Fortunato Librado Vega

Expediente 357/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
357/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
18/04/2016

Partes del expediente

  • Fortunato Librado Vega

Actuaciones

  1. Principal

    se declara que el auto mediante el cual se desecho la presente demanda, ha causado estado, archivese el expediente como concluído, y archívese el expediente como concluído.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la razón levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, en la que hace constar el motivo por el cual no le fue posible notificar a la parte quejosa Fortunato Librado Vega, el contenido del proveído de treinta de marzo de dos mil dieciséis. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, la notificación de mérito, así como las subsecuentes, hágansele por medio de lista que se fije en lugar visible y de fácil acceso de este órgano de control constitucional. Cobra aplicación al caso, la tesis Jurisprudencial 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada por los Tribunales Colegiados Tercero y Sexto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, seis de Febrero de dos mil ocho, que dice: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Notifíquese por lista el presente acuerdo y diverso de treinta de marzo de dos mil dieciséis. 30- 03- 2016.-Vista la demanda de amparo promovida por Fortunato Librado Vega, contra actos del Director de Transportes dependiente de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, residente en esta ciudad, y otra autoridad. DESECHAMIENTO. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo planteada, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para la suscrita juzgadora determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden lógico, se tiene que en la especie el quejoso Fortunato Librado Vega, reclama en esta vía constitucional: La emisión en mi perjuicio, de la Infracción número 10536, ya que ésta atenta directamente contra la Constitución Política de los Estados Unidos, al carecer de fundamentación legal. Ahora bien, la suscrita juzgadora advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XX, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior (.)." La hipótesis del precepto legal transcrito estatuye de manera sustancial que el juicio de amparo es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad, respecto actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley en comento. Es decir, la norma establece que operará tal causal siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos del acto impugnado mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, con independencia que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido. De lo expuesto se desprende que para que cobre actualidad tal supuesto, se requiere que se reúnan los siguientes requisitos: a) Que el acto impugnado sea revisable de oficio o bien, a instancia de parte proceda en su contra algún medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado; y b) Que conforme a las leyes que rigen el acto o el medio de impugnación relativo proceda la suspensión sin que se pidan mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo, con independencia que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de paralización. Para analizar si se satisface la condición identificada en el inciso a), esto es, si existe algún medio de defensa por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse la resolución impugnada, se toma en cuenta lo siguiente: Las autoridades responsables señaladas por el peticionario de amparo son distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dado que el acto reclamado proviene de la infracción número 10536 emitida por el Coordinador General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, lo cual constituye el primer acto con el que se inicia el procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, en el que aún falta que recaiga la calificación de esa infracción, así como la sanción, en caso de que proceda, ya que el simple levantamiento del acta de infracción no causa agravio definitivo a la esfera jurídica del presunto infractor, si no ha recaído la calificación a los hechos constitutivos de infracción; de ahí que no se respete el principio de definitividad. En ese tenor, la suscrita juzgadora comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la tesis III.1o.A. 154 A, visible en la página 186, Tomo XV, Enero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE. EN CONTRA DE LA NOTIFICACION DE UNA INFRACCION AL REGLAMENTO DE TRANSITO DEL ESTADO DE JALISCO. Es improcedente el juicio de garantías promovido en contra de una cédula notificatoria de infracción, levantada por un agente de tránsito de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco, dado que, en términos de los artículos 99 y 112 de la Ley de Tránsito de dicho estado, en relación con los dispositivos 231, 238, 245 a 254 del reglamento correspondiente, constituye el primer acto con el que se inicia el procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, en el que aún falta que recaiga la calificación de esa infracción, así como la sanción, en caso de que proceda. El simple levantamiento del acta de infracción no causa un agravio definitivo a la esfera jurídica del presunto infractor, si no ha recaído la calificación a los hechos constitutivos de la infracción, y aplicada la multa correspondiente. Por ello, se actualiza la causal de improcedencia prevista por los artículos 73, fracción XVIII, y 114, fracción II, de la Ley de Amparo. Luego, el procedimiento contencioso administrativo que estatuye el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado de Guerrero número 215, en su artículo 1, establece que tiene como finalidad sustanciar y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados o Desconcentrados con funciones de autoridad en el Estado de Guerrero; es decir, las controversias en materia administrativa entre particulares y autoridades del poder ejecutivo del Estado, Municipio y de los organismos públicos descentralizados en funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se substanciaran y resolverán conforme al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215. Lo anterior es así, ya que para que el amparo sea procedente es obligatorio para el gobernado agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley ordinaria establece, en acatamiento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, motivo por el cual si en el caso, este medio de defensa está contemplado en la ley que rige el acto reclamado, es claro que está a disposición del interesado dicho medio ordinario de defensa, por el cual se puede obtener la nulidad, modificación o la revocación de la resolución que en su momento emita la responsable, lo que hace necesario que dicho juicio se promueva antes de acudir a la presente instancia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, página: 902 del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Por tanto, al no haber agotado el peticionario de amparo el juicio administrativo correspondiente, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia previa por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Es ilustrativa al caso la tesis de la Novena Época, emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, con número de registro 203032, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUERRERO). De una correcta interpretación del artículo 1o. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un órgano de control, que tiene a su cargo substanciar y resolver las controversias que se susciten entre las autoridades del Estado, los ayuntamientos y organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los particulares. Ahora bien, si un particular se considera afectado por cualquiera de los aludidos actos de autoridad, queda obligado a agotar el procedimiento contencioso administrativo previsto en la citada Ley, previamente al juicio constitucional, dado que, por otra parte, dicho ordenamiento establece en sus artículos del 36 al 41 la posibilidad de obtener la suspensión del acto impugnado, sin exigir para ello mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues de la lectura de ambos preceptos se puede advertir que son substancialmente los mismos; por lo que, si un gobernado pretende impugnar en la vía constitucional un acto de autoridad como los antes precisados, sin acudir previamente a aquel procedimiento en el que puede revocarse, modificarse o nulificarse, es claro, que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías." Asimismo, es menester precisar que si bien es cierto que el juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas, lo que es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, último párrafo del artículo 61 de la ley de la materia, lo anterior presupone que en la demanda de amparo exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la constitución, así como cuando en el acto no se encontrara fundamento alguno; sin embargo, ello no acontece en el presente asunto. Por tanto, el peticionario del amparo debió previamente promover el juicio contencioso administrativo, dado que debe agotar los recursos o medios legales que estatuye la ley del acto, pues de lo contrario imperaría el arbitrio de la parte quejosa, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a la constitución o a los derechos humanos en su contra, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios de defensa que la ley secundaria establece. Es aplicable a lo vertido en el párrafo precedente, la jurisprudencia del entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 1995, con número de registro 205283, que indica: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." Por todo lo anterior, al advertirse que el acto reclamado antes precisado no afecta algún interés que tenga públicamente tutelado la parte quejosa; por ello, con fundamento en los artículos 61, fracción XX, y 113 de la Ley de Amparo, y al haberse acreditado de forma notoria e indudable la causal de improcedencia antes señalada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Fortunato Librado Vega. Por último, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Heroico Colegio Militar número tres, colonia centro de esta ciudad, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a Arquímides Neri Pacheco, toda vez que cuenta con registro de cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Paulina Abigail Vivas González, Adriana Piza Pastor y Gerardo Pineda Zurita, en virtud de no tener registrada su cédula profesional en el consabido Sistema Computarizado.

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