Francia Natalia del Consuelo Nieto Torres
Expediente 1222/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1222/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francia Natalia del Consuelo Nieto Torres
Actuaciones
- Principal
Autoridad cumple requerimiento y rinde informe justificado. Agréguense a los autos los oficios de cuenta signados por el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato "ISAPEG", en representación de dichas autoridades y del Hospital General de León, Guanajuato <personalidad que ya le fue reconocida previamente en autos>, mediante los cuales en el primero de ellos, cumple el requerimiento efectuado en proveído de veintidós de noviembre pasado e informa que el cinco del mes y año en cita la quejosa fue valorada por el especialista en nefrología y que se iniciará la subrogación del servicio de hemodiálisis; para acreditar lo anterior remite constancia de la citada valoración; documental que, con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Dígasele al oficiante que una vez que cuente con la información respecto a la subrogación del servicio de hemodiálisis, en un plazo de veinticuatro horas, lo deberá de hacer del conocimiento de este Juzgado de Distrito, así como de la quejosa. Apercibido que de no dar cumplimiento a ello, se hará acreedor a una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, como lo establece el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259 de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto al segundo ocurso de mérito, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por la referida responsable, con el cual se da vista a las partes, a fin de que -si lo estiman pertinente- manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su especial naturaleza, la documental que se acompaña al informe de mérito, respecto de lo cual hágase relación en la audiencia constitucional; así como las ligas de acceso a páginas de internet, que proporciona como medios probatorios de su intención, a fin de realizar las consultas que refiere en las mismas. Con base en lo dispuesto por el numeral 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se tienen por expuestas las causas de improcedencia que hace valer el oficiante, las cuales serán analizadas en la sentencia que se dicte en el presente contradictorio, en virtud de que es de orden público y estudio preferente al fondo del asunto. Sin que se realice mayor pronunciamiento respecto a la designación de delegados y señalamiento de domicilio, toda vez que el proveído de veintidós de noviembre del año en curso, se acordó lo conducente. Se requieren constancias para mejor proveer. Finalmente, con fundamento en el artículo 75, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables por conducto de su apoderado legal en comento, para que en el término de tres días allegue copia certificada del expediente clínico de la quejosa, el cual deberá estar completo y organizado cronológicamente. Se le apercibe que, en caso de omisión, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, como lo establece el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
Informe respecto a la suspensión de plano. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato "ISAPEG", en representación de las autoridades responsables titular de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, y Hospital General de León, Guanajuato, -personalidad que acredita con el instrumento notarial que al efecto adjunta- mediante el cual rinde informe respecto de la suspensión de plano decretada en autos. Asimismo téngasele señalando como domicilio para para oír y recibir notificaciones el que indica en su oficio la autoridad de cuenta, y designando como delegados de su intención, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que ahí nombra. Respecto al acceso al expediente electrónico del juicio en que se actúa, como lo solicita el oficiante se autoriza toda vez que el nombre de usuario que proporciona (********************), se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que se satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, al referido oficiante. Por otra parte, se tiene al ocursante informando que a la parte quejosa se le programaron las siguientes citas para que acuda a las instalaciones del Hospital General León, con sede en esta ciudad a efecto de que sea atendida y valorada, como a continuación se describe: Fecha y hora Médico que la atenderá Observaciones 23 de noviembre de 2023 a las 7:00 a.m. Doctor ******************** -subdirector médico-. Se realizará toma de laboratorios perfil viral, acudir en ayuno. 19 de diciembre de 2023 a las 14:00 horas. Doctor ******************** -especialista en nefrología-. Agregando que si la parte quejosa siente malestar puede acudir al área de urgencia para recibir atención médica. Ahora bien, respecto a la primera cita menciona que ya le fue informado a la quejosa vía llamada telefónica. Respecto a la segunda cita, esta juzgadora estima que fue programada en una fecha con demasiada lejanía. Se estima importante destacar que el derecho humano a la salud y su protección se sustenta en el postulado de que todas las personas tienen derecho a vivir en condiciones óptimas de salud física y mental, en un medio ambiente adecuado para ese fin, lo que representa para el Estado la obligación de crear mecanismos, planes y programas de gobierno tendentes a conseguir ese objetivo. Por tanto, se advierte que el actuar de las responsables, en el sentido de no proporcionar a la parte quejosa, la atención médica especializada para el tratamiento de hemodiálisis, proporcionando los recursos e insumos para ello, o realizando las gestiones necesarias para otorgar el tratamiento especializado, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada, vulnera en perjuicio de la parte quejosa el derecho a la salud reconocido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, es a las autoridades responsables a quienes les corresponde otorgar el referido servicio de salud, así como los medicamentos y tratamiento que la parte quejosa requiera, esto es, a la brevedad; sin que los trámites burocráticos deban ser impedimento para ello. En ese sentido, esta Juzgadora Federal estima que, en estricto cumplimiento a la suspensión de plano decretada, las autoridades responsables titular de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, y Hospital General de León, Guanajuato, deben realizar las gestiones suficientes y necesarias para programar las valoraciones médicas que estime convenientes, en específico las señaladas en supralíneas, dentro de una fecha cercana a la emisión de aquella determinación de dieciséis de noviembre pasado, esto es, durante este mes. El nuevo señalamiento de fecha cercana de cita médica con el especialista en nefrología lo deberán comunicar en un plazo de veinticuatro horas, contado a partir de su fijación a este Juzgado de Distrito, así como a la parte quejosa con la debida anticipación, a fin de que la promovente del amparo esté en aptitud de acudir puntualmente a las citaciones correspondientes, ya que, como se dijo en auto de dieciséis de noviembre pasado, no existe obstáculo material o jurídico para que las autoridades responsables directamente informen lo relativo a la parte impetrante pues de la demanda de amparo (con la que se les corrió traslado) obran datos de localización de la parte quejosa, su defensor y/o autorizados. Lo que, se itera, deberá acreditar con constancia suficiente. Lo anterior, porque la protección al derecho a la salud debe darse en sentido amplio, procurando el mayor beneficio para las personas, dado que es una responsabilidad social, como así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 136/2008, consultable en la página sesenta y uno del Tomo XXVIII, Octubre de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Constitucional, Administrativa, que sostiene: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4º, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso. Así, se reitera a las responsables mencionadas la concesión de la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, en auto de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, para el efecto de: "(.) Finalmente, el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, así como el Director del Hospital General de León, Guanajuato: Deberán proporcionar la atención médica especializada para atender los padecimientos de la parte quejosa, para lo cual deberán dictar las medidas tendentes a garantizar su salud y salvaguarden su vida, y de resultar necesario se le realice, según la urgencia requerida y el número de ocasiones necesarias, el procedimiento de hemodiálisis que tenga prescrito por el médico tratante, así como medicamentos o lo que resulte, de la valoración médica que en cumplimiento a la presente medida cautelar, en su caso, se le practique, en el entendido que de existir una imposibilidad material de esas instituciones, la parte quejosa deberá ser canalizado a otra institución de salud, a fin de concretar el tratamiento médico que le fue o le sea prescrito. (.)". De igual manera, recuérdeseles el apercibimiento decretado en acuerdo de dieciocho de agosto del año en curso, en caso de incumplimiento, así como las penas en que incurren las autoridades responsables al no obedecer un auto de suspensión debidamente notificado, como lo refiere el artículo 262, fracción tercera de la Ley de Amparo.
- Principal
Se concede suspensión de plano. Toda vez que la parte impetrante del amparo manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que las autoridades responsables le han indicado que se encuentran imposibilitadas para prestar el tratamiento médico que requiere, por lo que debe contratarlo en instalaciones particulares, en virtud de que carecen de recursos económicos para ello, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125 y 126, se decreta de plano la suspensión del acto reclamado consistente en la violación al derecho a la salud que se traduce en la negativa de proporcionar atención médica especializada para atender el padecimiento de la quejosa Francia Natalia del Consuelo Nieto Torres (insuficiencia renal etapa 5, respecto del que aduce necesitar tres sesiones de hemodiálisis por semana) y medicamentos, el cual por su naturaleza puede poner en riesgo su integridad personal, y de los demás actos prohibidos por el artículo 22 constitucional que puedan afectar su vida, para el efecto de que: a. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal: Autorice y/o libere los recursos correspondientes para otorgar ese tratamiento a la parte quejosa. b. Por su parte, el Consejo de Salubridad General, deberá: Autorizar el tratamiento de hemodiálisis. Efectos de la medida cautelar que se provee, en razón de las atribuciones legales de las mencionadas autoridades responsables, con relación a lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, en el amparo en revisión administrativa 17/2022, en sesión de veintiocho de abril de dos mil veintidós. c. Finalmente, el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, así como el Director del Hospital General de León, Guanajuato: Deberán proporcionar la atención médica especializada para atender los padecimientos de la parte quejosa, para lo cual deberán dictar las medidas tendentes a garantizar su salud y salvaguarden su vida, y de resultar necesario se le realice, según la urgencia requerida y el número de ocasiones necesarias, el procedimiento de hemodiálisis que tenga prescrito por el médico tratante, así como medicamentos o lo que resulte, de la valoración médica que en cumplimiento a la presente medida cautelar, en su caso, se le practique, en el entendido que de existir una imposibilidad material de esas instituciones, la parte quejosa deberá ser canalizado a otra institución de salud, a fin de concretar el tratamiento médico que le fue o le sea prescrito. Hágase del conocimiento a éstas últimas potestades que las citas programadas para la atención médica de la impetrante las deberá notificar directamente a la parte quejosa con la debida anticipación, a fin de que la promovente esté en aptitud de acudir puntualmente a las citaciones correspondientes, ya que no existe obstáculo material o jurídico para que las autoridades responsables directamente informen lo relativo a la parte impetrante pues de la demanda de amparo obran datos de localización de la parte quejosa, su defensor y/o autorizados. Lo que deberán acreditar con constancia suficiente. Las autoridades señaladas como responsables deberán acatar esta orden bajo la más estricta responsabilidad de las mismas, quienes deberán informar a este Tribunal Federal, en el término de veinticuatro horas sobre el cumplimiento dado a la presente suspensión. Hecho lo anterior, las responsables deberán remitir las constancias con las que demuestren haber proporcionado el tratamiento prescrito por el médico tratante para atender los padecimientos del quejoso o, en su caso, las gestiones que se encuentren realizando para tal efecto, así como las notificaciones a la parte quejosa de las citas que al efecto se señalen. Bajo el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien, de no informar el impedimento que tienen para cumplir en el término concedido para tal efecto, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se harán acreedores (en lo individual) a una multa por el equivalente a mil unidades de medida y actualización. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a.LXV/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 457 del Tomo XXVIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2008, Novena Época, de rubro: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4º. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." VI. Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. VII. Apercibimiento sobre la denominación de autoridades responsables. Con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, es obligación de la parte quejosa señalar con precisión a la autoridad responsable. Con base en lo anterior y atendiendo a la práctica de señalar autoridades sin justificación, se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le dará vista personal con la imposibilidad que se tenga para emplazar a las potestades, a fin de que, en el plazo que en su caso se le conceda y bajo los apercibimientos que se decreten, esté en aptitud de corregir la denominación; en la inteligencia que deberá precisar bajo protesta de decir verdad, la fuente de tal información. VIII. Requerimiento a las autoridades responsables y demás partes. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, en el que expresarán las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y al que deberán acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, las cuales tendrán que ser completas, legibles y ordenadas en forma secuencial, apercibidas de que de no rendir su informe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del referido ordenamiento legal, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; y se les impondrá en la sentencia, una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, la que se graduará de acuerdo a la trascendencia que acarreé su omisión en este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual manera, con la obligación que impone el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades responsables, así como a las demás partes, que deberán informar, de manera inmediata, cuando sobrevenga alguna causa que provoque el sobreseimiento en el presente juicio constitucional y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá una multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización, según la levedad o gravedad de la omisión, lo anterior de conformidad con el numeral 251 de la ley de la materia; debido a que, por un lado, se continuaría la tramitación de un procedimiento constitucional ocioso en su prosecución, con el gravoso desperdicio de recursos materiales y humanos y, por otro lado, en el supuesto de que se determine conceder la protección de la justicia federal a la parte promovente, el cumplimiento no podría materializarse, lo que contraviene el espíritu del artículo 77 de la Ley de Amparo. IX. Vista y notificaciones al Ministerio Público. Dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para los efectos legales de su representación, en términos del artículo 5°, fracción IV de la ley de la materia. En cumplimiento a la determinación asumida el diecinueve de enero de esta anualidad en el cuaderno de varios 1/2023, en los términos ahí precisados, todas las notificaciones de carácter personal dirigidas a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, realícensele de manera electrónica al usuario que proporcionó para tal efecto; asimismo, otórguesele acceso al expediente electrónico en el presente juicio de amparo. X. Fecha de audiencia constitucional. Se señalan las once horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. XI. Incidente de suspensión. Sin que resulte necesario ordenar su apertura, en razón a que se decretó la suspensión de plano. XII. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su especial naturaleza, las documentales que anexó a la demanda de amparo, de lo cual hágase relación en la audiencia constitucional. XIII. Domicilio, acceso al expediente electrónico y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza el acceso al expediente electrónico del juicio en que se actúa, toda vez que los nombres de usuarios que proporciona (gmacevedo) y (aivaquezl) y (AlexaDELAR) se encuentran registrados con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, en los términos anteriormente apuntados. Por otra parte, téngasele señalando como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, en términos restringidos del citado numeral y el correlativo artículo 24 segundo párrafo, ambos de la ley de la materia, a las diversas personas que menciona, por así solicitarlo. Por lo que hace al uso de medios electrónicos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos, hágase del conocimiento del promovente, que en términos de la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. XIV. Exhortación y requerimiento a las partes. A fin de cumplir con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto como servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicaciones no procesales. XV. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Luego, resulta un hecho notorio que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que los propios artículos 26, fracción II, inciso a) y b), 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por lo que, a fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado el acuse de recibo. Por otra parte, conforme a la fracción III del numeral 26 y 29 de la Ley de Amparo, se comunica a las partes, en especial a las autoridades responsables, que la fecha de todo tipo de audiencias (constitucional e incidental) se notificará a través de lista, cuya consulta es fácil por medios electrónicos. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Por último, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios.
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