Fracisco Hernández Pérez

Expediente 1140/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 21 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1140/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • Fracisco Hernández Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    V. Con esta fecha se notifica por este conducto a las víctimas de identificación reservada identificadas como V-05/2022, V-06/2022 y V-07/2022, el proveído de cuatro de octubre de dos mil veintidós, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran mención alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos y las manifestaciones hechas valer por la parte quejosa, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que por sentencia de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: "(.) a). Deje insubsistente el acuerdo reclamado, esto es, el dictado el doce de octubre de dos mil veintiuno en el juicio penal 10/2020 de su índice. b). En su lugar, convoque a las partes para llevar a cabo en el plazo de 48 horas la audiencia de cese o prolongación de la prisión preventiva oficiosa, en la cual, las partes pueden invocar datos o, en su caso, ofrecer medios de prueba y, por lo que atañe a la Fiscalía tendrá la carga procesal de probar que, en el caso concreto, se actualizan contra el quejoso los tres elementos destacados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.) esto es, que el asunto es complejo, que la actividad procesal de aquél fue la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades jurisdiccionales ha sido diligente en la conducción del proceso. De determinarse (con libertad de jurisdicción) que la Fiscalía demostró dicha carga procesal y, por ende, que el plazo de duración de la prisión preventiva deba prolongarse, debe ser previo escrutinio elevado en justificación y bajo el principio de necesidad, que evite que la medida cautelar se extienda innecesariamente. Caso contrario, de determinarse (con libertad de jurisdicción) que la Fiscalía no demostró dicha carga procesal, ello implicará el cese de la prisión preventiva oficiosa del ahora quejoso y tendrá el efecto de decretar de inmediato su libertad mientras se sigue el proceso, aunque para ello, previamente, debe dar lugar a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras medidas cautelares menos restrictivas. (.)" Mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial, Sala "B", con residencia en Veracruz, Veracruz, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. Ahora, por oficio sin número (foja 157) el Juez del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial, Sala "B", con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la sentencia de tres de agosto de dos mil veintidós (fojas 158 a 172) en la que resolvió que Roberto Juan Paul López y Francisco Hernández Pérez, son penalmente responsables, como autores materiales y voluntarios del delito de privación de la libertad física, cometido en agravio de las víctimas de identidades resguardadas e identificadas como V-5/2019, V-06/2019 y V-07/2019, imponiéndoles la pena privativa de libertad de seis años de prisión y multa de veinte días de salario mínimo vigente en la fecha de comisión del hecho. Asimismo, estableció que la pena de libertad no puede ser sustituida de conformidad con lo establecido en el numeral 92 del Código Penal vigente en el Estado, ni con derecho a la suspensión condicional, al exceder el límite previsto en el precepto 96 del Código Punitivo. En ese contexto, del análisis sistemático de dichas constancias, se advierte que no existe materia para resolver respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que los efectos de la ejecutoria de mérito versaban en que el Juez del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial, Sala "B", con residencia en Veracruz, Veracruz, dejara insubsistente el acuerdo de doce de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio penal 10/2020 de su índice y, en su lugar, convocara a las partes para llevar a cabo en el plazo de cuarenta y ocho horas la audiencia de cese o prolongación de la prisión preventiva oficiosa, en el cual, las partes podían invocar datos o, en su caso, ofrecer medios de prueba, atañendo a la Fiscalía la carga procesal de probar que se actualizan, contra el quejoso los tres elementos destacados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.) esto es, que el asunto es complejo, que la actividad procesal de aquél fue la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades jurisdiccionales ha sido diligente en la conducción del proceso. Sin embargo, de las constancias a estudio se advierte que se dictó sentencia condenatoria en contra de Francisco Hernández Pérez y otro, por el delito de privación de la libertad física, imponiéndosele una pena de prisión de seis años y multa de veinte días de salario mínimo vigente en la fecha de comisión del hecho. Por tanto, toda vez que el acuerdo de doce de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio penal 10/2020 de su índice (acto reclamado) fue superado procesalmente por la sentencia de tres de agosto de dos mil veintidós, existe una imposibilidad jurídica para llevar a cabo la audiencia de cese o prolongación de la prisión preventiva oficiosa, por lo que, no es posible restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos violados. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara QUE NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que, por una parte, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado (diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno fojas 14 a 17), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 1140/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran mención alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos y las manifestaciones hechas valer por la parte quejosa, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que por sentencia de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: "(.) a). Deje insubsistente el acuerdo reclamado, esto es, el dictado el doce de octubre de dos mil veintiuno en el juicio penal 10/2020 de su índice. b). En su lugar, convoque a las partes para llevar a cabo en el plazo de 48 horas la audiencia de cese o prolongación de la prisión preventiva oficiosa, en la cual, las partes pueden invocar datos o, en su caso, ofrecer medios de prueba y, por lo que atañe a la Fiscalía tendrá la carga procesal de probar que, en el caso concreto, se actualizan contra el quejoso los tres elementos destacados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.) esto es, que el asunto es complejo, que la actividad procesal de aquél fue la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades jurisdiccionales ha sido diligente en la conducción del proceso. De determinarse (con libertad de jurisdicción) que la Fiscalía demostró dicha carga procesal y, por ende, que el plazo de duración de la prisión preventiva deba prolongarse, debe ser previo escrutinio elevado en justificación y bajo el principio de necesidad, que evite que la medida cautelar se extienda innecesariamente. Caso contrario, de determinarse (con libertad de jurisdicción) que la Fiscalía no demostró dicha carga procesal, ello implicará el cese de la prisión preventiva oficiosa del ahora quejoso y tendrá el efecto de decretar de inmediato su libertad mientras se sigue el proceso, aunque para ello, previamente, debe dar lugar a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras medidas cautelares menos restrictivas. (.)" Mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial, Sala "B", con residencia en Veracruz, Veracruz, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. Ahora, por oficio sin número (foja 157) el Juez del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial, Sala "B", con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la sentencia de tres de agosto de dos mil veintidós (fojas 158 a 172) en la que resolvió que Roberto Juan Paul López y Francisco Hernández Pérez, son penalmente responsables, como autores materiales y voluntarios del delito de privación de la libertad física, cometido en agravio de las víctimas de identidades resguardadas e identificadas como V-5/2019, V-06/2019 y V-07/2019, imponiéndoles la pena privativa de libertad de seis años de prisión y multa de veinte días de salario mínimo vigente en la fecha de comisión del hecho. Asimismo, estableció que la pena de libertad no puede ser sustituida de conformidad con lo establecido en el numeral 92 del Código Penal vigente en el Estado, ni con derecho a la suspensión condicional, al exceder el límite previsto en el precepto 96 del Código Punitivo. En ese contexto, del análisis sistemático de dichas constancias, se advierte que no existe materia para resolver respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que los efectos de la ejecutoria de mérito versaban en que el Juez del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial, Sala "B", con residencia en Veracruz, Veracruz, dejara insubsistente el acuerdo de doce de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio penal 10/2020 de su índice y, en su lugar, convocara a las partes para llevar a cabo en el plazo de cuarenta y ocho horas la audiencia de cese o prolongación de la prisión preventiva oficiosa, en el cual, las partes podían invocar datos o, en su caso, ofrecer medios de prueba, atañendo a la Fiscalía la carga procesal de probar que se actualizan, contra el quejoso los tres elementos destacados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.) esto es, que el asunto es complejo, que la actividad procesal de aquél fue la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades jurisdiccionales ha sido diligente en la conducción del proceso. Sin embargo, de las constancias a estudio se advierte que se dictó sentencia condenatoria en contra de Francisco Hernández Pérez y otro, por el delito de privación de la libertad física, imponiéndosele una pena de prisión de seis años y multa de veinte días de salario mínimo vigente en la fecha de comisión del hecho. Por tanto, toda vez que el acuerdo de doce de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio penal 10/2020 de su índice (acto reclamado) fue superado procesalmente por la sentencia de tres de agosto de dos mil veintidós, existe una imposibilidad jurídica para llevar a cabo la audiencia de cese o prolongación de la prisión preventiva oficiosa, por lo que, no es posible restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos violados. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara QUE NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que, por una parte, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado (diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno fojas 14 a 17), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley."Boca del Río, Veracruz, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran mención alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos y las manifestaciones hechas valer por la parte quejosa, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que por sentencia de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: "(.) a). Deje insubsistente el acuerdo reclamado, esto es, el dictado el doce de octubre de dos mil veintiuno en el juicio penal 10/2020 de su índice. b). En su lugar, convoque a las partes para llevar a cabo en el plazo de 48 horas la audiencia de cese o prolongación de la prisión preventiva oficiosa, en la cual, las partes pueden invocar datos o, en su caso, ofrecer medios de prueba y, por lo que atañe a la Fiscalía tendrá la carga procesal de probar que, en el caso concreto, se actualizan contra el quejoso los tres elementos destacados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.) esto es, que el asunto es complejo, que la actividad procesal de aquél fue la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades jurisdiccionales ha sido diligente en la conducción del proceso. De determinarse (con libertad de jurisdicción) que la Fiscalía demostró dicha carga procesal y, por ende, que el plazo de duración de la prisión preventiva deba prolongarse, debe ser previo escrutinio elevado en justificación y bajo el principio de necesidad, que evite que la medida cautelar se extienda innecesariamente. Caso contrario, de determinarse (con libertad de jurisdicción) que la Fiscalía no demostró dicha carga procesal, ello implicará el cese de la prisión preventiva oficiosa del ahora quejoso y tendrá el efecto de decretar de inmediato su libertad mientras se sigue el proceso, aunque para ello, previamente, debe dar lugar a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras medidas cautelares menos restrictivas. (.)" Mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial, Sala "B", con residencia en Veracruz, Veracruz, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. Ahora, por oficio sin número (foja 157) el Juez del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial, Sala "B", con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la sentencia de tres de agosto de dos mil veintidós (fojas 158 a 172) en la que resolvió que Roberto Juan Paul López y Francisco Hernández Pérez, son penalmente responsables, como autores materiales y voluntarios del delito de privación de la libertad física, cometido en agravio de las víctimas de identidades resguardadas e identificadas como V-5/2019, V-06/2019 y V-07/2019, imponiéndoles la pena privativa de libertad de seis años de prisión y multa de veinte días de salario mínimo vigente en la fecha de comisión del hecho. Asimismo, estableció que la pena de libertad no puede ser sustituida de conformidad con lo establecido en el numeral 92 del Código Penal vigente en el Estado, ni con derecho a la suspensión condicional, al exceder el límite previsto en el precepto 96 del Código Punitivo. En ese contexto, del análisis sistemático de dichas constancias, se advierte que no existe materia para resolver respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que los efectos de la ejecutoria de mérito versaban en que el Juez del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial, Sala "B", con residencia en Veracruz, Veracruz, dejara insubsistente el acuerdo de doce de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio penal 10/2020 de su índice y, en su lugar, convocara a las partes para llevar a cabo en el plazo de cuarenta y ocho horas la audiencia de cese o prolongación de la prisión preventiva oficiosa, en el cual, las partes podían invocar datos o, en su caso, ofrecer medios de prueba, atañendo a la Fiscalía la carga procesal de probar que se actualizan, contra el quejoso los tres elementos destacados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.) esto es, que el asunto es complejo, que la actividad procesal de aquél fue la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades jurisdiccionales ha sido diligente en la conducción del proceso. Sin embargo, de las constancias a estudio se advierte que se dictó sentencia condenatoria en contra de Francisco Hernández Pérez y otro, por el delito de privación de la libertad física, imponiéndosele una pena de prisión de seis años y multa de veinte días de salario mínimo vigente en la fecha de comisión del hecho. Por tanto, toda vez que el acuerdo de doce de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio penal 10/2020 de su índice (acto reclamado) fue superado procesalmente por la sentencia de tres de agosto de dos mil veintidós, existe una imposibilidad jurídica para llevar a cabo la audiencia de cese o prolongación de la prisión preventiva oficiosa, por lo que, no es posible restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos violados. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara QUE NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que, por una parte, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado (diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno fojas 14 a 17), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."

  3. Principal

    Con ésta fecha se notifica a la parte quejosa, el auto de cuatro de octubre del año en curso, que dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran mención alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos y las manifestaciones hechas valer por la parte quejosa, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que por sentencia de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: "(.) a). Deje insubsistente el acuerdo reclamado, esto es, el dictado el doce de octubre de dos mil veintiuno en el juicio penal 10/2020 de su índice. b). En su lugar, convoque a las partes para llevar a cabo en el plazo de 48 horas la audiencia de cese o prolongación de la prisión preventiva oficiosa, en la cual, las partes pueden invocar datos o, en su caso, ofrecer medios de prueba y, por lo que atañe a la Fiscalía tendrá la carga procesal de probar que, en el caso concreto, se actualizan contra el quejoso los tres elementos destacados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.) esto es, que el asunto es complejo, que la actividad procesal de aquél fue la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades jurisdiccionales ha sido diligente en la conducción del proceso. De determinarse (con libertad de jurisdicción) que la Fiscalía demostró dicha carga procesal y, por ende, que el plazo de duración de la prisión preventiva deba prolongarse, debe ser previo escrutinio elevado en justificación y bajo el principio de necesidad, que evite que la medida cautelar se extienda innecesariamente. Caso contrario, de determinarse (con libertad de jurisdicción) que la Fiscalía no demostró dicha carga procesal, ello implicará el cese de la prisión preventiva oficiosa del ahora quejoso y tendrá el efecto de decretar de inmediato su libertad mientras se sigue el proceso, aunque para ello, previamente, debe dar lugar a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras medidas cautelares menos restrictivas. (.)" Mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial, Sala "B", con residencia en Veracruz, Veracruz, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. Ahora, por oficio sin número (foja 157) el Juez del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial, Sala "B", con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la sentencia de tres de agosto de dos mil veintidós (fojas 158 a 172) en la que resolvió que Roberto Juan Paul López y Francisco Hernández Pérez, son penalmente responsables, como autores materiales y voluntarios del delito de privación de la libertad física, cometido en agravio de las víctimas de identidades resguardadas e identificadas como V-5/2019, V-06/2019 y V-07/2019, imponiéndoles la pena privativa de libertad de seis años de prisión y multa de veinte días de salario mínimo vigente en la fecha de comisión del hecho. Asimismo, estableció que la pena de libertad no puede ser sustituida de conformidad con lo establecido en el numeral 92 del Código Penal vigente en el Estado, ni con derecho a la suspensión condicional, al exceder el límite previsto en el precepto 96 del Código Punitivo. En ese contexto, del análisis sistemático de dichas constancias, se advierte que no existe materia para resolver respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que los efectos de la ejecutoria de mérito versaban en que el Juez del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial, Sala "B", con residencia en Veracruz, Veracruz, dejara insubsistente el acuerdo de doce de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio penal 10/2020 de su índice y, en su lugar, convocara a las partes para llevar a cabo en el plazo de cuarenta y ocho horas la audiencia de cese o prolongación de la prisión preventiva oficiosa, en el cual, las partes podían invocar datos o, en su caso, ofrecer medios de prueba, atañendo a la Fiscalía la carga procesal de probar que se actualizan, contra el quejoso los tres elementos destacados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.) esto es, que el asunto es complejo, que la actividad procesal de aquél fue la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades jurisdiccionales ha sido diligente en la conducción del proceso. Sin embargo, de las constancias a estudio se advierte que se dictó sentencia condenatoria en contra de Francisco Hernández Pérez y otro, por el delito de privación de la libertad física, imponiéndosele una pena de prisión de seis años y multa de veinte días de salario mínimo vigente en la fecha de comisión del hecho. Por tanto, toda vez que el acuerdo de doce de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio penal 10/2020 de su índice (acto reclamado) fue superado procesalmente por la sentencia de tres de agosto de dos mil veintidós, existe una imposibilidad jurídica para llevar a cabo la audiencia de cese o prolongación de la prisión preventiva oficiosa, por lo que, no es posible restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos violados. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara QUE NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que, por una parte, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado (diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno fojas 14 a 17), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Francisco Hernández Pérez, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Por otro lado, de autos se advierte que mediante proveídos de uno de septiembre del año en curso, se reservó proveer respecto al contenido del oficio y anexo con registro 15297, signado por la autoridad responsable Juez del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, Sala "B", con residencia en Veracruz, Veracruz, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en autos, lo que en la especie ya aconteció. Por tanto, cumplida que está la condición anterior, y en atención al contenido del oficio de referencia, téngase a la autoridad responsable Juez del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, Sala "B", con residencia en Veracruz, Veracruz, remitiendo las constancias relativas a la resolución de fecha tres de agosto del año en curso dictada en los autos del proceso penal 10/2020 de su estadística, que se instruye en contra del aquí quejoso. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, con el oficio y anexo con registro 115297, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas las partes que de no hacer manifestación alguna al respecto, transcurrido el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese en términos de ley.

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