Francely Jaqueline Diaz Veregara
Expediente 1360/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1360/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Francely Jaqueline Diaz Veregara
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de noviembre de dos mil veintitrés AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica. En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las once horas con cincuenta minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria con quien legalmente actúa y da fe, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 1360/2023, promovido por Francely Jaqueline Díaz Vergara; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia, escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, no procede diferir la audiencia constitucional a pesar que el informe justificado en comento, no se hizo del conocimiento de la parte quejosa con ocho días de anticipación a la celebración de la misma, los cuales tiene para imponerse de lo manifestado por esa autoridad, pues esperar a que transcurra dicho término implicaría retardar el procedimiento innecesariamente en su perjuicio; ello, en virtud de que en este juicio se reclama la falta de administración de justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, y atendiendo a lo manifestado en su demanda por la parte amparista, es claro que ya conoce los antecedentes del acto reclamado, lo que no se opone a lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en la presente audiencia; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales remitidas por el Juez del Tribunal responsable, mismas que serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda; se cierra el período. Luego, se declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; se cierra el período de alegatos. En esas condiciones, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida esta audiencia, y en vista de todo lo actuado, se ordena dictar el fallo que conforme a derecho corresponda. VISTOS para resolver el juicio de amparo 1360/2023; y, RESULTANDO 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, y remitido a este Juzgado el tres de octubre del actual, Francely Jaqueline Díaz Vergara, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó del Tribunal Laboral del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Cuautla, Morelos, que hizo consistir en: ".EL AUTO DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN EL CUAL SE DETERMINA LA EXCESIVA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL POR LA HOY RESPONSABLE AL SEÑALAR LAS TRECE HORAS DEL DÍA TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR; FECHA DE AUDIENCIA EXTREMADAMENTE LEJANA." Acto que estimó violatorio del derecho fundamental reconocido en los artículos 1 y 17 de la Constitución Federal. 2. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por razón de turno correspondió a este Juzgado conocer de la demanda de amparo de que se trata, la cual quedó registrada con el número 1360/2023, misma que en proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, se admitió y se ordenó pedir el informe justificado a la autoridad responsable. En el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Además, en este asunto, no se atribuyó el carácter de tercero interesado a ninguna persona. Finalmente, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdos generales 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio en materia laboral en el que se reclamó un acto derivado de un expediente tramitado dentro de la jurisdicción de este Juzgado. II. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado al Tribunal Laboral del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Cuautla, Morelos, es el acuerdo emitido el once de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se señala fecha para que tenga verificativo la audiencia preliminar, en el expediente laboral ORD/150/2023-1. III. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Tribunal responsable, pues así lo manifestó el Juez Especializado en Materia del Trabajo de su adscripción, al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que obran en el juicio de origen; documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º, por haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones; aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar su existencia. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. El juicio de amparo se promovió oportunamente, pues la parte quejosa se ostentó sabedora del acto reclamado el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, cuando le fue notificado el citado acuerdo, por conducto de su apoderado; así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del diecinueve de septiembre al nueve de octubre pasado, descontando el veintitrés, veinticuatro y treinta de septiembre, uno, siete y ocho de octubre por haber sido inhábiles, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, es claro que se presentó dentro del plazo con que contaba para ello. V. Causales de improcedencia. Dado que en la especie las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni de oficio este juzgado federal advierte que se actualice alguna, se procede a entrar al estudio del fondo del asunto planteado. VI. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación, por lo que se debe conceder el amparo solicitado, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. La parte quejosa en esencia refiere que la autoridad responsable ha vulnerado en su perjuicio lo establecido en el artículo 17 constitucional, por cuanto hace a los plazos y términos en los que los tribunales deben administrar justicia, en virtud de que el once de septiembre de dos mil veintitrés, señaló el treinta de enero de dos mil veinticuatro, para que tenga verificativo la audiencia preliminar, en el expediente natural, fecha que considera lejana. Y tiene razón, pues el tribunal responsable, incumple con sus obligaciones previstas en los preceptos 685 y 771 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al caso; aunado a que no se ha llevado a cabo la audiencia preliminar conforme a lo estipulado en el 873-C de la legislación obrera; lo que implica transgresión al derecho de legalidad y acceso a la justicia previstos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en los artículos 14 y 17 de nuestra Carta Magna, se estableció en lo que interesa, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, quienes deberán sustanciar y resolver los procedimientos jurisdiccionales respectivos de manera pronta, completa e imparcial. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo estipula en su artículo 685 la obligación de los tribunales a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, mientras que el precepto 771 de dicho ordenamiento legal, dispone el deber también del tribunal laboral, de vigilar que los juicios de su conocimiento no queden inactivos, es decir, de proveer lo que conforme a derecho corresponda hasta dictar sentencia, salvo disposición en contrario. Además, en el numeral 873-C, de dicha norma, se estipula que con el escrito de réplica y sus anexos, el Tribunal correrá traslado a la parte demandada, otorgándole un plazo de cinco días para que formule su contrarréplica por escrito y, en su caso, objete las pruebas que se hayan ofrecido con éste. El demandado al presentar su contrarréplica deberá acompañar copia para traslado a la parte actora. En caso de que la parte demandada ofrezca pruebas en relación a su contrarréplica conforme a lo previsto en el artículo 873-A de esa Ley, deberá acompañar también copia de las mismas, para que se le corra traslado a la parte actora, y ésta en el término de tres días manifieste lo que a su interés corresponda. Si la réplica o contrarréplica no se formulan dentro del plazo concedido, se tendrá por perdido el derecho según sea el caso y se continuará con el procedimiento. Y que transcurridos los plazos señalados en los dos últimos párrafos que anteceden, el Tribunal fijará fecha para celebrar la Audiencia Preliminar, la cual tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes. Y en el caso, de las constancias que obran en autos se aprecia que el uno de septiembre de dos mil veintitrés, en lo que interesa, el Tribunal responsable, requirió a la parte demandada para que dentro del término ce cinco días formulara su contrarréplica, en el expediente natural; luego el once del citado mes y año, se tuvo a dicha parte cumpliendo con ello, por lo que programaron las trece horas del treinta de enero de dos mil veinticuatro, para llevar a cabo la audiencia preliminar; fecha que se considera lejana, pues no es acorde con el último párrafo del ordinal 873-C, de la citada legislación -diez días siguientes-. Actuaciones de las que se aprecia que al no haber señalado fecha para llevar a cabo la audiencia preliminar en el juicio natural, dentro del término establecido en la Ley Federal del Trabajo, el Tribunal responsable, transgredió lo dispuesto en los numerales 685, 771 y 873-C último párrafo, de la citada legislación, y con ello, el derecho fundamental de justicia pronta previsto en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No pasa inadvertido que la autoridad responsable en su informe justificado pretende justificar su actuar con el argumento de que ello se debe a la excesiva carga de trabajo; sin embargo, por más plausible que es ese argumento, la quejosa ha venido al amparo manifestando un derecho que le debe ser reparado. En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación procede otorgar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. VII. Efectos de la concesión. Es pertinente señalar que de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, los efectos de esta resolución es que una vez que esté notificado el Tribunal responsable, de que el presente fallo cause ejecutoria: Deje sin efectos la fecha señalada -treinta de enero de dos mil veinticuatro- en el expediente laboral ORD/150/2023-1, para llevar a cabo la audiencia preliminar y señale otra acorde con el numeral 873-C último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, la que hará del conocimiento de las partes. VIII. Cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Francely Jaqueline Díaz Vergara, contra el acto reclamado al Tribunal Laboral del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Cuautla, Morelos; por las razones indicadas, y para los efectos precisados en los considerandos VI y VII de esta sentencia. SEGUNDO. Por los motivos vertidos en el último considerando de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE. Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Marcela Merari Silva Múgica, quien autoriza y da fe. Marcela Merari Silva Múgica, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, certifica: que la hora del cierre de la audiencia constitucional contenida en la evidencia criptográfica correspondiente a las firmas electrónicas, no coincide con la hora de la audiencia en mención, en razón de la carga de trabajo existente en este órgano jurisdiccional, tanto en audiencias como trámite y atención a las partes que asisten a consultar sus expedientes; asimismo, por la elaboración de la propia sentencia. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el informe justificado que rinde el Juez Especializado en Materia de Trabajo del Tribunal Laboral del Segundo Distrito Judicial del Estado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; con su contenido y anexo, dese vista a las partes. Téngase como pruebas las documentales que remite al efecto, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Finalmente, dada la voluminosidad de las constancias que remiten la autoridad responsable, para el mejor manejo de este expediente, deben mantenerse por separado dichas constancias, las cuales se denominaran "Anexo I"; en el entendido que las subsecuentes actuaciones, se llevarán a cabo en el presente cuaderno principal. Notifíquese y cúmplase. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Marco Antonio García Cortez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la demanda de amparo promovida por Francely Jaqueline Díaz Vergara, por propio derecho, contra actos del Tribunal Laboral del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla, Morelos, se provee como sigue: Integración de expediente electrónico. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquéllos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020 Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL12 y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. 1).- Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2).- Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 6, 20, 33, 35, 107, 108, 115, 116, 117, 118 y demás relativos de la Ley de Amparo, se ADMITE a trámite la demanda de amparo. 3).- Audiencia constitucional. Se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. 4).- Requerimiento de informe justificado. Pídase a la autoridad responsable su INFORME JUSTIFICADO, que deberá rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS, debiendo acompañar copia certificada completa y legible de las constancias que lo apoyan y con la anticipación que permitan el conocimiento del mismo a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o no manifestar el impedimento que tenga para ello, se les impondrá una multa de cien a mil valores diarios de unidades de medidas de actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 260, fracción II de la Ley de la materia. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad que de conformidad con el artículo 71, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, podrán celebrar convenios de interconexión, intercomunicación, colaboración o para compartir desarrollos tecnológicos, con este órgano jurisdiccional para el trámite de todos los asuntos competencia del Poder Judicial de la Federación, para la consulta de expedientes y notificaciones de manera electrónica, así como para la colaboración relacionada con las estrategias de gobierno de datos, gobernanza digital, transformación digital y e-Justicia. En la inteligencia que de remitirlo a través del sistema de interconexión, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria. En el entendido que para facilitar el envío de los anexos al informe que debe rendir la autoridad responsable, se pone a su disposición un disco versátil [formato DVD], para que en este sea cargada la información digital de los anexos conducentes y colaborar así al ahorro de insumos que en la actualidad son ocupados para el fotocopiado de la información que apoya el referido informe, además de que se facilite a las partes la consulta de dicha información, por los medios tecnológicos utilizados en el expediente electrónico. 5).- Terceros interesados. Por otra parte, atendiendo a las particularidades de este caso en el que se reclama denegación de justicia, no tiene el carácter de tercero interesado la contraparte del quejoso en el juicio de origen porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al del quejoso ?que subsista tal denegación? y que es la razón toral de su participación en el juicio de amparo; y en contrapartida, su búsqueda podría dilatar este juicio. No se inadvierte la jurisprudencia 1a./J. 90/2010 de rubro "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO" emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8º y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del ordinal 5º de la Ley de Amparo ?abrogada?, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado ?ahora tercero interesado? a la contraparte del impetrante. Sin embargo, esa tesis no es aplicable a este caso, porque su interpretación fue de la Ley de Amparo anterior ?no vigente?, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, lo que da la pauta a que ahora se tome una interpretación diferente; en efecto, ahora el artículo 17 de la Constitución (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete), establece: "siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Y a ese principio en el ámbito jurídico supremo, el cual permea la interpretación y aplicación de las normas que derivan de las constitutivas, se ajusta mejor considerar que la contraparte del quejoso no sea tercero interesado en casos como este, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia ?si en el fondo la hubiera?, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en el que participa. Así, debe hacerse hincapié en que lo que eventualmente afecta a la parte quejosa con la denegación que reclama, en todo caso, lo es la violación en el seguimiento del procedimiento en la etapa en la que se desarrolla y no el contenido y/o decisión que llegase a tomar la autoridad responsable y, por ende, esa denegación no le depara perjuicio a la contraparte del quejoso. Lo anterior así se advierte de la parte conducente de la jurisprudencia 1a./J. 38/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resulta orientadora y cuyo rubro señala: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE TAL CARÁCTER EL DESTINATARIO DE UNA MEDIDA CAUTELAR, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LA NEGATIVA DE OTORGARLA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN PROCESO MERCANTIL (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 Y LEGISLACIÓN MERCANTIL PREVIA AL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EL 10 DE ENERO DE 2014)". 6). Incidente de suspensión. No se ordena formar incidente de suspensión, por no haberse solicitado. 7). Ministerio Público Federal. Dese la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, pues, acorde al artículo 5°, fracción IV, de la Legislación de la Materia, le asiste el carácter de parte en el presente asunto. 8). Obligación de informar causas de sobreseimiento. Se hace saber a las partes que, en términos del artículo 64, de la Ley de Amparo, tienen la obligación de informar a este Tribunal Federal si durante la tramitación de este juicio de amparo, sobreviene alguna causa de sobreseimiento, y de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientos valores diarios de la unidad de medida de actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 251 de la Ley de la Materia. 9). Requerimiento sobre juicios relacionados. A efecto de mejor proveer, requiérase a la autoridad responsable para que informe si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto reclamado en este juicio promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, y que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos, lo anterior a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. 10). Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda y por autorizadas en los términos propuestos, a las personas que menciona, por tratarse de un asunto en materia laboral y ser promovido por la parte trabajadora de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Amparo. 11). Autorización de copias. Se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá asentarse en el expediente; con la precisión de que en todo momento deberá privilegiarse la protección de datos o información que obre en el juicio de amparo en que se actúa conforme a la normativa. 12). Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 13). Notificación de diferimientos. De igual manera, se instruye a los referidos servidores públicos para que los posibles diferimientos de audiencias los notifiquen a las partes (con excepción de los quejosos privados de su libertad) por medio de lista que fijen en los estrados de este juzgado de Distrito, aun a la autoridad responsable. Lo anterior, toda vez que dicha actuación no se estableció en la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo; por tanto, resulta suficiente que se comunique en términos del artículo 29 de la citada ley. 14). Notificación por lista. En ese mismo sentido, se faculta a los actuarios adscritos para que en caso de tener alguna imposibilidad de realizar una notificación personal (no conozcan a la persona buscada, esté desocupado el inmueble designado, no exista la calle o numeración, entre otros) previa razón, realicen dicha notificación y las subsecuentes hasta en tanto se designe nuevo domicilio por medio de lista que fijen en los estrados de este órgano jurisdiccional. 15). De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." 16). Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. 17). Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo. 18).- Captura completa del expediente en el sistema electrónico del Consejo. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al nuevo esquema de integración del expediente electrónico conforme a los lineamientos del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así como del expediente físico en los términos señalados en este proveído y en el citado Acuerdo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario que autoriza y da fe.
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