Francisca Dominguillo Locena y Otros.

Expediente 1463/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 19 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1463/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
06/06/2023

Partes del expediente

  • Francisca Dominguillo Locena y Otros.
  • Francisca Dominguillo Locena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, seis de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad; de cuyo contenido se advierte que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, al que le fuera asignado el número de recurso de revisión civil ******************** Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, uno de junio de dos mil veintitrés. Glósese a los autos para que obre como corresponda la boleta de turno con número de folio ********************recibida vía correo electrónico, relativa al recurso de revisión interpuesto por la quejosa ********************, en contra de la sentencia dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, que fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que se encuentra debidamente integrado el recurso de revisión interpuesto por la quejosa ********************, contra de la sentencia dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, al encontrase debidamente integrado el recurso de revisión, remítase el expediente original de los autos, con dos tomos de pruebas, así como del escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público de la Federación adscrito, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, para su substanciación. De igual forma, se hace del conocimiento a la superioridad que le toque conocer el presente asunto que las constancias relativas al presente medio de impugnación quedan a su disposición en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), con el número de expediente único nacional (NEUN)******************** En mérito de lo anterior, se comisiona al Oficial Judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expedientes", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con éste para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio de impugnación que se provee. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario David Monyardyny George, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1463/2022-A, promovido por Francisca Dominguillo Locena, por propio derecho, contra actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil veintidós, ante el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Guerrero, Francisca Dominguillo Locena, por propio derecho, solicitó en la vía directa el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE. - H. SALA FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, (.) IV.- ACTO RECLAMADO.- LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL TOCA FAMILIAR NÚMERO 351/2022, PUBLICADA CON FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2022, POR LOS INTEGRANTES DE LA SALA FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO". SEGUNDO. Admisión de demanda. En auto de trece de octubre de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, registró la demanda constitucional con el número 596/2022 (fojas 3 a 6); y se declaró incompetente para conocer de la misma, de conformidad a los artículos 34, fracción I, y 170 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que combate la parte quejosa no es controvertible en la vía directa, por lo que, ordenó su remisión al Juez de Distrito en turno. Luego, en catorce de octubre de dos mil veintidós la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, tuvo por recibida la incompetencia planteada, y en diecisiete del citado mes y año fue turnada al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, por lo que, en proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se aceptó la incompetencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto, se admitió a trámite (fojas 25 a 27); no se requirió informe justificado a la autoridad responsable en razón de que el mismo ya obraba en autos; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; todo lo cual se hizo en sus términos, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, se emplazó al tercero interesado Alberto Valdez Vejar mediante lista publicada en diecisiete de enero de dos mil veintitrés, y seguido el trámite en sus etapas procesales, previos diferimientos en nueve de febrero de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional (fojas 104 y 105); y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a una autoridad con residencia dentro del territorio en que este juzgado de distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Entonces, de la lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: De la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero: La resolución de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 351/2022, en la cual se modificó la interlocutoria de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, emitida por el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, en el incidente de cesación de alimentos 269/2012, promovido por el tercero interesado Alberto Valdez Vejar (fojas 31 a 79 del tomo I de pruebas). TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (foja 6), pues al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le atribuye. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Materia Común, consultable a página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, Tomo VI, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.". Circunstancia que se corrobora con el expediente 269/2012 relativo al incidente de cancelación de pensión alimenticia y el toca civil 351/2022, que remitió la autoridad responsable, documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, párrafo segundo. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, tomo VI, Quinta Época, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Oportunidad de la demanda. De autos se advierte que el acto que reclama la parte quejosa le fue notificado el veintitrés de agosto de dos mil veintidós (foja 81 del tomo I de pruebas), notificación que surtió efectos el mismo día en que se practicó, por lo que de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de amparo inició el veinticuatro de agosto y feneció el veinte de septiembre del referido año, sin considerar en dicho cómputo los días sábados y domingos, así como catorce, quince y dieciséis de septiembre de ese año; al ser inhábiles en términos de lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, y el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, de conformidad al oficio CJF/SGC/SAA/2121/2021 de ocho de diciembre e dos mil veintiuno, emitido por el Secretario General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero. De manera que, si la demanda de amparo se presentó el catorce de septiembre de dos mil veintidós, es inconcuso, que la misma se realizó dentro del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público analizable aun de oficio, lo aleguen o no las partes, y debe ocurrir previo al análisis de fondo del asunto, porque de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el estudio de la litis constitucional planteada. Al no advertirse oficiosamente la actualización de causales de improcedencia, ni existir propuesta al respecto por las partes, a continuación, se procederá a examinar el asunto planteado a la luz de los conceptos de violación hechos valer en la demanda. SEXTO. Estudio de fondo. En obvio de repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos los conceptos de violación, pues no existe en la Ley de Amparo precepto alguno que obligue a su trascripción en la sentencia; sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que en el caso se hayan hecho valer. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 58/2010, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Previo al examen de los conceptos de violación, se estima oportuno hacer una reseña de los antecedentes de donde deriva el acto reclamado: a) Mediante sentencia de once de mayo de dos mil dieciséis, se condenó a Albertano Valdez Vejar al pago de una pensión alimenticia consistente en el 45% por ciento en favor de Francisca Dominguillo Locena y Laura Rocío Valdez Dominguillo. b) Luego, el veinticuatro de febrero de dos mil veinte (fojas 1 a 6 del tomo I de pruebas), Alberto Valdez Vejar, promovió incidente de cancelación de pensión alimenticia decretada en favor de Francisca Dominguillo Locena y de Laura Rocío Valdez Dominguillo. c) Admitido a trámite el incidente planteado, y seguido en sus etapas procesales, en veinticinco de marzo de dos mil veintidós (fojas 219 a 230 del legajo de pruebas), la Jueza Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, emitió sentencia en la que determinó lo siguiente: ".RESUELVE PRIMERO. Este juzgado es competente para conocer y resolver del presente asunto, por lo razonado en el primer considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Alberto Valdez Vejar, justificó los hechos constitutivos de la acción incidental de cesación de pensión alimenticia, que hizo valer en contra de Francisca Dominguillo Locena y Laura Rocío Valdez Dominguillo, quienes acreditaron sus defensas y excepciones, en consecuencia: TERCERO. Se decreta la cesación de la pensión alimenticia que otorga Alberto Valdez Vejar a su exesposa Francisca Dominguillo Locena y a su hija Laura Rocío Valdez Dominguillo, fijada mediante sentencia definitiva dictada por este juzgado, el once de mayo de dos mil dieciséis, en el expediente 269/2012-I, relativo al juicio especial de alimentos, promovido por Francisca Dominguillo Locena, por propio derecho y en representación de la menor Laura Rocío Valdez Dominguillo, en contra de Alberto Valdez Vejar, tramitado en este Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo. CUARTO. Gírese oficio al Subdirector de Pagos de la Secretaría de Educación Guerrero, para hacerle saber que deberá girar instrucciones a quien corresponda, para que proceda a dejar sin efectos el descuento del 45% (cuarenta y cinco por ciento) que por concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de Francisca Dominguillo Locena y Laura Rocío Valdez Dominguillo, se aplica al sueldo y demás prestaciones que obtiene Alberto Valdez Vejar. (.)" d) Inconforme con la anterior determinación la parte quejosa interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, quien mediante sentencia de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, determinó lo siguiente: ".RESUELVE: PRIMERO. Se declaran fundados y operantes los agravios expuestos por la apelante Francisca Dominguillo Locena, en consecuencia. SEGUNDO. Se modifica la sentencia interlocutoria de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, solo por cuanto hace a Francisca Dominguillo Locena, dejándose intocado lo resuelto por cuanto corresponde a Laura Rocío Dominguillo Vejar, dictada por la Jueza Segundo de Primera Instancia en materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, en el expediente número 269/2012-I, relativo al incidente de cesación de pensión alimenticia, promovido por Alberto Valdez Vejar, en contra de la citada apelante, derivado del juicio Especial de Alimentos, promovido por Francisca Dominguillo Locena, y su entonces menor hija Laura Rocío Valdez Dominguillo, en contra de Alberto Valdez Vejar. TERCERO. Quedan firmes e intocados los puntos resolutivos primero, quinto y sexto, modificándose los puntos resolutivos segundo, tercero y cuarto, de la sentencia combatida; puntos que deben quedar en los términos siguientes: SEGUNDO. - Alberto Valdez Vejar, justificó los hechos constitutivos de la acción incidental de cesación de pensión alimenticia, que hizo valer en contra de Laura Rocío Valdez Dominguillo, quien acredito sus defensas y excepcioes, pero no por cuanto a Francisca Valdez Dominguillo Locena, quien se acreditó sus excepciones y defensas, en consecuencia. TERCERO.- Se decreta la cesación de la pensión alimenticia que otorga Alberto Valdez Vejar, a Laura Rocío Valdez Dominguillo, pero no por cuanto a su ex esposa Francisca Dominguillo Locena, fijada mediante sentencia definitiva dictada por este Juzgado, el once de mayo de dos mil dieciséis, en el expediente 269/2012-I, relativo al juicio especial de alimentos promovido por Francisca Dominguillo Locena, por propio derecho y en ese tiempo en representación de la menor Laura Rocío Valdez Dominguillo, en contra de Alberto Valdez Vejar, tramitado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo. (.)". Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Ahora bien, la parte quejosa expresa como conceptos de violación en síntesis los siguientes: 1) Que durante el matrimonio se dedicó preponderantemente al hogar y atención del tercero interesado, por lo que el dinero que percibía por el trabajo remunerado que ejercía, se le entregaba a este último para el mantenimiento del hogar; de ahí que el cuidado del hogar no se limitó exclusivamente a su atención en forma física y presencial, sino también a la aportación económica para su debida administración. 2) Que debió revocarse la sentencia recurrida porque se acreditó que durante el matrimonio se dedicó preponderantemente al hogar, tanto en su cuidado, como en su mantenimiento, utilizando el producto de su trabajo, lo cual constituye una doble jornada, que le otorga el derecho a la quejosa de una compensación a través de una pensión compensatoria. 3) Que si bien ya no existe un vínculo matrimonial, lo cierto es también que ha sufrido un decremento económico, por lo que la sala responsable debió pronunciarse sobre la pensión compensatoria. 4) Que la sala responsable debió revocar la sentencia recurrida y fijarle una pensión compensatoria porque se acreditó que durante el matrimonio se dedicó preponderantemente al hogar, tanto en su cuidado, como en su mantenimiento, utilizando el producto de su trabajo, lo cual constituye una doble jornada, que le otorga el derecho a la quejosa de una compensación a través de una pensión. Tales argumentos resultan ineficaces. En efecto, de lo expresado por la parte quejosa en sus conceptos de violación se advierte que pretende que la autoridad responsable determine a su favor el pago de una pensión compensatoria, tal y como lo planteó en sus agravios al interponer su recurso de apelación que dio origen a la resolución reclamada; sin embargo, como se verá a continuación, dicha pretensión no puede ser determinada en el juicio de origen sino en un diverso juicio que tenga como objetivo dilucidar de forma específica su procedencia. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 530/2019 en sesión celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, determinó que cuando se promueve una acción de alimentos entre cónyuges y, durante su sustanciación se disuelve el vínculo matrimonial en un juicio diverso, no es procedente fijar una pensión compensatoria en la acción de alimentos, sino que deberá instarse otro juicio en el que se planteen las nuevas consideraciones fácticas y jurídicas. La Primera Sala consideró que en un juicio de alimentos entre cónyuges no es procedente otorgar una pensión compensatoria en virtud de que las obligaciones derivadas de ambas figuras jurídicas responden a presupuestos y fundamentos distintos, pues mientras una surge como parte de la relación matrimonial, la otra deriva de la disolución del vínculo matrimonial, lo que conlleva que incluso deban probarse cuestiones muy distintas en cada supuesto. Señaló que, en el caso de matrimonio o de parejas de hecho que viven en concubinato, la legislación civil o familiar de nuestro país establece una obligación de dar alimentos como parte de los deberes de solidaridad y asistencia mutuos. Indicó que, en condiciones normales, la pareja guarda una obligación recíproca de proporcionarse todos los medios y recursos necesarios para cubrir las necesidades de la vida en común, así como las bases para la consecución de los fines del matrimonio. No obstante, estableció que si bien esta obligación de alimentos entre cónyuges (en los casos de matrimonio) se mantiene incluso en los casos de separación, una vez decretada la disolución del matrimonio esta obligación termina y podría, en un momento dado, dar lugar a una "pensión compensatoria", la cual goza de una naturaleza distinta a la obligación derivada de las relaciones de matrimonio y concubinato. Al respecto, destacó que la obligación de otorgar una pensión compensatoria tiene una naturaleza distinta a la derivada de las relaciones de matrimonio y concubinato. Lo anterior porque esa obligación responde a presupuestos y fundamentos distintos a aquella que surge propiamente de la disolución del vínculo matrimonial. Explicó que la pensión compensatoria fue originalmente concebida por el legislador como un medio de protección a la mujer, la cual tradicionalmente no realizaba actividades remuneradas durante el matrimonio y se enfocaba únicamente en las tareas de mantenimiento del hogar y cuidado de los hijos. Por tanto, esa obligación surgió como una forma de "compensar" a la mujer las actividades domésticas realizadas durante el tiempo que duró el matrimonio y por las que se vio impedida para realizar otro tipo de actividades mediante las que hubiera podido obtener ingresos propios. Indicó que a diferencia de la obligación de alimentos con motivo de una relación matrimonial o de concubinato, la cual encuentra su fundamento en los deberes de solidaridad y asistencia mutuos de la pareja, la pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial, en el que alguno de los dos quizás enfrente una desventaja económica que en última instancia incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado. Refirió que la imposición de una pensión compensatoria en esos casos no se constriñe sencillamente a un deber de ayuda mutua, sino que además tiene como objetivo compensar al cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica, dotándolo de un ingreso suficiente hasta en tanto esta persona se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su subsistencia. Así, señaló que en virtud de que la pensión compensatoria es una obligación nueva y distinta a la originada en el matrimonio, por regla general, debe sustanciarse en el procedimiento de divorcio; precisó que es por regla general, porque reconoció que es posible que se dé el caso de que quien conozca del juicio de divorcio omita pronunciarse, inclusive de manera oficiosa, sobre la pensión compensatoria; lo que permitiría al ex cónyuge demandar su pago en un juicio autónomo. Al respecto indicó que ello era congruente con lo resuelto en la contradicción de tesis 359/2014, en la que se estableció que existe un mandato constitucional que constriñe a quienes juzgan a cuidar que la disolución del vínculo matrimonial no se traduzca en una pérdida de oportunidades que afecte solo a una de las partes divorciantes, lo que implica la suplencia de la queja para revisar si la parte quejosa se encuentra en esa situación; por ello, dijo, el hecho de que el juzgador o juzgadora que conozca del divorcio no analice lo relativo a la procedencia de la pensión compensatoria, no puede traducirse en la pérdida del derecho del ex cónyuge que se encuentra en desequilibrio de reclamarla en una acción autónoma. Dijo que el derecho a reclamar el pago de una pensión compensatoria en un juicio autónomo fue reconocido por esa Primera Sala en el amparo directo en revisión 5702/2014 a partir de la interpretación de la legislación del estado de Guanajuato; que en dicho precedente se precisó que la o el cónyuge que realizó el trabajo doméstico tiene derecho a ser resarcido y compensado, lo cual se hace exigible al instante de disolverse el vínculo matrimonial; sin embargo, ello no quiere decir que dicho mecanismo resarcitorio no pueda exigirse de manera autónoma en un juicio posterior a aquel en el que se disolvió el matrimonio. Asimismo, destacó que otra razón por la que se considera que la pensión compensatoria debe dilucidarse en el juicio de divorcio o en un juicio autónomo posterior al divorcio y no en el juicio de alimentos instaurado previamente a la disolución del matrimonio, radica en las diferentes cuestiones que deben probarse ante la solicitud de cada una de ellas, ya que mientras que para la pensión alimenticia se debe probar, por regla general: El estado de necesidad de la persona acreedora alimentaria; Un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor, y La capacidad económica de la persona obligada a prestarlos En la pensión compensatoria se debe probar que quien la solicita, se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de la familia, cuestión que incidió en su capacidad para allegarse a los medios económicos que le permitan subsistir, y que para para determinar el monto y la modalidad de la pensión compensatoria, deben evaluarse circunstancias como: El ingreso del cónyuge deudor; Las necesidades del cónyuge acreedor nivel de vida de la pareja; Acuerdos a los que hubieran llegado los cónyuges; (iv) La edad y el estado de salud de ambos; (v) Su calificación profesional, (vi) Experiencia laboral y posibilidad de acceso a un empleo; (vii) La duración del matrimonio; (viii) Dedicación pasada y futura a la familia; y (ix) Cualquier otra circunstancia que el juzgador considere relevante para lograr que la figura cumpla con los objetivos para los que fue diseñada. Así, la Primera Sala del Máximo Tribunal del país señaló que en virtud de que la pensión compensatoria responde a presupuestos y fundamentos distintos a aquella que surge del matrimonio; que la obligación de alimentos entre cónyuges termina al momento de disolverse el vínculo matrimonial, y que los elementos de la pensión compensatoria pueden ser mejor valorados por quien conoció del procedimiento de divorcio, si en la sustanciación de un juicio derivado de una acción de alimentos entre cónyuges se disuelve el vínculo matrimonial en un diverso juicio, no sería procedente otorgar una pensión compensatoria. Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 28/2021 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 2023910, Undécima Época, Materias(s): Civil, publicada en la Fuente de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1322, que dice: "PENSIÓN COMPENSATORIA. NO PROCEDE EN EL JUICIO DE ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES SI, DURANTE SU SUSTANCIACIÓN, SE DISUELVE EL VÍNCULO MATRIMONIAL EN UN JUICIO DIVERSO. Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron posturas contrarias en relación con la procedencia de una pensión compensatoria en una acción de alimentos entre cónyuges, cuando durante la sustanciación del juicio, se disuelve el vínculo matrimonial en un juicio diverso. Un tribunal consideró que la pensión compensatoria sólo podía ser materia de análisis en el juicio donde se solicitó el divorcio, mas no en aquel donde se solicitaron alimentos, en virtud de que se trata de figuras jurídicas distintas. El otro tribunal determinó que la autoridad jurisdiccional debía analizar de oficio la procedencia de la fijación de una pensión compensatoria, al no ser una prestación ajena a los alimentos, pues lo que se busca es cubrir necesidades básicas de la persona acreedora. Criterio jurídico: Cuando se promueve una acción de alimentos entre cónyuges y, durante su sustanciación se disuelve el vínculo matrimonial en un juicio diverso, no es procedente fijar una pensión compensatoria en la acción de alimentos, sino que deberá instarse otro juicio en el que se planteen las nuevas consideraciones fácticas y jurídicas. Lo anterior dada la distinta naturaleza y origen entre la pensión alimenticia y la pensión compensatoria. Justificación: En un juicio de alimentos entre cónyuges no es procedente otorgar una pensión compensatoria en virtud de que las obligaciones derivadas de ambas figuras jurídicas responden a presupuestos y fundamentos distintos, pues mientras una surge como parte de la relación matrimonial, la otra deriva de la disolución del vínculo matrimonial, lo que conlleva que incluso deban probarse cuestiones muy distintas en cada supuesto. En efecto, la pensión alimenticia surge como parte de los deberes de solidaridad y asistencia mutuos originados en las relaciones de matrimonio, mientras que la pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial. Así, esta última pensión tiene como objetivo compensar al cónyuge que durante el matrimonio se vio en imposibilidad para hacerse de una independencia económica, dotándole de un ingreso suficiente hasta en tanto esta persona se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su subsistencia. Por lo tanto, la pensión compensatoria es una obligación nueva y distinta a la pensión alimenticia entre cónyuges que amerita dilucidarse en otro juicio, pues para acreditar su procedencia se requieren probar distintas cuestiones. En la pensión alimenticia se debe probar, por regla general: (i) el estado de necesidad de la persona acreedora alimentaria; (ii) un determinado vínculo familiar entre la persona acreedora y la deudora, en este caso, el vínculo matrimonial; y (iii) la capacidad económica de la persona obligada a prestarlos. Por su parte, en la pensión compensatoria se debe acreditar que quien la solicita se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de la familia, cuestión que incidió en su capacidad para allegarse de los medios económicos que le permitan subsistir. En consecuencia, si cuando se inició el juicio de alimentos estaba vigente el matrimonio y durante su sustanciación se decreta el divorcio en un juicio diverso, se considera que ya no existiría materia para determinar la acción de alimentos, pues desaparece la obligación de los cónyuges de proporcionarlos en tanto que esta obligación tiene como presupuesto la existencia del vínculo matrimonial. En ese sentido, no es dable declarar procedente una pensión compensatoria, pues implicaría asumir la continuación de una obligación jurídica entre cónyuges que ha dejado de existir con la disolución del matrimonio. Inclusive, podría tener un impacto en el derecho de defensa de las partes, a quienes se les impediría aportar el material probatorio para que la pensión alimenticia compensatoria resulte apegada a derecho. Por lo anterior, debe considerarse que la pensión compensatoria es una obligación nueva y distinta a la originada en el matrimonio, por lo que ésta debe dilucidarse, por regla general, en el procedimiento que dio lugar al divorcio, o bien, en un juicio autónomo". En tales condiciones y tomando en consideración que la alegación esencial de la quejosa radica en que considera que la sala responsable debió condenar a su contraparte al pago de una pensión compensatoria pues aduce que durante el tiempo que duró su matrimonio se dedicó a las labores del hogar y el cuidado de sus hijos, sin tener posibilidad de desarrollarse profesionalmente, debe decirse que al margen de lo determinado en el acto, la sala de apelación no se encontraba en condiciones de realizar un pronunciamiento respecto a dicha pretensión -pensión compensatoria-, pues conforme a lo que se indicó en párrafos precedentes dicha pensión debe exigirse en un juicio autónomo en el que las partes tengan la posibilidad de aportar el material probatorio para acreditar su procedencia, lo anterior dada la distinta naturaleza y origen entre la pensión alimenticia y la pensión compensatoria. Por los motivos antes expuestos, sin que se advierta queja deficiente que suplir, procede negar el amparo y la protección de la justicia federal. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; en tales condiciones, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; captura que deberá realizar el Secretario; una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo antes expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisca Dominguillo Locena, contra la autoridad y el acto precisado en el segundo considerando de esta sentencia, por las razones precisadas en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese; personalmente a las partes, en el domicilio señalado en autos y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa con la Secretaria Viridiana López González, hoy cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado permitieron su engrose. Doy fe.

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