Francisca Fuentes Hernandez

Expediente 594/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
594/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
19/08/2021

Partes del expediente

  • Francisca Fuentes Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81 fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de treinta de julio de dos mil veintiuno, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió y negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva, en su orden), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese vía electrónica a la quejosa; mediante oficio a las autoridades responsables, y al fiscal Federal adscrito...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de agosto de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos el pedimento del agente del Ministerio Público Federal adscrito, donde solicita: 1. Que se le tenga formulando alegatos; 2. Se dicte sentencia en el sentido que se niegue el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; y, 3. Se le expida copia de la sentencia correspondiente. Sin embargo, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, porque el treinta de julio pasado, se sobreseyó en el juicio, fuera de la audiencia constitucional. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, cúmplase.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la quejosa Francisca Fuentes Hernández, mediante escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de 1. David Rodríguez González, Juez de control de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, y otras autoridades. Por acuerdo dictado el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 594/2021; y, se previno la demanda de amparo por los tres puntos precisados en dicha determinación. Previo cabal cumplimiento a la prevención formulada, por auto dictado el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda -con incidente de suspensión- por las órdenes de detención y/o aprehensión, así como su ejecución; se requirieron los informes justificados y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Ahora bien, como se desprende de autos, en sus informes de ley, las autoridades responsables ordenadoras 1. Karla Patricia Ambrocio Vargas, Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla -en lugar del juez de control David Rodríguez González-, 2. Guadalupe Briones Guillén, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, con sede en San Andrés Cholula, Puebla y 3. Jueza Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, negaron la existencia de los actos que se les reclaman - órdenes de detención y/o aprehensión, así como su ejecución -; de ahí que no existan los actos reclamados. Ahora bien, no pasa desapercibido que en su informe, 2. Guadalupe Briones Guillén, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, comunicó que sí existe la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/SACHOLULA-I/005238/2021, de la que hizo mención la quejosa Francisca Fuentes Hernández en su escrito de dos de julio del año en curso, recibido en este juzgado el cinco siguiente -registro 11796-; sin embargo, la aludida fiscal también comunicó que la demandante constitucional no es parte dentro de dicha indagatoria. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No se desatiende que mediante auto de veintiocho de julio pasado, se dio vista a la parte quejosa para que precisara la denominación correcta y completa de las autoridades responsables ejecutoras que denominó como 4. Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla y 5. Comandante General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, en la localidad de San Andrés Cholula, en virtud de las razones asentadas por los actuarios judiciales de la adscripción, a través de las cuales manifestaron sus impedimentos para emplazarlas a juicio. Sin embargo, en virtud de que dichas autoridades responsables fueron señaladas con el carácter de ejecutoras, las cuales únicamente estarían encargadas del cumplimiento de las órdenes reclamadas, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, velada por el principio de prontitud, consagrado en el artículo 17 Constitucional, resulta ocioso esperar a conocer su denominación correcta -en caso de que la parte quejosa desahogara la aludida vista- y requerir nuevamente sus informes de ley, pues es evidente que las autoridades ejecutoras no pueden dar cumplimiento a órdenes que no existen. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con veintiocho minutos del trece de agosto de dos mil veintiuno; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; así como, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

  4. Incidental

    En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de julio de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 594/2021, Raúl Bonilla Hernández, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (abrogada), por autorización contenida mediante oficio CCJ/ST/1105/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", asistido del Secretario Rafael Torres Campos, la declaró abierta con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo promovida por Francisca Fuentes Hernández, escrito aclaratorio, así como el auto de veintiuno de julio de dos mil veintiuno (suspensión provisional), e informes previos de las autoridades responsables que así lo hicieron. Asimismo, el Secretario da cuenta con dos razones actuariales. A lo anterior, el Secretario encargado del despacho acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Finalmente, agréguese a los autos las razones de cuenta asentadas por los Actuarios de la adscripción, mediante las cuales hacen del conocimiento la imposibilidad de notificar los oficios: I-185-4 y 5, dirigidos a las autoridades que la quejosa señaló como: "Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla." y "Comandante General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, en la localidad de San Andrés Cholula."; pues manifiestan que al constituirse en diversas instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla, les manifestaron que dichas autoridades no existen. En tales condiciones, y en virtud de que no existen las citadas autoridades con esas denominaciones, se tienen por inexistentes, ordenándose suspender cualquier comunicación oficial con ellas; sin perjuicio de lo que se acuerde en el expediente principal del que deriva la presente incidencia. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; a lo anterior el Secretario encargado del despacho acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se tiene por precluido su derecho para ello y, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no exhibió pedimento. A lo anterior, el Secretario encargado del despacho acuerda: Se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Finalmente, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 594/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Francisca Fuentes Hernández; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Francisca Fuentes Hernández, se requirieron los informes previos a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: a) Las órdenes de detención y aprehensión, libradas en su contra; y b) Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: No. Oficio Autoridad responsable. Sentido del informe. 1. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución, Centro-poniente con sede en San Andrés Cholula, Puebla (Karla Patricia Ambrocio Vargas). NIEGA 2. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres en San Andrés Cholula, Puebla. NIEGA 3. Jueza Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla. NIEGA CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. De lo anterior se advierte que las autoridades responsables ordenadoras 1 a 3, al rendir sus informes previos negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Francisca Fuentes Hernández, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables identificadas en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA QUEJOSA, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA.

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