Francisca Estrada Estrada
Expediente 827/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 6 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 827/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 06/09/2021
Partes del expediente
- Francisca Estrada Estrada
Actuaciones
- Principal
... Radicación. Con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Demetrio Felipe Lució apoderado legal de Francisca Estrada Estrada, contra actos del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, bajo el número 827/2021-IV. IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de cuenta, al advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia tal y como se indica a continuación. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El numeral reproducido en primer término prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Mientras que el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, es decir, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado: La omisión por parte de la responsable de acordar el escrito presentado el trece de julio de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 1223/2005. Acto reclamado que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trascienden en el interior o trámite del juicio laboral que se tramita ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; de ahí que contra tales violaciones resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Ahora bien, conviene destacar lo que debe entenderse por actos de imposible reparación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Por tanto, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal del País, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular se inconforma exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violación al artículo 8o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ahora, es importante señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció al respecto en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la que sostuvo medularmente que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Criterio anterior que dio origen a la diversa 2a./J. 33/2019 (10a.), donde la citada Sala del máximo Tribunal estimó que resultaría difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecer de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, por lo que debía complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determinara que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procedía cuando transcurrieran más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, lo anterior, si se tomaba en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. La citada jurisprudencia fue aprobada, en sesión privada del treinta de enero de dos mil diecinueve, y publicada el viernes uno de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, Décima Época, número de registro 2019400, de rubro y texto siguientes: ... Cabe precisar que si bien es cierto dicho criterio analiza el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que la ley burocrática aplicable al caso concreto, no establece un plazo para que se dicten las resoluciones cuando se reciban promociones por escrito, es por ello, que se tiene que acudir a la supletoriedad de la ley, en términos del artículo 193 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, por ende, que se estime aplicable al presente asunto. Por otra parte, es de destacarse que el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia, estable que los Tribunales gozarán de cuarenta y ocho horas para acordar las promociones que reciban por escrito. "Artículo 838.-El Tribunal dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." De ahí que, si en el expediente de origen, la parte quejosa presentó por escrito una promoción el trece de julio de dos mil veintiuno, la cual debió acordarse dentro del término de cuarenta y ocho horas; por tanto, tomando en consideración lo anterior, dicho término feneció el quince de ese mismo mes y año, de conformidad con el artículo citado en el párrafo que antecede. Luego, el plazo de cuarenta y cinco días naturales que se menciona en el criterio jurisprudencial ya reproducido, transcurrirá del dieciséis de julio al diez de septiembre del año en curso, por lo que a la fecha está corriendo el plazo de mérito, toda vez que el Tribunal responsable gozo del primer periodo vacacional del año, del diecinueve al treinta de julio de dos mil veintiuno, como se advierte del aviso publicado por la responsable en el boletín laboral de julio dos mil veintiuno, circunstancia que se corrobora en la página de internet https://teca.edomex.gob.mx/boletin_laboral. Lo anterior, pone de relieve que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -tres de septiembre de dos mil veintiuno-, no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales que determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Entonces, si se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo aplicado de manera supletoria a la ley de la materia, tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador; por ende, es evidente, que la omisión reclamada, no trae como consecuencia se haya inobservado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el debido proceso, conforme a lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la página 11, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 56, Agosto de 1992, Pleno, Octava Época, con número de registro 205651, que señala: .... En consecuencia, en el presente asunto se actualiza la referida regla general consistente en que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza (actos omisivos), es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; máxime que en el caso este Juzgador no advierte del contenido de la demanda que exista una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia al principio invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Francisca Estrada Estrada. Domicilio y Usuario. Ahora bien, toda vez que proporciona el usuario "demetrio1", de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el usuario que refiere el promovente para la consulta electrónica del presente expediente, y se comisiona al actuario adscrito para que le notifique las subsecuentes notificaciones de conformidad con el artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo. Autorizados. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas mencionadas en el ocurso de mérito, dada la materia de este asunto y al ser la parte trabajadora en el juicio natural. ... Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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