Francisca Aragon Floriano
Expediente 983/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 983/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/11/2021
Partes del expediente
- Francisca Aragon Floriano
Actuaciones
- Principal
Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha quedado firme para todos los efectos legales. Documentos originales. No obran documentos originales. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella. Incidente. No se aperturó.
- Principal
Mexicali, Baja California, a catorce de octubre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por recibidas las pruebas documentales que la autoridad señalada como responsable exhibe junto con su informe de cuenta. Domicilio. No señaló. Delegados. No designó. Sobreseimiento fuera de audiencia. Sin que en el caso sea necesario poner a la vista de las partes el informe justificado en cuestión, virtud de las consideraciones siguientes: El acto reclamado por la parte quejosa en el presente contradictorio federal es: La omisión de dictar resolución en el procedimiento especial de declaración de beneficiarios dentro del expediente 3701/2019-2B, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, la parte quejosa se duele de la omisión de dictar resolución en el procedimiento especial de declaración de beneficiarios dentro del expediente 3701/2019-2B, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California. Sin embargo, de las constancias remitidas en copia certificada por el Presidente de la Junta señalada como responsable, documentales que, por cierto, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó la resolución correspondiente en el procedimiento especial de declaración de beneficiarios dentro del expediente 3701/2019-2B, de su índice. Por lo anterior, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. En congruencia con lo anterior lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 386, del tomo XVII, marzo de dos mil tres, cuyo rubro y contenido reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las doce horas con veinte minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a ocho de octubre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos en que se actúa, se advierte que el presente expediente no está debidamente integrado para la celebración de la audiencia constitucional fijada en autos, dado que se encuentra transcurriendo el término de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable (i) Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, con residencia en esta ciudad, rinda su informe justificado, ya que fue notificada del auto por el cual se le requirió el mismo el trece de septiembre de la presente anualidad; lo anterior, ya que es de conocimiento oficial que los días veinte y veintidós de septiembre del año en curso, fueron declarados como inhábiles para la autoridad responsable, por disposición de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California, y de la circular 13/2021/JLCA/MXLI. Diferimiento. Por tanto, para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las doce horas con veinte minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así, lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante autorización comunicada por oficio CCJ/ST/2818/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, asistido de Dulce Carolina Salazar Robles, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.RAQO/DCSR/Rocío
- Principal
Mexicali, Baja California, a ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que ha quedado firme la sentencia dictada dentro del presente juicio, y se ordenó el archivo, en el juicio de principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Garantía. Ahora bien, por lo que hace al billete de depósito Nvalioso or la cantidad de $10,000.00 pesos (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), obrante en autos, en proveído de tres de abril de dos mil diecinueve se exhibió para garantizar la suspensión definitiva, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que tiene un término de dos años para acudir a este juzgado previa cita, a recibir el citado billete, contado a partir de que quede legalmente notificada, apercibida que de no hacerlo así, en el plazo concedido, se procederá en términos del artículo 50, de la Ley de Tesorería de la Federación, haciéndolo efectivo a favor del erario Federal. Cita mediante QR. En el entendido que dicho documento, únicamente podrá ser recibido presencialmente, en las instalaciones que ocupa este Juzgado de Distrito, por lo que, para ingresar al edificio que alberga este órgano federal, deberá programar una cita con el que se generará el respectivo código QR; lo anterior conforme lo establecen los artículos 2 y 4 del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus del COVID-19". Documentos originales. No existen. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así, lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, asistido de Dulce Asunción Galindo Jiménez, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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