Francisca García Jiménez

Expediente 387/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 24 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
387/2023
Año
2023
Actuaciones
24
Última actuación
02/08/2023

Partes del expediente

  • Francisca García Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de agosto de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de catorce de julio de dos mil veintitrés, en la que, por una parte, se sobreseyó y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que se haya interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2.1. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las 1) autoridades responsables, 2) agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado; dado que, como se precisó, en la sentencia emitida, por una parte, se sobreseyó y por otra, se negó la protección constitucional a la parte quejosa; por tanto, ningún agravio les genera, pues carecen de legitimación para inconformarse. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y vigente a partir del ocho de junio siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo (conservable). Al haberse sobreseído, por una parte, y por otra negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, el destino de este expediente es CONSERVABLE, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General invocado, mientras, será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años. 6. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que como se precisó en el auto inicial, en el expediente electrónico se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo; y considerando decimoprimero, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. 7. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es CONSERVABLE. 8. Precisión sobre devolución de documento. Por otra parte, como se advierte de la certificación de cuenta, en este expediente obra un documento original exhibido por la parte quejosa, consistente en el acuse original de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés dirigido al expediente ******************** de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca; sin embargo, no se ordena la devolución respectiva, toda vez que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, tratándose de asuntos conservables, no prevé la devolución de documentales; sin perjuicio que la parte quejosa acuda a solicitar su devolución. 9. Incidente de suspensión. Finalmente, como este asunto se tramitó con incidente de suspensión; por tanto, en razón de la firmeza de la sentencia de amparo, provéase lo correspondiente en esa pieza incidental. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    INC 387/2023 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de agosto de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, mediante proveído dictado en esta fecha, en el juicio de amparo principal del que deriva este incidente, causó ejecutoria la sentencia dictada en ese expediente, y se ordenó su archivo; de modo que es procedente ordenar lo relativo al archivo de este incidente de suspensión. 2. Archivo. Como en este incidente no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14 y 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3. Destino del expediente incidental (conservable). Se comunica a las partes que, por haberse negado y concedido la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, este expediente es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del mencionado acuerdo general; por ello, una vez que transcurran tres años a partir de la fecha en que se ordena el archivo, será transferido en términos del mencionado numeral. 4. Instrucción a Secretaría. Finalmente, se instruye a la secretaria que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula del expediente incidental obre la leyenda referida en párrafos precedentes (conservable) y b) que en el expediente electrónico se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    INC 387/2023 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. 1. Sobre devuelto. Agréguese el sobre cerrado que devuelve el Servicio Postal Mexicano, que contiene el oficio 13554/2023 dirigido a la autoridad responsable, Dirección General para la Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, a fin de notificar la interlocutoria de ocho de junio de dos mil veintitrés, en la que se negó la suspensión definitiva solicitada, del cual se advierte que no fue posible su entrega en el domicilio siguiente: 2. Se reexpide oficio. Ahora, a fin de que la autoridad tenga conocimiento de la citada interlocutoria; se ordena reexpedir el oficio 13554/2023 a la autoridad responsable antes citada, vía estafeta, a la dirección siguiente: ********************, ********************, Colonia ********************, Alcaldía ********************, C.P. ********************, en ********************Domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en el informe previo rendido por el subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, en representación de la Dirección General para la Validación de Beneficiarios. Notifíquese. Así lo proveyó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, con las facultades derivadas de la interpretación del numeral 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/3773/2023, de la misma fecha; y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 387/2023 MESA 3 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas con trece minutos del catorce de julio de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo ****************, como se ordenó en acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en audiencia pública Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, con las facultades derivadas de la interpretación del numeral 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/3773/2023, de la misma fecha, asistida de Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo y su ampliación promovida por ******************, por propio derecho, así como los informes justificados de las autoridades responsables; e informa que no existe documento con el cual deba darse cuenta. Asimismo, hace constar que las partes en este juicio no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se hizo de su conocimiento en el auto de admisión. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo procedente al dictarse el fallo correspondiente. ETAPA PROBATORIA. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que las partes ofrecieron las pruebas siguientes: Parte quejosa: Acuse original del escrito de quince de febrero de dos mil veintitrés, presentado el diecisiete de febrero del año en curso en la Secretaría de Bienestar, Delegación Oaxaca; con anexos consistentes en copia simple de las documentales a nombre de Francisca García Jiménez: Acta de nacimiento. Clave Única de Registro de Población. Certificado médico. Credencial para votar. Copia simple de recibo de luz a nombre de **************************. Instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana. Autoridad responsable. Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, de la Secretaría de Bienestar, a través del subdelegado de Desarrollo Social y Humano, al rendir el informe justificado respecto a la ampliación de demanda, remitió copia certificada de diversas documentales a nombre de la quejosa ***********************, consistentes en: Formato de registro de personas con discapacidad con folio ************. Cédula de verificación de discapacidad con folio ******************. Credencial para votar expedida a nombre de la quejosa por el Instituto Nacional Electoral. Constancia de la Clave Única de Registro de Población de la quejosa. Acta de nacimiento de la quejosa. Recibo de pago de energía eléctrica de ********************************** Certificado médico expedido a favor de la quejosa. Acto continuo, se acuerda: con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las pruebas documentales citadas, dada su propia naturaleza, para ser consideradas al resolver este juicio. Por cuanto a las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, se tienen por ofrecidas y desahogadas, ya que derivan de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos; como así lo ilustra la tesis aislada XX. 305 K; del rubro: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS". No existiendo más pruebas que desahogar, se cierra esta etapa. ETAPA DE ALEGATOS. Abierta la fase de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló pedimento; por tanto, se cierra esta etapa y se procede a dictar la sentencia respectiva. Vistos, para resolver el juicio de amparo *****************; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en este municipio, el diecinueve de abril de este año, y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, ************************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos reclamados y autoridades responsables que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de veinte de abril de dos mil veintitrés se registró la demanda de amparo con el expediente *******************, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de demanda. En auto de veinticinco de mayo del año en curso se tuvo a la quejosa ***************************, ampliando la demanda de amparo, en relación a los actos reclamados que se citarán en el considerando respectivo de este fallo, por lo que se solicitó informe justificado a las autoridades responsables. Finalmente, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y los actos reclamados tienen ejecución en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y del análisis de la demanda de amparo así como de la ampliación de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: DEMANDA INICIAL DE DEMANDA AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Subsecretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México. Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios de la Secretaría de Bienestar, residente en la Ciudad de México. Dirección General para la Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México. Dirección General de Operación Integral de Programas de la Secretaría de Bienestar, residente en la Ciudad de México. Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, con sede en San Agustín Yatareni, Oaxaca. Omisión de iniciar el proceso para la atención de personas solicitantes descrito en el punto "4.1 Proceso" del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2022. La omisión de notificarle la incorporación al programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. La omisión de entregarle el apoyo económico a partir del bimestre de incorporación al padrón de beneficiarios. AMPLIACIÓN DE DEMANDA AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, con sede en San Agustín Yatareni, Oaxaca. La negativa a iniciar el proceso de acceso para la atención de personas solicitantes del programa de pensión para el bienestar de personas con discapacidad permanente 2023. Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios de la Secretaría de Bienestar, residente en la Ciudad de México. Dirección General para la Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México. Dirección General de Operación Integral de Programas de la Secretaría de Bienestar, residente en la Ciudad de México. La suspensión del registro de solicitudes de incorporación al programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente 2023. Es aplicable la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 181810, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. Las autoridades responsables, 1) Subsecretaría de Bienestar, 2) Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, 3) Dirección General para la Validación de Beneficiarios y 4) Dirección General de Operación Integral de Programas, todas a través del subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, al rendir informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en a) la omisión de iniciar el proceso para la atención de personas solicitantes descrito en el punto "4.1 Proceso" del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2022; e) negativa de iniciar el proceso de acceso para la atención de personas solicitantes y d) suspensión del registro de solicitudes de incorporación; dado que indican que no son las autoridades competentes. Lo anterior, porque dicha atribución corresponde a diversa autoridad, a saber, a las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en los Módulos de Atención, conforme a lo estipulado en punto 4.1, incisos a), b) y c) de las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2023. Sin que la parte quejosa haya objetado o aportado prueba alguna que desvirtúe esas negativas, no obstante su conocimiento. En esas condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados, procede sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de actos reclamados. Las autoridades responsables 1) Subsecretaría de Bienestar, 2) Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, 3) Dirección General para la Validación de Beneficiarios, y 4) Dirección General de Operación Integral de Programas, todas a través del subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, residente en la Ciudad de México, al rendir informe justificado, negaron la existencia de los diversos actos reclamados consistentes en b) la omisión de notificarle la incorporación al programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad y c) la omisión de entregarle el apoyo económico a partir del bimestre de incorporación al padrón de beneficiarios. Al respecto, es necesario precisar que, al tratarse de actos omisivos, no corresponde a la parte quejosa demostrar los mismos, sino a las autoridades responsables acreditar que no incurrieron en tales omisiones. En el caso, de conformidad con lo dispuesto en los puntos 3.10.1, 3.10.2 y 3.10.3, de las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2023, dichas autoridades son las instancias responsables y operativas para la atención del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; por tanto, de incorporar y autorizar el apoyo económico a los beneficiarios, el cual no se ha entregado a la parte quejosa. De ahí que las negativas se desvirtúan y se tienen por ciertas la omisiones reclamadas. Sirve de apoyo la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, junio de 1998, página 53, de rubro siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO". Por su parte, la 5) Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, a través del subdelegado de Desarrollo Social y Humano en ausencia de la delegada, al rendir informe justificado, negó la existencia de todos los actos reclamados en la demanda y ampliación de la misma, citados en los incisos a), b), c) y d). Sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada en autos, pues de conformidad con las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2023, antes citadas, la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca es la instancia operativa y ejecutora del citado programa. Además, a la fecha de la presentación de la demanda (diecinueve de abril de dos mil veintitrés) no se había iniciado el proceso para registrar a la quejosa en el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; tampoco, se advierte que se haya aceptado su incorporación y menos que se le haya entregado apoyo económico. Por tanto, dicha negativa se desvirtúa y se tienen por ciertos los actos que le atribuyó la quejosa. QUINTO. Causales de improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por lo que su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En el caso, la 1) Subsecretaría de Bienestar, 2) Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, 3) Dirección General para la Validación de Beneficiarios, y 4) Dirección General de Operación Integral de Programas, a través del subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, al rendir informe justificado, manifestaron que sobrevienen diversas causas de improcedencia, a saber: 1) La prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, de la Ley de Amparo, aduciendo que la parte quejosa no formuló conceptos de violación encaminados a explicar qué acto cometió dicha autoridad en su perjuicio. 2) La causal establecida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, pues indica que la parte quejosa no acredita su interés jurídico. 3) La establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, de la Ley de Amparo, señalando que no se pueden concretar los efectos del juicio de amparo. Primera causal de improcedencia. La primera causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, de la Ley de Amparo, en el sentido de que la parte quejosa no formuló conceptos de violación; resulta infundada. Ello, debido a que la Ley de Amparo no exige que los conceptos de violación se expresen con determinadas formalidades indispensables, ya que basta considerar que la demanda de amparo es un todo en forma integral, que debe analizarse en su conjunto, lo que lleva a concluir que aun cuando la costumbre ha conducido a quienes los formulan a precisarlos en un determinado capítulo del escrito de demanda, por razón de claridad y de forma, deben considerarse como conceptos de violación todos aquellos razonamientos que se contengan en la demanda de amparo, que tiendan a demostrar la contravención del acto reclamado a los preceptos constitucionales que se estiman transgredidos. Lo que significa que basta que en cualquier parte o capítulo de la demanda relativa se expresen argumentos tendentes a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, para que deba ser estudiado como concepto de violación en la sentencia que corresponda, pues, en términos del artículo 74 de la Ley de Amparo, se debe analizar cada uno de los conceptos de violación que se expresen. Por ello, para que existan "conceptos de violación" en el escrito de demanda de amparo es suficiente con que se exprese con claridad la causa de pedir y se señale cuál es la lesión o agravio que el quejoso considera que le depara el acto reclamado, así como los motivos que originaron ese agravio, para que se tengan como tales. Al respecto, en el escrito inicial de demanda y su ampliación, la parte quejosa sí combate el actuar omisivo de las autoridades responsables, pues aduce que se le deja en indefensión al no inscribirla, incorporarla y entregar el apoyo económico del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; argumento que, en estricto sentido, se traduce en un concepto de violación. Además, en el caso opera la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracciones II y VII, de la Ley de Amparo, en razón de que, según se desprende de los hechos de la demanda narrados bajo protesta de decir verdad, la quejosa se encuentra en una condición de desventaja porque cuenta con una discapacidad. En ese sentido, al operar la suplencia en favor de la parte quejosa, procede el estudio aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. Sirve de apoyo la tesis 2a. L/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2022415, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. DEBE APLICARSE EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO." Por lo anterior, no resulta aplicable la tesis que se invocan las autoridades responsables, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, FALTA DE. DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARSE". Segunda causal de improcedencia. La causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, también deviene infundada, porque contrario a lo argumentado por las responsables, la quejosa sí acredita su interés jurídico con la documental que exhibió con la demanda de amparo, consistente en el acuse de recibo original del escrito de quince de febrero de dos mil veintitrés, dirigido a la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, recibido el diecisiete de febrero siguiente. Es así, pues con dicho acuse de recibo demuestra que presentó ante las autoridades responsables una solicitud con copia de documentos personales para que se le inscribiera en el programa, lo cual es suficiente para acreditar su interés jurídico, pues produce todos sus efectos legales ante las autoridades responsables. Tercera causal de improcedencia. La tercera causal de improcedencia invocada también es infundada, en virtud de que no se ha incorporado a la quejosa al padrón del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y tampoco ha recibido el apoyo de dicha pensión a la fecha de emisión de la presente sentencia; de ahí que con una eventual concesión de amparo, se podrían concretar y restituir los derechos humanos que la peticionaria de amparo dice se transgreden. En cambio, respecto de los actos reclamados consistentes en a) la omisión de iniciar el proceso para la atención de personas solicitantes descrito en el punto "4.1 Proceso" del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2022; y e) negativa de iniciar el proceso de acceso para la atención de personas solicitantes; que atribuye a la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, se actualiza la causa de improcedencia del juicio que prevé la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo. En efecto, del informe justificado rendido por el subdelegado de Desarrollo Social y Humano de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, en ausencia de la delegada, y de las documentales anexas al mismo en copia certificada, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documentos públicos, expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se advierte que: El siete de junio del año en curso inició el registro de solicitantes para el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; mismo que concluye el treinta de junio. El nueve de junio de esta anualidad dicha Delegación requisitó a la aquí quejosa el Formato de Registro Personas con Discapacidad con número de folio ************** y la cédula de verificación de discapacidad con folio ************, a través de los cuales se solicitó su incorporación al referido programa, y en los que se advierte la firma de la solicitante, aquí quejosa; además, se le informó que esa solicitud fue capturada en el sistema respectivo el doce de junio de dos mil veintitrés, generándose la captura ************. De lo anterior, se desprende que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues la demanda de amparo se presentó el diecinueve de abril de esta anualidad, en tanto que el escrito de ampliación se recibió en este Juzgado el veinticuatro de mayo siguiente, y fue hasta el doce de junio de dos mil veintitrés en que la solicitud de la quejosa fue capturada en el sistema respectivo. Por ello, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica de la quejosa, en tanto que la razón que justifica la referida causal improcedencia es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de actos que ya no están surtiendo sus efectos, ni los surtirán, en razón de la modificación del entorno en el cual aquél se emitió; por tanto, aun de concluirse que los mismos son inconstitucionales, jurídicamente, se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que estime vulnerado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo que patentiza que desapareció la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por ende, sus efectos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En consecuencia, al actualizarse la referida hipótesis de improcedencia; con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee en este juicio de amparo, por lo que hace a los actos reclamados a la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, consistentes en: Omisión de iniciar el proceso para la atención de personas solicitantes descrito en el punto "4.1 Proceso" del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2022 (Acto reclamado en la demanda de amparo). Negativa de iniciar el proceso de acceso para la atención de personas solicitantes (Acto reclamado en la ampliación demanda de amparo). El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de fondo; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Cabe indicar que la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, Dirección General para la Validación de Beneficiarios y la Dirección General de Operación Integral de Programas, a través del subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, indicaron que respecto al acto reclamado en la ampliación de la demanda, consistente en la suspensión del registro de solicitudes de incorporación al programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente 2023, se actualiza también la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; empero, resulta inatendible el estudio de dicha causa, toda vez que respecto de ese acto se sobreseyó por inexistencia. SEXTO. Estudio de fondo de los diversos actos reclamados. En diversa tesitura, en la demanda de amparo, la parte quejosa también señaló como actos reclamados los siguientes: La omisión de notificarle la incorporación al programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. La omisión de entregarle el apoyo económico a partir del bimestre de incorporación al padrón de beneficiarios. Mismos que atribuyó a las siguientes autoridades: Subsecretaría de Bienestar. Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios. Dirección General para la Validación de Beneficiarios. Dirección General de Operación Integral de Programas. Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca. Ahora, los conceptos de violación que formuló la parte quejosa no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía, máxime que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello; como así lo ilustra la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". El estudio de la demanda de amparo, en relación con las constancias remitidas por la autoridad judicial responsable, conduce a determinar lo siguiente: De las referidas constancias allegadas a este juicio de amparo por el subdelegado de Desarrollo Social y Humano de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, en ausencia de la delegada, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documentos públicos, expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, en lo que interesa, se desprende lo siguiente: La solicitud de pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad de la quejosa fue capturada en el Sistema de Formato Único Bienestar el doce de junio del año actual, generándose la captura *************. De conformidad con lo señalado en el numeral 4.1. Proceso, inciso c), y 3.4. Criterios de Priorización de las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, vigente en el ejercicio fiscal 2023, se desprende que se informará a la persona solicitante o a su adulto auxiliar el resultado de su solicitud de incorporación al programa, en un plazo máximo de dos meses a la captura del trámite por las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en los Módulos de Atención a partir de su solicitud (sic) o a través de la Línea de Bienestar Establecida en el inciso a) del numeral 6.2. solicitudes de información de las reglas de operación. Actividad de validación que, según lo dispuesto en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, es competencia de la Dirección General para la Validación de Beneficiarios. De lo anterior, se desprende que si, en el caso, el doce de junio del año en curso se realizó el registro de la solicitud efectuada por la quejosa en el sistema, en tanto que la Dirección General para la Validación de Beneficiarios cuenta con dos meses para informar y/o notificar a la persona solicitante el resultado de su trámite, es inconcuso que las autoridades responsables a quienes la parte quejosa les atribuye: La omisión de notificarle la incorporación al programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. La omisión de entregarle el apoyo económico a partir del bimestre de incorporación al padrón de beneficiarios. No están en posibilidad de notificarle su incorporación al programa ni de iniciar el pago del apoyo económico, hasta en tanto 1) transcurra el periodo de registro de los solicitantes -inciso a) del punto 4.1. del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2023-, y 2) se agote el inciso b) del punto 4.1. del referido acuerdo. De tal manera que la omisión de las autoridades responsables no transgrede en perjuicio de la parte quejosa -al menos por ahora-, el derecho fundamental reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, al resultar infundada la causa de pedir, lo procedente es negar el amparo y la protección de la justicia federal solicitados contra las omisiones atribuidas a las responsables a) Subsecretaría de Bienestar, b) Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, c) Dirección General para la Validación de Beneficiarios, d) Dirección General de Operación Integral de Programas y e) Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, descritas en este considerando. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En esas condiciones, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *********************, por propio derecho respecto de los actos reclamados consistentes en: Omisión de iniciar el proceso para la atención de personas solicitantes descrito en el punto "4.1 Proceso" del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2022 (acto reclamado en la demanda de amparo). Negativa de iniciar el proceso de acceso para la atención de personas solicitantes (acto reclamado en la ampliación demanda de amparo). Suspensión del registro de solicitudes de incorporación (acto reclamado en la ampliación demanda de amparo). Reclamados a las responsables 1) Subsecretaría de Bienestar, 2) Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, 3) Dirección General para la Validación de Beneficiarios, y 4) Dirección General de Operación Integral de Programas, todos de la Secretaría de Bienestar con sede en la Ciudad de México; y 5) Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar. Lo anterior, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a la quejosa ***************************, respecto de los actos reclamados consistentes en: La omisión de notificarle la incorporación al programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. La omisión de entregarle el apoyo económico a partir del bimestre de incorporación al padrón de beneficiarios. Atribuidos a las responsables 1) Subsecretaría de Bienestar, 2) Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, 3) Dirección General para la Validación de Beneficiarios, y 4) Dirección General de Operación Integral de Programas, todos de la Secretaría de Bienestar con sede en la Ciudad de México; y 5) Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar. Por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta resolución. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, con las facultades derivadas de la interpretación del numeral 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/3773/2023, de la misma fecha; y firma ante Soledad Méndez Cortes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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