Francisca Cortez Garibo

Expediente 634/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
634/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
29/12/2017

Partes del expediente

  • Francisca Cortez Garibo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio de cuenta signado por la Secretaria de del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el expediente relativo al juicio de amparo número 634/2017, con dos tomos del mismo; asimismo informa que la parte quejosa no impugnó el acuerdo de siete de diciembre del año en curso, dictado en el amparo en revisión penal 556/2017 del índice del citado tribunal, por medio del cual se tuvo por no presentado el recurso de revisión; por tanto, agréguese al expediente principal el cuaderno de antecedentes que se formó, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y acuse recibo correspondiente; en mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio que sobresee, ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. Finalmente, de autos se advierte que la Magistrada de la Segunda Sala Penal de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con ese en esta ciudad, remitió en dos tomos, como apoyo a su informe justificado, copia certificada del toca penal XI-813/2016 y de la causa penal 107/2016-I, y dado que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado, remítanse a su lugar de origen. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; once de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual la Secretaria de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que se tuvo por no presentado el recurso de revisión promovido por la parte quejosa, en contra de la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual la Secretaria de Acuerdos del tribunal de alzada acusa recibo del original y copia del escrito de agravios relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, así como los autos originales del juicio de amparo 634/2017, junto a dos tomos de pruebas.

  4. Incidental

    CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA CAMILO JIMÉNEZ SAENZ, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DEL MISMO MES Y AÑO, QUE EN LO CONDUCENTE DICÉN...";VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 634/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y puerto, el siete de julio de dos mil diecisiete, turnado en la misma fecha a este Juzgado Octavo de Distrito, Francisca Cortez Garibo, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y por el acto que hizo consistir en: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Segunda Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Con sede en Acapulco, Guerrero. IV.- ACTO RECLAMADO: "Sentencia de fecha 3 de mayo del 2017, dictado en el Toca XI-813/2016, deducido del recurso de apelación interpuesto en contra de los autos de libertad de fecha 17 y 18 de mayo del 2016, que el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, pronunció en la causa penal 107-1/2016 instruida en contra de Camilo Jiménez Saenz, Fernanda Ramírez Bibiano y Consuelo Bibiano Zúñiga, por el delito de daños cometido en mi agravio". SEGUNDO. En auto de diez de julio de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo (fojas 16-18), se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, así como a su similar adscrito a la Sala responsable, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, de la carta magna, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 8/2013 que modificó aquel, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos atribuidos a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, resulta conveniente precisar el acto reclamado señalado por la peticionaria del amparo es: La resolución de tres de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal XI-813/2013, mediante la cual se confirmaron los autos de libertad por falta de elementos para procesar de diecisiete y dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, dictados por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, en la causa penal 107/2016-I, a favor de CAMILO JIMÉNEZ SAENZ, FERNANDA RAMÍREZ BIBIANO y CONSUELO BIBIANO ZÚÑIGA, por el delito de daños a la propiedad en agravio de la hoy quejosa Francisca Cortez Garibo. TERCERO. Certeza del Acto Reclamado. La Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, por conducto de su Magistrado Presidente, al rendir su informe justificado reconoció el acto que se le atribuye, consistente en la resolución de tres de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal XI-813/2013, mediante la cual se confirmaron los autos de libertad por falta de elementos para procesar de diecisiete y dieciocho de octubre de dos mil dieciséis Certeza que se corrobora, con las documentales que allegó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, consistentes en copias certificadas de la causa penal 107/2016 y del toca penal XI-813/2016 que remitió la responsable en apoyo a su informe justificado, a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, toda vez que fueron expedidas por un funcionario judicial en ejercicio de sus atribuciones. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, se examinan las causales de improcedencia por ser cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio constitucional, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. A juicio de este órgano de control constitucional, en el caso se surte la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". Bien, la causa de improcedencia anunciada, reside en el hecho de que el gobernado, a través de su silencio, consiente el acto de autoridad; es decir, cuando no promueve oportunamente su acción de amparo respecto del acto de autoridad que refiere violatorio de sus garantías, de donde se sigue que precluye su derecho para reclamarlo una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo, pues en tal supuesto opera una presunción legal en su contra, ya que ante su conducta omisiva, el legislador estima que pese al daño que ese acto le pudiera generar, lo aceptó y consintió. Cuando una persona sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de reclamarse vía juicio de amparo, y deja transcurrir el plazo para ejercer la acción respectiva, previsto en la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, tal conducta se tiene como manifestación de conformidad con la mencionada actuación lesiva de sus derechos. Sin embargo, resulta necesario, para entender la forma en que habrán de computarse los plazos a que se refiere la causal antes invocada, acudir a los diversos numerales 17, 18 y 19 de la citada Ley de Amparo, los que establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." Así, la fracción XIV del arábigo 61 de la invocada ley, como se ha visto, se complementa con lo señalado en las disposiciones que se acaban de reproducir. En efecto, de los preceptos antes transcritos, se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos, a saber: a) Desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento o se haya ostentado sabedor del acto o de su ejecución. En el entendido que de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en las cuatro fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, que aducen que el término será de treinta días, ocho años o siete años, incluso en cualquier tiempo. De manera que, cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional (fracción I); mientras que en los supuestos específicos de la materia agraria, el plazo será de siete años (fracción III). En cambio, en materia penal, las únicas excepciones al plazo de quince días, se actualizan cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria, en cuyo caso el amparo podrá promoverse dentro del plazo de ocho años (fracción II); y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, supuestos en los que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo (fracción IV). En ese contexto, si las oportunidades legales para la promoción del juicio de amparo, son las establecidas de manera específica por el legislador federal, en atención al principio de exclusión, si algún acto de autoridad no se encuentra específicamente previsto en cualquiera de las porciones normativas que integran las excepciones contempladas por el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para acudir a la tutela constitucional siempre será el genérico de quince días. Luego, de las constancias remitidas por el Presidente de la Sala responsable, cuyo valor probatorio se asentó en líneas precedentes, se advierte que el acto reclamado fue notificado a la quejosa el quince de junio de dos mil diecisiete (fojas 211 del Tomo I de pruebas); además de así haberlo manifestado la peticionaria del amparo en su demanda inicial, y que de las constancias aportadas al sumario se advierte que el fedatario judicial adscrito al juzgado responsable hizo constar que: "RAZÓN DE NOTIFICACIÓN.- En la localidad de las Vigas, Municipio de San Marcos Guerrero, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del día quince de junio del año dos mil diecisiete (2017), el suscrito Licenciado Gabriel Sánchez Luna, Secretario de Acuerdos en funciones de Actuario, del Juzgado Mixto de Paz de esta Municipalidad de San Marcos, Guerrero, correspondiente al Distrito Judicial de Tabares, me trasladé y constituí en forma legal en el domicilio ubicado en calle Vicente Guerrero, sin Número, en esta localidad de las Vigas, Municipio de San Marcos Guerrero, en busca de Francisca Cortez Garibo, para dar cumplimiento (.) cerciorado de ser el domicilio correcto por así habérmelo manifestado la persona que dijo llamarse FRANCISCA CORTEZ GARIBO; identificándose con su credencial de elector con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con número de clave de elector CRGRFR58042212M800, acto continuo le manifesté el motivo de mi visita y le notifico a FRANCISCA CORTEZ GARIBO, el contenido del auto de veintitrés de mayo del año que transcurre, así también hago entrega original de la cédula de notificación que contiene el citado auto.". Entonces, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la interposición de la demanda de amparo debe iniciar a computarse desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución reclamada; y, en ese sentido, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, establece en su artículo 15, que los plazos son improrrogables y comienzan a correr desde el día siguiente a la fecha de la notificación. Luego, si la resolución que se controvierte fue notificada al quejoso, el quince de junio de dos mil diecisiete, entonces el término para la presentación de la demanda de amparo inició al día hábil siguiente, es decir, dicho plazo transcurrió del dieciséis de junio al seis de julio del año en curso, descontando los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio, así como uno y dos de julio de dos mil diecisiete, por ser inhábiles, sin que medie algún otro, como se advierte del oficio 60/2017-II y su anexo, que remitió el Presidente de la Sala responsable a este Juzgado Federal, y cuyo contenido es el siguiente: Así, es claro que al haberse recibido la demanda de que se trata en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad hasta el siete de julio de este año (de acuerdo con el sello de recepción), es de estimarse que dicha presentación se verificó, fuera del término que el artículo 17 de la Ley de Amparo prevé para el ejercicio oportuno de la acción constitucional, lo que conduce a afirmar que la determinación contenida en la resolución de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete reclamada en esta instancia constitucional, fue consentida tácitamente por la quejosa. Máxime, que la determinación reclamada no se ubica en algunos de los casos de excepción contemplados en el artículo 17, de la Ley de Amparo; por lo que en consecuencia, la demanda debió presentarse dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que en el caso no acontece, de conformidad con lo destacado en párrafos que anteceden. Cobra aplicación, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 235, tomo XI, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dispone lo siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Así como la jurisprudencia P./J. 12/2015, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Por lo que al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 del citado ordenamiento legal. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por FRANCISCA CORTEZ GARIBO, contra el acto precisado en segundo considerando de este fallo, por las razones expuestas en el último considerando. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el diez de octubre de dos mil diecisiete, asistido por María del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autorizAcapulco, Guerrero, treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa, por el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y expresa los agravios que en su concepto la misma le causa; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo; agréguese a estos autos una de las copias exhibidas y distribúyanse las restantes entre las demás partes para su conocimiento; asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes, debiendo certificar las constancias más relevantes. Una vez que esté debidamente integrado, dentro del plazo a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítase el expediente al Tribunal Colegiado de este Circuito que por turno y materia corresponda, así como el original del diverso de agravios y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Cuerpo Colegiado, para el efecto de que se substancie el citado recurso.Notifíquese; y personalmente a los terceros interesados. Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe. a. Doy fe..... LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano