Francisca Benítez Romero

Expediente 923/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
923/2014
Año
2014
Actuaciones
12
Última actuación
22/04/2015

Partes del expediente

  • Francisca Benítez Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    MESA I-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el auto de veinticuatro de marzo de dos mil quince, por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, transcurrió del veintisiete de marzo al veintiuno de abril de dos mil quince, sin que lo hubiera hecho; en consecuencia, se declara consentido el referido auto, hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese el expediente principal como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero, y vigésimo primero, fracción IV, del mencionado acuerdo, ya que en la sentencia dictada en este expediente de amparo, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa; se estima que este expediente es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y sentencia emitida en este juicio de amparo. Se considera que este expediente carece de relevancia documental, en virtud, que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, o que por el sentido de la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del referido acuerdo, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del aludido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE...

  2. Incidental

    mesa i-b * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil quince. Vista la certificación que antecede se advierte que en el juicio de amparo del que emana este incidente de suspensión, en esta fecha se dictó un proveído en el que se declaró consentido el auto de veinticuatro de marzo de este año, por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en ese juicio de amparo; asimismo, que por auto de veintiséis de mayo de dos mil catorce, se concedió la suspensión provisional y mediante interlocutorias de dos y doce de junio del año pasado, se negó y se concedió la suspensión definitiva, asimismo, en interlocutoria de doce de junio de dos mil catorce, se concedió la suspensión definitiva y que en los cuadernos original y duplicado de este incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del capítulo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería; por tanto, archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que en este incidente se concedió la suspensión provisional y la definitiva; que por la naturaleza de lo resuelto en este incidente, se estima carece de relevancia documental, y ya que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos originales; en consecuencia, con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del mencionado acuerdo este incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme a los puntos segundo, fracción XVIII, cuarto y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo fracción I, del referido acuerdo, el original de este incidente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración, por lo que deberá de conservarse el auto de veintiséis de mayo de dos mil catorce y las interlocutorias de dos y doce de junio de dos mil catorce, mediante las cuales se concedió la suspensión provisional y la definitiva Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el plazo para la destrucción del duplicado de este incidente (seis meses) contará a partir de la fecha de este acuerdo. NOTIFÍQUESE...

  3. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta se advierte que el plazo concedido a las partes quejosa y tercera interesada, relativo a la vista de la resolución dictada por el juez Primero de lo Penal del distrito judicial de Tuxtepec, Oaxaca, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcurrió para la quejosa Francisca Benítez Romero y para la parte tercera interesada Hermilo Velasco Hernández, del once al trece del mes y año en curso, sin que hicieran manifestación alguna al respecto, por tanto, este órgano de control constitucional, procede a verificar si la responsable cumplió con la ejecutoria de amparo en sus términos. Ahora bien, en la sentencia dictada en este juicio se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa Francisca Benítez Romero, para el efecto de que el juez Primero de lo Penal del distrito judicial de Tuxtepec, Oaxaca, dejara sin efecto la orden de aprehensión dictada el doce de marzo de dos mil catorce, en la causa penal 06/2014 y dictara otra determinación con plenitud de jurisdicción, en la que subsanara los vicios formales que se pusieron de relieve en la sentencia dictada por este juzgado, así también, para que el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado Primero de lo Penal de Tuxtepec, Oaxaca y subdirector regional de la Cuenca del Papaloapan de la Agencia Estatal de Investigaciones, dejaran sin efecto la ejecución de dicha orden. Mediante oficio 508 de veintiséis de febrero de dos mil quince, el juez Primero de lo Penal del distrito judicial de Tuxtepec, Oaxaca, remitió copia certificada de la resolución dictada el veintiséis de febrero de dos mil quince, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, en auto de cinco de marzo de dos mil quince, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hicieran manifestación alguna al respecto, por lo que este juzgado entrará al análisis de la resolución por medio de la cual la responsable da cumplimiento a la ejecutoria. Ahora bien, la responsable en la resolución que se analiza, dejó insubsistentes las resoluciones de doce de marzo y once de diciembre de dos mil catorce, así como la de veintiocho de enero del año en curso, las dos últimas por las que intentó cumplir con la ejecutoria de amparo y dictó una nueva resolución en donde negó librar orden de aprehensión contra la aquí quejosa; asimismo, subsanó los vicios formales de los que adolecía, mismos que se precisaron en auto de veinte de febrero de dos mil quince. 1.- En cuanto a la diligencia de inspección ocular, señaló el motivo de su práctica, ya que dijo que el Ministerio Público la realizó de oficio, y en cuanto al motivo de su práctica adujo que se advierte fue practicada para apoyar el dicho del ofendido. 2.-Por lo que hace a la valoración vertida sobre las placas fotográficas que fueron tomadas por la perita designada por la autoridad ministerial, al emitir su dictamen pericial en agrimensura, planimetría, avalúo y fotografía, de veintitrés de octubre de dos mil trece, adujo que tales fotografías forman parte de hechos del dictamen ya que fueron presentados por el mismo y no en forma independiente, enfocándose a que las mismas denotan un terreno que no ha sido ocupado por nadie y abandonado. El juez responsable tomó en cuenta las demás probanzas a las que hace referencia y a las que les otorgó valor probatorio de indicio; asimismo explicó que tales probanzas no obstaron para apartarse de su fallo anterior. Toda vez que no existen datos de prueba en términos del artículo 16 de la Constitución Federal que acrediten los elementos que integran el cuerpo del delito de despojo, en términos de los numerales 24 y 25 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Así también explicó de manera fundada y motivada, las consideraciones por las que se aparta del primer criterio que sostuvo en las resoluciones de doce de marzo y once de diciembre de dos mil catorce, en las que libró orden de aprehensión contra la aquí quejosa, puesto que adujo que en acato a lo ordenado por esta autoridad federal, realizó un nuevo estudio de la diligencia de inspección ocular, por lo que arribó a que dicha probanza no reúne los extremos de los artículos 370, 371, 372 y 373, del ordenamiento adjetivo penal del Estado; por lo que precisó que esta probanza no es completa como lo exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos para procesar y condenar a una persona por cuanto al volverse a efectuar inspección ocular al inmueble materia del delito, como ya ocurrió con el diverso coprocesado Joel Benítez Romero, se volvería a dictar la libertad respectiva, bien por esa autoridad o por la alzada. Por lo que concluyó que una persona no puede ser condenada mientras no exista prueba completa y plena de su responsabilidad penal y que si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla, en consecuencia la responsable dijo que no quedó acreditado el cuerpo del delito del antisocial en estudio y por consiguiente tampoco la probable responsabilidad de la quejosa. Ahora bien por lo que hace a las diversas responsables subdirector regional de la Cuenca del Papaloapan de la Agencia Estatal de Investigaciones y agente del Ministerio Público adscrito al juzgado Primero de lo Penal de Tuxtepec, Oaxaca, en cuanto a la primera en mención, mediante telegrama que remitió el comandante general de la Agencia Estatal de Investigaciones, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y por lo que hace a la segunda no obsta para tener por cumplida la presente, la falta de oficio en donde informe el acatamiento de la ejecutoria, en virtud que de autos se desprende haber quedado legalmente notificada del ulterior requerimiento efectuado por auto de veinte de febrero último y también en virtud de la naturaleza de la resolución dictada por el juez responsable. Por tanto, de lo expuesto se advierte que las autoridades responsables cumplieron con los lineamientos precisados en la sentencia concesoria dictada en este juicio de amparo; de ahí que, al haber restituido a la quejosa en el goce de las garantías constitucionales violadas en su perjuicio, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. Tal cumplimiento notifíquese personalmente a las partes, acorde a lo dispuesto en la jurisprudencia 2ª/J9/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos tres, del tomo XIII, febrero de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRAMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cinco de marzo de dos mil quince. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio 508, del juez Primero de lo Penal del distrito judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, por el que remite copia certificada de la resolución de veintiséis de febrero de dos mil quince, pronunciada en la causa penal 06/2014, de la que se advierte obran las firmas de los funcionarios respectivos, lo cual tiene relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dése vista a las partes quejosa y t********************con dicho oficio, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que queden legalmente notificadas, expresen lo que a sus derechos legales convenga, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este tribunal resolverá lo conducente respecto al exacto cumplimiento de la ejecutoria, con base a las constancias que obran en el expediente y a los datos aportados por la responsable, en la que se examinará si se cumplió con la sentencia o no o si incurrió en exceso o defecto en dicho cumplimiento. Es aplicable, la jurisprudencia 2ª/J9/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos tres, del tomo XIII, febrero de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACION CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, asistido de la secretaria licenciada Miryam Elizabeth Cuevas González, que autoriza y da fe.

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