Francesco di Benedetto

Expediente 419/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
419/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Francesco di Benedetto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    ...Agréguese el escrito del tercero interesado ***, en su atención se provee: Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Por tanto, se agrega una copia del escrito de expresión de agravios a este expediente y una vez que se encuentre debidamente integrado con las constancias de notificación tanto de la resolución reclamada como del presente auto, debiendo anexar copia de dicho recurso para las partes, y que así lo certifique la secretaria encargada del expediente, en el plazo de tres días, remítase este expediente, el escrito de interposición de recurso, así como, copia para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, a quien compete la calificación sobre procedencia, oportunidad y, en su caso, resolución. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias necesarias para la comprensión del asunto, y datos relacionados a comunicaciones procesales. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  2. Principal

    Se notifica mediante lista de acuerdos a FRANCESCO DI BENEDETTO, la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, que a la letra dice: "Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 419/2023; al tenor de los siguientes... SEXTA. Estudio. Los conceptos de violación ameritan el siguiente análisis. El visitador General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en el instructivo de responsabilidad 02/2022, dictó resolución de 27 de marzo de 2023, en la que determinó que no quedó probado legalmente el hecho en el que se fundó la falta a la función pública atribuida al licenciado Sostenes ********, en su carácter de juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca. Contra tal determinación, el quejoso -en una parte de sus conceptos de violación- argumenta medularmente que el visitador General responsable varió o modificó los hechos materia de probable responsabilidad, pues primero se concedió la suspensión definitiva para que no se llevara a cabo el desalojo, y pese a estar vigente esa medida cautelar, el juez denunciado emitió el acuerdo de 18 de mayo de 2021, en el que ordenó el desalojo del inmueble arrendado; mismo que fue ejecutado materialmente el 21 de mayo siguiente; y que los hechos denunciados constituyen un desacato o desviación al texto legal; una inclinación a favor de una de las partes en el juicio sumario civil *******; no obstante que tales hechos ya hubieran sido examinados por el juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; lo que encuadra en la hipótesis de no preservar la imparcialidad en el ejercicio de su función, no obstante que la visitadora instructora no invocara el Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Los sintetizados conceptos de violación, en atención a la causa de pedir, son esencialmente fundados. En efecto, el visitador responsable al dictar la resolución reclamada determinó sustancialmente que no es competencia de ese órgano instructor revisar la determinación jurídica de desalojo del bien inmueble, porque ya fue objeto de estudio a través del juicio constitucional de amparo que interpuso el quejoso; que es precisamente la jurisdicción competente para ello; concluyendo que no se encuentra probado el hecho en el que se fundó la falta a la función pública denunciada. Sin embargo, para demostrar lo inexacto de tales afirmaciones, es importante hacer referencia a las conductas que atribuyó la visitadora judicial instructora al servidor público denunciado, las cuales sustancialmente son: Que el juez ********, al dictar los acuerdos de fechas 08 de febrero, 25 de febrero y 18 de mayo, todos del año 2021, en el expediente civil ******** del índice del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, ordenó que se requiriera al ciudadano ******** para que desocupara el inmueble ubicado en ********, y en caso de no hacerlo se procedería a la desocupación de dicho inmueble con sus frutos y accesiones con auxilio de la fuerza pública; que al dictar el segundo de los acuerdos -de 25 de febrero de 2021-, se había concedido al ciudadano ******** la suspensión provisional con fecha 24 de febrero de 2021, dentro del cuaderno incidental del amparo 110/2021, por el juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y que al dictar el tercer acuerdo -de 18 de mayo de 2021-, se había concedido la suspensión definitiva que le fue otorgada mediante resolución de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, en el cuaderno incidental del referido amparo 110/2021, por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Estimando, la visitadora instructora del asunto, que dichas conductas probablemente actualizan por parte del juez denunciado, una falta a la función pública prevista por el artículo 132, fracción I, inciso n), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en la hipótesis de no preservar, en el desempeño de sus labores, la imparcialidad propia de la función judicial. Tan es así -refirió la visitadora- que el juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, dictó resolución con fecha 24 de junio de 2021, en donde declaró fundado el incidente de exceso o defecto en cumplimiento a la suspensión definitiva, que promovió el ciudadano ********. Pues bien, en principio, la variación de los hechos materia del instructivo de responsabilidad se actualiza desde el momento en que el visitador judicial responsable acudiera a lo que establece al Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para establecer las conductas que infringen la imparcialidad; pues en la época de los hechos atribuidos al servidor público denunciado, ocurridos entre los meses de febrero y mayo de dos mil veintiuno, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, no consideraba como falta administrativa el dejar de observar los principios y valores previstos en el Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Es así, pues la actual fracción IV2 , del numeral 133 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que contempla como una falta administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, la consistente en no observar los principios y valores previstos en el Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, fue reformada mediante reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el dieciocho de septiembre de dos mil veintiuno - vigente al día siguiente de su publicación-, es decir, es posterior, a las fechas en que ocurrieron las conductas que se atribuyen al servidor público denunciado. Por ello, fue incorrecto que el visitador responsable acudiera a efecto de determinar en qué consistente la imparcialidad, a las normas del Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, pues dicho cuerpo normativo en el momento de los hechos investigados solamente tenía por finalidad establecer principios y valores de la función pública. Pues, incluso, no debe soslayarse que los códigos de ética judicial son cuerpos deónticos que buscan maximizar el servicio de la función jurisdiccional, esto es, aspiran a lograr el mejor desempeño posible de los distintos servidores públicos que integran la carrera judicial; cuya inobservancia en el momento de las infracciones que se atribuyen al servidor público denunciado, no generaban responsabilidad administrativa. En apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, se invoca el siguiente criterio: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2013982 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Administrativa Tesis: (I Región) 8o.44 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, página 2628 Tipo: Aislada CÓDIGO DE ÉTICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO PUEDE SERVIR DE SUSTENTO PARA FINCAR UNA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A UN SERVIDOR PÚBLICO DE LA JUDICATURA... No obstante, el hecho que en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca vigente en la época de los hechos, no se estableciera una definición del principio de imparcialidad; ello, desde luego, no impide al visitador responsable a examinar las conductas atribuidas al juez denunciado, acudiendo al concepto de imparcialidad comúnmente aceptado; pues al ser un profesional del derecho, dicho principio forma parte de su bagaje de cultural. En ese sentido, es importante señalar que el diccionario de la Real Academia Española define a la imparcialidad como "Falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o de algo, que permite juzgar o proceder con rectitud". Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. En apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, se cita el siguiente criterio: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 160309 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 1/2012 (9a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, página 460 Tipo: Jurisprudencia IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL... En el caso, como lo indica el quejoso en sus conceptos de violación, las conductas atribuidas al juez investigado ameritaban examinar si preservó o no la imparcialidad desde la vertiente objetiva por respeto o desviación al texto legal; y cumplimiento o desacato a una resolución; esto es, analizar si las órdenes del juez investigado para desalojar un bien inmueble objetivamente atiende a presupuestos de ley que salvaguarden la confianza que los órgano de impartición de justicia deben inspirar a las personas justiciables. Sin embargo, el visitador judicial responsable, cuando sostuvo que las conductas atribuidas al juez denunciado ya habían sido examinadas en el ámbito jurisdiccional por el juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, al conocer del juicio de amparo 110/2021, alteró los hechos materia del instructivo de responsabilidad. Es así, toda vez que de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, y de la información que aparece publicada en el Sistema Integral de Expedientes (SISE), relativa al Amparo en Revisión 239/2021, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, que se invoca como hecho notorio; se aprecia que el referido juicio de amparo 110/2021, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, concluyó con una resolución de sobreseimiento; lo que conlleva a afirmar que no existió un examen del fondo del asunto. Lo que se corrobora con lo que dispone el numeral 65 de la Ley de Amparo, que establece que el sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo. Por otra parte, si bien es verdad, que en cuanto a lo jurídico no es válido para el órgano sancionador en materia administrativa analizar la legalidad de una decisión, pues ello, vulneraría la independencia judicial de los juzgadores; también lo es, que dicha autoridad sí está facultada para velar que los juzgadores en el ejercicio de sus funciones cumplan con los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, justicia, equidad y prudencia judicial, que son propios de la función jurisdiccional. De donde se sigue que el órgano administrativo sancionador sin llegar a convertirse en un órgano revisor de la legalidad de las resoluciones emitidas por los jueces, sí puede apreciar de manera directa los fundamentos y motivos expuestos en una resolución y, sin entrar al fondo del negocio, ni afectar las situaciones jurídicas derivadas de lo resuelto, simplemente vigilar que la actitud del juzgador, materializada en su determinación, sea congruente con la naturaleza de la actividad jurisdiccional que le es propia de acuerdo a la ley, es decir, como resolutor. Asimismo, se debe destacar que la investigación de conductas irregulares de los servidores públicos es de orden público, por cuanto tiende a propiciar la confiabilidad que deben tener en las instituciones quienes acuden en defensa de sus intereses esperando que no se viole la ley y porque el procedimiento para determinar responsabilidad de los servidores públicos constituye el medio para reprimir las posibles faltas en que incurran y evitar su comisión en el futuro, en aras de mantener la regularidad, calidad y eficacia institucional de la recta impartición de justicia lo que se ejerce a través del poder disciplinario. De tal suerte que el visitador General responsable sí puede analizar la correcta aplicación del derecho por los jueces en las consideraciones expresadas al emitir sus decisiones, con la única finalidad de determinar si la actuación de los juzgadores se apegó a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia que deben caracterizar su actividad, debiendo referirse a aquellas actuaciones que constituyan una desviación de la legalidad que no sea una cuestión de criterio o arbitrio debatible u opinable, en la cual puedan sustentarse válidamente diversas soluciones, sino que deriven de datos objetivos, como serían un evidente error o descuido, por haberse emitido en clara contravención al texto expreso de la ley aplicable o por ignorar constancias de autos de carácter esencial para la solución del asunto; lo cual no atenta contra la autonomía e independencia con que deben contar los juzgadores en el ejercicio de sus funciones, pues éstos conservan íntegras sus facultades de interpretación y decisión al emitir sus fallos, los que deben ser apegados a derecho. En apoyo a lo anterior, por las razones que informan, se invocan los siguientes criterios: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 192154 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Administrativa, Común Tesis: P. XLII/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Marzo de 2000, página 88 Tipo: Aislada CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. AL RESOLVER SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE JUECES DE DISTRITO O MAGISTRADOS DE CIRCUITO PUEDE, SIN MENOSCABO DEL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA Y DE LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIALES, EXAMINAR EL APEGO A LA LEGALIDAD DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES... Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 197484 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P. CXLV/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Octubre de 1997, página 187 Tipo: Aislada CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. AL ANALIZAR LA CAUSA DE RESPONSABILIDAD PREVISTA POR EL ARTÍCULO 131, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE ERIGE EN UN TRIBUNAL DE LEGALIDAD... Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2025865 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Civil, Administrativa Tesis: 1a./J. 8/2023 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Enero de 2023, Tomo II, página 1791 Tipo: Jurisprudencia RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. LA SANCIÓN QUE SE IMPONE AL FUNCIONARIO JUDICIAL CUANDO SE DECLARA LA NULIDAD DE UNA ACTUACIÓN POR NO HABERSE REALIZADO CON LAS FORMALIDADES QUE MARCA LA LEY, OBEDECE A UNA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO... En ese sentido, contrario a lo resuelto, el visitador responsable debió examinar si el juez denunciado al emitir los autos de fechas 08 de febrero, 25 de febrero y 18 de mayo, todos del año 2021, en el expediente civil 24/2021, preservó o no la imparcialidad en el desempeño de sus labores, o desvío la legalidad en favor o en contra de alguna de las partes. Lo anterior, porque las constancias de autos revelan, que en el acuerdo inicial de 08 de febrero de 2021, el juez responsable ordenó el lanzamiento de la parte quejosa del inmueble arrendado; y se le atribuye que en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, no existe alguna disposición legal que lo faculte para que en el primer auto, con el que inicia un juicio de arrendamiento, ordene que se requiera al arrendatario para que desocupe el inmueble materia del asunto, con el apercibimiento de hacer uso de la fuerza pública. Asimismo, dichas constancias de autos ponen de manifiesto que en el auto de 25 de febrero de 2021, el juez denunciado comisionó al actuario llevador del expediente para que en compañía de la parte actora se constituyera en el inmueble objeto del arrendamiento ubicado en ********; lo requiriera para que lo desocupara y entregara, y de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa con el auxilio de la fuerza pública; y se le atribuye desviación de la legalidad porque en esos momentos ya se encontraba vigente la suspensión provisional otorgada a ********, en el juicio de amparo 110/2021 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz. De igual forma el juez denunciado en el proveído de 18 de mayo de 2021, estando vigente la suspensión definitiva del acto reclamado, ordenó al ejecutor llevador del asunto para que en compañía de la actora ********, se constituyera en el inmueble objeto del arrendamiento, lo requiriera para que lo desocupara y entregara, y de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa con el auxilio de la fuerza pública; lo que se llevó a cabo en diligencia de 21 de mayo de 2021, por parte del licenciado ********, como ejecutor adscrito al Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca. Lo que incluso, como lo señaló la visitadora instructora, dio lugar a que el juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, declarara fundado el incidente de violación a la suspensión definitiva. Luego entonces, contrario a lo sostenido por la responsable, dichas conductas denunciadas sí están relacionadas con posibles faltas a la función pública del servidor público denunciado. En consecuencia, al resultar fundados los conceptos de violación que se analizan, lo que procede es otorgar a ******** el amparo y protección de la Justicia Federal que peticionó contra actos del visitador General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para los efectos que enseguida se señalarán. SÉPTIMA. Efectos del fallo protector. La autoridad responsable visitador General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, deberá realizar: ? Dejar sin efectos la resolución reclamada de 27 de marzo de 2023, emitida en el instructivo de responsabilidad 02/2022. Emitir una nueva determinación en la que estime que las conductas atribuidas al juez ********, al dictar los autos de 08 de febrero, 25 de febrero y 18 de mayo, todos de 2021, en el expediente civil ********, del índice del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, sí están relacionadas con posibles faltas a la función pública; por lo que prescindiendo de aplicar el Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, deberá examinar si tales conductas constituyen faltas a la función pública al no preservar la imparcialidad propia de la función pública. ? Con libertad de jurisdicción resolver lo que corresponda. OCTAVA. Vista al Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. Como este juzgador de amparo advierte que la conducta del juez ********, pudiera ser constitutivo de algún delito relacionado con el ejercicio de la función pública, se ve obligado legalmente a denunciarlo ante la autoridad ministerial respectiva para que se investigue el hecho probablemente delictivo, en acatamiento al numeral 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 271, de la Ley de Amparo. Por tanto, se da vista al Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, para que en el uso de la facultad que constitucionalmente le compete, inicie la carpeta de investigación respectiva contra el aludido juzgador, en la que determine lo que corresponda. En apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, se invoca el siguiente criterio: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2014917 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: P./J. 13/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 5 Tipo: Jurisprudencia VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA... Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo; S E R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *********, contra el acto reclamado al visitador General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, conforme a las consideraciones sexta y séptima de este fallo. SEGUNDO. Se ordena al secretario supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite.

  3. Principal

    ...Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de tres días con que cuenta el tercero interesado *****, en su carácter de Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, para que se apersonara al presente juicio de amparo, trascurrió del dos al seis de junio siguiente, tomando en consideración que se emplazó a juicio el uno de junio pasado, sin que a la fecha hiciera manifestación alguna. En consecuencia, de conformidad en el artículo 117 de la Ley de Amparo, désele vista con la totalidad de las constancias de autos, ello a fin de no dejarlo en estado de indefensión y, en su caso, darle oportunidad de ofrecer pruebas y formular alegatos en este juicio de amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Tomando en consideración que el presente auto se trata del diferimiento de la audiencia constitucional por el motivo expuesto, se considera que el presente proveído se notifique a las autoridades responsables por medio de lista y no por oficio, toda vez que es facultad de este juzgador establecer los medios para hacerles del conocimiento sus determinaciones, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar; en el caso, se considera este acuerdo de mero trámite.(...)

  4. Principal

    ...Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de veinticinco de mayo pasado, se tuvo al Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, informando que el tercero interesado ***, fue cambiado de adscripción y actualmente se encuentra adscrito al Juzgado Mixto de Primera del Distrito Judicial de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, por lo que se encomendó al actuario llevador del presente expediente, para que reexpidiera a la dirección correcta el oficio 7295/2023, que contiene el auto de veintisiete de abril pasado, dirigido al tercero interesado citado; sin, embargo dada la proximidad de la determinación, aun no obra constancia de notificación. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Ahora bien, tomando en consideración que el presente auto se trata del diferimiento de la audiencia constitucional por el motivo expuesto, se considera que el presente proveído se notifique a las autoridades responsables por medio de lista y no por oficio, toda vez que es facultad de este juzgador establecer los medios para hacerles del conocimiento sus determinaciones, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar; en el caso, se considera este acuerdo de mero trámite.(...)

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