Francisca de León Morales

Expediente 1690/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1690/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • Francisca de León Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa Francisca De León Morales, haya interpuesto recurso alguno en contra del auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase a Francisca De León Morales, solicitando el amparo y la protección de la justicia federal contra actos del Director o Gerente o quien resulte responsable de Banco Azteca S.A., y otra autoridad, con sede en esta ciudad y en la Ciudad de México, por estimarlos violatorios del artículo 14, 16, 17, 19, 20 de la Constitución Federal. Consecuentemente, fórmese expediente y regístrese bajo el número 1690/2022. Ahora, la parte quejosa manifiesta que el acto reclamado consiste en lo siguiente: ".EL PAGO QUE ME CORRESPONDE COMO SE SEÑALA EN LA PÓLIZA ADQUIRIDA POR MI ESPOSA EL C.JOSÉ LUIS FLORES MONTALVO (FINADO) Y TODAS SUS CONCECUENCIAS JURÍDICAS EMANADAS DEL MISMO ACTO DE AUTORIDAD RECLAMADO." Al respecto, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace la promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En ese sentido, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, de la Ley de Amparo, en razón que el señalamiento como acto reclamado de consistente en la omisión del Banco Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable y Seguros Azteca, de no realizar el pago del seguro de vida a la parte quejosa, contratado por el finado José Luis Flores Montalvo, no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, como se verá a continuación. Los artículos invocados establecen textualmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." (.) "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.) "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida." De los numerales antes transcritos, se advierte que el acto reclamado por el promovente de amparo no encuadra dentro de los supuestos previstos en el artículo 107 en cita, ya que el impetrante pretende por medio del juicio de amparo indirecto que se estudie lo relativo a la omisión del Banco Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable y Seguros Azteca de no realizar el pago del seguro de vida a la parte quejosa, contratado por el finado José Luis Flores Montalvo; sin embargo, es de señalarse que lo anterior, no es procedente reclamarlo a través del juicio de amparo indirecto, ya que dichas instituciones bancarias, no tiene el carácter de autoridad responsable en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo el cual dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Ahora bien, resulta pertinente precisar que de los antecedentes del acto reclamado narrados en el escrito de demanda, la quejosa manifestó lo siguiente: "1.- LA SUSCRITA SOY ESPOSA DE JOSÉ LUIS FLORES MONTALVIO, MI ESPOSO ME DEJO EL 100% DEL SEGURO DE VIDA Y COMO YA LO SEÑALE NO HE COBRADO DICHO SEGURO. PORQUE EL DÍA DE AYER 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 ME DICEN QUE MI ESPOSO NO APARECE EN EL SISTEMA, PERO QUE LA SUSCRITA SI, Y QUE ESO ES UN IMPEDIMENTO PARA COBRARLO. LA ASEGURADORA DEBE DE TENER LOS DOCUMENTOS DONDE SEÑALAN LA COBERTURA DE LA PÓLIZA, ES POR ESTO QUE SOLICITO EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNION, PORQUE A LA SUSCRITA NO ME QUIEREN PAGAR EL SEGURO QUE ME DEJO MI ESPOSO ARGUMENTANDO QUE NO APARECE MI ESPOSO EN ELSISTEMA, PERO COMO SI APARECÍA CUANDO PAGABA EL SEGURO DE VIDA Y RECIBÍAN EL DINERO DE DICHO SEGURO 2.-ME ENCUENTRO VIOLENTADA EN MIS DERECHOS CONSTITUCIONALES, NO ES POSIBLE QUE ME TRAIGAN DESDE HACE UN MES Y MEDIO VUELTA Y VUELTA, SIN QUE ENCUENTREN EN EL SISTEMA A MI ESPOSO Y ES QUE ESTA POR VENCERSE ELTIEMPO QUE DAN PARA COBRO, PORQUE ESO FUE LO QUE ME INFORMO UN EJECUTIVO, QUE SI NO ENCUENTRAN EL NOMBRE DE MI ESPOSO EN EL SISTEMA NO ME PAGARAN EL SEGURO QUE ME DEJO COMO BENEFICIARÍA." Conforme a lo anterior, para determinar si en el caso concreto el Banco Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable y Seguros Azteca, cuentan con el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a lo siguiente: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales ni precisa de consenso de la voluntad del afectado. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis 2a. CCIV/2001, sustentada por la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y nueve (39) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de dos mil uno (2001), Novena Época, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Al respecto, resulta pertinente precisar que de lo narrado en el escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, se desprende que el esposo finado de la aquí quejosa, tenía un contrato de un Seguro de Vida con la institución Banco Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable y Seguros Azteca, en el que dejó como beneficiaria del 100% a la aquí quejosa; en ese sentido el acto reclamado tiene su origen en los contratos seguro, mismo que fue celebrado mediante acuerdo de voluntades, en un plano de igualdad. Bajo ese orden de ideas, no se colma el primer requisito de un acto de autoridad, pues si bien es cierto que existe un acto unilateral, éste tiene su origen en disposiciones del orden privado, toda vez que la naturaleza del acto reclamado tiene su origen en la celebración de un contrato con la aseguradora voluntariamente y en un plano de igualdad. Lo anterior es así, pues en el contrato respectivo se plasmó la voluntad del extinto esposo de la quejosa y la institución bancaria, lo que se traduce en una relación entre particulares, a través del cual las partes actuaron en un mismo plano, en el cual aduce tiene el carácter de beneficiaria de dicho seguro. Por lo que es de concluirse, que la relación con la institución bancaria a quien atribuye el carácter de autoridad responsable, deriva de una relación contractual y no de supra-subordinación, pues ésta deriva de un acuerdo de voluntades, por lo que el acto reclamado aun cuando se hubiese emitido de forma unilateral, tiene su origen en disposiciones del orden privado y por tanto, no fue emitido por acto de autoridad; por lo anterior, resulta inconcuso que la señalada como responsable no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Apoya a lo anterior, la Tesis I.2o.A.E.6 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre 2015, Tomo IV, Décima Época, pagina 4063, la cual al tenor establece: "PARTICULAR SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. DESDE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DEBE DETERMINARSE SI LE ASISTE ESE CARÁCTER. La Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en su artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, establece un supuesto que no estaba previsto en la ley de la materia abrogada, relativo a la posibilidad de que los particulares sean autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad; empero, dicho mandato se introduce a manera de excepción, únicamente cuando la ley dé al particular alguna facultad de imperio susceptible de afectar derechos de otros gobernados, ya que, ordinariamente, éstos se involucran entre sí en relaciones de coordinación, no de supra a subordinación. A partir de dicha circunstancia, se concluye que desde la admisión de la demanda de amparo debe determinarse si el particular es o no autoridad responsable, porque dada la excepcionalidad del tratamiento legal respectivo, no conviene someterlo innecesariamente al juicio -con las cargas procesales que se le imponen al hacerlo-, si desde esa etapa del procedimiento se advierte que no le asiste el carácter señalado. Examen que, evidentemente, es factible sólo si obran en el sumario elementos suficientes para arribar a la decisión correspondiente, lo cual deriva del artículo 113 del propio ordenamiento." Así mismo, tiene aplicación la Tesis III.4o.C.10 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, Décima Época, pagina 1828, la cual al tenor establece: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad." Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el acto reclamado no constituye un acto que sea impugnable directamente a través del juicio de amparo indirecto, ya que a través del mismo no es procedente que se obtenga la modificación o anulación del mismo, máxime que los contratos de crédito son de naturaleza mercantil y lo procedente es en todo caso combatirlos ante una autoridad judicial del orden común. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA la demanda de amparo promovida por Rogelio Márquez. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. De igual manera, se tiene como su autorizado al licenciado Miguel Soto Rivera, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su cedula profesional se encuentra registrada ante el Registro único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Por lo que respecta a la licenciada Ma. Teresa de Jesús Vázquez Hernández, en términos del último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, limitación que se les establece hasta en tanto registren su cédula profesional que los acredite como licenciados en Derecho en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito" y hecho lo anterior lo hagan del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que anexo a la demanda de amparo; la cual se admite y desahoga en el acto, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído al Fiscal de la Federación Titular de la Agencia en Materia de Amparo Adscrita a este juzgado, a través del correo electrónico rafael.desantillana@pgr.gob.mx Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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