiapas (fojas 286 y 287); e, incluso, el delegado responsable informó mediante oficio de SH/SUBI/DHTAP/1230/2019, de trece de mayo actual, que procedió a dar de baja los créditos fiscales 119/2017 contenidos en los oficios 400-A/2018 y 401-A/2018, de veintiséis de enero y dos de febrero de dos mil dieciocho, decretados por el juez responsable contra la aquí quejosa, por la cantidad de tres mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional, y mil quinientos diez pesos 00/100 moneda nacional, respectivamente (foja 279); es inconcuso que la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, ha quedado cumplida conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, tomo IV, octubre 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro que corresponda. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Transferir el expediente principal y original del incidente, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha. 3. Depuración de conformidad a la fracción III, párrafo segundo del citado artículo Vigésimo Primero, el original del incidente relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva; por lo que deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar. 4. Destruir de conformidad con la fracción III del ordinal Vigésimo del Acuerdo General Conjunto únicamente el duplicado del referido incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del incidente y anotaciones correspondientes en los libros respectivos. Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    MESA 5-B Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en vía de alcance a su informe de cumplimiento al fallo protector (fojas 285 a 288), remite copia certificada del oficio SH/SUBI/DHTAP/1248/2019, y del proveído de dieciséis de mayo de esta anualidad; de lo cual se toma nota y deberá ser examinado, en caso de ser necesario, al calificar el cumplimiento o no del fallo protector.

  4. Principal

    MESA 5-B Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, téngase por recibido el oficio signado por el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, y al efecto remite copia certificada del proveído de trece de mayo del año en curso, dictado en el expediente 119/2017 de su índice, relativo al aumento de pensión alimenticia. A fin de estar en condiciones de proveer en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del comunicado de cuenta y anexos que acompaña, dése vista a las partes, por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; apercibidas que de no desahogar la vista, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables; en apoyo a esta determinación se cita por identidad jurídica, la tesis VI.1º.P.27 K, visible en la página 832, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Febrero de 2002, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA. Una vez que el Juez de Distrito recibió el oficio por medio del cual la autoridad responsable informó el cumplimiento de la ejecutoria, deberá dar vista a la parte quejosa con el contenido del mismo, concediéndole el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndola que de no hacerlo, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, resolución que deberá estar suficientemente razonada, a fin de que la parte quejosa, en su caso, esté en aptitud de hacer valer su inconformidad en la forma que estime pertinente, y de no hacerse así, deberán devolverse los autos al Juez de Distrito a fin de que deje insubsistente el acuerdo citado y emita en su lugar otro, en el que de conformidad con las consideraciones antes señaladas, se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento que hubiese dado la responsable a la sentencia que concedió el amparo."

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