Fracisco Alvarez Silva

Expediente 515/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
515/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
30/03/2023

Partes del expediente

  • Fracisco Alvarez Silva

Actuaciones

  1. Principal

    Siendo las nueve horas del diez de abril de dos mil veintitrés, HAGO CONSTAR: Que realizo la notificación del ACUERDO DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, dictado por el órgano jurisdiccional de mi adscripción, por medio de lista fijada en los estrados del Juzgado, así como publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco; treinta de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido el escrito signado por José Esteban Hernández Contreras, quien se ostenta endosatario en procuración de la moral Sistema de Crédito Automotriz, sociedad anónima de capital variable, mediante el cual, desahoga la prevención efectuada en auto de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, pues al efecto narra los antecedentes del acto reclamado. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO De la lectura integral de la demanda, se advierte que la promovente de amparo, reclama del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, lo siguiente: - El oficio identificado con el número de folio UAJ/RCC/1776/2023 de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el que se negó de proporcionar la copia certificada del expediente clínico del extinto Sergio Brito León. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Este Juzgado de Control Constitucional advierte la actualización de la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con lo establecido en la fracción V del artículo 107, el segundo de ellos interpretado en sentido contrario a su redacción, todos de la Ley de Amparo, en atención a que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de la menor de identidad reservada. Para justificar lo anterior, se estima pertinente citar el texto de los artículos y fracciones citados de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (..) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución Política de los estados unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado Mexicano sea parte." Los preceptos en la porción transcrita disponen que el juicio de amparo es improcedente, cuando así resulte de conformidad con las disposiciones establecidas por la Constitución, o por la propia Ley de Amparo; así como que es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose como tales aquéllos que afecten de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la parte quejosa consagrados en la Constitución y tratados internacionales; ello evidencia que si un acto no trasgrede en forma directa los derechos sustantivos, no tiene efectos de imposible reparación y el juicio de amparo indirecto no procede en su contra. Ahora, previo a exponer las razones que actualizan la causa de improcedencia enunciada, resulta necesario dejar establecido que el acto reclamado, con independencia de que los defensores particulares de la promovente de amparo, hayan solicitado ante la Institución de Salud, la expedición de copia del expediente clínico de un paciente, ahora extinto; ello no puede considerarse como una petición autónoma; sino que su verdadero origen deriva con la finalidad de ofrecerlas en defensa de su representada en la causa penal ********************, que se le instruye ante el Juez de Control de la Región Judicial 7, de Huimanguillo, Tabasco, por los hechos que constituyen el delito de homicidio calificado. Pues así lo manifestaron, bajo protesta de decir verdad, en los antecedentes del acto reclamado, incluso en el ocurso suscritos por los defensores, recepcionado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, ante el citado Instutot de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Por tanto, resulta evidente que dicho acto forma parte de la estrategia de defensa en la causa penal ********************, del índice del Juzgado de Control d el a Región Judicial 7 de Huimanguillo, Tabasco. De ahí que, el acto reclamado consistente en la negativa del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco de proporcionar la copia certificada del expediente clínico, del extinto Sergio Brito León, deriva de la estrategia de defensa, en la causa penal ********************, no es un acto que afecte los derechos sustantivos de la quejosa, sino de una negativa de expedir copias del expediente clínico para ofrecerlas en defensa de la quejosa en la citada causa penal. Lo que, además, ello no impide que la defensa pueda solicitarlas a través de la autoridad facultada legalmente para recabar pruebas en la referida causa penal, como lo establecen los artículos 262 y 333 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 262. Derecho a ofrecer medios de prueba Las partes tendrán el derecho de ofrecer medios de prueba para sostener sus planteamientos en los términos previstos en este Código." "Artículo 333. Reapertura de la investigación Hasta antes de presentada la acusación, las partes podrán reiterar la solicitud de diligencias de investigación específicas que hubieren formulado al Ministerio Público después de dictado el auto de vinculación a proceso y que éste hubiere rechazado. Si el Juez de control aceptara la solicitud de las partes, ordenará al Ministerio Público reabrir la investigación y proceder al cumplimiento de las actuaciones en el plazo que le fijará. En dicha audiencia, el Ministerio Público podrá solicitar la ampliación del plazo por una sola vez. No procederá la solicitud de llevar a cabo actos de investigación que en su oportunidad se hubieren ordenado a petición de las partes y no se hubieren cumplido por negligencia o hecho imputable a ellas, ni tampoco las que fueren impertinentes, las que tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y notorios, ni todas aquellas que hubieren sido solicitadas con fines puramente dilatorios. Vencido el plazo o su ampliación, la investigación sujeta a reapertura se considerará cerrada, o aún antes de ello si se hubieren cumplido las actuaciones que la motivaron, y se procederá de conformidad con lo dispuesto en este Código." Por lo que, dicho acto se equipara a una violación de carácter adjetivo, puesto que no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, sino que únicamente incide en la etapa de recabar medios de pruebas por partes en la causa penal, habida cuenta que tales copias del expediente clínico, pueden ser obtenidas, a petición de la defensa, por conducto de la autoridad facultada para requerirlas en la causa penal de origen, y la cual puede serle favorable, y en caso contrario, puede impugnarla a través de los medios legales que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales; y, de no ser efectivos, se encuentra en aptitud de reclamar todas las violaciones procesales que hayan acontecido en dicho juicio, en amparo directo; y, por tanto, no es procedente el amparo en términos de la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la ley que rige la materia. Entonces, no existe ejecución irreparable cuando el acto reclamado sólo incide en derechos adquiridos en el proceso, pues las consecuencias de la posible violación se extinguen al ser reparada en amparo directo, sin haber originado afectación alguna a tales derechos fundamentales y sin dejar huella de su esfera jurídica; por tanto, sólo cuando se trata de la afectación de esos derechos resulta procedente el amparo indirecto. En conclusión, existen actos realizados en juicio que tienen ejecución irreparable, porque la afectación que producen de índole sustantiva no se destruye con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, pues el propio dictado del acto vulnera los derechos subjetivos del gobernado, como son la vida, la propiedad, sus posesiones o derechos; y también hay actos, como en el presente caso, que sólo producen efectos de carácter intraprocesal, que atañen a las posiciones que las partes adquieren dentro del proceso, con vista a la obtención de un fallo favorable, de modo que cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquellos efectos, sin que subsista una afectación en la esfera jurídica del gobernado. Es decir, dicho acto, por su naturaleza, es de carácter intraprocesal en tanto no produce una ejecución de imposible reparación en la esfera jurídica de la quejosa, ya que el acto en análisis no lesiona de manera directa e inmediata o actual alguno de sus derechos fundamentales que tutela la Constitución o Tratados Internacionales, debido a que la determinación que se analiza en esta instancia constitucional, produce efectos intraprocesales, que pueden ser reparados si la referida promovente obtiene sentencia favorable, dado que el efecto de dicha resolución reclamada evidentemente puede afectar a la esfera jurídica de la aquí promovente. Tiene apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis: I.4o.P.2 P (11a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en el Libro 11, Marzo de 2022, Tomo IV, página 3363, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Registro digital: 2024277, de rubro y texto siguientes: "INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LLEVAR A CABO ACTOS DE INVESTIGACIÓN EN ESA ETAPA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Hechos: El Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación acordó no favorable la solicitud de la defensa del imputado, durante la etapa de investigación complementaria, de llevar a cabo actos de investigación. Esta determinación fue reclamada por éste en el juicio de amparo indirecto. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, porque la representación social no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Inconforme, interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito, al advertir que se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, determina que contra la negativa del Ministerio Público de llevar a cabo actos de investigación en la etapa de investigación complementaria en el sistema penal acusatorio, es improcedente el juicio de amparo indirecto, al no constituir un acto de imposible reparación. Justificación: La negativa ministerial de realizar las diversas diligencias indagatorias formuladas por el quejoso durante el proceso penal (que deben realizarse en la etapa de investigación complementaria), por sí sola no tiene como consecuencia inmediata la afectación irreparable de alguno de sus derechos fundamentales, pues la investigación complementaria está sujeta a control judicial y, de acuerdo con el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el justiciable, hasta antes de presentada la acusación, tiene la posibilidad de exponer ante el Juez de Control los motivos por los cuales considera necesarios los actos de investigación solicitados al fiscal investigador y que, de manera previa, le rechazó. Así, la negativa de la Fiscalía de realizar actos de investigación en dicha fase procesal no constituye un acto que resuelva de manera definitiva la cuestión, ya que los efectos que pudiera causar sobre los derechos del imputado podrán ser reparados si éste o su defensa reitera, ante el Juez de Control y antes de la presentación de la acusación, la petición de diligencias de investigación que negó realizar el Ministerio Público; además, sigue existiendo la posibilidad de que el asunto se resuelva a favor de sus intereses." Criterio que es aplicable al caso, por no ser contraria a lo dispuesto por la Ley de Amparo vigente, pues el actual artículo 107, fracción V, de esa ley, regula en términos similares la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro del juicio como lo hacía en su momento el numeral 114, fracción IV, de la anterior ley (abrogada); máxime, que en la actualidad se indica qué se entiende por actos de imposible reparación, que son aquéllos que afectan derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte; por tanto, la determinación aquí reclamada sólo ocasiona, únicamente al promovente de amparo, una violación procesal. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que la definición establecida en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, obedece a la intención del legislador de precisar que únicamente podrán combatirse a través del juicio de amparo indirecto, los actos dictados en juicio, cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen, de modo que se arriba a la conclusión por parte de este juzgado federal en el sentido de que cualquier interpretación que pretenda incluir la posibilidad de combatir actos procesales dentro del juicio de amparo indirecto, por más exorbitantes que se manifieste que sean, queda excluida, con motivo de la redacción empleada en la vigente ley de la materia. De lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio origen a la tesis visible en la página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2009478, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen". Debe decirse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que la eficacia del juicio de amparo, de acuerdo a su naturaleza y objetivo, radica en que la procedencia de la acción no es irrestricta, sino que se sujeta a ciertos principios y al cumplimiento de las reglas de procedencia que protegen la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa que representa. Por lo que el derecho de acceso a la justicia, no es suficiente para otorgar automáticamente la razón al promovente y dejar de verificar los requisitos de ley respectivos para proceder a estudiar el fondo de la controversia planteada. Resulta ilustrativa sobre el particular, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 909, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 "de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio.". Tampoco, el derecho a un recurso judicial efectivo no conlleva a que se estudie la demanda de amparo indirecto pasando por alto los requisitos de procedencia contemplados por la legislación de la materia, ya que en caso de ser necesario, cuenta con la posibilidad de hacer valer las violaciones procesales que estime pertinentes por medio del juicio de amparo directo que se llegue a promover. Cierto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio de que a pesar de que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece la necesidad de que toda persona cuente con un recurso sencillo, rápido y efectivo, a fin de hacer frente a las violaciones a sus derechos; lo cierto es que tales características se asocian principalmente con la "efectividad" del recurso a través del cual el gobernado puede acudir a los tribunales competentes a obtener la reparación del derecho humano violado, porque la rapidez o sencillez del recurso, no garantiza necesariamente el resultado que pretende. Así pues, consideró que la circunstancia de que el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, establezca un requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto permitiendo su tramitación únicamente cuando los actos afecten derechos sustantivos, en su caso del quejoso y no del promovente, dejando para la vía directa los actos que impliquen alguna violación procesal; no significa que el amparo directo constituya un recurso ilusorio, en tanto que a través de esa vía se cuenta con la posibilidad real de verse restituido en el goce del derecho que se estimó violado; sobre todo si se toma en cuenta que esa medida permite dar coherencia y celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios de primera instancia, evitando el abuso en la promoción del juicio de amparo ante el Juez de Distrito con fines dilatorios. Por tanto, aunque la negativa de la solicitud reclamada como acto n sea estudiada dentro de la sentencia definitiva que en su caso se dicte en el procedimiento de la causa penal de origen, ello no evidencia la falta de un recurso judicial efectivo, porque en realidad ese "recurso" es el juicio de amparo directo y no el fallo definitivo; juicio constitucional en el que como se dejó patente, es posible estudiar todas las violaciones procesales acaecidas durante la tramitación del proceso natural una vez que se cumplan los requisitos para ello. Aplica, en lo conducente, la tesis 2a. XLIX/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1078, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2009484 que dispone: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LA GARANTÍA DE ESE DERECHO NO IMPLICA QUE DEBAN IMPUGNARSE VIOLACIONES PROCESALES DE MANERA INMEDIATA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Aun cuando el derecho a la protección judicial reconocido por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece la necesidad de que la persona cuente con un recurso sencillo, rápido y efectivo, a fin de hacer frente a las violaciones a sus derechos, lo cierto es que tales características se asocian principalmente con la "efectividad" del recurso a través del cual el gobernado pueda acudir a los tribunales competentes a obtener la reparación del derecho humano violado, pues la rapidez o sencillez del recurso, no garantiza necesariamente el resultado pretendido. En ese sentido, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establezca un concepto que permita al gobernado controvertir, a través del juicio de amparo indirecto, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía uniinstancial los actos que impliquen alguna violación procesal, no significa que el amparo directo constituya un recurso ilusorio, en tanto que a través de esta vía cuenta con la posibilidad real de verse restituido en el goce del derecho que estima violado; máxime si se toma en cuenta que esa medida operativa permite dar coherencia y celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios, evitando el abuso en la promoción del juicio de amparo ante el Juez de Distrito, con fines dilatorios." Determinación En esas condiciones, procede desechar la presente demanda de derechos humanos, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V (este último a contrario sensu) de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveídos de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós y doce de enero de dos mil veintitrés, se requirió a la Jueza Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, para efectos de que ejecutara las acciones necesarias a fin de dar cabal cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en autos; sin embargo, de la revisión minuciosa del presente sumario, no se advierte que haya dado cumplimiento a dicha solicitud. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere por última ocasión a la autoridad responsable **********, Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, para que dentro del término de tres días hábiles que se empezaran a computar al siguiente día al en que se le notifique la presente determinación, remita copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Esto es, de las que se advierta que dejó insubsistente la resolución interlocutoria de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, y emitió otra, en la que deje intocado la parte considerativa que no fue motivo de estudio en esta sentencia; y haya resuelto de manera fundada y motivada lo que en derecho procediera, en el recurso de reconsideración planteado dentro del expediente 915/2020 de su índice. Observación. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a las autoridades de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con la firma electrónica correspondiente; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a veinte (20) megabytes (Mb), éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrán hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · 15,497 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano