Franci Katherine Rodríguez Aparicio y Otros.
Expediente 1543/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1543/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Franci Katherine Rodríguez Aparicio y Otros.
- Franci Katherine Rodríguez Aparicio
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte promovente recurso de queja, en contra del proveído de trece de noviembre de dos mil veintitrés; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 20, fracción II, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, por haberse tenido como no presentada la demanda de amparo, estableciéndose como fecha para tal efecto el veintinueve de noviembre de dos mil veintiséis. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir a la promovente para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. Ahora, en la sentencia definitiva se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: "[.] para efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones: Tracen un plan de atención médica acorde con el diagnóstico del (de los) padecimiento (s) que adolecen los agraviados, y se les proporcionen los servicios requeridos para que gocen del estado de salud más alto posible; sin desatender en todo momento al interés superior del menor L. E. F. A., que obliga en orden constitucional a que todas las autoridades del Estado mexicano velen por los derechos de los infantes de manera preponderante, procurando su sano desarrollo físico, emocional y espiritual. Al efecto, se precisa que las responsables deberán realizar las gestiones administrativas y presupuestarias necesarias para que lo anterior acontezca, y deberán remitir copia certificada de todo lo efectuado a este juzgado de distrito. Es pertinente precisar que en caso de que existan circunstancias que no puedan ejecutarse en las instituciones de salud pertenecientes al ente asegurador responsable, este último deberá procurar con celeridad la adecuada subrogación de los servicios conducentes en los términos de su normatividad interna." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, den cumplimiento con el fallo protector. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en dicho plazo, o no manifestar el impedimento que se tenga para ello, se remitirá el expediente al tribunal colegiado que corresponda para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien resulte responsable. Asimismo, se impondrá a quien corresponda multa de cien a mil días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Una vez que transcurra el término concedido a las autoridades responsables, dese nueva cuenta para acordar lo conducente. Notifíquese
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