Francisca Dolores Cisneros Contreras

Expediente 2862/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2862/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Francisca Dolores Cisneros Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a tres de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio el oficio 1533/5/2022, signado por el Presidente por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual ordena girar atento oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dentro del juicio laboral 367/5/2018. En consecuencia, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de REQUIÉRASE a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del que quede legalmente notificado del presente acuerdo, remita copia certificada del oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y las constancias con las que acredite su notificación. Con el apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 192, párrafo segundo, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante el Secretario Domingo Alberto Martínez Nava, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase al representante local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, dando cumplimiento a lo ordenado en proveído que antecede, e informa que la alerta migratoria fue establecida al quejoso Diego Antonio Peraza Aguilar, el once de agosto de dos mil veintidós, solicitada por el Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante, en la Ciudad de México, la cual se mantiene vigente hasta el tres de agosto de dos mil veinticuatro; así también comunica, que por tal motivo no podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática de su país, ya que contravendría con la restricción establecida por la autoridad migratoria. Por otra parte, el promovente Alberto Meza Hernández en favor del directo quejoso Diego Antonio Peraza Aguilar, hace diversas manifestaciones respecto a que el quejoso permanece en las instalaciones de la autoridad responsable migratoria, lo cual lo hace violatorio de sus derechos humanos, sin que exista o haya cometido algún delito grave que justifique su privación de la libertad, aunado a que de retornar a su país de origen, podría ser privado de la vida, por lo que pide se ordene a la autoridad responsable, ponga en inmediata libertad al quejoso de referencia, solicitando se modifique la medida suspensional en términos de los artículos 101 y 102 de la ley de Migración. Ahora, en el presente asunto, fue solicitado el amparo, entre otros, contra la orden de deportación del quejoso, de la República Mexicana, y este órgano judicial ordenó las medidas decretadas de manera oficiosa, en proveído de tres de octubre de dos mil veintidós. Luego, los efectos de dicha medida suspensional de oficio consisten en ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. La suspensión de oficio prevista para situaciones excepcionales tiene como razón de ser la protección de una situación de hecho que atenta contra garantías que pueden derivar en perturbaciones que pongan en peligro el orden social. La suspensión de oficio responde a un criterio que vincula la procedencia de la suspensión con la manifiesta irreparabilidad y la urgencia de que se decrete la medida (periculum in mora), Como se advierte, los fundamentos de la suspensión de oficio se vinculan con el interés de la sociedad en dicha medida; los Jueces deben concederla aunque el interesado no la solicite, en aras del riesgo de un daño extremo e irreparable. Ahora, el quejoso introduce aspectos relativos a que en su país de origen se le pretende privar de la vida, por ello su temor de ser deportado. Por su parte la autoridad migratoria, ha suspendido cualquier acto de autoridad quedando en espera de lo que resuelva este órgano jurisdiccional; sin embargo, debido a la orden de restricción, no ha puesto en libertad al quejoso de referencia ya que de hacerlo contravendría la restricción establecida por la autoridad migratoria. De lo anteriormente expuesto, lo que se tiene es que el directo quejoso adecuó su conducta en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 144 de la Ley de Migración, detención que invariablemente es de naturaleza administrativa, distinta al ministerio público, la cual no deriva de la comisión de un delito; por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional. Por otro lado, la Suprema Corte de la Nación ha establecido en diversas ejecutorias que forman jurisprudencia, que no procede la suspensión definitiva en los casos de aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Migración, en virtud de que se trata de ordenamientos legales de orden público, refiriéndonos a la determinación restrictiva de dos años, al actualizar su conducta en la disposición 144, fracción I, de la Ley de Migración. Sobre ese contexto, el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afectan a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional es una herramienta práctica en la que se plasman los ordenamientos jurídicos que regulan el tema de las personas migrantes y sujetas de protección internacional en México, así como ejemplos de sentencias de otros países que han resultado emblemáticas por su contenido en favor de los derechos humanos. El artículo 1° Constitucional reconoce que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. El mismo ordinal establece el principio pro persona al enunciar que se favorecerá en todo tiempo la protección más amplia a las personas, primando la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y el deber del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos. Ahora, el promovente del quejoso de referencia, hace énfasis de que existe el temor fundado de que el aquí agraviado se le pretende privar de la vida en su país de origen. De los principios generales de dicho Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas Migrantes y sujetas de Protección Internacional, se encuentra el Principio de No devolución es una norma de derecho consuetudinario internacional. Sin embargo, en el caso de México está plenamente incorporada en el derecho positivo por medio de los artículos 5 y 6 de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, y a partir de la firma y ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 que establece, en su artículo 33, la prohibición de llevar a cabo cualquier medida que tenga como efecto devolver a una persona solicitante de asilo o refugiada a las fronteras del territorio donde su vida o libertad puedan verse amenazadas, o donde corra peligro de persecución incluyendo su intercepción, rechazo en frontera o devolución indirecta. Este principio ha sido considerado como la piedra angular de la protección internacional a personas solicitantes de asilo y refugiadas. Asimismo, México ha extendido este principio para las personas beneficiarias de protección complementaria, que son las que no reúnen los requisitos para ser reconocidas como refugiadas pero que su vida, libertad o seguridad corren peligro en su país de origen. La formulación del derecho de no devolución en la Convención Americana sobre Derechos Humanos es más amplia, pues el artículo 22.8 prohíbe la expulsión o devolución de una persona extranjera (refugiada o no) a otro país, sea o no el de origen, cuando su derecho a la vida o a la libertad personal estén en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. El principio de no devolución implica: No devolver a las personas solicitantes de asilo, refugiadas o beneficiarias de protección complementaria a un lugar donde su vida o libertad corran peligro. Permitir que las personas busquen protección en un país mediante la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado, ante la posibilidad de que sean devueltas a un país donde su vida o libertad corran peligro. No negar el acceso al territorio a personas que huyen de la persecución y permitir el acceso a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Sobre ese panorama, resulta necesario requerir a la parte quejosa en el domicilio donde se encuentra albergado, a efecto de que manifieste: Si es su deseo ampliar la demanda de amparo en contra de la autoridad denominada Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante, del Centro Nacional de Alertas, del Instituto Nacional de Migración, con sede en la ciudad de México, y por el diverso acto derivado de la alerta migratoria de restricción emitida por esa autoridad de once de agosto de dos mil veintidós. Manifieste si es su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, dadas las manifestaciones referentes a que corre peligro su vida en caso de ser retornado a su país de origen, para estar en condiciones de que el Instituto Nacional de Migración, o esta autoridad judicial, notifique a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de manera inmediata. Hecho lo anterior, provéase lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Julio César Cruz García, Secretario quien autoriza y da fe.

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